Van 11.930 desmovilizados
en lo corrido de la administración Uribe Vélez
EN ABRIL, 223 PERSONAS ABANDONARON LOS GRUPOS VIOLENTOS
Bogotá, 2 may. (SNE).- Entre el primero y el
30 de abril, 223 personas que pertenecían a los
grupos armados al margen de la Ley, abandonaron las filas
de la subversión y se acogieron a los beneficios
que otorga el Gobierno Nacional para ellas. Con esta
cifra, aumenta a 7.104 las desmovilizaciones individuales.
En total, en lo corrido de la
administración
Uribe Vélez, 11.930 colombianos han abandonado
las filas de estos grupos (incluidos los 4.826 ex miembros
de las autodefensas ilegales que se han desmovilizado
de manera colectiva).
Según el reporte del Programa
de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), de las 223 personas
que en abril decidieron abandonar las armas, 111 pertenecían
a la guerrilla de la Farc, 94 a las Auc, 16 al Eln y
2 a grupos disidentes.
De estos, 183 de los desmovilizados
se presentaron ante unidades de las Fuerzas Militares
y de Policía,
23 al DAS, 14 al ICBF, 2 a la Defensoría del Pueblo
y 1 ante la Fiscalía. Y entre ellos, 34 son menores
de edad y 29 son mujeres.
El departamento en el que se
registró mayor número
de desmovilizaciones fue Caquetá con 36 casos,
seguido de Antioquia con 30, Casanare y Santander con
17, Meta y Tolima con 13 cada uno, Guaviare con 12 y
Bolívar con 10. Las demás deserciones se
registran en cifras menores en otras regiones del país.
BENEFICOS DE LA DESMOVILIZACIÓN
El Gobierno Nacional a través del decreto 128
de 2002 estableció apoyo en materia de salud para
los desmovilizados y sus familias, al igual que protección
y solución jurídica a través del
Ministerio del Interior.
Este decreto también contempla apoyo económico
para la creación de microempresas y la posibilidad
de validar el bachillerato y acceder a capacitación
impartida por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se
acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria,
con la justicia o la Fuerza Pública entregando
información que permita evitar o esclarecer delitos,
podrán recibir una bonificación económica,
acorde con el resultado de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen
material de guerra, intendencia, comunicaciones, sustancias
o drogas estupefacientes,
insumos y maquinaria para la producción de drogas
ilícitas, “o cualquier otro elemento que
facilite a los grupos armados al margen de la ley el
desarrollo de actividades ilícitas”, también
recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación
económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar
actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios
los podrán
recibir todos aquellos nacionales que “individualmente
y por decisión voluntaria”, abandonen los
grupos armados al margen de la ley. Estos deberán
demostrar además, –a criterio del Gobernó Nacional-
su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores
de edad, quedan excluidos “de cualquier forma de
colaboración con la Fuerza Pública”.