Gobierno se opone a proyecto que busca eliminar la CRA, la Creg y la CRT

COMISIONES DE REGULACIÓN GARANTIZAN INDEPENDENCIA Y NEUTRALIDAD

Bogotá, 30 mar. (SNE). La ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart, consideró este miércoles que antes que pensar en eliminar las comisiones de regulación, lo que debe pensarse es en profundizar su modelo que garantiza independencia frente a los gobiernos de turno y neutralidad en la toma de decisiones. Esto redunda, finalmente, en beneficio de los usuarios.

La Ministra hizo esta precisión en el marco de un debate realizado en la Comisión Sexta del Senado, donde se discutió un proyecto de ley de origen parlamentario que busca eliminar las comisiones de regulación que funcionan para los sectores de agua y saneamiento básico (CRA), energía y gas (Creg) y telecomunicaciones (CRT).

Tanto la ministra Pinto de De Hart, como la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez, expusieron los argumentos que tiene el Gobierno para justificar la existencia de las comisiones de regulación.

CASO CRT

En relación con la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, la Ministra del ramo, Martha Pinto de De Hart, recordó que el actual modelo regulatorio, que aparece en las leyes 142 y 143, plantea la existencia de las comisiones como autoridades independientes.

“En algunos casos este esquema no ha sido desarrollado a plenitud. Lo que creemos, por el contrario, es que debe profundizarse, de acuerdo con estas leyes 142 y 143, la independencia de las comisiones de regulación”, dijo.

Agregó que “la experiencia internacional recomienda profundizar este modelo institucional que Colombia adoptó desde el año 1994”.

Consideró que debe primar la neutralidad en la toma decisiones, lo cual se logra mucho más fácil en un ente técnico como una comisión, que dentro de un Ministerio.

Recordó que el Gobierno ha demostrado estar comprometido con la reforma de las comisiones, por ejemplo a través del decreto 2696, que habla de la rendición de cuentas y del debate público para las comisiones.

La Ministra entregó tres conclusiones:

1) La adecuada provisión de los servicios públicos requiere de independencia del gobierno de turno y de estabilidad en la definición de las reglas del juego.

2) El modelo institucional que ha seleccionado Colombia guarda una correspondencia con las mejores prácticas internacionales: “Tenemos una Comisión (La CRT) realmente de marca mundial, de estándares mundiales, muy respetada y admirada internacionalmente y que ha sido guía para otras comisiones de regulación del continente”.

3) El modelo institucional no es perfecto y requiere adecuaciones y trabajo conjunto del Gobierno con el Congreso, para llevar a cabo las reformas que sean necesarias.

CASO CRA

Por su parte, la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez, señaló que, a pesar de que no hay una responsabilidad política del Ministerio o de la Comisión de Regulación en cuanto a la fijación de tarifas, sí la hay respecto del marco regulatorio que sirve de guía para definir el monto de lo que se cobra al usuario por metro cúbico de agua.

“Entonces hay una responsabilidad política clara en cuanto al marco tarifario. No la hay con respecto a tarifas, porque ni el Ministro, ni el Presidente, ni la Comisión de Regulación tienen hoy ni podrían tener la competencia, que sí tiene el alcalde, de decir a cómo va a cobrar el metro cúbico de agua”, dijo la funcionaria.

La Ministra de Ambiente indicó que no cree que “el hecho de trasladar las funciones de un órgano como la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) hacia la oficina de planeación del Ministerio, necesariamente garantice tener una mayor eficiencia e incluso tener menores costos”.

En el tema de la responsabilidad política, sostuvo que “de todas maneras los ministros presidimos estas comisiones. Hay que recordar el año anterior todos los debates que se hicieron con respecto al marco regulatorio, con respecto a multiusuarios, aquí en el seno del Congreso: el ministro viene, da la cara y explica, porque además participa de las decisiones de la comisión a través de la junta directiva”.

Sostuvo que el hecho de eventualmente eliminar la CRA y trasladar sus funciones al Ministerio, como lo propone el mencionado proyecto, en nada cambiaría la competencia que tiene el Alcalde para definir el monto de las tarifas: “eso no sería factible y con el proyecto de ley no cambiaría esa condición ni esa circunstancia”.

Consideró que sin un marco regulatorio como el de la CRA, que sirve de guía para definir las tarifas de agua, podrían generarse dificultades financieras graves a las empresas prestadoras e incluso a las alcaldías en los casos en que éstas se encargan de prestar el servicio.

“Lo que estaríamos generando es no garantizar la eficiente prestación del servicio. Porque si las empresas corren riesgos financieros, ponen en riesgo la operación. Empezaríamos a tener tambaleando la prestación del servicio. Y empezaríamos, al contrario del efecto pensado: que la gente pague mucho menos, que la gente va a pagar mucho menos, pero va a pagar mucho menos por un servicio que no tiene”, dijo.

Y concluyó: “Entonces es fundamental que se tenga en cuenta lo difícil y lo complejo que es ese equilibrio entre tener unas empresas sostenibles y eficientes y tener unos usuarios con unas tarifas justas con respecto al servicio, que incluyan los costos de la operación y administración y el costo de inversión, que permitan generar una expansión del servicio y optimizaciones del mismo servicio”.