Bogotá, 1 mar. (SNE).- El Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), reveló este martes,
que durante febrero se desmovilizaron individualmente 254 miembros
de los grupos armados al margen de la ley.
Según el informe, de este total de personas desmovilizadas
-en febrero- 137 pertenecían a las AUC, 92 a las FARC,
19 al ELN y seis a grupos disidentes. En este grupo se da cuenta
de 55 menores de edad y 29 mujeres.
Estas personas al momento de desmovilizarse y abandonar las
armas se presentaron ante las siguientes autoridades: 196 a
unidades de las Fuerzas Militares y de Policía, 39 ante
el Icbf, nueve al DAS, cinco a la Defensoría del Pueblo,
cuatro a la Fiscalía y uno directamente al Programa
de Desmovilización.
En este mes, Antioquia fue el departamento en el que mayor
número de desmovilizaciones individuales se presentaron
al registrarse 44 casos, seguido del Valle del Cauca con 30,
Norte de Santander con 25, Caquetá con 24 y Meta con
21. Las demás entregas se presentaron en cifras menores
en el resto de departamentos del país.
En lo corrido del presente Gobierno han abandonado las armas,
de forma individual, un total de 6.663 miembros de los diferentes
grupos violentos. Igualmente, lo han hecho de forma colectiva
4.826 miembros de las AUC, los cuales se encuentran en la mesa
de dialogo con el Gobierno Nacional.
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002
estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados
y sus familias, al igual que protección y solución
jurídica a través del Ministerio del Interior.
Este decreto también contempla apoyo económico
para la creación de microempresas y la posibilidad de
validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida
por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan
a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia
o la Fuerza Pública entregando información que
permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir
una bonificación económica, acorde con el resultado
de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia,
comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos
y maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o
cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al
margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”,
también recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación
económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar
actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir
todos aquellos nacionales que “individualmente y por
decisión voluntaria”, abandonen los grupos armados
al margen de la ley. Estos deberán demostrar además, –a
criterio del Gobernó Nacional- su voluntad de reincorporarse
a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de
cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública”.
