En Colombia tenemos un Estado de Derecho regulado constitucionalmente, con un gobierno de origen popular y democrático sometido a controles de órganos independientes. Por otro lado, hay terrorismo financiado por el narcotráfico.

No se puede, por lo tanto, poner en igualdad de condiciones a un gobierno legítimo y democrático y al terrorismo.

Ningún gobierno puede ser neutral ante la agresión del terrorismo a una democracia.

Lo que resulta imperativo es la cooperación entre los diferentes Estados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.