Tras
siete reuniones de concertación
en la Casa de Nariño
RADICADA EN SENADO PONENCIA PARA PROYECTO DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, 3 mar. (SNE).- El grupo de ponentes del proyecto
de Justicia y Paz, presentado por el Gobierno Nacional en el
Congreso de la República, radicó esta noche la
ponencia para primer debate de la iniciativa, tras siete reuniones
en las que diversos sectores políticos se pusieron de
acuerdo sobre el contenido del mismo.
El informe de ponencia, radicado en la
Comisión Primera
del Senado de la República, recoge planteamientos y propuestas
contenidos en los proyectos presentados.
El pliego de modificaciones tuvo en cuenta
los puntos de vista expresados durante la Audiencia Pública que se realizó el
pasado martes en el Congreso.
En las reuniones realizadas en la Casa
de Nariño, lideradas
por el Presidente, Álvaro Uribe Vélez, se escucharon
diversas posiciones en torno al articulado que permitieron la
redacción del pliego de modificaciones que comenzará a
ser discutido la próxima semana en el Congreso.
El documento radicado esta noche señala que ante la existencia
de grupos armados al margen de la ley es “necesario e inaplazable
acudir a procedimientos especiales que permitan y faciliten la
reincorporación a la sociedad de las personas que conforman
estos grupos, contribuyendo a lograr la pacificación del
país”.
Adicionalmente, reitera tres elementos
fundamentales de la ley, como lo son la universalidad, con
lo cual se facilita la realización
de procesos de paz, reincorporación y desmovilización
no sólo a los grupos de autodefensa, sino también
a los grupos guerrilleros o una parte significativa de los mismos.
“Debe entonces subrayarse que los destinatarios de la
ley, con sus definiciones, procedimientos, instituciones, penas
y beneficios, serian tanto los grupos de guerrilla como de autodefensas”,
dice el documento.
El segundo elemento es el equilibrio
que, de acuerdo con la ponencia, “se observa cuando se pretende consagrar una
serie de mecanismos jurídicos dirigidos a lograr una adecuada
relación entre justicia y paz, de tal manera que permita
satisfacer el equilibrio entre los valores superiores de la primera
y la prioritaria necesidad de obtener la segunda”.
Así las cosas, dice el documento, cuando el condenado
cumpla las condiciones establecidas en la ley, el Tribunal le
impondrá una pena alternativa que oscila entre los cinco
y los ocho años, beneficio que cobijará tanto a
los que se desmovilicen individualmente como a los que lo hagan
de manera colectiva “teniendo en cuenta, entre otras, la
contribución que realicen para lograr desmantelar las
organizaciones armadas ilegales”
El tercer elemento es la eficacia relacionado
con la aplicación
de penas que puedan cumplirse. “Estas razones llevan a
proponer un mínimo y un máximo razonables que evitan
la impunidad y la ineficacia de las penas, pero que además
consideran que dada la situación del país, se convierten
en penas alternas a las aplicables en situaciones de normalidad
y para la delincuencia común no ligada al fenómeno
de violencia basada en estructuras organizadas como la que encarnan
los grupos destinatarios de esta ley”.
Con estos tres elementos, dice el documento,
la propuesta gira en torno a los principios de Verdad, Justicia
y Reparación “otorgando
gran importancia a los derechos de las víctimas, siguiendo
para ello los lineamientos establecidos por los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Penal Contemporáneo,
que se edifican principalmente sobre la protección a las
víctimas de las conductas punibles, propiciando un escenario
legal que permita a los desmovilizados condenados su reivindicación
social ante el Estado, la sociedad y las victimas, en aras de
evitar lo que se ha denominado la victimización secundaria,
consistente en que la víctima vuelve a ser estigmatizada,
pero esta vez por el sistema judicial”.
