Bogotá, 3 jun (SNE). - Como un mecanismo adicional
dentro de la estrategia de erradicar los cultivos de
coca en el país, las autoridades comenzaron a
judicializar a personas dedicadas a esta actividad ilícita,
con el propósito de iniciar acciones de extensión
de dominio sobre predios utilizados por campesinos con
ese propósito.
Teniendo en cuenta que Norte
de Santander es uno de los departamentos donde existe
mayor concentración
de este tipo de cultivos, especialmente en la zona del
Catatumbo, las autoridades iniciaron una ofensiva que
hasta el momento arroja como resultado la erradicación
manual de 612 hectáreas erradicadas, 77 personas
en proceso de judicialización y dos más
capturadas.
Se trata de pequeñas parcelas ubicadas en área
rural de Sardinata, cuyos propietarios han rechazado
la propuesta del Gobierno de erradicar voluntariamente
para vincularlos al grupo de Familias Guardabosques,
por lo cual los mismos campesinos de la zona –y
que si hacen parte del programa- han acudido a las autoridades
para que intervengan.
Adicionalmente las operaciones
han permitido destruir tres laboratorios para procesar
pasta de coca, 76 semilleros,
5.500 plantas sembradas en bolsas y 1.2005 gramos de
cocaína y sus derivados.
Los plantíos destruidos tienen una capacidad
de producción anual de más de una tonelada
de cocaína.
Las acciones conjuntas de la
Policía, la Fiscalía
y el CTI en Norte de Santander, permitieron iniciar procesos
judiciales contra 77 propietarios que actualmente enfrentan
la posibilidad de perder sus parcelas por la vía
de la extinción de dominio, a causa de la actividad
ilícita que estaban desarrollando.
ANTECEDENTE
Durante el Consejo Comunal de
Gobierno realizado el pasado 7 de mayo en Tibú (Norte de Santander),
algunos guardabosques del Catatumbo denunciaron ante
el presidente Álvaro Uribe, que sus pagos se habían
retrasado, por causa de campesinos que se negaban a erradicar
voluntariamente los cultivos ilícitos de sus parcelas,
a lo cual se habían comprometido.
Frente a la denuncia, el alto
consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, anunció que
como el grueso de las familias afectadas había
denunciado oportunamente los casos de Familias Guardabosques
incumplidas, las autoridades procederían a hacer
la erradicación y a tomar las restantes medidas
del caso, tras lo cual, una vez superado el problema,
se procedería a cancelar los pagos atrasados a
los guardabosques certificados por Naciones Unidas.
En esa oportunidad, el presidente
Uribe terció en
el debate y explicó porqué el Gobierno
tiene que ser muy exigente con los guardabosques: “porque
ese programa, que está empezando, si lo desacreditamos,
si lo manejamos con laxitud, se pierde la credibilidad
internacional en él. Y vamos a necesitar mucho
apoyo presupuestal internacional para sostenerlo y expandirlo.
Por eso donde aparezca una mata de coca, no se puede
pagar”.
