PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE SANTOS ANTE EL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA

Washington, 20 jul (SNE). La siguiente es la intervención del vicepresidente de la República, Francisco Santos, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas restricciones sobre los logros y retos que enfrenta nuestro país en estos cruciales momentos de su vida democrática. Lo hago con el respeto y el cariño que Colombia siente por nuestros hermanos del continente, que han sido siempre solidarios en todos los momentos con mi patria.

Si lugar a dudas el principal reto para fortalecer la democracia colombiana es la superación de la violencia. Los grupos armados ilegales, que cuentan con ingresos extraordinarios provenientes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y el saqueo, superiores al presupuesto de varios países de nuestro continente, crecieron en la últimas décadas y se convirtieron en una amenaza para la democracia colombiana y han actuado con total desconocimiento de todos los derechos de nuestros compatriotas.

Homicidios, masacres, secuestros, desplazamiento forzado, ataques indiscriminados con explosivos en contra de la población civil, bloqueo de alimentos, impedimento del libre tránsito, asesinato de autoridades democráticamente elegidas, extorsión, saqueo, reclutamiento forzoso y actos contra la población indígena y afrocolombiana, siempre el procesamiento de tráfico y de narcóticos, son algunas de sus tácticas.

Los colombianos tenemos una democracia con instituciones legítimas, sólidas y respetadas. A pesar de las dificultades, en Colombia hay un sólido Estado de Derecho. Contamos con un Gobierno transparente y existe la más amplia libertad de expresión. Los partidos políticos de oposición han gozado de todas las garantías para el debate político y muestra de ello es la elección de gobernadores y alcaldes en el año 2003, cuando la oposición ganó los más altos cargos en esa materia. Colombia, sin duda, hoy es una nación mucho más pluralista que hace muchos años.

Mientras la sociedad colombiana hace fuertes esfuerzos por profundizar su democracia, pasando por reformas constitucionales, ampliaciones de la garantía en el pluralismo político, la descentralización administrativa, los mecanismos de participación ciudadana, el amplio reconocimiento legal del derecho de las minorías, la ejecución de políticas de equidad de género, la ampliación del presupuesto y cobertura en salud y educación, los grupos armados ilegales persisten en el uso de la violencia contra ciudadanos y ciudadanas y contra las instituciones, sin respaldo popular, sin razones válidas y, sobre todo, sin ninguna posibilidad de triunfar.

Las puertas del diálogo, sin embargo, siempre han estado abiertas. Varios grupos las han atravesado y esos grupos, insertados en la vida civil, juegan un importante rol en la vida colombiana. En el caso de las Farc, con el acompañamiento de la comunidad internacional, se estableció por tres años un área de 42 mil kilómetros cuadrados para sostener diálogos de paz. A la generosidad de la sociedad y del Estado, se respondió con la falacia. La zona no fue utilizada para la paz. La zona fue utilizada por este grupo para fortalecerse, para refugiarse, y el diálogo fue manipulado para eludir cualquier compromiso con la paz reclamada por el país.

En esas condiciones, el pueblo colombiano, en el año 2002, pocos meses después de haberse roto las negociaciones de paz con las Farc, impuso un mandato al presidente Álvaro Uribe Vélez para recuperar la seguridad como condición para el ejercicio pleno de la democracia y para lograr el desarrollo equitativo y solidario. Esta política de Seguridad Democrática tiene como objetivo garantizar el ejercicio de todos los derechos a todos los colombianos. La política de Seguridad Democrática tiene como propósito proteger a todos los ciudadanos sin ningún distingo. Al empresario y al trabajador, a los afectos al Gobierno y a los opositores, a los habitantes de la ciudad y a los pobladores del campo.

Los resultados son bien conocidos por la mayoría de ustedes. Los homicidios se han reducido a niveles que no teníamos en nuestro país hace 20 años. Las masacres, el desplazamiento forzado, el secuestro y los efectos sobre la población se han reducido considerablemente, la mayoría de ellos por encima de un 50% en los últimos tres años. Las autoridades se han restablecido en sus sitios de trabajo. En el año 2002, en agosto, más de 350 alcaldes que habían sido elegidos democráticamente, fueron expulsados de sus municipios por las Farc bajo la amenaza de la muerte. Hoy, todos ellos, con excepción de algunos pocos, han regresado a gobernar desde sus municipios.

La economía se ha reactivado por la seguridad y la confianza que hoy hay en el país. Los grupos armados ilegales han sentido el peso de la autoridad legítima y resuelta del Estado. 7 mil personas, han abandonado voluntaria e individualmente estos grupos y se han acogido a los programas de reinserción del Gobierno. Más del 80% de ellos se han presentado ante la Fuerza Pública, demostrando la confianza que hoy inspiran nuestras autoridades.

No hay duda que falta mucho por hacer. Pero los resultados y el respaldo de la población demuestran que vamos por la senda correcta.

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez recibió de su antecesor unos contactos realizados por la Iglesia Católica colombiana con los grupos de autodefensa con miras a buscar una salida para ellos. Como ustedes saben, ante los excesos de la guerrilla y la debilidad del Estado, estos grupos se conformaron y crecieron con recursos del narcotráfico, el hurto de combustible, aportes de ganaderos y hacendados que estaban desprotegidos, del tráfico de armas y la extorsión.

Estos grupos protagonizaron graves violaciones de los derechos humanos. La política del Gobierno de Colombia ha sido transparente: trato por igual a todos los grupos ilegales armados, exigencia del cese de hostilidades para dialogar y combate frontal con quienes no deseen el diálogo. Con posterioridad a la declaratoria del cese de hostilidades, por parte de los grupos de autodefensa, se iniciaron exploraciones con ellos por parte del Alto Comisionado para la Paz. Puede ser cierto que estos grupos no han cumplido cabalmente con el cese de hostilidades, pero no es menos cierto que el Gobierno los ha combatido como nunca antes. 43 de estos jefes se encuentran hoy en prisión, miles de sus hombres también y centenares de sus combatientes han sido abatidos.

El proceso de diálogo y la firmeza en el uso de la autoridad han producido los resultados. 12 bloques de las autodefensas han dejado de existir, desmovilizando a 5.879 miembros que los componían. Esperamos que a 31 de diciembre de 2005, cuando termina este proceso de paz, todos los grupos de autodefensas se hayan desmovilizado.

Nosotros creemos que este Gobierno pasará a la historia como el Gobierno que más ha combatido a las autodefensas y como el Gobierno que así mismo logró la desmovilización total, la desaparición de estos grupos.

Las preocupaciones expresadas por algunas entidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales, respecto del marco jurídico previsto para aplicar a los procesos de desmovilización que se presenten en Colombia, me obligan a tomar unos minutos de su tiempo para explicar los aspectos más relevantes de la Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada y pendiente en los próximos días de la sanción presidencial.

La ley fue producto de un debate público, amplio y generoso durante dos años. En este debate participaron todos los sectores de la sociedad colombiana y algunos sectores de la comunidad internacional interesados en la ley. El Congreso de la República enriqueció sus discusiones con esta participación.

Y esta ley es fruto de la decisión de nuestras instituciones y de la sociedad y no producto de la negociación con ningún grupo ilegal. La ley tiene como objetivos facilitar los procesos de paz y desmovilización, garantizar los derechos de las víctimas y así mismo proveer herramientas para eventuales acuerdos humanitarios. Es un instrumento universal que será aplicado a todos los grupos ilegales que se comprometan en un proceso de paz.

Vale la pena preguntar a quienes creen que la ley es muy laxa con las autodefensas, si tendrían la misma consideración en el evento que llegase a ser aplicable a los grupos de extrema izquierda. La ley trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las aspiraciones igualmente legítimas de quienes quieren transitar por el camino de la paz y las demandas de justicia por parte de las víctimas.

Para el efecto, la ley ha establecido varios mecanismos. Las personas que se desmovilicen deberán hacer una exposición de los hechos en los cuales participaron. Las unidades de la Fiscalía General de la Nación, creadas para evaluar estos casos, contarán así mismo con la información existente sobre los procesos en que las personas o en que el grupo se hayan involucrado. Las víctimas tienen garantías para hacer demandas, para presentar casos y hacer imputaciones. Está previsto que los casos que no sean confesados o esclarecidos, sigan siendo investigados por los órganos judiciales. Si surgen nuevas acusaciones y no son aceptadas por el imputado, el caso pasará a tramitarse por los tribunales ordinarios, y en caso de encontrarse responsabilidad, la pena será la contemplada en los códigos vigentes.

La ley sólo podrá ser aplicada a delitos cometidos con ocasión a la pertenencia del grupo armado ilegal. Quedan excluidos los delitos cometidos antes de pertenecer al grupo, los delitos cometidos que no tengan relación con el objeto del grupo y los delitos cometidos después de la vigencia de la ley. La pena alternativa que figura en la ley consiste en prisión por un período de entre 5 y 8 años. Es, no obstante, importante aclarar que los tribunales encargados de la aplicación de esta ley, deberán imponer a los procesados la pena ordinaria que figura en el Código Penal, pero, si la persona cumple los requisitos de elegibilidad previstos en la ley, se aplicará la pena alternativa.

Los requisitos son: 1) Desmovilizarse, desmontar la organización y cesar toda acción ilícita; 2) Cooperar con la justicia en el esclarecimiento de los casos; 3) Que el objeto del grupo no sea narcotráfico; 4) Entregar bienes para la reparación; 5) No interferir en la vida política y social de la comunidad.

Esta pena no es susceptible de descuentos, excepto por la permanencia en una zona de ubicación, acordada con el Gobierno, hasta por 18 meses, y se pagará en un sitio de reclusión que cumpla unas condiciones mínimas de seguridad y austeridad. Las personas condenadas reciben en Colombia penas accesorias, como la inhabilitación para acceder a cargos públicos sobre elección popular. Y una vez se cumpla la pena alternativa fijada por los tribunales, se entra en un período de libertad vigilada hasta por la mitad de la pena alternativa.

La ley tuvo especial cuidado con los derechos de las víctimas y consagró, entre otras, el derecho a la intimidad y a la seguridad, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y pronta, a ser oído y que se les facilite el aporte de pruebas, a recibir asistencia integral para su recuperación, a ser asistido por una bogado de confianza o por la Procuraduría General de la Nación, a recibir un trato especial cuando se trate de personas especialmente vulnerables.

La ley, así mismo, crea un fondo para la reparación de las víctimas y contiene criterios de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Establece reparaciones colectivas y simbólicas. Las autoridades judiciales y la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación establecerán criterios y definirán el alcance de las reparaciones. Así mismo contempla la creación de comisiones regionales para la restitución de bienes.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que crea la ley, en la cual participan delegados de las víctimas, tiene el encargo de verificar que se cumpla por completo el proceso de desmovilización y desmantelamiento de estas organizaciones delictivas y así mismo, e igualmente importante, la plena actividad, libertad y garantías de las instituciones estatales en esos territorios. Esta comisión tiene el encargo de hacer un informe público sobre las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales. La verdad histórica.

De esta manera se promueve así mismo el derecho de las víctimas y de todos los colombianos a la verdad histórica. Igualmente se contemplan medidas para preservar la memoria y los archivos y para facilitar acceso a ellos. Expresamente se define que esta ley debe ser interpretada en concordancia con las normas constitucionales y los tratados internacionales suscritos por Colombia. No deroga, no limita ninguno de ellos.

Los invito a analizar la ley de manera desprevenida y apelo a su comprensión para entender la situación que atravesamos. Tenemos, como Gobierno, la conciencia tranquila de haber actuado de manera pública, transparente y responsable. Deseamos que quienes tengan genuino interés en la paz de Colombia y los derechos de nuestros ciudadanos, revisen con lupa el contenido de la ley y colaboren para lograr una aplicación cabal que conduzca a esto que nos une: a la realización de los objetivos propuestos.

En la senda de la desmovilización, el desarme, en la reinserción total de los grupos de autodefensas, el Estado colombiano ha contado con la invaluable cooperación y verificación de la OEA, a través de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz (MAPP) y de las decisiones del Consejo Permanente y la Asamblea General.

En ese sentido, como Vicepresidente de Colombia, quiero hacer mención especial del funcionario Sergio Caramagna, quien me ha tocado verlo recorrer los caminos de Colombia, ir a las zonas más inhóspitas, estar metido en los rincones más alejados de Colombia, promulgando, promoviendo, verificando y acompañando este proceso de negociación.

En esta nueva etapa, mi Gobierno entiende que esta colaboración solidaria, como una muestra de confianza en Colombia y en su capacidad para afrontar con seriedad y responsabilidad los desafíos de los cuales se ha hablado en el día de hoy, es fundamental consolidarla y en ese sentido les pedimos seguir apoyando esta misión.

Quisiera reiterar el agradecimiento del Gobierno colombiano a la Organización y al secretario general Insulza, por su apoyo decidido a este esfuerzo que hacemos los colombianos diariamente en la búsqueda de la paz y la convivencia. De igual manera deseo expresar nuestra especial gratitud hacia aquellos países que han apoyado financieramente la Misión de la OEA en Colombia.

Para ello esperamos seguir contando con la presencia y acompañamiento y participación de todos los países del hemisferio a través de la OEA. Ruego a ustedes comprender los inmensos desafíos que tenemos para garantizar la seguridad en todo el territorio y la plena vigencia de la democracia, la convivencia y los derechos humanos. Día y noche estamos trabajando intensamente para lograrlo, pero requerimos de su compresión y su generosidad para conseguirlo.

Un país en paz, un país próspero, un país sin narcotráfico y con plena vigencia de los derechos humanos, un país con un Estado transparente y efectivo, un país solidario y equitativo, un país con una democracia fortalecida es el sueño que queremos construir para las próximas generaciones de colombianos y colombianas, y ese sueño que cada día estamos tejiendo, será realidad con su apoyo. Muchas gracias”.