PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN ASAMBLEA DE ASOBANCARIA

Cartagena, 17 jun. (SNE).- Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez en la clausura de la cuadragésima versión de la Asamblea de la Asociación Nacional de Entidades Financieras y Bancarias (Asobancaria).

“Los saludo muy respetuosamente. Me agrada muchísimo poder acudir esta tarde a esta sesión final de esta reunión tan importante, la número 40, de la Asociación Bancaria de nuestra Patria.

Quería abrir desde el comienzo un diálogo con ustedes, pero la enjundiosa presentación que ha hecho la doctora Patricia Cárdenas Santamaría (Presidenta de Asobancaria) propone una agenda de gran importancia, y voy a tratar de hacer unas referencias a esa agenda.

Permítanme en primer lugar reiterar una convicción de este Gobierno: una Nación como Colombia, donde necesitamos permanentes procesos de concertación hay que impulsarlos y mostrar en ellos resultados. Cuando no se impulsan o los resultados no llegan, la concertación se desacredita.

En muchos países del continente están de nuevo con la tesis de intervenir tasas de interés, de acrecentar inversiones forzosas al sector financiero, y a mí me preocupa porque inicialmente veo que lo sectores privados de esos vecinos se oponen, pero la oposición es débil y terminan acomodándose.

Hace poco me decían de un país vecino ‘teníamos mucho miedo porque nos iban a imponer una inversión forzosa. No dimos la batalla suficiente, la impusieron pero nos estamos acomodando porque ya estamos encontrando cómo beneficiarnos de esa inversión’.

A mí me parece que eso es muy dañino, hay que tener consistencia doctrinaria y esa consistencia doctrinaria hay que probarla en el corto y en el largo plazo. Por eso he creído que para nuestra Patria debemos aclimatar, con acciones de corto plazo, con prácticas cotidianas; una visión de largo plazo que contraponga los resultados de la concertación a las tentaciones de regulaciones administrativas que estrechen el marco de acción del sector financiero y que le creen desconfianza.

Lo que hemos hecho, desde septiembre de 2002 cuando con ustedes por primera vez me reuní en este escenario, es un buen camino de concertación En la medida que lo profundicemos y en la medida que lo continuemos, eso despejará dudas en Colombia.

Eso aclimatará en Colombia la idea de que hay un sector financiero totalmente al servicio de la Patria y que ese sector financiero no puede ser estrangulado por decisiones de los gobiernos porque está presto en todo momento a concertar.

Hicimos una primera concertación para la participación de ustedes en el microcrédito. Recuerdo que en esos momentos muchos dijeron ‘no tenemos experiencia’. Se convino que algunos saltarían directamente al microcrédito, otros le comprarían cartera a las fundaciones especializadas, etc, una buena gama de instrumentos para cumplir ese compromiso.

Hoy encontramos los colombianos lo siguiente: Cuando empezó este Gobierno el saldo de cartera de microcrédito era de 732 mil millones, a abril de este año es de 2 billones 305 mil millones, hemos crecido en un 214 por ciento, hemos beneficiado a un millón 850 mil colombianos con microcrédito.

Una gran expresión de concertación, el sector financiero, las fundaciones, el Fondo de Garantía, los acuerdos promovidos por el Gobierno Nacional con el liderazgo del viceministro Carlos Alberto Zarruk con los departamentos y los municipios para fortalecer ese Fondo de Garantías.

Yo miro con mucha ilusión este tema, porque una de nuestras herramientas de equidad, que la insertamos allá, en uno de los parámetros de la democracia moderna que es la cohesión social, es la construcción de un país de propietarios.

Si ustedes me preguntaran qué marcha mal en microcrédito, porque conocemos qué marcha bien, diría sin vacilación, no discutamos lo de las tasas de interés yo confío que vayamos avanzando. Los microempresarios colombianos están dando el tránsito de la prendería a la institución bancaria, eso es muy importante y han sentido un gran alivio, pero pronto se van a acostumbran y entonces ya van a querer dar otro pasito hacia tasas más razonables, hacia tasas más llevables y lo iremos buscando.

Mi gran preocupación en lo inmediato es por los desbalances regionales. Tenemos unas regiones donde hemos avanzado mucho en microcrédito, otras donde no hemos avanzado suficientemente. Nos tenemos que dar a la tarea de corregir esos desequilibrios regionales.

Posteriormente hicimos una segunda concertación para la inversión de ustedes en vivienda social. Yo celebro cómo han progresado en colocación directa algunas entidades financieras. Invitaría a que todas den el salto a avanzar en colocación directa en vivienda social.

Cumplieron también con colocar unos recursos en Findeter, le compraron a esta institución estatal sus papeles, allí todavía hay un saldo sin colocar de 90 mil millones, el proceso ha sido lento pero en las últimas semanas se han duplicado los desembolsos. Confío que podamos avanzar.

Hemos tenido ahí, como principal instrumento de primer piso para la colocación de esos recursos de Findeter a las cajas de compensación, también hay muchos desequilibrios entre ellas, unas van muy bien, otras muy rezagadas.

Estamos tratando de vincular al sector cooperativo que todavía no se recupera suficientemente de la crisis que lo afectó, especialmente en la segunda mitad de la anterior década.

Celebro este nuevo acuerdo del día de hoy. ¿Por qué la petición de un billón de pesos? Antes de que empezara la crisis Colombia estaba colocando anualmente en vivienda social un billón 600 mil millones, eso se cayó a 200 mil millones, estamos por el orden de 600 mil millones, hay que dar este empujón. O sea que la cifra no es tomada al azar, es procurando empujar a ver si nos situamos rápidamente en el momento inmediatamente anterior a la crisis.

Ustedes van a hacer el esfuerzo de aplicar esos recursos y el Gobierno va a hacer los esfuerzos a los cuales se acaba de referir la doctora Patria Cárdenas. Uno de ellos es eliminar el costo del acceso al Fondo Nacional de Garantías para los estratos 1 y 2. Ustedes me decían en una conferencia telefónica que tuvimos esta mañana, que advierten en ese costo una barrera para la adquisición de crédito.

El Gobierno quiere probar, y si efectivamente con la eliminación de ese costo que lo tendrá que compensar el Presupuesto Nacional al Fondo Nacional de Garantías se aumenta la colocación de crédito se aumenta el número de beneficiarios del crédito, estará probada la tesis de que allí había un obstáculo.

Ustedes me han propuesto varios temas en este acuerdo, uno de ellos, el tema de recuperar las garantías. El ex ministro Eduardo Pizano, al final de la administración presidencial anterior, presentó un proyecto de ley para agilizar el proceso ejecutivo hipotecario. Este Gobierno lo encontró presentado, trabajó con todo entusiasmo con el Congreso de la República para convertirlo en Ley. Creímos que habíamos dado el gran paso para agilizar esos procedimientos.

Comprendo que hay quejas de ustedes, pero esta mañana revisaba con la jurídica de Presidencia, yo creo que el clima ha mejorado mucho. Cuando era yo candidato presidencial acudía a San Juan de Girón, por ejemplo, y en todo el país la gente quería saber de seguridad, allí lo que había era una expresión de odio, no contra los grupos terroristas sino contra el upac y contra la UVR, eso se ha superado; y por el otro lado el sector financiero estaba totalmente golpeado por la cantidad de pleitos, la malísima cartera que no podían recuperar y las dificultades para poder recuperar las garantías.

Subsisten problemas pero mi percepción, en el contacto permanente con los colombianos, es que ambos factores han mejorado sustancialmente y así lo indican las cifras que ustedes mismos manejan.

Yo quiero invitarlos, sobre el tema a lo siguiente: hoy no es un aspecto de ley, hoy es un aspecto de administración de justicia, me parece que hay que promover y le pediría al doctor Juan Lozano, a la doctora Cecilia Álvarez y al Superintendente, que convoquemos en la Presidencia una reunión de ustedes con el Consejo de la Judicatura, para mirar cómo, respetando totalmente la autonomía de la justicia, cómo impulsamos la aceleración de los procesos, creo que hay que buscar también alternativas.

Mire, para facilitar el crédito, que por ejemplo en el sector agropecuario se ha recuperado bastante en este Gobierno como lo indican las cifras de FINAGRO, hemos promovido en muchas partes del país esquemas que faciliten que muchos ciudadanos recuperen la condición de sujeto de crédito y que los bancos tengan tranquilidad. Cito el caso del departamento del Cesar. Sus agricultores habían pedido su condición de sujetos de crédito, los bancos no querían saber nada del sector agropecuario del Cesar.

Hemos logrado con unas figuras de patrimonios autónomos, dar garantías operativas eficientes, ir recuperando esa confianza. Creo que hay que buscar unos caminos semejantes en el sector hipotecario, en general. Pero recogemos su inquietud, doctora Patricia, y en la próxima semana empezaremos esas reuniones.

Yo les proponía esta mañana lo siguiente: que no sigamos mostrando en Colombia como excluyentes las opciones del subsidio estatal al precio de vivienda, con la opción del subsidio estatal a la tasa de interés. Pienso que hay que trabajar con ambos mecanismos.

Hasta hoy solamente hemos trabajado con subsidio al precio de la vivienda; y habrá que mantenerlo, porque el Estado no se puede sustraer por ejemplo de allí donde haya que reubicar un barriecito, etcétera. Pero debemos estudiar cómo emprendemos el camino complementario, no sustitutivo, sino complementario de subsidio a la tasa de interés.

Yo le veo muchas ventajas. Una ventaja es: simplifica y hace más transparente la participación del Estado. Yo creo que nosotros hemos hecho más transparente la participación del Estado en vivienda este Gobierno al haber eliminado Inurbe y a la vez sustituido a Inurbe por las cajas de compensación.

Pero de todas maneras el Estado y el gobierno de turno tienen que intervenir muchísimo, que con el proyecto del alcalde, que con la ayuda de cofinanciación a la respectiva alcaldía para la infraestructura, con el examen de las solicitudes, con la elegibilidad, etcétera.

Mientras mayor allí la intervención del Estado, mayores riesgos de que no haya transparencia.

Subsidiar la tasa de interés pone al Estado simplemente de interlocutor con el respectivo actor financiero, simplifica mucho procedimiento, crea transparencia y nos puede ayudar a expandir cobertura.

Lo que estamos haciendo en el acuerdo de hoy nos va a dar la respuesta si un un freno a la expansión de cobertura realmente ha sido ese costo de la comisión del Fondo de Garantías. Vamos a probarlo. No hay peor diligencia que la que no se haga, y el Gobierno se compromete con ese esfuerzo.

Pero los invito a que sigamos estudiando el tema de entrar a financiar la tasa de interés, a subsidiarla.

Esta mañana, hablando con el doctor Forero, con la doctora Patricia, la Ministra, la Viceministra, el doctor Juan Lozano -con el único que no hablé hoy todavía fue con el Ministro de Hacienda- les decía: mire, hay que focalizarlo a los sectores más pobres, y no puede duplicidad de subsidios. El que reciba el subsidio al precio no debe recibir el subsidio de la tasa de interés.

Pero hay mucha gente que no alcanza el subsidio al precio, que no está en los programas específicos que presentan para competir por los subsidios al precio, que podría resolver el problema con el subsidio a la tasa de interés.

Ustedes tienen dudas, me las expresaron esta mañana. Sigámoslo estudiando.

En síntesis, hay queda una decisión tomada en el acuerdo de hoy: colocar entre el primero de julio y el primero de julio del año entrante un billón; aliviarle cargas a la gente de los estratos uno y dos, como el costo de la comisión del Fondo de Garantías.

El elemento de buscar esa concertación con la justicia, para que fluya la mayor agilidad legal que se obtuvo en el 2003 en el juicio hipotecario ejecutivo.

Y un segundo punto: examinemos la viabilidad de poner en marcha, no como reemplazo del subsidio al precio de vivienda, sino como complemento, un esquema de subsidio a tasas de interés en la vivienda, para los sectores más pobres.

Quiero hacerles una invitación. Yo creo que hay que hacer un mercadeo de carne y hueso con estos nuevos instrumentos financieros. Un banco de los aquí representados me mostró hace pocos días en la Presidencia de la República, me llevó una muestrecita de ese mercadeo de carne y hueso, me llevó su equipo humano de Bogotá, que está visitando a los pequeños empresarios para incorporarlos al crédito a microempresas. Pienso que eso hay que hacer con vivienda social.

La verdad que no basta con sacar unos avisos en los periódicos, no basta con el comunicado de prensa de hoy.

¡Qué bueno, qué bueno que todos los bancos montaran los departamentos de promoción de carne y hueso del microcrédito, y el microcrédito orientado a vivienda social!

¡Qué bueno que la gente pobre de Colombia, como lo está haciendo con ese banco en Bogotá, que le toquen la humilde residencia, y que llegue una delegación de un banco a promoverle el crédito. El Mercadeo de carne y hueso, hay que hacerlo para recuperar confianza.

Y eso todo hay que manejarlo con una palabra fundamental en este país: amor.

La verdad es que, por ejemplo, mi pasó por la universidad pública ya hace tantos años me creó un inmenso temor, de que esta Patria definitivamente se enrumbara por el camino de la lucha permanente, violenta, de clases. Los riesgos existen; la radicalización conceptual en muchos sectores mantienen esos riesgos mínimos ahí, al borde de germinar.

Y esos riesgos no los evitamos, sino con acciones prácticas que demuestren nuestro interés de proceder con amor frente a todos los compatriotas.

¡Qué bueno, doctora Patricia, que pudiéramos ver esas misiones de los diferentes bancos yendo a las casas de humildes colombianos y a sus negocios, a colocarles ese microcrédito de vivienda!

Es bien importante. Ustedes se imaginan la sensación de un colombiano que le toquen la puerta y que le digan: aquí venimos de tal banco y le venimos a ofrecer este crédito y que le construyan confianza.

Yo miro eso con enorme ilusión. Cosas tan simples, pero tan importantes en la psicología individual y colectiva de la Patria.

En el tema de las comisiones. En esta Patria muchos siempre quieren dialogar con los otros, pero hay poca inclinación a dialogar entre nosotros.

Yo celebro esos esfuerzos que vienen haciendo. Y seguirán acompañándolos el doctor Zarruk, el doctor Juan Lozano, la doctora Cecilia.

Esos esfuerzos con Cotelco, esos esfuerzos con FENALCO. No es bueno para esta Patria que en los congresos gremiales, los unos le echen vainas por sus cuitas y dificultades a los otros gremios. Hay que avanzar en esos procesos de cohesión.

El informe que usted nos da es muy alentador. Y ese hecho demuestra que ha sido fructífera la concertación, que va a ser innecesaria esa intervención que estorba.

Entonces ahí, esa visión de largo plazo de concertar en lugar de intervenir, se legitima con estos hechos.

Todavía hay reclamos. Todos están esperando que esa comisión caiga mucho más, y ya los usuarios empezarán a darse cuenta, y querrán sentirla esos consumidores en su propio beneficio.

Les traigo una inquietud. Con dos gremios con los cuales me he reunido en los últimos días me dicen: sí, bueno el acuerdo, apenas lo estamos probando, todavía no sabemos a que resultados vamos a llegar, ojalá se de esa reducción que esperamos, pero nos están impidiendo los acuerdos colectivos.

¿Por qué no ensayan algún acuerdo colectivo? Eso facilita mucho.

Por supuesto el acuerdo colectivo no es para que el colectivo esconda dificultades de quienes por una u otra razón no pueden acceder a esos beneficios; es un colectivo seleccionado, selectivo. Pienso que eso se puede ensayar, con otro esfuercito de diálogo entre la Asociación y los gremios más importantes de sus usuarios.

Esto en cuanto a algunos de los temas que planteó la doctora Patricia, al final.

Apreciados compatriotas, en América Latina ha venido haciendo carrera la tesis de que aquí hay democracias de izquierda y de derecha. Yo creo que esa es una tesis obsoleta, es una tesis inconveniente y es una tesis no práctica.

¿Por qué obsoleta? Era válida para la época de las dictaduras militares, pero en el momento en que todo el mundo se ha comprometido con la regla democrática, esa tesis resulta totalmente obsoleta.

Inconveniente. Solamente ha generado polarizaciones. La última polarización se vio para elegir el nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Polarización que pudimos superar, en muy buena parte, gracias al esfuerzo y a la prudencia de nuestra Canciller.

Y no práctica. Hace pocos días una periodista me decía: es que yo soy de centro izquierda y el suyo es un gobierno de derecha, y tales gobiernos son de centro izquierda o de izquierda en América del Sur, ¿qué va a hacer con ellos?

Le dije yo le voy a hacer una pregunta: ¿dígame usted por qué es de izquierda y por qué me califica a mí de derecha? ¿Por qué dice que tal gobierno es de izquierda y que este es de derecha? Enmudeció, no respondió.

Esa tesis empieza hoy a ser bien difícil de sustentarla en la práctica.

Hay muchos discursos emotivos de campaña. Otra cosa es cuando los Gobierno asumen responsabilidades, y ahí se empiezan a borrar esas diferencias.

Yo he venido proponiendo para América Latina una nueva manera de ver nuestras democracias. Preguntar si son democracias progresistas o retardatarias, si son democracias caudillistas o institucionales. Si son democracias de sometimiento del gobernante a la ley o de imposición de caprichos por parte de los gobernantes elegidos, si son incluyentes o excluyentes.

Y para eso, he propuesto a la consideración de mis compatriotas examinar nuestras democracias a la luz de cinco parámetros: la seguridad democrática, la cohesión social, las libertades públicas, transparencia y el respeto a la independencia institucional.

COHESIÓN SOCIAL

Déjenme hablar, en primer lugar, de la cohesión social, a la cual me referí en la introducción. Esta relacionada con el buen manejo de la economía y con la seguridad, muchos compatriotas creen que es excluyente la lucha por la derrota del terrorismo con la lucha por mejorar la cohesión social. Hay que llevarlas de la mano.

Y hay que llevar de la mano el buen manejo de la economía con la seguridad y con la política social. Si no hay unas señales de determinación sostenida en el tiempo para derrotar el terrorismo, no hay confianza inversionista. Sin esa confianza no crece la economía, no hay manera de financiar lo social. Al ritmo que íbamos, aquí nos íbamos a quedar sin qué repartir. Por eso hay que tener mucha claridad entre esa cadena de seguridad, buen manejo de la economía, política social.

Me voy a referir al tema de la economía, a la luz de las preocupaciones de la doctora Patricia (Cárdenas, presidenta de Asobancaria).

En agosto de 2002, cuando este Gobierno empezó, el ministro (de Hacienda) Roberto Junguito nos expresó en el Consejo de Ministros: ‘el déficit es del 4.2 por ciento, el endeudamiento es del 56 por ciento. Usted Presidente tiene la política de seguridad que obliga a expandir la Fuerza Pública –y me dijo-, yo como Ministro tengo que garantizar cómo pago a la Fuerza Pública que hoy hay, y cómo financio la expansión que Usted está proponiendo’.

Tomamos varias decisiones: se congeló el gasto en un billón de pesos y se derramó el impuesto a la Seguridad Democrática. Terminamos ese año con un déficit del 3.6 por ciento (del PIB).

¿Qué le pasó a Colombia entre el final del gobierno del Presidente Barco y el inicio de la administración nuestra?

Cuando terminó el Presidente Barco, las finanzas de Colombia estaban en equilibrio, la administración nuestra empieza con un déficit del 4.2 por ciento.

Cuando terminó el Presidente Barco, el endeudamiento de Colombia estaba en 10, 12 por ciento del PIB. Cuando empezó la administración nuestra, estaba casi en el 56 por ciento. Hoy está en el 46 por ciento, hay que ponerlo rápidamente por debajo del 40 por ciento.

La situación ha sido inmensamente difícil, vamos a mirar algunas de las cosas que se han hecho:

Hemos aumentado los recaudos, crecieron un 18 por ciento en 2003 y crecieron un 22 por ciento en 2004. Este año llevan un crecimiento, más o menos, del 12 por ciento.

¿Qué hemos hecho para aumentar los recaudos?: no solamente, las reformas tributarias aprobadas, sino un gran esfuerzo para ampliar la base y disminuir la evasión.

Este Gobierno empezó con menos de 500 mil contribuyentes de renta, hoy tenemos ya el millón, aspiramos que terminemos este año cerca de millón y medio. Nos hemos propuesto llegar a dos millones de contribuyentes. Estamos haciendo semejantes esfuerzos en IVA.

Cuando este Gobierno empezó, solamente el 37 por ciento de los bienes y servicios estaban gravados con el IVA. Hoy está gravado el 53 por ciento. La Corte Constitucional nos declaró inexequible una reforma de gran importancia: esa universalización del IVA del 2 por ciento. Parecía antitécnica. Muchos decían: ‘hay que universalizar pero con tarifa única’. En la situación social de Colombia no es posible. Nosotros propusimos una escala gradual decreciente que cuanto más se acercara al corazón de la canasta familiar, fuera más baja. Respetamos el fallo de la Corte, ese es un tema bien importante para seguir discutiéndolo en Colombia.

Ustedes tienen inmensa preocupación por el gravamen a las transacciones financieras y al señor ex alcalde, buen amigo del doctor Enrique Peñaloza, lo he escuchado en varias ocasiones, su preocupación por el impuesto al patrimonio.

La reforma tributaria de 2004, en alguna forma fracasó porque el Gobierno la retiró y ¿por qué la retiró el Gobierno? Porque uno de los temas que no pudimos acordar con el Congreso, es que no se elevara el impuesto al patrimonio.

En un país, con las dificultades sociales de Colombia, es inevitable en algunas coyunturas, el impuesto al patrimonio. Nuestro compromiso es: un impuesto selectivo que grave los mayores patrimonios y que no pase con él lo que pasó con el impuesto a las transacciones financieras: empezó en el 2 y va en el 4.

Nuestra decisión de evitar que subiera esa tarifa, fue una decisión fundamental para tener que retirar del Congreso de la República, la reforma tributaria de 2004. Reitero ese compromiso del Gobierno Nacional.

Yo no me atrevería, doctora Patricia, a asumir hoy un compromiso frente al impuesto a las transacciones financieras. Esta mañana veía la productividad de ese impuesto. La verdad es que no se aumentó la desbancarización, la productividad se ha mantenido en el 22, 23 por ciento, a pesar de haber pasado de 3 al 4 por ciento, pero, acepto lo que usted dice que tenemos una alta desbancarización, no incrementada por la variación de la tarifa en la última reforma tributaria. ¿Cuál ha sido la propuesta? Convertirlo en una retención. A mi me preocupa en las actuales condiciones fiscales del país. Sigámoslo mirando.

Si ustedes me preguntaran qué pienso sobre el tema de tributos para el mediano y largo plazo, porque el Gobierno está obligado a decirle a Colombia qué piensa –así no tenga tiempo de ejecutarlo- es lo siguiente: tenemos que seguir en la ampliación de base.

Es muy importante que el país le haga un seguimiento cuidadoso a la ampliación de base de renta y un debate cuidadoso al tema del IVA. Con dificultades enormes, porque cuando en uno ya va a va a pasar de ese 52, 53 por ciento de bienes de bienes y servicios que hoy están con IVA, hacia la ampliación, encuentra que llegan los medicamentos, etcétera.

La tributación está limitada por la competitividad internacional, el rumor general en Centroamérica apunta hacia la reducción de la tarifa de renta. Colombia se tiene que comprometer con eso.

Nosotros tenemos unos instrumentos bien importantes incorporados en este Gobierno. Subimos los impuestos, pero introdujimos incentivos.

El año pasado la inversión de los contribuyentes colombianos se duplicó y se duplicó en muy buena parte a los incentivos tributarios. Yo creo que el esquema tributario de este Gobierno tiene esta característica: unos impuestos altos para quienes no crecen, unos incentivos bien importantes para quienes quieran crecer.

Esos incentivos tienen, unos, una vigencia muy corta, como la deducción del 30 por ciento a las nuevas inversiones generadoras de renta. ¿Cuál es la propuesta política de este Gobierno?: que el país piense en adoptar una tarifa de renta mucho más baja, que empiece a regir en el momento en que expiren esos incentivos como el de la deducción del 30 por ciento.

Entre la agenda legislativa que estamos aprobando en este periodo, está la ley que autoriza al Gobierno a firmar acuerdos de estabilidad con los contribuyentes. Confiamos mucho en esa ley. He sido informado que ya la conciliación se acaba de registrar tanto en Cámara como en Senado. Y confiamos que se dé el lunes. Eso se constituye en un gran paso que despeja mucho futuro y que va a incidir mucho en confianza, en las reglas tributarias del país, no solo en lo de ley sino en la doctrina de la DIAN. Yo creo que ahí hay una norma de futuro, de gran trascendencia.

Es muy importante que el Congreso de Colombia le pueda decir el lunes –que finaliza este periodo-: está plenamente aprobada la ley que autoriza al Gobierno a firmar esos pactos de estabilidad.

Si ustedes me preguntaran por el tema de las transferencias a las regiones. A muchos compatriotas les preguntó: ¿cuándo ustedes hablan de reforma estructural de impuestos, a qué se refieren?, me dicen: ‘las transferencias a las regiones hay que disminuirlas’ y han presentado cantidad de proposiciones para disminuirlas de una u otra manera. Yo no creo que se pueda hacer.

El doctor Juan Manuel Santos, con gran talento, obtuvo como Ministro de Hacienda el acto legislativo para desvincular durante un tiempo, el crecimiento de ingresos del Gobierno provenientes de nuevas reformas tributarias, que la base para liquidar transferencias. Eso ha ayudado muchísimo porque los incrementos que se han obtenido en este Gobierno, no tiene que hacer parte de esa base.

Pero ese acto legislativo expira en el año 2008 y hay unas previsiones constitucionales que le dan amplias facultades al Congreso de la República para disponer cuál es la norma que lo va a suceder.

Nosotros tenemos que mirar ese tema desde ya, con inmenso cuidado. A mi me preocupa mucho salud y educación. Este Gobierno se comprometió a generar 1.500.000 cupos en educación. Anoche me decía la Ministra (Cecilia María Vélez) que este año vamos a tener unos 420 mil, eso nos permite un acumulado de millón 120, millón 130 mil (estudiantes). Vamos estando en la posibilidad de que el año entrante le digamos a nuestros compatriotas: lo cumplimos. Pero todavía nos quedarán 500 mil niñitos en edad escolar por fuera de los establecimientos.

Y eso que este año hemos hecho dos grandes esfuerzos: uno en productividad laboral de profesores –relación profesores-alumnos, ya la tenemos en 29.5- y otro en contratación. Hay que calcular muy bien cómo llegamos a la plena cobertura y eso depende de esfuerzos de productividad, de transparencia en aplicación de los recursos, de los esquemas más eficientes para ampliar cobertura con buena calidad, pero también depende de recursos y la fuente principal de esos recursos está en las transferencias.

En salud. Este Gobierno es el primero en denunciar problemas de corrupción que hemos tenido en salud. Hemos apelado, en muchos Consejos Comunitarios, a ello. Hemos cancelado personerías jurídicas de intermediarias de salud.

Estamos hoy, tramitando una ley en el Congreso de la República, bien importante, que va a crear mecanismos para garantizar la transparencia en el manejo de esos recursos y en el ejercicio de competencias que corresponden a alcaldías y gobernaciones, porque la ley 715 le dijo a los alcaldes: ustedes me contratan los recursos de prevención y son las alcaldías y las gobernaciones las responsables para el tema de selección de las ARS, pero el país tiene que llegar a una cobertura completa para los sectores pobres.

Nosotros encontramos 10 millones de colombianos en el régimen subsidiado de salud, estamos en 15 millones. Hemos avanzado casi cinco millones en este Gobierno, esperamos, este año, avanzar en otros dos millones y medio pero el país tiene que llegar rápidamente a 22 millones. Vamos a hacer un esfuerzo en la ley que está en trámite en el Congreso y eso también habrá que tenerlo en cuenta para graduar el monto de las transferencias que habrá de definirse en el acto legislativo que suceda al del doctor Santos que expira –repito- en el año 2008.

Quiero proponerles esa reflexión porque las condiciones sociales del país, la descentralización, la autonomía de alcaldes y gobernadores elegidos, el sentido de pertenencia de los ciudadanos con sus regiones, no nos permiten la vía facilista de decir: vamos a disminuir transferencias. Eficiencia, transparencia y buen juicio en las transferencias, pero yo no veo posibilidad de disminuirlas.

Este Gobierno les exigió a las regiones en la reforma tributaria de 2003, un gran esfuerzo: dedicar parte de esas transferencias a los fondos regionales de pensiones y dedicar parte de las regalías directas a los fondos regionales de pensiones.

En cuanto a egresos, si ustedes miran las cifras nacionales, encuentran lo siguiente: con pensiones y con seguridad, el gasto público ha aumentado. Cuando no se tiene en cuenta pensiones, cuando no se tiene en cuenta seguridad, cuando no se tiene en cuenta transferencias, lo que maneja discrecionalmente el Gobierno, en gastos de personal y en gastos generales, ha disminuido sustancialmente. La disminución, solamente en la Presidencia de la República, para dar ejemplo, es del 30 por ciento. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de austeridad.

Si ustedes me preguntaran ¿cuál es la reforma estructural más importante en la parte de egresos, que este Gobierno le deja al país?: la reforma administrativa. Nosotros hemos reformado, hasta hoy, 152 empresas del Estado. Empezamos por Telecom, la última fue en el Banco Cafetero e Inravisión. Yo nunca creí que pudiéramos reformar a Inravisión porque tenía una protección en la Constitución del 91. La Ministra (de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart) con su prudencia y su laboriosidad encontró soporte jurídico para esa reforma.

Cuando el Gobierno empezó no había manera de garantizar los 280 mil millones que nos cuesta la liquidación de los trabajadores del Banco Cafetero. Ni el patrimonio de 500 mil millones para respaldar sus pensiones. Hoy está garantizado. ¿Que va a haber un nuevo Banco Cafetero?: sí, con parte de los activos viejos, con parte al capital de Granahorrar, para venderle el resto a Granahorrar, lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos?: porque con el Banco Agrario no alcanzamos a atender comunidades rurales de la Patria.

Los bancos comerciales, en su proceso –respetable- de reestructuración, se han retirado de muchos sitios de la Patria y uno que vive en contacto permanente con los colombianos en esas regiones, siente su presión porque allí haya mecanismos, instituciones crediticias.

Este Gobierno reconoce el paso trascendental que dio la administración anterior para reformar el Banco Agrario. Las previsiones estatutarias que lo blindaron, y las hemos respetado profundamente, queremos un esquema semejante para el nuevo Banco Cafetero.

Es que muchos me dicen: ‘es muy riesgoso para el Estado, esos bancos oficiales por el clientelismo y la corrupción’. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero hay que buscar la manera política de derrotar el clientelismo y la corrupción y no negarle unos instrumentos prudentes, como el Banco Agrario que ha venido en un gran proceso de recuperación, desde la administración anterior- o una alternativa adicional con este nuevo Banco Cafetero.

Cuando empezamos esa reforma administrativa, Telecom perdía 400 mil millones. El año pasado se ganó 950 mil. ¿Ustedes se imaginan qué le pasaría al país hoy si el Gerente de Telecom le estuviera pidiendo al Ministro de Hacienda 400 mil millones de pesos para pagar pensionados?

152 empresas reformadas, 37 liquidadas, pero la reforma no ha terminado, por ejemplo Telecom no se puede quedar allí, y ahora que veo al doctor Orduz de la telefónica de Bogotá y que pienso en Empresas Públicas y en Emcali, nosotros vamos a tener que hacer algo para poder ser competitivos internacionalmente. Telecom está buscando socios estratégicos para ello porque, sí, la salvamos, puede dar unas utilidades muy importantes durante unos años y ¿qué le pasa con su competitividad en el largo plazo?

Por eso es muy importante encontrar esos socios estratégicos –y lo digo con todo respeto, con toda solidaridad- y creo que lo tenemos que pensar en la Telefónica de Bogotá, en EPM, en Emcali.

Salvamos Emcali, va a tener ahora un mecanismo bien importante: el fondo de capitalización social. Si algo me ha preocupado a mi, en esta Patria es, ese antagonismo entre proveedores y usuarios de servicios públicos.

El segundo Consejo Comunitario de este Gobierno lo hicimos en La Guajira. La Costa Caribe estaba incendiada, por un lado los dueños de Electrocaribe y Electrocosta se quería ir del país, dejar eso abandonado, y por el otro lado, los usuarios incendiados. Empezamos un proceso pedagógico y práctico: necesitamos el proveedor público, el proveedor privado, que nadie abuse y necesitamos el usuario cumplido.

Se han hecho unos grandes esfuerzos aquí, por ejemplo de microempresas de distribución. Vamos a introducir sistemas de prepago en estos servicios públicos.

Y en Emcali, una cosa bien importante: todos los usuarios ya empezaron a ser socios del fondo de capitalización, desde hace tres meses. Eso, cuando el usuario de Emcali abra la llave, se va a sentir no solamente como usuario, como consumidor de esa agua que le llega, sino también como partícipe del proveedor.

Eso tiene que producir un efecto sociológico de gran importancia. En los próximos días lo vamos a empezar a replicar, ya, en Sincelejo (Sucre). Eso es del corazón de la reforma administrativa. Y uno proyecta ese fondo de Emcali a 20 años y le da a esa empresa una gran autonomía financiera en el largo plazo.

Nosotros vamos a seguir en esa reforma administrativa. Le pedí al Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), le dije: Ministro, has esta cuenta, la sola eliminación de privilegios pensionales, en ECOPETROL, en estas 152 empresas, en el Banco Cafetero, en Inravisión, allí donde hemos desmontado todas esas convenciones colectivas, en hospitales, ¿cuánto ahorro nos da?’, lo trajo a valor presente, ‘nos da 12 puntos del PIB’.

Ahora, falta mucho. En hospitales apenas estamos empezando -aquí en el Universitario de Cartagena-, hemos reformado ya muchos y los estamos reformando en red.

Esa reforma administrativa, solamente en el aspecto pensional, le ahorra al país 12 puntos del PIB, para no contabilizar lo otro. Y uno se pregunta: ¿qué habría sido si esas pérdidas hubieran continuado? ¡Pero hay que seguir con esa reforma administrativa, profundizarla!

Yo les ruego, pues, mirar el gasto público, discriminadito, desagregado. Una cosa defensa, otra cosa pensiones, otra cosa el tema de las transferencias y otra cosa lo que el Gobierno maneja discrecionalmente.

Por ejemplo, el gasto público este año. Nosotros, el año pasado, le trasladamos al Seguro Social alrededor de dos billones, este año le tenemos que trasladar cuatro. Eso es muy exigente. El Seguro Social, paga seis billones, recauda dos. Eso incide mucho en el gasto público de este año.

En los dos años anteriores el aumento del salario de los servidores públicos se acumuló para final de año, este año se está aplicando desde el principio.

Los corredores viales principales del país se nos habían deteriorado mucho. La doctora Alicia Naranjo (ex directora del Invías) trajo al Gobierno una idea aplausible: vamos a contratar por largo plazo el mantenimiento de los corredores viales. Empezó en diciembre con vigencias presupuestales de este año, los desembolsos ha habido que hacerlos en estos dos primeros meses.

Ahora, vamos a tener otra presión porque en dos semanas adjudicamos 3.246 kilómetros –son 2.500 de nuevos pavimentos y el resto de repavimentación-.

Los pagos a organismos internacionales, se han aumentado porque teníamos un rezago. El Gobierno es más ágil hoy en ejecución. Nosotros en la Agenda de Competitividad, en la visión que estamos trabajando Colombia 7 de agosto de 2019, hay unos esfuerzos que hay que hacer muy grandes en distritos de riego y tenemos que empezar esfuerzos en Riohacha, en La Guajira; en el triángulo del Tolima, ya hay compromisos presupuestales de partidas que todavía no se han ejecutado.

Yo rogaría mirar cuidadosamente que está pasando con el gasto público y de manera desagregada.

La administración anterior produjo una gran ley, la Ley 617. Este Gobierno la ha aplicado para el saneamiento de las regiones con todo rigor.

Por ejemplo, apenas vamos a firmar en dos semanas el convenio con el distrito de Barranquilla para financiarle 150 mil millones para su Transmilenio. Yo le recogí la idea al doctor Enrique (Peñalosa, ex alcalde de Bogotá), y dije hay que hacerlo siguiera en siete u ocho ciudades colombianas. Y ahí vamos.

¿Sabe qué pasó doctora Patricia? Barranquilla no cumplía la Ley 617, y dijimos hasta que no la cumplan no le firmamos el convenio para el Transmilenio. El Gobierno ha tenido total disciplina en eso.

Aquí hay unas leyes bien importantes que se deben mirar para preguntarse ¿hay reformas estructurales o no? La 358, la 549, la 617, la 819 de responsabilidad fiscal.

Esta semana se celebró el centenario del nacimiento de los departamentos de Huila, de Caldas y del Atlántico. Recordábamos como en ese quinquenio realizador visionario del general Rafael Reyes, cuando el país acababa de salir de la guerra civil, estaba muy golpeado por la separación de Panamá, se emprendió un gran plan de obras públicas, y Reyes –que era geógrafo al detalle- emprendió también la revisión de la distribución territorial de la Nación.

Con la ayuda de antiguos contrincantes en los campos de batalla como los generales Uribe Uribe y Benjamín Herrera, realizaron una administración bien eficiente. Nacieron estos departamentos.

Y en Caldas veíamos lo que ha sido la tradición de administración departamental, en una parte fue buena y en otra mala. Pero miren lo que ha pasado gracias a todos estos esfuerzos en los departamentos y en los municipios.

Se pasó de un déficit de 2 billones, 1,1 puntos del PIB en el 2002 a un superávit el año pasado de 2,8 billones, 1,1 puntos positivo del PIB. Ese es un gran avance en 4 años.

Eso ha exigido la parte normativa y un ejercicio de disciplina impuesto por el Gobierno Nacional. Hoy tenemos un departamento de inmensa preocupación que es el Chocó. Todavía nos quedan 120 municipios de los 1.096 con serias dificultades, pero se ha avanzado enormemente y aspiramos a que todos salgan de esas dificultades.

Se ha desagregado eso, entre 2002 y 2004 los departamentos pasaron de un déficit de 0,15 del PIB a un superávit de 0,6, Y los municipios de un déficit de 0,68 a un superávit de 0,34. Ha mejorado en las entidades territoriales inmensamente el balance fiscal, el endeudamiento y la capacidad de inversión.

Eso tiene que mirarlo el país con optimismo. El problema más grave nos queda en la parte central de la Nación porque gracias a la reforma administrativa en la parte descentralizada de la Nación antes el superávit lo causaba Ecopetrol y ahora todas. Cuando este Gobierno empezó todas las electrificadoras estaban perdiendo, ahora todas están en negro.

Pero a esto hay que sumarle otros ajustes que ha hecho este Gobierno, el ajuste tarifario de servicios públicos, el ajuste del combustible.

Ese ajuste del combustible mes a mes, yo veo esas alzas y me preocupa cuando algunos analistas dicen que no hay reformas estructurales. Ese esfuerzo en combustibles que han soportado los colombianos, una visión de largo plazo para preparar el país para que de pronto tenga que importar, para preparar al país para que no solamente esté Ecopetrol sino otras alternativas privadas de distribución, que exigirían unos subsidios de caja de la Nación, para ajustarnos a lo que ha pasado con el petróleo internacionalmente, para abrirle espacio a los combustibles biológicos.

Este año empezamos con la destilación de un millón de litros de alcohol carburante, esas plantas van bien, se ha hecho un enorme esfuerzo en esta administración empezando por los estímulos tributarios y estamos ya dando los pasos más importantes para que el país produzca biodiesel.

Los ajustes en pensiones. Yo ruego a Dios que el lunes el Congreso de la República pueda decir: aprobada la conciliación de pensiones, pero yo les voy a rogar todos ustedes. Los mercados internacionales tienen que responder, y la respuesta debe ser una disminución de los spreads, porque ese es un esfuerzo muy grande. Van a ver la dificultad política para explicar eso.

Ese tema es de gran importancia pero no es el único que ha pasado en este Gobierno. Otro ajuste, nosotros aumentamos sustancialmente las cotizaciones pensionales. Entonces sumen: combustibles, pensiones, el tema laboral, servicios públicos, ampliación de base de contribuyentes, etc..

Faltan muchas reformas sí, pero no hemos perdido un día para hacer reformas.

Es que una cosa es el gobierno de Pinochet haciendo reformas por decreto y otra cosa es un gobierno democrático buscando construir las mayorías en un Congreso para aprobar estas reformas.

En eso seguimos, esta agenda legislativa va a ser buena.

En política social hay que preguntarnos, ¿la política social de este Gobierno ha avanzado? Yo si creo, las cifras lo indican. ¿Es suficiente? No, la pobreza es muy grande en Colombia.

¿Es una política simplemente asistencialista que alivia por un momento, o llamada a producir efectos estructurales en la construcción de equidad? Creo lo segundo.

Bien importante en la discusión examinar si la política social es cortoplacista, simplemente asistencial o si está llamada a producir un efecto de largo plazo en la distribución del ingreso.

LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA

La revolución educativa está llamada a producir el efecto más importante de mediano y largo plazo en la redistribución del ingreso en Colombia, y la hemos orientado en cinco aspectos: cobertura, calidad, pertinencia, capacitación técnica y estamos buscando como la impulsamos más en ciencia e investigación.

Y tenemos que dar otro paso. Yo le decía a la Ministra de Educación, que es ejemplarmente ejecutiva, preparemos el otro paso y de inmediato empecemos con un millón de niñitos de Bienestar Familiar a vincular ese programa de nutrición con el programa de educación para anticipar la llegada del aparato escolar, por lo menos a ver cómo tenemos unos coordinadores pedagógicos en los hogares de Bienestar Familiar para que esos niñitos puedan estudiar. Hemos crecido Bienestar Familiar en un 40 por ciento.

En Colombia ha habido epítetos de moda para la descalificación política. El más reciente es el de neoliberales. A mi generación le ha tocado tres o cuatro epítetos, el último, neoliberal.

¡Uribe es neoliberal¡ Va a acabar a Bienestar Familiar, sí hemos acabado la burocratización, ha crecido la cobertura en un 40 por ciento.

¡Va a acabar el SENA¡ Sí, hemos acabado la burocratización, hemos pasado de que el SENA le llegue a un millón de estudiantes por año y le va a llegar el año entrante a cuatro millones y hemos aumentado bastante la pertinencia.

Es bien importante no quedarnos en esa discusión, entre descalificarlo todo por neoliberal y defender un concepto de Estado burocrático que ha sido tan dañino en Colombia.

Nosotros nos hemos dado a la tarea de tener un Estado sostenible, que cumpla su misión comunitaria.

Nosotros nos hemos dado a la tarea de tener un Estado sostenible, que cumpla su misión comunitaria.

Yo pienso que si se examina bien esta política, ahí se encuentra que es una política social, todavía no es suficiente, que muestra grandes avances, que no es asistencialista, sino es llamada a producir efectos de largos plazos.

¿Cómo no va a producir efectos de largo plazo la política de calidad de vida urbana? Y no es fácil, porque uno para empezar cada Transmilenio tiene que entenderse con el alcalde, con su concejo municipal, tiene que mirar si ese municipio cumple o no la Ley 617, tiene que obtener los recursos internacionales, etcétera. Es un proceso de concertación.

Esta semana yo examinaba toda la política social, para responder a esa pregunta. ¿Es asistencialista o es redistributiva de largo plazo?

Me decía alguien de mis interlocutores: ‘bueno, lo de los ancianos puede ser asistencialista’. El Gobierno está financiando 170 mil ancianos, y ahora tiene una licitación abierta para llegarles con una comida diaria a 400 mil.

¿Ustedes creen que hay cohesión social en un país con 700 mil ancianos pobres y un Estado indiferente? Que podría ser el tema más difícilmente defensable como política social de largo plazo.

Para caracterizar esta democracia nosotros hemos venido trabajando el tema de la independencia de instituciones.

El Presidente de Colombia no puede fijar las tarifas de energía. Todo lo que puede hacer es, a través del Ministro, presentar unas tesis a la Comisión de Regulación.

El Presidente de Colombia no puede determinar los espacios de televisión.

Si algo caracteriza una democracia moderna es la independencia institucional, a las diferentes ramas del poder, a los procesos de descentralización.

En materia de transparencia, que es otro elemento por el cual hay que preguntarnos para una democracia moderna.

Nosotros produjimos el decreto 2170, para exigir que se publiquen los prepliegos y no se amarren las licitaciones, para exigir las audiencias públicas en los contratos, las veedurías ciudadanas.

Introdujimos la meritocracia en 3.177 cargos. Por primera vez los maestros de Colombia se nombran por concurso; antes se nombraban por recomendación política. Hemos convocado el primer concurso para proveer 60 mil plazas, participaron 135 mil maestros.

La nueva Ley de Carrera Administrativa ha llevado la meritocracia a 120 mil cargos del Estado que no estaban.

¿Cómo hemos hecho las conciliaciones con los inversionistas internacionales con quienes había litigios? Por ejemplo 19 pleitos en Telecom, pleitos en las concesiones viales, pleitos en las concesiones aeroportuarias, etcétera.

En Telecom llevamos resueltos 16 de los 19 pleitos, de cara al país. Antes de perfeccionar un acuerdo se publica ampliamente para construir confianza.

Al funcionario público en Colombia le da mucho miedo conciliar, porque ve que si concilia le llega el juicio fiscal o le llega la investigación de la Procuraduría. Y la ciudadanía estaba llena de suspicacia frente a cualquier iniciativa conciliadora del Gobierno. Y no buscar esas conciliaciones crea una gran desconfianza inversionista. Hay que ver los problemas con los Estados Unidos, con Francia, con Canadá, con el Japón, por esos pleitos con sus inversionistas. Prácticamente eso tenía paralizada la inversión en Colombia.

Ahí hemos dado un gran paso para desatrancar, para superar ese problema y para hacerlo con transparencia.

El Gobierno permanentemente hace rendición de cuentas. Esos consejos comunitarios en Tame, en Aguablanca, en Buenaventura, en Guapi, mañana el número 100 en Turbo, es un proceso permanente de rendición de cuentas. Eso no es una convocatoria de aplausos.

Es un gobierno expuesto permanentemente a la presión ciudadana, lo que ayuda mucho. Por que el Gobierno simplemente en las oficinas de Bogotá viendo informes de power point no se da cuenta de lo que le pasa al pueblo colombiano. Eso hay que combinar el power point con lo que hemos llamado el poder de carene y hueso, el people power.

Ese es un proceso que le exige más compromiso al funcionario, veracidad al Gobierno y que le crea mucha conciencia de limitaciones y de prioridades a la comunidad.

El señor Vicepresidente (de la República, Francisco Santos) ha hecho un gran esfuerzo con los pactos de transparencia. El señor Vicepresidente ha hecho un gran esfuerzo con la campaña contra las trampas, con la denuncia por las irregularidades en el tema de la salud.

Yo nombré unos parientes de parlamentarios en la Cancillería, gente honorable -eso ha suscitado críticas-, comprometida con la política de Seguridad Democrática. Nosotros hemos avanzado mucho en la carrera administrativa en la Cancillería. La Canciller se ha propuesto respetar eso rigurosamente y eso ha avanzado mucho, pero hay un componente que maneja el Presidente discrecionalmente. Algo he conocido en el extranjero, donde había: una cancillería de las Farc muy activa y una Cancillería nuestra vergonzante. Entonces he nombrado una gente comprometida.

A mí me dice por allá una consejera: ‘Álvaro, disciplina, amor, humildad’. Yo le digo: las dos primeras muy fáciles, la última muy difícil. Hacer las cosas con disciplina y con amor, tenemos toda la vocación para eso. Esa cosa de la humildad es muy difícil, más cuando uno es combatiente.

He aceptado la crítica de mis compatriotas, me he comprometido a no nombrar parientes de los parlamentarios en la Cancillería. Hay que nombrar gente comprometida, sí, con la defensa del país y con nuestra política de Seguridad. Pero superamos ese tema de nombrar parientes de parlamentarios.

En el tema de la seguridad hemos hecho un gran esfuerzo. Cuando este Gobierno empezó, en esta Patria nuestra, teníamos casi 30 mil asesinatos por año; 66 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Este año llevamos 7.648, casi la mitad de año, 17 por cada 100 mil. Falta mucho.

La semana pasada que estuvimos aquí, en un foro convocado por el Gobierno, del grupo de estudio de The Economist, a ellos todavía les parece muy alto, es cierto, frente a los parámetros internacionales, pero es que venimos de 29 mil. Confiamos que al final de año, esa tasa esté por debajo del 35 por ciento. Unas reducciones impresionantes en algunas ciudades de la Patria.

Nosotros nos hemos preocupado mucho para que la Seguridad Democrática proteja a sectores vulnerables. Por ejemplo trabajadores sindicalizados. El año anterior a mi elección presidencial asesinaron 168 en Colombia, este año llevamos tres. Trabajadores sindicalizados este año llevamos siete. En maestros llevamos tres.

Los alcaldes de la Patria, los gobernadores. Cuando empezó el Gobierno había casi 400 alcaldes que no podían ejercer, hoy todos pueden ejercer. Nuestro ejercicio de seguridad ha sido un ejercicio de la mano de las libertades. Seguridad, libertades, dos elementos característicos de esta democracia moderna.

¿Qué hemos dicho? Esta seguridad es democrática porque no es para suprimir el disenso, es para proteger por igual, al amigo del Gobierno que al opositor. He dicho: protejan por igual y de corazón a Juan Hurtado, el representante a la Cámara más fervoroso seguidor de estas tesis o al doctor Wilson Borja (de la oposición).

Ahora me dijeron, viniendo en el avión de Bogotá, que había dificultades para que el doctor Antonio Navarro visitara a Puerto Rico en Caquetá, porque hay temor en esa carretera entre Florencia al Cagüán. Llamé al General Castro (Jorge Daniel, director de la Policía) y le dije: llévenlo en un helicóptero de la Policía. Que en mi Gobierno nadie pueda decir que no pudo ir a un sitio de la Patria a ejercer el derecho de sus libertades políticas con plenas garantías. Y llamé al Senador Navarro (Antonio), le dije: ’me he enterado de esto, ahí tiene un helicóptero de la Policía, que lo lleven allá y dónde quiera ir y haya dificultades, y yo asumo esa responsabilidad’.

Nosotros tenemos una convicción profunda y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias: que este compromiso de seguridad es para devolverle las ilusiones, las libertades a la Patria y las garantías efectivas de pluralismo

¿Qué nos ganamos con una Constitución garantista, si no hay práctica eficaz de las garantías? Por eso con las elecciones del 2003, dónde opositores y abstencionistas del referendo tuvieron más garantías –incluso que el Gobierno para defenderlo- y con lo que pasó al otro día, con la elección de alcaldes y gobernadores, de partidos alternativos a los tradicionales, de partidos provenientes de antiguas guerrillas, le dije a los colombianos: ‘hemos hecho el tránsito de unas garantías retóricas a unas garantías efectivas. Eso es bien importante’.

¿Y qué ha pasado de allá para acá?, dos cosas: con esos alcaldes, con esos gobernadores hemos buscado espacios de concertación sin detenernos en el origen político de su elección. Ustedes se imaginan ¿qué bueno sería para el país, el Presidente de la República trabado en una pugna con el Alcalde de Bogotá?

Nosotros hemos manejado eso con toda la delicadeza, creando concertación para cimentar en una condición de largo plazo, una democracia pluralista, donde todos los actores –independientemente de sus orientaciones ideológicas- tengan ese básico compromiso con la Patria.

Ahora que se habla de garantías, en los últimos meses se han elegido en Colombia 173 alcaldes, no ha habido una sola queja por falta de garantías.

Por ejemplo me decían que los paramilitares en el Magdalena. Yo llegué a las 5:45 de la mañana del 8 de agosto (de 2002) al Cesar. Esos tres departamentos estaban perdidos por la guerrilla y unos paramilitares cuidando unas fincas y el Estado desaparecido. El Estado iba allá a tomar wisky en el Festival. Y empezamos esa tarea de recuperar el imperio institucional.

Sectores críticos al Gobierno, de oposición, han ganado en el Magdalena dos alcaldías, en los últimos meses. Nosotros estamos comprometidos con poner la seguridad al servicio de la democracia.

Antenoche hablaba con la senadora Piedad Córdoba, y ayer llamé a mi profesor Carlos Gaviria, y les dije: ‘es que esta cosa es muy delicada para el país’. Yo no llamé a un solo Parlamentario por el acto legislativo de reelección, pero no se me va a quedar uno sólo sin hablar con él, para que se apruebe esta agenda legislativa. ¡En este Gobierno ha habido participación pero no ha habido clientelismo y no ha habido un peso de auxilios parlamentarios!

-Cuando miren el gasto público, doctora Patricia, pongan en el scanner a este Gobierno a ver si encuentran un solo peso de auxilios parlamentarios, que no lo ha habido-.

Le decía a Piedad: ‘ayúdame con esta cosa de pensiones’. Me decía: ‘sí yo te hago oposición leal, yo no soy oportunista, es que tengo unas diferencias contigo’. ¿Cuáles diferencias? ‘Que en Seguridad Democrática’. ‘¿Por qué?, yo te veía exiliada antes, ahora en el país todos los días criticando, pero aquí en el país contenta y protegida’ y le decía ‘y creo que vas a poder estas elecciones más tranquila porque vas a poder hacer estas elecciones sin paramilitares porque se desmovilizan o los acabamos militarmente que es el tema, este de tanta discusión.

Mire, esos temas son muy controversiales. Ayer le decía yo a una de las personas que más aprecio, a Gina Parody, le decía: ‘mira Gina, tu propuesta es de un enorme valor intelectual, pero tú estás muy jovencita, aquí hay que poner un balance entre justicia y paz. Una ley que sea un balance entre justicia y paz, es imposible obtenerla en el grado perfecto. Es la primera vez que Colombia hace un inmenso esfuerzo para agregarle, a un proceso de conciliación, unas responsabilidades con la justicia y unas responsabilidades con indemnización de víctimas’.

Los procesos de paz, yo los aprobé. Voté en el Congreso de la República por el reindulto del M – 19, cuando les abrieron nuevamente la investigación por el Palacio de Justicia. Dije: no, por el bien de Colombia que no les abran más esa investigación, están reindultados. Yo puse el voto allá.

Los procesos de paz en el pasado, solamente se preocupaban por la reconciliación. Esta es la primera vez que nos estamos preocupando por la justicia y por la reparación de las víctimas.

Y en nombre de la autoridad, no vamos mal. En desmovilizaciones llevamos 12.600 desmovilizados, mitad paramilitares, mitad guerrilla. Cuando se desmovilizó el M-19 eran 280 en armas, 600, 800, 900 en total. Se desmovilizó el EPL, en total dos mil. Aquí van 12.600.

Ahora, yo quiero desde aquí, desde este foro tan importante que concita a toda la audiencia nacional, hacerle una invitación al Eln.

La semana pasada, cuando recibimos 29 muchachos del Eln de Héroes de Anorí, -Héroes de Anorí es la madre del Eln, estaba casi derrotado hace 30 y pico de años y le quitaron el cerco militar que porque allá iban a hacer la paz-. Es una experiencia que me ha convencido que la paz no es hija de las debilidades frente a los delincuentes.

El proceso con los mal llamados paramilitares no ha sido un proceso porque ellos quieren, de liberalidad, de espontaneidad, porque este Gobierno los ha enfrentado militarmente con todo el rigor. Hoy más de 1.300 paras dados de baja. Todos los días hay paras dados de baja o presos. Antier, los que están extorsionando en el Casanare, ocho dados de baja.

Yo hago los consejos de seguridad de esta manera: la primera parte abierta al público, el señor Ministro (de Defensa), los Altos Mandos y yo nos reunimos con la comunidad, como lo hicimos en Puerto Rico, Caquetá, el pasado sábado. Porque yo les he dicho: ‘ustedes me dan uno informes muy bonitos en el power point, maticémoslo un poquito antes, oyendo a la gente’.

Y en la segunda parte ya nos reunimos el Ministro, los militares y yo y examinamos lo que nos ha dicho la gente, nuestra política, etcétera.

En Tame (Arauca), la queja contra la extorsión. Aquí hay paras en el casco urbano extorsionando, guerrilla en la comunidad rural.

Una de las cosas buenas de esta política de seguridad es que la gente ha perdido el miedo a criticar y a denunciar. El departamento del Magdalena era, en unas partes controlado por la guerrilla y en otros sitios por los paras y todo el mundo calladito. Ahora por lo menos ya la gente se atreve a denunciar. Ahí se capturó ayer a los ocho paras que estaban extorsionando en el casco urbano de Tame.

Este Gobierno ha logrado estas desmovilizaciones, no con consejos. Una política equitativa de paz pero fundamentalmente un factor determinante, una política de seguridad institucional, con toda la transparencia, con toda la firmeza y que va haciendo eficacia con un sacrificio muy grande de las Fuerzas Militares.

Que recapacite el Eln, le hemos dado todas las oportunidades, lo que pasa es que nos hizo un pedido que no le podíamos aceptar: que entraba en diálogo y que suspendía todo mientras el diálogo menos el secuestro. Nosotros no podíamos aceptar eso. Que recapacite el Eln. Hay mediadores internacionales ayudándonos en eso.

Desde aquí le digo a la Farc –yo veo por ahí, muchos de mis compatriotas que escriben que Uribe se mantiene en guerra con la Farc. Todos esos bandidos hay que acabarlos, este país necesita vivir tranquilamente para las nuevas generaciones sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico-.

En el momento en que la Farc haga un alto en el camino y diga: ‘acepto un cese de hostilidades’, con este Gobierno negocia más fácil que con cualquiera. Lo que no podemos incurrir los colombianos, es en la trampita de entrar a debilitar la política de seguridad, comprando la ilusión de que la Farc con un Gobierno débil va a negociar.

Yo estoy seguro que si la política de seguridad sigue con toda la determinación se demora menos que más para empezar a negociar, pero esos procesos nacen de la determinación de seguridad del Estado y llegan a feliz término, manejados con generosidad, pero no nacen sino de la firmeza.

Por ejemplo ¿qué ha pasado en secuestro? En esta Patria estaban secuestrando 3.050 ciudadanos por año. Yo quisiera tener un mejor resultado, ahí vamos avanzando. Este año han secuestrado 327, de los cuales 159 han sido por secuestro extorsivo. Hay que individualizar responsabilidades. Le he pedido a los generales Fredy Padilla de León y Castro Castro, que se apersonen al más alto nivel de cada caso de secuestro.

En Colombia hay que manejar lo macro y lo micro, eso no es excluyente. Si el Presidente de la República y los altos mandos nos dedicamos simplemente a proyectar lo macro frente al secuestro y no estamos pendientes del día a día, mientras pensamos lo macro, nos siguen secuestrando a los compatriotas. Aquí hay que pensar lo uno y ejecutar lo otro.

Eso nos ha dado resultados. En las últimas tres semanas, uno secuestrado en Santa Fe de Antioquia, al frente los generales Castro Castro y Fredy Padilla y a mí me ayuda mucho el celular. A la semana rescatado, los cuatro secuestradores dados de baja.

Secuestran una señora de un ingeniero de Manuelita, al frente los dos generales y el celular desde la Presidencia, y al otro día liberada.

El Eln nos mantiene un secuestrado en el Cauca, ya le quitamos el último, lo rescatamos anoche. Esta mañana hablé con él, ese señor estaba feliz. Eso sí que reconforta, pensar en el sentimiento de un ciudadano cuando se le evita un secuestro o se libera.

Tenemos un problema, nos secuestraron ayer una persona en Puerto Lleras (Meta), ahí estamos encima a ver si lo recuperamos. En Bogotá no se ha presentado un solo secuestro extorsivo este año.

El último acto terrorista, contra esta ciudad fue, el 5 de agosto de 2002, dos días antes de la iniciación de este Gobierno. Vamos a seguir en ese tema, queridos amigos.

Santiago Montenegro (director de Planeación) próximamente los invitará a discutir a ustedes un documento que se está preparando desde el principio del país: ‘Colombia para el Segundo Centenario’, para que este país tenga una visión de largo plazo que no se pueda imponer, pero en la medida que se cimente en la discusión comunitaria, va a ayudar a enlazar un plan cuatrienal con otro.

¿Qué queremos?: una democracia con seguridad, con transparencia, con instituciones independientes, con libertades plenas y con cohesión social.

¿Qué queremos? Mi generación no ha vivido un día de paz. Queremos una nueva generación que pueda vivir en este país, llena de ilusiones, feliz. Una Patria sin guerrilla, sin paramilitares, sin droga y sin corrupción.

Doctora Patricia, sigamos avanzando en estos procesos de concertación. Ustedes están en un buen momento. Aspiro que todos los colombianos nos demos cuenta que lo que más le conviene al país, en esta materia económica y en las que estamos hoy, las que trató la doctora Patricia, es tener un sector financiero sano, estable, sin amenazas. Con un horizonte despejado.

Hagámoslo querer todos los días más de los colombianos. Este país necesita vincular a toda la gente con amor. Es bastante difícil, sobretodo en el combate político, pero el de ustedes no es tan difícil, el tema de ustedes no es tan difícil como el que ejerzo yo. Sin embargo, voy a ver si en estos días soy capaz de superar la vanidad y no dar mal ejemplo.

Les agradezco mucho que dentro de un año el balance en vivienda social sea extraordinario.

¡Mucha suerte y que viva Colombia!