Se han suscrito 14.153 nuevos convenios en 11 departamentos

VAN 35.918 FAMILIAS GUARDABOSQUES CON CONTRATO COLECTIVO

Bogotá, 2 mar (SNE). A 35.918 se elevó el número de hogares campesinos e indígenas que han firmado contratos colectivos con el programa Familias Guardabosques, luego de la suscripción de 14.153 nuevos convenios en 11 departamentos del país.

De acuerdo con el último reporte de la coordinadora de Desarrollo Alternativo del Plan Colombia, Victoria Eugenia Restrepo, los 14.153 nuevos contratos colectivos se suscribieron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, de la siguiente forma:

ANTIOQUIA: 352 familias de El Bagre y 349 de Zaragoza.

ARAUCA: 589 familias del municipio de Arauquita.

BOYACÁ: 772 familias de Otanche.

CAQUETÁ: 985 familias de Valparaíso.

CAUCA: 1.194 familias de La Vega.

CÓRDOBA: 316 familias de Tierralta y 658 de Valencia.

GUAVIARE: 288 familias de El Retorno y 576 de San José del Guaviare.

HUILA: 608 familias de Íquira, 551 de Nátaga, 588 de Santa María, 390 de Teruel, 906 de La Plata, 475 de Oporapa, 456 de Saladoblanco y 675 de San Agustín.

NARIÑO: 382 familias de El Tablón.

NORTE DE SANTANDER: 975 familias de Sardinata y 883 de Teorema.

PUTUMAYO: 295 familias de Colón, 253 de San Francisco, 317 de Santiago y 320 de Sibundoy.

La funcionaria anunció que el Plan Colombia prepara los términos de referencia para llevar a cabo el proceso de contratación de las entidades que harán acompañamiento técnico, ambiental y social en las nuevas zonas de intervención del programa Familias Guardabosques.

Indicó que de las 35.918 familias con contratos colectivos, 19.024 tienen contrato individual, lo que les permite recibir los pagos. Estas últimas familias residen en Antioquia, Bolívar, Guaviare, Magdalena, Nariño, Putumayo y Tolima.

Explicó que el programa prevé tres fases:

En la primera se identifican las comunidades beneficiarias y se realiza el acercamiento entre los distintos actores. Para ello se realizan una serie de foros institucionales y veredales y se firma el contrato colectivo.

La segunda incluye el cumplimiento de los compromisos en erradicación y prevención de cultivos ilícitos, la firma del contrato individual y el desembolso del primer pago.

En la tercera se hace acompañamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación.

El programa se propone vincular a 50 mil familias a la erradicación y prevención de cultivos ilícitos, el cuidado del bosque y la conservación de las fuentes de agua y el ecosistema en general.