Junio de 2005

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Reitera el Presidente de la República

“EL DELITO POLÍTICO NO VA A TENER CONEXIDAD PARA BORRAR DELITOS COMO EL NARCOTRÁFICO O DE LESA HUMANIDAD”

Bogotá, 02 jun. (SNE).- Durante el Clausura de la Jornada de Reflexión Nacional: Constitución, Justicia y Paz frente al Proyecto de Ley “Justicia y Paz” la ex magistrada y presidente de la Asociación de ex Magistrados de las Cortes, (Asomagister), Myriam Donato de Montoya, le planteó al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, varios interrogantes sobre la actualidad del país.

Entre las preguntas, están:

- ¿Toda reforma es válida, la Constitución puede modificarse, pero siempre y cuando haya un acuerdo nacional, haya consenso?

- ¿Hay una posible violación de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, de no responder en el proyecto de ley de Justicia y Paz a los principios de justicia, verdad y reparación y por desconocer los principios de igualdad y de proporcionalidad de la pena?

- Los estándares internacionales en materia de justicia, para poner fin a conflictos armados son muy altos. Se pregunta: ¿Colombia acaso podrá construirlos o puede Colombia erigir sus propios estándares?

- ¿La búsqueda del arreglo, del conflicto, debe tener más en cuenta las víctimas futuras, aunque con el dolor las pasadas, pasado fue?

- ¿El binomio ciudadano-fuerza pública, es garantía y seguridad para los colombianos? ¿Cada ciudadano estará seguro con este binomio?

- y ¿sin paz no hay pan?.

A continuación, la respuesta del Jefe de Estado a esos interrogantes y a los formulados por el público que asistió a la clausura de la jornada.

“Quiero saludarlos muy respetuosa y afectuosamente a todos. Quiero felicitarlos por este gran esfuerzo que en buena hora le da el nacimiento a la Asociación de Ex magistrados, copatrocinado por la Fundación Buen Gobierno. Felicitar especialmente a sus proponentes, la doctora Miriam Donato de Montoya y el doctor Juan Manuel Santos.

Reformas por consensos

La verdad es que, mientras mayor sea el consenso para obtener una carta constitucional, mayor su legitimidad.

La Constitución la han denominado algunos: ‘el acuerdo para el disenso’. Lo que habría que preguntarse es: ¿qué ha pasado en la historia constitucional reciente?

Por ejemplo, antes de este Gobierno, fueron introducidas muchas reformas a la Constitución del 91 que intentaron desnaturalizarla y no tuvieron el debate nacional que, por ejemplo, ha tenido la reforma constitucional de este Gobierno.

Miren ustedes lo que pasó por ejemplo con los suplentes: toda esa batalla que dio el Constituyente del 91 para eliminarlos y los revivieron. Era un punto esencial de la reforma política que se pretendía con la convocatoria de la Asamblea Constitucional de 1991.

Yo apoyé un candidato, recorrí mi departamento con gran entusiasmo y la verdad es que fue un ejercicio democrático muy importante, pero los votos fueron muy pocos. Y elegimos esa Constituyente, en la idea de que era un mandato de temario limitado. Los que acudimos a las urnas, los que promovimos a los candidatos, fuimos convocados con esa idea -era yo entonces Senador de la República-: ‘que era una Constituyente de un mandato limitado a unos temas’. Y la Constituyente se declaró soberana. No solamente introdujo unas reformas sino que sustituyó totalmente la Constitución (de 1886).

He sido defensor de la mayor parte de los textos de la Constitución del 91 y además, déjenme decir algunas cosas para convalidar esa apreciación.

En el trabajo parlamentario por la seguridad social nos apoyamos totalmente en la nueva norma de la Constitución del 91: una seguridad social que avance hacía la universalidad, solidaria, eficiente, con el privilegio exclusivo de la regulación y la supervisión en cabeza del Estado.

Me correspondió presentar el primer proyecto de ley para darle desarrollo a un mandato de la Constitución del 91, el mandato de la carrera administrativa. En este Gobierno se acaba de aprobar otro que amplía muchísimo la carrera administrativa. Un gran paso para Colombia.

Hemos defendido muchos aspectos de la Constitución del 91, pero también cuando se vaya a examinar con mucho juicio, habrá que preguntarse: ¿el mecanismo mediante el cual se le convocó, era un mecanismo constitucional? Yo creo que para los historiadores va a ser una paradoja, que la Constitución que insertó en Colombia el Estado Social como complemento del Estado de Derecho, hubiera surgido de un decreto de Estado de Sitio. Eso también tendrán que preguntárselo los historiadores: ¿construía eso consenso?, ¿construía consenso la votación por la Constituyente?, ¿se basaba en consenso la decisión de la Constituyente de declararse soberana? Este es el primer Gobierno Pos constituyente donde no hay un peso de auxilios parlamentarios.

Y en la convocatoria de la Constituyente del 91 se dijo con mucho énfasis que uno de los puntos para sanear políticamente al país, era eliminar los auxilios parlamentarios, sin embargo se mantuvieron.

Ahora, tiene inmensas cosas buenas. A mi me tocó tramitar en el Congreso de la República la ley de Economía Solidaria y temimos mucho, que fuera declarada inconstitucional porque fue antes de la Constitución del 91. La Constitución anterior estaba hecha para dos economías, para la pública y la privada, pero no albergaba el gran universo solidario que si lo alberga la Constitución del 91. Creo que el tema hay que tomarlo desapasionadamente.

Si nos referimos, por ejemplo, al referendo que propuso este Gobierno: fue debatido ampliamente en la campaña, se le buscó un gran respaldo popular, se siguió todo el trámite de la Constitución del 91, se pudo convocar al pueblo colombiano a votar 14 meses después de elegido el Gobierno –cuando se suponía que el Gobierno ya había padecido todo el desgaste-. No creo que se pueda decir que, a eso no se le ha buscado el mayor consenso. Lo mismo, no creo que haya habido reformas más debatidas, que las reformas que le ha tocado enfrentar a este Gobierno.

Doctora Miriam, voy a hacer una cosa. Coja papel y lápiz y si me ve elusivo en alguno de los puntos, me recrimina, porque los voy a ir mezclando con tres o cuatro ideas que les traigo.

He propuesto unos temas que sé que suscitan mucho debate. He dicho que el problema colombiano no es de un conflicto armado interno, sino de una amenaza terrorista. He dicho que en la legislación colombiana no debería haber delito político. He dicho que la idea de diferenciar las democracias latinoamericanas entre democracias de derecha y de izquierda, es obsoleta.

La izquierda y la derecha

Empiezo por esto último. ¿Por qué es obsoleta?: porque el calificativo cabía frente a los regimenes políticos en la época de las dictaduras y frente a las posturas políticas en cada país, en relación con las dictaduras. Sometidos todos –ahora- a la regla democrática, el calificativo es obsoleto. Además, muchos llegan al poder con un discurso “de izquierda” y gobiernan con unas acciones “de derecha”.

Hace pocos días discutía con una periodista y le decía: ‘bueno, déme una razón para que usted califique a tal Gobierno de izquierda y al mío de derecha’, y no fue capaz. Esa calificación, además de ser obsoleta, es inconveniente.

A mi me dio mucha tristeza, recientemente cuando nos poníamos a elegir al Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA): una polarización en América Latina, que casi no se supera -se logró superar, en muy buena parte, por Colombia y lograr finalmente un consenso-. Decía yo: ‘mire cómo pelean, que aquel que es que es de izquierda y aplica las recetas del Fondo Monetario (FMI) con más ortodoxia que los otros, que son de derecha.

Algunos supuestos de derecha, les dicen que están cambiando las reglas de manejo de banca central, que ha logrado modificar sustancialmente los acuerdos con el Fondo Monetario, etcétera. Y estos de izquierda, son los más ortodoxos en esa materia.

Yo no creo que esa división sea conveniente para la unidad latinoamericana, no creo que sea pertinente en nuestra época de la regla democrática y no creo que sea práctica. ¿Qué he propuesto?: utilizar unos estándares, unos parámetros para calificar estas democracias, para mirar si son unas democracias abiertas o cerradas, progresistas o retardatarias, constructoras de justicia social o negantes de justicia social. Si son caudillistas o institucionales.

Yo creo que esa pregunta debería empezar a considerarla el debate político. Y para responder a esas preguntas, he formulado cinco parámetros:

1. El tema y la calidad de la seguridad que una democracia provee,
2. Las libertades públicas,
3. La construcción de cohesión social,
4. La transparencia y
5. El respeto a instituciones independientes.

Creo que eso es lo que debemos empezar a medir, para saber si estas democracias son progresistas o retardatarias. No abundo en el tema porque quiero llegar rápidamente a la etapa de análisis, comentarios, debate, con el mayor respeto con quienes de ustedes quieran discrepar de mis tesis. Este punto lo dejo ahí.

Delito político

El tema de ¿por qué considero que no debe haber delito político? Las legislaciones europeas consideran como terrorismo el uso o la amenaza de uso de la fuerza por razones políticas o ideológicas. ¿Cuál es su razón?: que si hay una democracia profunda, que permite que todas las opciones se agiten, ¿por qué nosotros vamos a legitimar, con el tratamiento benevolente de político, el delito armado contra esas democracias?

Yo me he hecho esta reflexión: si hay una democracia como la colombiana, que se ha puesto en los últimos tiempos a toda prueba ¿por qué nosotros vamos a legitimar, con el tratamiento de benevolente de político, al delito armado?, ¿por una razón histórica?, si algo tienen que hacer los pueblos en algún momento –a partir del conocimiento de su historia- es saber cómo reorientarla a futuro.

¡Cuando hay una democracia profunda, no se puede permitir atentar contra ella por la vía de las armas!

Una democracia como la que vivimos aquí, en octubre de 2003, un referendo… se suponía que el Presidente de la ‘Seguridad Democrática’ y de la ‘mano firme’ iba a ser el Presidente dictador. Veo con asombro que muchos de los intelectuales que me combaten, justamente han regresado al país en el ejercicio de mi Gobierno. Estaban expatriados antes y ahora están en el país, rodeados de seguridades.

Aquí, en las elecciones de octubre de 2003, pasamos de las garantías retóricas a las efectivas. Llamo la atención de los estudiantes universitarios muchas veces, para que establezcan la diferencia entre garantías retóricas y garantías efectivas.

Nada gana una democracia si en teoría le dan garantías a todos los candidatos y en la práctica los dejan matar. Yo no sé qué habría pasado con muchas candidaturas, Alcaldías, como la de Bogotá, Gobernaciones, etcétera, sin la Seguridad Democrática. Hemos dado la instrucción en público y en privado a las Fuerzas Militares y de Policía de la Patria: aquí hay que dar la misma eficaz protección a los seguidores más fervorosos del Gobierno y a los opositores más radicales.

No creo que la oposición de verdad en el Congreso, no la calculadora, sino la oposición de verdad, hubiera tenido más garantías para la seguridad personal de sus voceros en este Gobierno.

Nosotros tuvimos que acudir a un referendo con un Consejo Electoral y con una Registraduría en manos de la oposición. Y muchos puntos –importantísimos- del referendo se perdieron no por falta de votos, sino por que el Consejo Electoral y la Registraduría, para establecer el umbral del censo electoral, sumaron votos de cédulas de muertos, de cédulas que no se habían repartido, de cédulas de militares que no podían votar. Y después nos dijeron que era que no se podían cambiar las reglas de juego, pero las supimos la noche anterior, pasadas las ocho.

El Gobierno protestó. Yo fui al Consejo Electoral, le hablé al país sobre el tema, pero finalmente respetamos las instituciones. ¡Es una democracia que funciona!

Y ahora que se está en el debate de garantías. En el debate le hecho seguimiento a muchos puntos en Colombia. Porque mientras muchos gobiernos de la región suspendieron las libertades públicas, so pretexto de enfrentar las insurgencias, aquí hemos profundizado las libertades públicas, enfrentando –con una decisión sin antecedentes- el mayor desafío terrorista. Y eso tiene que valer para que la democracia Colombia se aprecie asimisma.

En los últimos meses, Colombia ha elegido 164 alcaldes. La oposición ha ganado más de 50 alcaldías. No ha habido quejas de falta de garantías.

Y este Gobierno, no solamente ha garantizado esas elecciones, sino que ha construido espacios de total gobernabilidad con los elegidos que pertenecen a la oposición. He procurado el mejor entendimiento con alcaldes, con gobernadores. Les he dicho, para construir unidad de Patria: ‘a mi no me importa el origen político de su elección, trabajemos concertadamente, respetando los fueros de cada nivel de Gobierno, con transparencia, con capacidad de gestión’.

Por ejemplo, ese departamento del Magdalena. Antes, cuando eso estaba en manos de guerrilla y los mal llamados paramilitares, se acomodaban allá y no ponían quejas. Ahora, a toda hora buscan titulares de los periódicos porque ahora sí se puede denunciar a los paras. Antes mataban a la gente, si se atrevían.

El oficialismo liberal dijo que allá no tenían garantías. En los últimos meses, el departamento del Magdalena ha elegido 6 alcaldías. La oposición se ha ganado 3 de esas alcaldías, el oficialismo liberal 2.

Ahora, tenemos muchas dificultades, esto no está en el paraíso, pero creo que en términos democráticos y de garantías, vamos bien.

Por eso he dicho: cuando hay una democracia en proceso de profundización, no se debe permitir acción política armada, no debe haber delito político que se reconozca basado en armas.

¿Qué espacio quedaría para el delito político?: el delito de opinión o de conciencia, que no es posible consagrarlo en una democracia en aras de las libertades

Temas tan importantes como la desobediencia civil, hay que mirarlos tranquilamente. Y la Constitución y el ordenamiento legal tienen que definir en qué casos se autoriza, qué hace parte de la libertad de conciencia, de la libertad de opinión.

Y me dicen: ‘bueno, pero el Presidente propone que se elimine el concepto de delito político y al mismo tiempo que se le dé estatus político a los paramilitares’.

La proposición de que se elimine el concepto de delito político, es una proposición para ir creando ese consenso en la base de la sociedad colombiana.

Mientras más democracia, menos tolerancia con el delito. Creo profundamente en ese principio.

Ahora, tenemos que resolver un problema inmediato: mientras allá se llega, tenemos que enfrentar los problemas que tenemos enfrente, con urgencia. Por eso he dicho, al promover la Ley de Justicia y Paz, que esa ley tiene que ser universal, esto es, para todos los actores. Que tiene que ser equitativa, esto es un buen balance entre justicia y paz (ahora me voy a referir a esos temas). Y tiene que ser creíble y en la medida que haya desmovilizaciones efectivas y resultados efectivos de seguridad, va siendo creíble.

Ese es el segundo tema: por qué creo que en Colombia no debe haber delito político y por qué mientras ese debate se da, creo que debe hablarse de la posibilidad de que los paramilitares comentan los mismos delitos “políticos” que hoy se le reconocen a la guerrilla. Es que además no hay diferencia en el sufrimiento de las víctimas. No hay diferencia, finalmente, en la manera como interfieren en la marcha normal de la democracia.

Conflicto armado

Y el tercer tema, de mucho conflicto, es cuando he dicho que esta acción violenta contra el pueblo colombiano y sus instituciones, no puede calificarse como un conflicto armado sino como un atentado terrorista.

La calificación de conflicto armado, en alguna forma, ennoblece la lucha, la legitima. Ahí viene la etimología histórica del conflicto armado. Una democracia que se profundiza no puede legitimar ni darle un tratamiento benevolente ni atenuar la acción de los violentos.

En Colombia hay un problema de pobreza muy grande. He venido, en mi manera de mirar a mis compatriotas, diciendo que en el país hay dos realidades: un 48 por ciento de la población que vive en un modelo social aceptable y un 52 por ciento en una pobreza deplorable, que tenemos que superar.

Cuando veo, por ejemplo, cómo vive la sociedad China, que continúa con las bases filosóficas de Mao Tse Tung, porque fue el único de los marxistas que verdaderamente practicó la dialéctica ‘hegeliana’ y dio las bases para esa apertura que ha hecho China a partir de Deng Siao Ping, digo: el 48 por ciento de la sociedad colombiana vive en un modelo presentable en cualquier parte del mundo, el 52 por ciento en un modelo de pobreza deplorable, que tenemos que superar.

Cuando se hablaba de conflicto en América Latina, se hablaba por dos razones: porque los insurgentes estaban contra esas injusticias y contra esa pobreza, y porque su lucha era contra dictaduras. Aquí, han causado más pobreza y han entorpecido la marcha democrática.

¿Qué le pasó a esta sociedad?, ¿a qué le debe la pobreza y la injusticia?: ¿al 48 por ciento que vive bien?, no. Yo tengo otra visión: que la violencia no permitió, en los últimos lustros, que esta economía creciera con la velocidad con que debió crecer para atender las demandas poblacionales.

Comparo, por ejemplo, el nivel de cotización de nuestras empresas serias a la seguridad social. Algunos países, supuestamente de izquierda, de la internacional socialista, todas las cotizaciones a la seguridad social la pagan los trabajadores. Aquí la mayor parte los empleadores. La tasa de contribución aquí es muy alta y este Gobierno la ha aumentado. Quisiera que estuviera el senador Robledo (Jorge Enrique) aquí, para que habláramos del modelo, a ver qué tan neoliberal es el nuestro que se atrevió a revivir –en este Gobierno- el impuesto de patrimonio para los grandes patrimonios.

Si ustedes salen a las calles, adyacentes a este hotel, y le preguntan a un ventero callejero por sus ingresos, encuentran que ganan mucho menos que lo que gana el trabajador de salario mínimo de una empresa organizada.

Entonces, me parece que el tema de la injusticia y el tema de la pobreza no lo podemos seguir imputando a quienes han hecho un gran esfuerzo por construir empresa en este país.

Ahora, a mí me gusta decirlo en el debate, porque es que he conocido tanta hipocresía en la vida colombiana, he conocido dos caras: una al medio día y otra por la noche, una a las cinco de la tarde en una manifestación de la plaza Cisneros, hablando contra los ricos, y los mismos, a las ocho de la noche en el Club Unión, poniéndole la totuma para financiar las campañas.

Entonces les he dicho a mis compañeros de Gobierno: no hay que defender la economía privada de manera avergonzante, ¡hay que ser o no ser, de manera clara y categórica!

Ahora, hay que exigirle más responsabilidad social todos los días a la empresa privada, sí, pero no creo que le podamos imputar al sistema de economía privada de Colombia, esta debacle social.

¿Qué pasó con esta violencia?: en nombre de la justicia social, expulsó 4 millones de colombianos al extranjero, produjo un desplazamiento interno de 2 millones.

Y miren otros temitas. ¿Ustedes saben en cuánto estaban –y es muy importante para los que reclaman política social- el déficit fiscal el 7 de agosto de 1990, cuando terminó el Presidente Barco? En cero. Eran unas finanzas públicas en equilibrio. Doce años después, cuando este Gobierno llega, el déficit está en 4.2 por ciento. En ese mismo período, el endeudamiento público pasó del 10 por ciento, 12 por ciento, consolidado al final de la administración Barco al 54, 56 por ciento, que recibió este Gobierno.

El desempleo está muy alto, ayer marcó el 12 por ciento, uno quisiera ya, estar por debajo del 10 por ciento, pero ¿de dónde venimos? Entre el 94 y el 2000, el desempleo –y eso no se genera espontáneamente- saltó del 7.5 por ciento a casi el 20 por ciento. Lo hemos venido bajando, está por el 12 por ciento.

Y el desempleo de jefes de hogar –que es lo que más maltrata una comunidad porque crea desintegración familiar, deserción escolar-, en ese mismo período se saltó del 4 al 10 por ciento. Lo hemos bajado al 5.8, 6 por ciento. Ojalá lo pudiéramos bajar mucho más.

Hay un problema social muy grave, que no legitima la acción violenta, al contrario, la historia de los últimos lustros muestra que la acción violenta ha sido causa determinante de la agudización de ese problema social.

Por eso digo: un problema social muy grave no se puede invocar para ennoblecer una acción violenta, calificándola como un actor de un conflicto. ¿Eso se opone a que necesitemos la equidad social?: de ninguna manera, la necesitamos. Lo he dicho: Colombia necesita un principio de paz a partir de la seguridad, para crear confianza inversionista. Todo lo que pueda hacerse con los mayores recursos, dedicarlo a construir política social, para tener una paz estable, un horizonte de largo plazo.

Yo quisiera que me dijeran una economía socialista, que fuera capaz de hacer justicia social con el desorden que los violentos y la debilidad introdujeron en Colombia.

Ahora, hay un tema bien importante para los académicos: ¿se necesita reconocer a los violentos como actores legítimos de un conflicto armado, para que el Estado cumpla con el derecho humanitario y con los derechos humanos? No se necesita.

El Estado tiene que dar ejemplo en materia de derechos humanos. Nuestra cantaleta de todos los días es: la Seguridad Democrática es sostenible, en la medida en que la opinión pública la respalde y la opinión pública la respalda sobre dos hechos: que sea eficaz y transparente. Y la transparencia reposa en la decisión y en los resultados de respetar derechos humanos.

No acepto la tesis que para cumplir con los derechos humanos y el derecho humanitario, haya que darles la legitimidad de reconocerlos como actores válidos de un conflicto armado.

¿Por qué se habló de conflictos armados en América Latina -no sólo por el tema social sino por el tema democrático-?: porque surgieron contra las dictaduras. –Ya expliqué que en el caso nuestro ocurre todo lo contrario-.

Recuerdo, antes de que se aprobara en Colombia la elección popular de alcaldes, la Farc inundaba las universidades, los directorios políticos, con unos memorandos diciendo que justificaba la lucha armada porque no había elección popular de alcaldes, se aprobó y se han convertido en sicarios de los alcaldes y de los concejales.

Colombia se demoró un siglo debatiendo la elección popular de alcaldes hasta que finalmente la aprobó. La elección popular de gobernadores, que en buena hora llegó, no la esperábamos de la Constitución del 91, pero en buena hora llegó. Nunca se habló de eso cuando estábamos convocando al constituyente, pero todo lo que sea la ampliación democrática, lo he apoyado. Y creo muchísimo en esa combinación de democracia directa y de representación.

Me parece que crean ahí, un antagonismo ficticio, cuando dicen: ‘es que Uribe quiere acabar con los partidos’. Todos los días inventan tesis para discrepar de Uribe, está bien. Pero, como tengo que ser combatiente, compatriotas, tengo que también animar esta democracia con mi participación en el debate, yo en aquello que creo es en una combinación equilibrada de democracia representativa y de democracia participativa.

A mayor grado de democracia participativa, más transparencia en la democracia representativa, porque más control de opinión se da sobre la democracia representativa.

¿Esta democracia en profundización, puede permitir que se catalogue como actores de un conflicto a quienes atentan contra ella por la vía armada? Por eso he negado el conflicto. Reconozco el problema social, pero a partir del problema social no se puede aceptar que con los violentos hay un conflicto armado.

Ahora, para mirar el consenso de las reformas, hay que mirar las mayorías de los órganos que las aprueban, el respaldo de opinión a esas reformas y las reglas democráticas que continúan para que esas reformas operen. ¡Yo rogaría mirar eso!

Una cosa es un Congreso de 12 millones de votos, otra, una Constituyente de 2 millones 800 mil votos.

Una cosa son unas reformas ampliamente debatidas por la opinión ciudadana y otra cosa son unas reformas que dictan quienes atribuyen el poder soberano de cambiarlo todo.

No creo que las reformas democráticas se puedan descalificar que porque no se construyó pleno consenso. ¡Si justamente las reformas democráticas lo que hacen es brindar más oportunidades democráticas!

Sobre este debate, es muy importante que el pueblo colombiano reflexione sobre: ¿qué garantías hubo o qué garantías se negaron para acudir al referendo?, ¿qué garantías se le negaron, se le recortaron a los abstencionistas, a los opositores?

Ley de justicia y paz

El tema de la ley. Por primera vez una ley de paz en Colombia, deja de preocuparse exclusivamente por la reconciliación y se preocupa por la justicia y por la reparación.

En el pasado –y yo soy actor de eso, porque estuve en el Congreso, y voté y hablé a favor del proceso con el M – 19, y cuando les estaban reabriendo un proceso, voté para que los reindultaran, ahí están las actas del Congreso-, no nos preocupábamos sino por la reconciliación. Nos olvidábamos de cualquier atrocidad que hubieran cometido y nos preocupábamos era, por las futuras víctimas, no por las pasadas víctimas.

Por primera vez, ahora, nos estamos preocupando –además de preocuparnos por la reconciliación- por la justicia. No solamente por las víctimas futuras, sino por alguna manera de restituir a las víctimas pasadas.

Algunas objeciones a esa ley. Voy a traer tres o cuatro objeciones.

El tema de la conexidad. El Gobierno cometió un error de redacción, haber dejado filtrar la palabra conexidad en el titular de un artículo. No ha habido la más remota idea de conexidad. ¿Por qué?: porque es que, eso está prohibido en Colombia. Colombia es signataria de la Convención de Viena y la Convención de Viena prohíbe la conexidad de delitos como el narcotráfico o delitos de lesa humanidad, con los delitos políticos.

¡Por Dios, yo creo que ese fue un debate injusto! ¡Sobre ese tema, que no haya la menor duda!

El narcotráfico, enseguida se dice: ‘es que esa ley va a favorecer narcotraficantes’. La ley dice claramente: es para guerrilleros o paramilitares, cuyo objeto principal haya sido el paramilitarismo o la guerrilla. No es para grupos cuyo objeto principal haya sido el narcotráfico.

Ahora, acepto, el tema es muy difícil. ¿Qué lo dificulta? Los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, todos, han estado metidos en el narcotráfico. Eso lo dificulta enormemente. Ahí vamos a necesitar la clarividencia de los jueces de la República, que van a definir situaciones jurídicas.

Mi pregunta es: ¿están dispuestos, mis opositores, a negarle una ley de paz a las Farc, al Eln, porque estas organizaciones estén involucradas en el narcotráfico? El más solapado de todos es el Eln. ¡Pobrecitos, ellos son muy inocentes, no se involucran en el narcotráfico! ¡Hay que verlos en el Catatumbo y hay que verlos en el Sur de Bolívar! Cómo se han involucrado todos en el narcotráfico. Es una realidad que enfrenta el país.

Ahora, se ha propuesto otro tema: quien en el pasado cometió un delito de narcotráfico y después entró a una organización guerrillera o paramilitar. Hoy ya haya alianzas de carteles del Valle del Cauca con la Farc.

Como hay muchos que iniciaron su actividad como narcotraficantes en el paramilitarismo. En todos esos grupos hay ese problema. Los delincuentes no tienen ética para construir alianzas, para ellos la alianza que vale es la que le conviene a su designio criminal.

¿Cuál es la proposición? No dejar que se beneficien del proceso, narcotraficantes que simulen ser guerrilleros o paramilitares. No permitir eso, y el Gobierno ha dado ejemplo.

Nosotros hemos hecho retirar de la mesa (de diálogos) personas incursas en esa situación. Le hemos negado esa calidad a los carteles del norte del Valle del Cauca, por ejemplo, que aquí no los enfrentaban. Se hablaba mal de ellos en los cócteles, pero no se hacía nada contra ellos.

El caso por ejemplo de este señor Murillo Bejarano, ‘Don Berna’ –no me gusta llamarlos por el alias-. Se dice: ‘este señor antes era narcotraficante y ahora apareció de paramilitar’. Mire, hay que hablarle al país con toda la franqueza, estos procesos son muy difíciles, muy difíciles.

Problemas que giran allí, alrededor del caso de este señor. Cuando este Gobierno llegó, lo encontró como líder del paramilitarismo. La Iglesia, que con autorización de la anterior administración estaba conversando con los paramilitares, me preguntó si seguía esas conversaciones. Dije: sí, siempre y cuando acepten el cese de hostilidades. Como me preguntó Cuba, si seguía en las conversaciones con el Eln, le dije: sí, siempre y cuando acepten el cese de hostilidades. Y allá estaban esos señores, los mismos que según algunos, ahora no podríamos negociar con ellos.

Entonces ¿qué hace este Gobierno con el caso de Don Berna, a quien encuentra como líder paramilitar y quien ha participado en unas desmovilizaciones bien importantes? Creo que lo importante de este Gobierno es que, en nombre de la Seguridad Democrática se ha dado en la práctica el proceso de paz más grande de Colombia. Creo que ya llevamos casi 12.500 desmovilizados, mitad guerrilla y mitad paramilitares.

Cuando se desmovilizó el M – 19, eran 300 en armas, 600 acompañantes. Cuando se desmovilizó el Epl eran 1.200 en armas. Sumen las desmovilizaciones anteriores, para que comparemos con los que se han desmovilizado en este Gobierno.

Y se le ha dado el mismo patriótico tratamiento a los señores desmovilizados de las autodefensas y a los señores desmovilizados de las guerrillas. Confío que las Fuerzas Militares y el Comisionado (de paz, Luis Carlos Restrepo) rápidamente puedan dar otra buena noticia sobre desmovilizaciones del Eln, que vienen en marcha. Entonces, allí les hemos dado un tratamiento igualitario.

Y el caso Don Berna. Ese señor ha participado en ese proceso. Miren el lío para este Gobierno de decirle hoy: ‘como usted antes fue narcotraficante, según lo acusan, entonces le desconocemos lo que ha hecho en este proceso, desconocemos la realidad de que cuando llegó este Gobierno usted era un líder paramilitar y desconocemos la realidad de que ha inducido todas estas desmovilizaciones’.

Esta mañana le daba públicamente los agradecimientos a la Policía, por la acción de la semana pasada cuando le dije al general Castro (Jorge Daniel, director de la Policía): ‘General, le ruego el favor de hacer un operativo, ya, bajo mi responsabilidad, dirigido personalmente por usted, indelegable, de poner preso a este señor en la Zona de Ubicación’.

Reconozco, el ideal habría sido la aprehensión física. La Policía no lo logró, pero la presión patriótica de la Policía, dentro de la Zona -es que esas son zonas de paz, no de impunidad, es que esas no son zonas de ausencia del Estado en este Gobierno, cuantas veces se han presentado problemas he dicho: ‘que entre la Fuerza Pública, que entre la Fiscalía’. Y la presión militar lo llevó, la semana pasada, a entregarse. En una entrega negociada sí –y al país hay que decirle la verdad y tempranito, yo no me voy a ponerle a negarle la verdad a este foro, para que mañana empiecen los periodistas a sacar la verdad a ganzúas, a pedacitos-.

A mí me llamó el Comisionado y me dijo: ‘hay la posibilidad de una entrega negociada de este señor’ le dije: ‘hágale’. ‘Que le tienen que dar una zona’. ‘Zona no, tiene que quedar recluido a órdenes de la Fiscalía en un lugar que defina el Gobierno, cuidado por la Policía’. ‘Que hay que darle tratamiento de desmovilizado’. Y le dije: ‘¿y qué más, entonces si él se desmoviliza, desmoviliza toda la estructura?’ Dijeron que sí. Esa es la negociación.

Le dimos tratamiento de desmovilizado, sí. Y esa es la razón de tenerlo en ese sitio, que no es ninguna Catedral, ni va a ser una Catedral.

¡Yo tengo pundonor compatriotas, yo estoy lleno de errores humanos, pero tengo pundonor por mi Patria! Eso en las manos de nosotros no va a ser una Catedral, ¡que se olviden!

Ahora, el ideal habría sido haberlo aprehendido físicamente, pero como terminó esto, no terminó mal porque se demostró el imperio de la justicia y porque hay el compromiso de desmovilizar toda esa estructura. ¿Y cuánto gana el país?

Entonces ahí hay un caso sobre el cual tenemos que pensar, de alguien que estuvo involucrado en el narcotráfico, que después se convirtió paramilitar, que este Gobierno lo encontró como paramilitar y con quien se ha dado esta cadena.

Ahora, ¿por qué encaró yo el tema ante ustedes? Porque en una democracia es lo que tiene que hacer el Presidente de la República.

Ahora, fueron decisiones todas muy rápidas, la semana pasada, Dios quiera que las hubiéramos tomado para bien del país. Yo le pedí mucho: ¡Dios, ilumínanos en este momento donde tenemos que proceder tan de prisa, que no podemos perder la oportunidad de superarle aquí al país un escollo!

Uno en el Congreso de la República tiene que saber cómo se salva ante la opinión, porque también uno se preocupa de algunos congresistas que proponen lo imposible, no les importa finalmente qué va a pasar, lo único que les importa es quedar bien ante la opinión.

Pero ese tema del narcotráfico lo tenemos que manejar con tanta firmeza, como con tanto cuidado cuando se involucran casos de paramilitares y de guerrilleros, incursos en narcotráfico, en estos procesos.

Y repito la denuncia, porque la conozco a profundidad: ya hay narcotraficantes de los carteles del Valle del Cauca, que nunca habían pensado ser guerrilleros, en alianzas con la Farc. Eso ha sido de lado y lado.

Dice otra crítica a esta ley: es que no va a haber restitución plena. Estoy de acuerdo con esa crítica.

Doctora Miriam, restitución plena a las víctimas es imposible. No hay los recursos presupuestales, no alcanzarán los bienes que se les quiten y el dolor no se restituye. Mi Dios va dando resignación, pero la pena, el ser querido no se lo restituyen a uno.

Hay que hacer un gran esfuerzo de restitución de las víctimas, y sobre todo, un esfuerzo para evitar víctimas del futuro, en las palabras en que ustedes me lo presentan.

Mi generación no ha vivido un día de paz. Mi mayor ambición como Presidente es que las nuevas generaciones pudieran vivir tranquilas y en paz en este país.

Ahora, me preocupa mucho que los más duros críticos de este proceso, siempre decían que había un obstáculo con la Farc, que la Farc no hacía proceso de paz mientras hubiera paramilitares.

¿Ahí no fueron unos candidatos, en el Gobierno anterior, al Caguán, a pactar con ‘Manuel Marulanda’ que iban a desmontar el paramilitarismo? Como candidato dije ese día lo que practico hoy: yo no estoy de acuerdo que las instituciones se unan con un actor terrorista para combatir al otro.

De este Gobierno no se puede, ni se podrá decir que ha hecho alianzas con bandidos para combatir bandidos. Este Gobierno no es el Gobierno que se alía con un cartel del narcotráfico para acabar otro. A la luz de lo que de mí decían mis críticos: ‘candidato paramilitar, Presidente paramilitar’, yo debería haber inducido una alianza de la Fuerza Pública con el paramilitarismo para acabar la guerrilla, hemos procedido –seguramente con errores-, pero con toda la transparencia patriótica.

El combate a los terroristas hay que hacerlo con la transparencia de apelar solamente al instrumento de la Constitución y de la ley.

Y, ahora que estamos removiendo el paramilitarismo a partir de una acción de autoridad y de una negociación, qué va a decir la Farc apenas este Gobierno complete lo que aspira completar en paramilitares desmovilizados. Estamos desmovilizando lo que no creamos.

Cuando yo veo esos paramilitares de Córdoba, del Cesar, me hago esta reflexión: lo que pasa es que allá tuvieron 20 ó 30 años guerrillas, el Estado visitaba esos departamentos para tomar wisky, en el Festival Vallenato o en el Festival del Porro y a la pobre gente la dejaron, después, a defenderse de la mano de los paramilitares y terminaron en las mismas atrocidades que los enemigos guerrilleros a quienes combatían. Nosotros estamos desmovilizando lo que no creamos.

Ahora, yo quiero inmensamente al pueblo colombiano, ¡inmensamente! Si algo siento yo por mis compatriotas, es amor, pero si soy un discrepante de la tradición histórica de haber confundido la debilidad con la civilidad.

Entonces, ahí se está removiendo un obstáculo para la negociación con la Farc. En la medida en que estos procesos sean exitosos se remueve ese obstáculo.

¿Ustedes creen que ese proceso de paz con los paramilitares ha sido por liberalidad de ellos? Ha sido porque han sentido el peso de la autoridad, ha sido porque este Gobierno los ha combatido como no los combatieron. ¡Es que una cosa es combatirlos en un discurso de campaña para obtener unas adhesiones y otra cosa es combatirlos en el Gobierno!

Ahí están las cifras, la manera como este Gobierno los ha combatido. Se dice: ‘es que la ley va a remover las inhabilidades para aspirar a posiciones de elección popular’. Falso de toda falsedad.

Ustedes saben que las inhabilidades están en el texto constitucional, el texto constitucional dice que no puede ser elegido Senador quien hubiera sido condenado por un delito diferente al político o al homicidio culposo.

Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de alguien que esté incurso en sedición si aprueban lo que el Gobierno ha defendido que la sedición se le extienda por igual a paramilitares y a guerrilleros, pero también en un delito de lesa humanidad? Como no hay conexidad, no lo pueden elegir.

Me sorprendió muchísimo leer esa crítica en la revista The Economist, porque un poco de gente, en lugar de ayudar aquí a crear opciones constructivas pasa es desacreditando al país en el extranjero.

Ahora, lo que sí hay que ver es lo siguiente: si hoy hay un guerrillero solamente condenado por sedición, a la luz del actual ordenamiento le dicen: usted solamente está condenado por un delito político, a usted lo pueden elegir. ¿Qué me pasó hace pocos días con un guerrillero del Eln que salió de la cárcel? Me dijo que lo indultara y estudiamos y no podíamos, porque había estado condenado por un delito atroz. A ese no lo pueden elegir.

¿Entonces, cuál será el alcance político de aprobar la sedición para los paramilitares? El mismo que frente a la guerrilla. Si hay un paramilitar incurso en sedición y adicionalmente en un delito de lesa humanidad, como no hay conexidad no lo pueden elegir. Si está incurso solamente en sedición, sí lo pueden elegir. Es muy importante, doctor Luis Carlos y Ministro (del Interior y Justicia, Sabas Pretelt), que le digamos todo al país con detalle y detalles en cuya cuenta no hayamos caído, estudiémoslos para que nuestros compatriotas no se llamen después a sorpresas.

Negociar sin armas

Nosotros propusimos, para todos los grupos, negociar a partir del cese de hostilidades, aplazando el desarme y la desmovilización.

El doctor Luis Carlos me dijo que les explicó que la desmovilización, en el caso de los paramilitares, se ha apresurado por los incumplimientos al cese de hostilidades. Pero eso ha sido válido para todos los grupos. ¿De dónde lo tomamos? Del acuerdo del Viernes Santo de 1998 en Inglaterra.

Sin pan no hay paz. Ya lo expliqué. Creemos un principio de confianza en Colombia para que podamos tener una economía que prospere y recursos para distribuir. Al ritmo que veníamos aquí no iba a quedar qué repartir.

¿Ustedes creen que en las condiciones financieras, fiscales y de endeudamiento del país, de desinversión, de desahorro, era posible hacer política social?

PREGUNTA: ¿Hay forma de restituirles las tierras a los campesinos, por ejemplo a las que están desplazados en las ciudades?

PRESIDENTE URIBE: Punto central del proyecto de ley es la reparación a las víctimas. Eso no se ha excluido. Y la restitución de bienes. La restitución y la reparación son instituciones de la esencia del proyecto.

PREGUNTA: ¿La restitución podría causar un hueco fiscal a la Nación?

PRESIDENTE URIBE: Esa es otra cosa, la que yo explicaba, lo que el Gobierno no ha aprobado. Es que aquello que no se alcance a restituir con los bienes que se les exija entreguen, con los bienes que se les confisque, el patrimonio público no se puede comprometer. En la situación de déficit, de endeudamiento, de crisis de Colombia, sería una irresponsabilidad. Eso sería muy bonito en la teoría, pero impracticable.

Pero le quiero hacer unas anotaciones adicionales a él. Ya por ejemplo hay regiones donde los antiguos dueños de tierras desplazados han regresado. Están regresando al Catatumbo.

Segundo: este Gobierno aprobó una ley, nos la aprobó el Congreso, que agiliza muchísimo el proceso de extinción de dominio. Semanalmente el Ministerio de Agricultura está entregando tierras de extinción de dominio a los campesinos.

Las personas que se beneficien de la ley de Justicia y Paz, sus bienes no quedan exentos de extinción de dominio. Incluso si en el proceso entregan unos bienes y les aparecen otros ilícitamente adquiridos, esos bienes son objeto de extinción de dominio.

Sobre su departamento, le quiero decir que nosotros encontramos Sucre perdido. Los Montes de María y esa área que va hacia La Mojana en manos de las Farc. Y el Golfo de Morrosquillo en manos de los paramilitares. No está en el paraíso, pero creo que lo hemos superado bastante.

PREGUNTA: Los columnistas que por decirlo a mi lenguaje “rajan de su Gobierno”, dicen que la desmovilización paramilitar anunciada por su Gobierno es simplemente una segunda fase de la guerra que van en contra de las personas con un pensamiento marxista. Pues lo he interpretado de esa manera porque ellos dicen que es un desplazamiento de las Fuerzas Armadas hacia la ciudad en contra de las nuevas generaciones.

PRESIDENTE URIBE: Esa segunda parte no de la entendí.

PREGUNTA: O sea que el grupo armado paramilitar se está desplazando a las ciudades para hacer como se llama popularmente una limpieza social. En los campos intervendría el Estado colombiano con la fuerza del llamado imperialismo Yankee. ¿Sí me entiende?

PRESIDENTE URIBE: ¿tú cuántos años tienes?

ESTUDIANTE: 20 años.

PRESIDENTE URIBE: Ese cuento me lo echaban a mí cuando estaba en la universidad y vimos la tragedia colombiana que se derivó, pero yo te lo contesto, joven, discrepando de ti pero con todo cariño. Te termino de escuchar.

ESTUDIANTE: La segunda pregunta es: en estos debates se propuso un borrón y cuenta nueva de los muertos que han sucedido. Todo Colombia sabe que en nuestro país ha habido un estilo de persecución hacia las personas de un pensamiento marxista o “dinosaurio” como lo llaman otras personas, pero yo simplemente le hago una pregunta a ustedes. Ustedes hablan de una reparación económica pero ustedes no están pensando, creo yo, en la reparación sicológica moral que pueden tener los hijos de las personas que fueron muertas a machete o todo lo que el país conoce. La pregunta mía es: ¿no serán ellos los futuros terroristas o asesinos del mañana?

PRESIDENTE URIBE: La reparación sicológica completa tampoco es posible. Los dolores no tienen sino un remedio que es el paso del tiempo. Joven: le voy a dar unas estadísticas, porque él dice que lo que estamos es estimulando la violencia urbana:

No creo en la lucha violenta de clases como motor de la sociedad colombiana, haya hecho mucho daño. En nombre de una Socialdemocracia arruinaron muchas empresas del Estado. El odio crea odio, muy bueno tener debates fraterno pero sin odios.

Mire, cuando este Gobierno llegó estaban asesinando casi 29 mil colombianos por año, la tasa era de 66 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Este año a 27 de mayo, ojalá no fuera uno solo, pero han asesinado 6.686 colombianos y la tasa está en 15. Creo que esa es una tendencia que no se puede desconocer.

Mire lo que ha pasado en ciudades: por ejemplo, Barranquilla, este año lleva un 30 por ciento menos de asesinatos. En la única ciudad donde hay un crecimiento de 70 a 72 homicidios aspiramos que se pueda superar en el año, es en Bogotá.

Medellín lleva tres años consecutivos de un descenso extraordinario. En Medellín ha habido varios factores: uno, la acción militar sobre la comuna 3 que se impuso este Gobierno. Una acción de seguridad y de autoridad sostenida, y la desmovilización. Ahí ve usted un caso de un paramilitarismo que era actor de asesinato urbano. Y en la medida en que lo desmovilizamos, que no se han desmovilizado digo por espontaneidad, por liberalidad sino porque han sentido la presión militar, como va a pasar con la guerrilla, se ha aliviado bastante la situación de una ciudad como Medellín.

Cali: el problema mayor en los últimos años. Ya este año lleva un 34 por ciento menos de asesinatos.

Mire en cuanto al tema democrático: cuando yo asumí la Presidencia había casi 400 alcaldes que no podían ejercer por presión de los grupos violentos, hoy si hay dos no hay tres. Llamé a uno de esos críticos míos, a los que vivían en el extranjero, dígales ¿ustedes por qué regresan en el gobierno de Uribe al país? ¿No es que Uribe los iba a someter a que persecución?

Hemos tomado todas las decisiones para que protejan a todos los colombianos por igual. Antes de la llegada de mi Gobierno aquí estaban asesinando más de 160 líderes sindicales por año. Este año van 3, y hay un caso en el cual hay duda que el motivo haya sido su pertenencia a una organización sindical.

Aquí asesinaron en el año 2002 a 11 periodistas. Este año quisiera decir ni uno, van 2. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para que la seguridad se refleje en todo lo que son las expresiones de la democracia. Usted no sabe cuánto duele ese asesinato de los concejales de Puerto Rico, Caquetá. Ahí tiene que reaccionar el Gobierno a proteger mejor a los concejales. Pero es una seguridad, joven, con criterio democrático.

No creo en el odio de clases, no le ha dejado a la humanidad sino fracturas. ¿Sabe qué es lo que más reconcilia a la sociedad colombiana? Que la sociedad colombiana vea que la seguridad es para todos, que la democracia es transparente y que todos estamos haciendo esfuerzos de justicia social.

Lo que más reconcilia es que la acción militar sea efectiva y acompañada de observancia de los derechos humanos.

Creo que algo que le puede ayudar a reconciliar a la sociedad en Sucre, es que el Gobierno ha enfrentado por igual los paramilitares del Golfo de Morrosquillo y la guerrilla de los Montes de María o de La Mojana.

PREGUNTA: ¿Colombia cómo ha pensado superar los estándares tan altos que exige la comunidad internacional para poder lograr la aceptación?

PRESIDENTE URIBE: Los estándares internacionales toman cuerpo en el ordenamiento jurídico internacional. Primero: aquí no hay indulto, no hay amnistía para delitos atroces. Segundo: el delito político no va a tener conexidad para borrar otros delitos como el narcotráfico o el delito de lesa humanidad.

Por supuesto, hay que explicar. Un guerrillero o un paramilitar incurso en narcotráfico, elegible para este proceso, tendrá unos beneficios jurídicos. Eso es cierto y eso hay que explicarlo.

Se hace el máxime esfuerzo en materia de restitución y en materia de reparación. Creo que lo que viene haciéndose en el país últimamente en materia de extinción de dominio y en favorecimiento de estas comunidades, lo ha a recibir bien la comunidad internacional.

Ahora, tiene que entender la comunidad internacional también de dónde venimos. Es que ETA tenía ciento y pico de tipos y los guerrilleros irlandeses eran unos poquitos. Este Gobierno encontró 50 mil terroristas mal contados, con 150 mil hectáreas de coca a su disposición.

Súmelos: 17 mil de la Farc, más 12 mil milicianos de la Farc, más 4.500 del ELN, más 15 ó 20 mil de las autodefensas ilegales.

Creo que de buena fe vamos superando los escollos internacionales.

Pueda ser que cuando se siente a negociar Don Manuel no lo rebajen aquí. Porque lo que sí tiene que hacer el país es ser muy coherente. Uno no puede entender que el lacito le quedó cortico a unos y largo a otros. Es absolutamente necesario medirlos a ambos con el mismo lacito.

PREGUNTAS ACUMULADAS:

  • Los jueces y fiscales de Latinoamérica estamos muy desmejorados en materia salarial y necesitamos que usted asuma el liderazgo y se nos mejore nuestra situación (juez de Chocontá).
  • Y de otro lado solicitarle su intervención, porque es evidente su liderazgo, para que la Fiscalía tenga carrera judicial.
  • ¿Qué aplicabilidad tiene la Ley de Justicia y Paz para los grupos subversivos, tomando en cuenta la exigencia del cese de hostilidades?
  • Me parece que este proyecto es muy benevolente con los paramilitares, con los delincuentes, con la Farc.
  • ¿De qué manera usted nos asegura a nosotros los colombianos que estas personas que se desmovilizan no van a incurrir otra vez en la delincuencia?
  • ¿Cómo se piensa sopesar la desmovilización a nivel de política social?

PRESIDENTE URIBE: A nuestro juez de Chocontá: este Gobierno hizo un gran esfuerzo en la conciliación con un grupo de magistrados y fiscales y eso se superó. No hemos podido atender otras peticiones salariales como las que usted dice, por la situación fiscal que es apremiante. Estamos estudiando en qué momento se puede hacer. Pero creo que usted se informó sobre lo que se hizo el año pasado con unos reclamos que venían de atrás con estos grupos de magistrados y fiscales.

Estoy de acuerdo que debe iniciarse la carrera administrativa en la Fiscalía. Este Gobierno le pidió al Congreso y el Congreso aprobó esa nueva ley de carrera administrativa, que lleva a concurso otros 120 mil cargos del Estado.

Por primera vez se ha convocado un concurso de maestros. Antes se les nombraba por recomendación política. Hemos reformado 152 entidades del Estado. No con ese criterio neoliberal de los 90’s de arrasarlas sino de recuperarlas, porque el Estado Social tiene que ser sostenible. ¿Qué hiciéramos con una Telecom perdiendo 400 mil millones de pesos como estaba perdiendo, sin con qué pagarles a los jubilados?

Vamos a seguir mirando su tema. Creo que es acertado hacerle el comentario a la Fiscalía dentro del respeto. Democracia progresista es democracia de instituciones independientes. El diálogo mío con las Cortes, con la Fiscalía, tiene que ser de inmenso respeto por ellos, como con los gobernadores y alcaldes.

Lo que me toca a mí es hacerle un comentario a la Fiscalía. Porque me parece pertinente al escucharlo a usted, decirle: a medida que avance el régimen acusatorio, la oralidad, que la están aplicando gradualmente por porciones del territorio, incorporen también la carrera. Creo, doctor Sabas, que le podemos hacer ese comentario a la Fiscalía.

El estudiante que dice que esta ley no va a ser aplicable a los movimientos guerrilleros: claro que nos ayuda muchísimo, porque para el guerrillero incurso simplemente en el delito político no sería necesaria, pero para el guerrillero incurso en otros delitos. Empezamos a tener ya muchos problemas con tanta desmovilización de guerrilleros. Nos ayuda muchísimo en eso.

Se queja el estudiante que se exige el cese de hostilidades como condición para el diálogo. Pero no se les exige el desarme, no se les exige la desmovilización.

¿Qué pasó con el último intento de iniciación de un proceso de paz con el ELN? Preguntaron en diferentes escenarios a través de intermediarios y me lo preguntó a mí directamente Felipe Torres. Salió él de la cárcel y fui y me reuní con él en un hotel de Medellín. Me dijo: es que usted nos pide el cese de hostilidades, pero si el ELN entra en cese de hostilidades usted nos mata. Les dije: hombre, yo soy combatiente pero no soy tramposo. Yo juego de frente. Yo no voy a proceder a mansalva.

Y les dije: les damos todas las garantías y el garante. Se aceptó el garante, que era México. Hubo acuerdo. El Gobierno aceptó que mientras ellos estuvieran en cese de hostilidades, no habría operaciones militares contra el ELN.

¿Sabe por qué fracasó eso? Porque ellos dijeron que no podían suspender el secuestro. Le devuelvo la pregunta: ¿se vería bien que nosotros estuviéramos negociando con ellos, después de haberles autorizado que continuaran secuestrando?

Una ley muy benevolente: el polo principal de este Gobierno es la política de autoridad, pero eso no se puede oponer a la política de reconciliación. Por eso la ley. Un Gobierno que lleva más de 12 mil reinsertados no puede negar las posibilidades de reconciliación.

Hombre, sí, a mí también me parece injusto y lo comparto con el estudiante que nos gastemos este año 200 mil millones en reinsertados y que haya tanto colombiano pobre en las calles. Mi pregunta es: ante la realidad que encontramos, ¿podemos evitar el esfuerzo de la reinserción?

Aquí hay unas inversiones que cuestan mucho y que creo que esa es inversión social, invertir en un reinsertado. Este Gobierno este año, entre reinsertados, desplazados (el presupuesto de desplazados este Gobierno lo ha crecido 8 veces) y familias guardabosques se gasta 240 millones de dólares.

Uno quisiera no tener que gastar eso, pero con esta realidad.

Pregunta el joven: ¿hay garantía de que no vuelvan a reincidir? Hay que hacer todos los esfuerzos para que no reincidan, pero no hay garantía. De hecho, ha habido reincidentes en este proceso, tanto de guerrilla como de los paramilitares.

La reinserción es un proceso muy complejo. El doctor Luis Carlos me cuenta esta anécdota: estaba tal vez él en el Catatumbo recibiendo unos muchachos que se reinsertaban. Todos lo saludaron amablemente a él, menos uno. ¿Qué pasó? Le entregó el fusil a su comandante, no saludó a Luis Carlos y le dijo: comandante, ¿usted cómo es que hace esto? Yo no sé sino matar.

Ahí hay esos riesgos enormes, pero todo el esfuerzo para resocializar estos muchachos hay que hacerlo. Ahora, uno confía que estemos evitando las víctimas futuras por las que me preguntaban.

Hombre, en medio de inmensas dificultades nosotros estamos avanzando en una política social importante, que a medida que haya menos estrechez fiscal financiera va a ser más importante.

Les mencioné esos tres elementos, que cuestan 240 millones de dólares.

A la fecha nosotros llevamos avances en todo. En la Revolución Educativa y esta mañana analizábamos el tema de Protección Social.

Este Gobierno encontró 10 millones de colombianos en el régimen subsidiado de salud, hoy hay casi 15, aspiramos llegar en meses a 18 millones y el Congreso está tramitando una ley a ver si rápidamente el país puede llegar a 22 millones.

Se decía: Uribe, neoliberal, paramilitar, va a acabar el Sena. Sí, hombre, lo acabamos, lo hemos multiplicado por 4.

Uribe, neoliberal, paramilitar, va a acabar a Bienestar Familiar. Lo acabamos: hemos crecido en un 40 por ciento la cobertura de Bienestar Familiar en este Gobierno.

Falta mucho en inversión social, pero ahí vamos avanzando, queridos amigos. Muchas gracias a todos”.

 

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