Bogotá, 2 jun (SNE). En mayo se desmovilizaron,
de manera individual y voluntariamente, 173 miembros
de grupos armados al margen de la ley. Con esta cifra
son ya 12.097 las personas que han abandonado las filas
de los grupos violentos, para acogerse al programa de
desmovilización y reinserción del Gobierno
Nacional.
Según el reporte suministrado por el Programa
de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd),
en mayo se entregaron voluntariamente ante diferentes
autoridades 85 miembros de la Farc, 72 de las autodefensas
ilegales y 16 del Eln. Dentro de este grupo, 21 personas
son menores de edad y 13 son mujeres.
El departamento en el que mayor
número de entregas
se registró fue Antioquia con 42, seguido de Caquetá con
19, Santander con 14, Bolívar con 11 y Arauca,
Casanare y Meta con 10, cada uno. Las demás desmovilizaciones
se reportan en cifras menores en otras regiones del país.
Las personas que se entregaron
durante mayo decidieron hacerlo ante las siguientes
autoridades: 155 a unidades
de las Fuerzas Militares y de Policía, 8 al DAS,
6 al ICBF, 2 a la Fiscalía, 1 a la Defensoría
del Pueblo y 1 a la Personería.
En lo corrido de la administración Uribe Vélez
se han desmovilizado, individualmente, 7.277 miembros
de los grupos al margen de la ley. Y colectivamente han
entregado las armas 4.820 miembros de las AUC, los cuales
se encuentran en negociaciones con el Gobierno.
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional, a través del decreto 128
de 2002, estableció apoyo en materia de salud
para los desmovilizados y sus familias, al igual que
protección y solución jurídica a
través del Ministerio del Interior. Este decreto
también contempla apoyo económico para
la creación de microempresas y la posibilidad
de validar el bachillerato y acceder a capacitación
impartida por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció,
a través del decreto 2767 de 2004, que quienes
se acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria,
con la justicia o la Fuerza Pública, entregando
información que permita evitar o esclarecer delitos,
podrán recibir una bonificación económica,
acorde con el resultado de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de guerra,
intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes,
insumos y maquinaria para la producción de drogas
ilícitas, “o cualquier otro elemento que
facilite a los grupos armados al margen de la ley el
desarrollo de actividades ilícitas”, también
recibirán una bonificación económica.
Se entregará igualmente una bonificación
económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar
actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los podrán
recibir todos aquellos nacionales que “individualmente
y por decisión voluntaria”, abandonen los
grupos armados al margen de la ley. Estos deberán
demostrar además –a criterio del Gobernó Nacional-
su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores
de edad quedan excluidos “de cualquier forma de
colaboración con la Fuerza Pública”.
