Documento Especial
EN BUSCA DE UN ACUERDO HUMANITARIO CON LAS FARC
El 7 de agosto de 2002, día de su posesión, en su
discurso ante el Congreso, el Presidente de la República
anunció:
“He solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas,
Señor Kofi Annan, los buenos oficios de la institución
para buscar el diálogo útil a partir de un alivio
para la sociedad que debe ser el cese de hostilidades.
En este marco exploraremos soluciones humanitarias,
que liberen secuestrados, que se den a partir de acuerdos que
vislumbren la
paz definitiva como algo posible. Quienes quieran disfrutar la
libertad, que permitan que el pueblo disfrute la tranquilidad.
He pedido a los medios de comunicación y a la opinión
comprender la prudencia que el tema demanda".
Al día siguiente, el 8 de agosto en horas de la tarde,
el Presidente recibió una llamada del Secretario General
de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, ante quien reiteró que
confiaba en el papel que podía jugar Naciones Unidas para
lograr un acercamiento con el grupo de las FARC. Días después,
a través de su asesor especial para Colombia, señor
James Lemoyne, Naciones Unidas hizo saber al Gobierno que el Secretario
General, por razones de su mandato, no podía participar
en negociaciones para la liberación de secuestrados, motivo
por el cual se decidió recurrir al término de “acuerdo
humanitario”, entendido como un procedimiento para buscar
un alivio al sufrimiento del pueblo colombiano por el problema
del secuestro.
De común acuerdo con Naciones Unidas, el día 1 de
septiembre de 2002 el Gobierno emitió el siguiente comunicado:
“Septiembre 1 de 2002
El Alto Comisionado para la Paz reitera
a la opinión pública
nacional e internacional que:
1. El Gobierno ha solicitado al Secretario
General de las Naciones Unidas mantener su gestión de buenos oficios para apoyar
los esfuerzos de reconciliación y diálogo en el país.
2. El objetivo de estos esfuerzos ha sido
siempre buscar un diálogo
que conduzca a la paz y acuerdos humanitarios que den alivio a
tantos colombianos que hoy padecen diversas formas de violencia,
incluyendo el secuestro.
3. Para evitar confusión es importante entender que en
este esfuerzo de buenos oficios, la ONU no se involucra en la negociación
de casos de secuestro -actividad que no le corresponde-, sino en
apoyar la búsqueda de acuerdos que permitan terminar con
el secuestro y otros abusos que el pueblo colombiano sufre de manera
tan injusta”.
Por la misma época, a pocos días de iniciado el
mandato del Presidente Uribe, el gobierno de Colombia recibió un
mensaje de parte de las FARC a través de un emisario europeo,
haciéndole saber que su interlocutor para tratar el tema
era el señor (alias) Juan Antonio Rojas, quien se había
desempeñado durante el anterior proceso de paz como vocero
internacional de las FARC. Por dicho motivo solicitaba levantar
la orden de captura de INTERPOL que pesaba sobre él, para
que pudiera cumplir con su papel. En menos de 48 horas, el gobierno
colombiano atendió de manera positiva la solicitud y en
los primeros días de septiembre quedó formalizado
el procedimiento. 15 días después las FARC hicieron
saber al gobierno que el mencionado señor ya no actuaría
como facilitador para el proceso, ni permanecería en Suiza,
donde habitualmente residía.
Desde comienzos de la administración el presidente Uribe
recibió en varias ocasiones, en grupo o de manera individual,
a los familiares de los secuestrados constatando de manera directa
su preocupación y dolor. En todas estas reuniones insistió en
la necesidad de encontrar un mecanismo razonable para lograr la
libertad de las personas secuestradas.
El 24 de septiembre del año 2002, después de una
reunión sostenida en la ciudad de Nueva York, con representantes
del gobierno francés y el Secretario General de las Naciones
Unidas, el presidente Álvaro Uribe tomó la decisión
de no condicionar un acuerdo humanitario al inicio de conversaciones
de paz. Días más tarde dijo a los medios de comunicación
que lo había hecho luego de escuchar a los familiares de
los secuestrados y consultar la opinión de importantes personalidades
nacionales e internacionales interesadas en el tema. Separados
los dos temas (proceso de paz y acuerdo humanitario), el presidente
consideró necesario fijar unos criterios para adelantar
de manera separada un acuerdo humanitario que permitiera la liberación
de los secuestrados en poder de la guerrilla.
Tales criterios fueron:
1. Participación de la Organización
de Naciones Unidas en un acuerdo humanitario.
2. Liberación de todos los secuestrados.
3. Los guerrilleros que salgan de la cárcel no volverán
a delinquir y quedarán bajo la tutela de un país
amigo. Se sugiere la posibilidad de Francia.
4. El gobierno no autorizará ni el despeje ni la desmilitarización
de ninguna zona del país.
Por instrucciones del Presidente, el Alto
Comisionado para la Paz, a través de todos los canales a su disposición,
incluido el gobierno francés, a través de su embajador
en Colombia, y el señor Carlos Lozano, director del periódico
Voz, envió el mensaje a las FARC sobre la disposición
del gobierno para avanzar de manera inmediata en el tema del acuerdo
humanitario. Igualmente se designó al entonces embajador
de Colombia en Italia, Fabio Valencia Cossio, antiguo miembro de
la comisión de negociaciones con las FARC durante el gobierno
Pastrana, para acompañar al Comisionado de Paz en su tarea.
A finales de octubre de 2002, y recurriendo a los buenos oficios
de un colombiano que había participado en la organización
de los primeros encuentros que facilitaron el proceso de paz entre
las FARC y el presidente Andrés Pastrana – quien se
ofreció para llevar la propuesta de manera personal –,
envío a ese grupo guerrillero una carta donde se planteaba
la posibilidad de un encuentro que podría realizarse a comienzos
de diciembre de 2002 en la frontera con Venezuela, sobre territorio
de ese país, para tratar el tema del acuerdo humanitario.
Ofreció además que Francia sirviera como garante
para el traslado de los guerrilleros hasta el punto de encuentro
y su retorno al lugar de origen.
Por considerar de importancia el procedimiento
que se adelantaba, el embajador Valencia Cossio se trasladó a Colombia y permaneció con
el Comisionado de Paz varios días, monitoreando la operación
y esperando la respuesta. La respuesta del máximo jefe de
las FARC, a través del correo humano fue bastante escueta: “yo
hace rato perdí el afán”. La carta fue filtrada
a los medios de comunicación y la propuesta desconocida
de manera pública por un vocero de ese grupo guerrillero.
En el mes de diciembre del año 2002, el Presidente recibió la
solicitud de monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío
Echeverri y el ex ministro Angelino Garzón para adelantar
una labor de facilitación que se mantendría de manera
confidencial para asegurar su éxito. El gobierno concedió la
mencionada autorización, recibiendo un informe sobre su
labor a finales del mes de enero de 2003. Se nos relató entonces,
que después de contactos adelantados con las FARC, ese grupo
aceptaba la labor de facilitación de la comisión
pero exigía que el gobierno hiciera público su nombramiento.
Por tal motivo, y por solicitud expresa de los miembros de la comisión,
el gobierno hizo público el 31 de enero el siguiente comunicado.
“LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LA PAZ INFORMA QUE:
El gobierno nacional ha solicitado a Monseñor Luís
Augusto Castro, al Ex ministro Angelino Garzón y al padre
Darío Echeverri que adelanten una misión facilitadora
tendiente a lograr un acuerdo humanitario entre el Gobierno y las
FARC, con los buenos oficios de Naciones Unidas.
Bogota, D.C, enero 31 de 2003 “
EL día 11 de febrero de 2003, en un comunicado público,
las FARC descalificaron el nombramiento de la comisión,
calificando el hecho como un “salto de liebre con orejas
de conejo”. De nuevo, ante los esfuerzos del gobierno nacional
y los facilitadores se cerraban las puertas del proceso. De allí en
adelante las FARC se negaron a recibir la comisión, que
se disolvió en parte por falta de funciones y a raíz
de la renuncia meses mas tarde del señor Angelino Garzón,
quien anunció que había decidido postular su nombre
para un cargo de elección popular.
Cerrados los caminos de la comisión, el gobierno siguió insistiendo
en lograr un acercamiento a través de Naciones Unidas. De
manera confidencial, se autorizó al señor James Lemoyne
para responder positivamente una carta pública enviada por
las FARC al señor Kofi Annan, donde mostraban su interés
por exponer ante ese organismo su visión sobre los problemas
colombianos. El señor Lemoyne adelantó contactos
con Brasil para realizar un eventual encuentro con las FARC en
ese país, propuesta que fue filtrada por las FARC a un diario
de esa nación, después de lo cual los acercamientos
se paralizaron, sin lograrse mayores avances en la propuesta.
Hacia mediados del año 2003, las FARC anunciaron que estarían
dispuestas a recibir a Monseñor Castro y al padre Darío
Echeverri pero en su condición de representantes de la Iglesia,
no de facilitadores del gobierno. La iglesia aceptó públicamente
tal invitación, aclarando que lo hacia como parte de su
labor pastoral.
Aclarando que no actuaban como emisarios
del gobierno, monseñor
Castro y el padre Darío Echeverri se reunieron dos veces
con las FARC durante el segundo semestre del año 2003. De
estos encuentros fue adecuadamente informado el gobierno. Ante
la solicitud hecha por la Iglesia al Presidente de la República
para modificar su postura en torno a que los guerrilleros liberados
por el gobierno salieran del país para quedar bajo la tutela
de un gobierno amigo, el Presidente accedió ante los prelados
que los guerrilleros liberados quedaran en Colombia, siempre y
cuando se comprometieran a no volver a delinquir y se vincularan
a un programa de reinserción que podía estar tutelado
por la Iglesia. Días después, por declaraciones de
Monseñor Castro a los medios de comunicación, el
país conoció esta propuesta que se ha mantenido desde
entonces como opción alterna para aquellos guerrilleros
que después de su liberación no quieran quedar bajo
la tutela de un país amigo.
Después de los dos encuentros sostenidos en el 2003 con
los representantes de la Iglesia, las FARC se negaron a recibir
de nuevo a Monseñor Castro, aduciendo razones de seguridad.
Por tal motivo se exploró durante el primer semestre de
2004 la posibilidad de poner en marcha una propuesta de la Iglesia,
apoyada por el gobierno del Brasil, para realizar en dicho país
un encuentro de los representantes de la Iglesia con los delegados
de las FARC, a fin de abrir caminos para el acuerdo humanitario.
La propuesta, presentada formalmente a las FARC por los prelados
católicos, fue respondida hacia mediados del año
por este grupo guerrillero en carta dirigida a ellos, donde manifestaron
no poder aceptarla por la desconfianza que les producía
el gobierno del presidente Uribe. De esta manera los esfuerzos
de facilitación que adelantaba la Iglesia colombiana quedaron
en gran parte congelados.
Para tal fecha, el gobierno ya había recibido por parte
del gobierno suizo un mensaje para que se permitiera a un facilitador
de ese país entrar en contacto con las FARC, a fin de solicitarle
a ese grupo un gesto de buena voluntad que condujera a la liberación
de los secuestrados. Tal autorización se concedió,
y a finales de junio de 2004 se presentó la reunión
entre el señor Raúl Reyes y el facilitador suizo.
Para evaluar los resultados de la reunión el Alto Comisionado
para la Paz se trasladó a Roma los días 22 y 23 de
julio del año 2004, donde se reunió con el facilitador
suizo en presencia del embajador Valencia Cossio. De esa reunión
salió una propuesta escrita para las FARC que quedó de
entregar el facilitador suizo a ese grupo guerrillero en una próxima
cita. En dicha propuesta se establecían los mecanismos para
adelantar un acuerdo humanitario, aclarándose que después
de efectuado este, el gobierno estaba dispuesto a iniciar un proceso
de paz con ese grupo guerrillero a partir de un cese de hostilidades
que contaría con la reciprocidad gubernamental de suspender
contra ellos acciones militares ofensivas.
Por informaciones posteriores recibidas
por el gobierno, no obstante el viaje desde Europa del facilitador
suizo para adelantar el encuentro
de manera presencial, las FARC se abstuvieron de recibirlo argumentando
operativos militares y razones de seguridad. Ante la imposibilidad
de entregar de manera directa la propuesta a las FARC y por el
clamor de los familiares, el gobierno decidió hacer pública
parte de la propuesta el día 18 de agosto de 2004, minutos
después que uno de los familiares, enterado del asunto,
filtrara de buena fe el contenido de la misma a los medios de comunicación:
Mediante comunicado público se informó:
"El Gobierno libera de acuerdo con las leyes colombianas
y de manera unilateral 50 guerrilleros procesados o condenados
por rebelión, a los cuales se les ofrece una alternativa
para su incorporación a la sociedad.
Se ofrece dos posibilidades: viajar al
extranjero o adelantar su proyecto en Colombia en el programa
de reinserción del
Gobierno Nacional. Estas alternativas se adelantarán bajo
la garantía de Francia y la Iglesia Colombiana.
Acto seguido, la guerrilla libera a los
secuestrados políticos
y a los miembros de la Fuerza Pública en su poder. Para
su liberación se contará con el apoyo de Suiza, Francia
y el CICR."
Como complemento de esta propuesta y ante
el clamor de la opinión,
el gobierno señaló como vocero autorizado para tratar
el tema con las FARC al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos
Restrepo. Considerando sin embargo que era necesario insistir en
la entrega formal de la propuesta a las FARC, se le pidió al
facilitador suizo que así lo hiciera, quien finalmente entregó la
propuesta a un contacto de las FARC en alguna ciudad de Europa.
Días después las FARC respondieron por escrito al
facilitador suizo diciendo que el gobierno conocía públicamente
los mecanismos definidos por ellos para avanzar en el acuerdo humanitario
y que además se habían enterado también de
la decisión del gobierno de nombrar su vocero. Que por tal
motivo agradecían la labor de Suiza, dejando claro que este
era un asunto a tratar de manera directa con el gobierno colombiano.
Planteaban, además, que estaban interesados en continuar
los contactos con Suiza, para “tratar asuntos de mutuo interés”.
Por la misma época el señor Raúl Reyes dijo
a los medios de comunicación que mantenían “relaciones
político diplomáticas” con Suiza y trató de
mostrar la reunión con el delegado suizo como una apertura
de Europa para entablar conversaciones con ellos. Ante esta situación,
el gobierno colombiano requirió del gobierno suizo que se
aclarara la situación por parte de las FARC, pues el interés
estaba centrado solo en la tarea de la facilitación. Nunca
las FARC aclararon que aceptaban de manera expresa la facilitación
suiza frente al gobierno colombiano, ni tampoco definieron el marco
en que esta se adelantaría. De esta manera la facilitación
suiza quedó resquebrajada y en suspenso.
Para superar las sucesivas dificultades
en la facilitación
nacional e internacional, el 28 de octubre de 2004 a través
de una carta dirigida al Nuncio Apostólico en Colombia,
Beniamino Stella, el Alto Comisionado ratificó su disposición
para adelantar un acuerdo humanitario en los términos expresados
al gobierno de Suiza el 23 de julio de 2004, proponiendo un procedimiento
para concretar dicha propuesta.
En la carta el Comisionado afirma: “reiterando su palabra
empeñada el gobierno libera 15 guerrilleros que estén
en las cárceles por delito de rebelión; acto seguido
la guerrilla libera como muestra de buena voluntad un número
similar de personas secuestradas en su poder. De manera inmediata
se procede a una reunión con las FARC en una embajada en
Bogotá. Podría ser la sede de la Nunciatura Apostólica
en Colombia. La reunión se adelantará en un tiempo
no mayor de cinco días con el único propósito
de perfeccionar el acuerdo. El transporte de los miembros de las
FARC estaría a cargo de la Cruz Roja Internacional, con
el apoyo de la Iglesia colombiana. En ningún caso, se suspenderían
las acciones militares en el territorio nacional”.
Este nuevo gesto de buena voluntad del gobierno tampoco tuvo
respuesta positiva por parte de las FARC. Sin embargo, dada la
intención del gobierno para propiciar escenarios que faciliten
la liberación de los secuestrados, concedió el
2 de diciembre de 2003 el indulto y posterior excarcelación
a 23 guerrilleros de este grupo armado ilegal que pagaban penas
por el delito de rebelión. De esta manera quedó clara
la disposición del gobierno de conceder el beneficio de
la excarcelación a miembros de las FARC, siempre y cuando
este procedimiento se adelantara dentro del marco legal vigente
en Colombia y con el compromiso expreso por parte de los beneficiados
de no volver a delinquir. Esta liberación de guerrilleros
efectuada por el gobierno de manera unilateral no tuvo tampoco
ningún gesto de reciprocidad por parte de las FARC.
Por esos días se conoció el concepto favorable de
la Corte Suprema de Justicia de autorizar la extradición
de "Simón Trinidad", jefe guerrillero de las FARC
solicitado por los Estados Unidos para su juzgamiento por los delitos
de narcotráfico y secuestro de ciudadanos de ese país.
Muchas personalidades nacionales y familiares de secuestrados le
pidieron al Presidente considerar con cautela la situación,
pues temían que si se extraditaba al jefe guerrillero se
bloquearan las posibilidades de un acuerdo humanitaria.
Atendiendo a este clamor, el Presidente
de la República
en uso de sus facultades legales, y para abrir una oportunidad
que permitiera a los secuestrados regresar a sus hogares, informó a
la opinión el 17 de diciembre de 2004 – al culminar
los 15 días establecidos en la ley para pronunciarse al
respecto – que condicionaba la extradición de Simón
Trinidad a la liberación de 63 secuestrados (políticos,
militares y extranjeros) antes del 30 de diciembre de ese año.
Se trató de una oferta generosa, pues por primera vez en
la historia de la nación un Presidente decidió utilizar
su poder discrecional para suspender la extradición de un
miembro de un grupo armado ilegal, siempre y cuando existiera por
parte de este grupo un gesto humanitario solicitado por toda la
nación. La respuesta de las FARC fue negativa, asumiendo
de manera pública una actitud endurecida.
Durante los días que mantuvo vigencia la propuesta de no
extraditar a Simón Trinidad, y después de una conversación
del Alto Comisionado para la Paz y el señor Cardenal Pedro
Pubiano, el 20 de diciembre de 2004 el gobierno anunció que
con el propósito de facilitar la puesta en marcha de la
propuesta, expresaba su disposición para reunirse de manera
inmediata con las FARC en cualquier iglesia rural o urbana del
país, si este grupo liberaba a un primer grupo de secuestrados
como gesto de buena voluntad. La reunión se adelantaría
con el único propósito de perfeccionar el acuerdo
que facilitara la liberación de los 63 miembros de la fuerza
pública, políticos y extranjeros en poder de la FARC.
Con tal propósito el gobierno publicó el
siguiente comunicado:
“1.- El Gobierno reitera su disposición de revocar
la extradición de Simón Trinidad, si antes del 30
de diciembre las FARC liberan a los 63 colombianos y extranjeros
secuestrados.
2.- El Gobierno está dispuesto a reunirse de manera inmediata
con las FARC en cualquier iglesia, rural o urbana del país,
si estas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de
buena voluntad. La reunión se adelantará con el único
propósito de perfeccionar el acuerdo que facilite la liberación
de la totalidad de los 63 secuestrados antes del 30 de diciembre.
3.- El traslado de los miembros de las
FARC al lugar de encuentro y su regreso se adelantará bajo la protección de
la Iglesia colombiana”.
Aunque la propuesta de no extraditar a “Simón Trinidad” fue
rechazada, el gobierno insistió en la posibilidad de lograr
un encuentro en cualquier iglesia del país, rural o urbana.
Durante los primeros meses del año 2005, haciendo uso de
todos los conductos, tanto internos como públicos, el gobierno
insistió en su disposición para un encuentro directo
con las FARC, brindando para el caso unas condiciones adecuadas
y razonables de seguridad. En su intervención ante la plenaria
del Honorable Senado de la República el 12 de abril 12 de
2005, transmitida por directo a toda la nación a través
del canal de televisión institucional, el Alto Comisionado
para la Paz afirmó:
“
El 20 de diciembre se le planteó a las FARC la disposición
del gobierno para encontrarnos en cualquier Iglesia rural o urbana
del país, para acordar los términos que permitan
la liberación de los secuestrados. Como condición
el gobierno colocaba la liberación de un grupo de secuestrados,
como gesto de buena voluntad por parte de las FARC para dar lugar
a este encuentro, y brindaba condiciones de seguridad para que
dicho encuentro pudiera realizarse. Hoy, seguimos insistiendo en
la viabilidad de esa propuesta. Estamos dispuestos a ese encuentro
directo y confiamos en poder encontrar esa Iglesia rural o urbana,
en cualquier lugar del país, para que termine rápido
este drama de los secuestrados”.
El 26 de julio de 2005, después de una reunión del
Presidente de la República con las señoras Yolanda
Pulecio y Patricia Perdomo, representantes de los familiares de
los secuestrados, la primera de ellas pidió al primer mandatario
que aceptara como gesto de buena voluntad de parte de las FARC
para proceder a un encuentro directo con el gobierno, la liberación
días antes por parte de ese grupo de un soldado que habían
retenido en el asalto a la base militar de Teteyé. El presidente
decidió aceptar este pedido de la señora Yolanda
Pulecio, quedando desde entonces las condiciones para un acuerdo
humanitario reducidas a dos puntos básicos:
1. Definir un sitio de encuentro entre el gobierno y las FARC,
con condiciones de seguridad para los delegados de las FARC, pero
sin despejes territoriales que pongan en riesgo la seguridad de
la población civil.
2. Que los guerrilleros liberados salgan de las cárceles
bajo los marcos legales vigentes en Colombia y con el compromiso
de no volver a delinquir.
En la mencionada reunión, las señoras Pulecio y Perdomo
insistieron en la necesidad de dejar claro entre el público
que el gobierno tenía disposición para adelantar
un encuentro inmediato con las FARC. Por tal motivo, en compañía
de ellas el Alto Comisionado para la Paz reiteró ante los
medios de comunicación su disposición para un encuentro
con ese grupo guerrillero en cualquier sitio del país o
del exterior, con las condiciones adecuadas de seguridad. Dejó incluso
en manos de las FARC, si estas así lo requerían,
la definición del sitio y sugerencias sobre garantes.
Al día siguiente, ante preguntas de periodistas que pedían
al gobierno que aclarara si estaba dispuesto a aceptar la desmilitarización
de los municipios de Pradera y Florida para este encuentro, el
Comisionado reiteró lo que ha sido la posición del
presidente Uribe desde el comienzo de la administración:
que no considera viable despejes militares que dejen en condiciones
de inseguridad a miles de ciudadanos que por Constitución
deben ser protegidos por las autoridades legítimas. Pero
que está dispuesto a pactar con las FARC unas condiciones
de seguridad para los representantes de ese grupo guerrillero,
ubicando un sitio de confianza que cuente con el acompañamiento
de garantes internacionales.
El 9 de agosto de 2005, y respondiendo
a dos derechos de petición
elevados ante el despacho del Presidente por un grupo de familiares
de secuestrados que pedían una respuesta oficial sobre el
tema, después de estudiarla con detalle el gobierno decidió aceptar
la propuesta de los familiares de convertir la vereda Aures, del
municipio de Caicedonia (Valle), en lugar de encuentro para adelantar
conversaciones con las FARC sobre el tema del acuerdo humanitario.
La propuesta había sido formulada por los familiares de
los diputados del Valle el 11 de abril de 2004 y reiterada al gobierno
el 4 de agosto durante una reunión de dichos familiares
con el Comisionado de Paz en la Casa de Nariño.
Durante su reunión con los habitantes de Caicedonia y del
corregimiento Aures el día 11 de agosto para explicar la
propuesta, el gobierno respondió a sus temores por un posible
despeje militar garantizándoles que bajo ninguna circunstancia
se los dejaría sin seguridad institucional, pues se tenia
claro que la oferta de condiciones de seguridad a los voceros de
la guerrilla no podía ir en detrimento de la seguridad de
los ciudadanos: “Seguridad para los voceros de la guerrilla,
pero sin detrimento de la seguridad de los ciudadanos”, fueron
las palabras del Comisionado, reiterando que era posible con el
acompañamiento de garantes nacionales e internacionales
brindar las condiciones de confianza para que las FARC pudieran
reunirse con el gobierno a fin de tratar el tema de la liberación
de los secuestrados. Como es de conocimiento público, también
esta propuesta fue rechazada por el grupo guerrillero.
Después de la negativa de las FARC a la propuesta de Aures,
por instrucciones del señor Presiente de la Republica, el
Alto Comisionado para la Paz trabajó durante la segunda
quincena de agosto de 2004 en una nueva propuesta de encuentro
con las FARC, en compañía de algunos familiares de
los secuestrados y del ex presidente Ernesto Samper. Cuando se
avanzaba en la consolidación de la propuesta, la noticia
se filtró de manera parcial a los medios de comunicación,
lo que obligó al gobierno a hacerla publica en su totalidad
el día 8 de septiembre de 2005.
La propuesta es la siguiente:
“PROPUESTA A LAS FARC PARA ALCANZAR
UN ACUERDO HUMANITARIO
Ante la necesidad de establecer un sitio
de encuentro con las garantías de seguridad y los mecanismos de acompañamiento
que sean necesarios, para la definición de un acuerdo humanitario,
el Gobierno Nacional propone una reunión entre los delegados
del gobierno y los delegados dispuestos por las FARC, en la escuela
del corregimiento de Bolo Azul, jurisdicción del municipio
de Pradera (Valle del Cauca), para el desarrollo de las conversaciones
y por un período máximo de 10 días. De igual
manera, se propone la siguiente metodología:
• Verificación de las condiciones del sitio de encuentro
por parte de garantes nacionales e internacionales (un día).
•
Ingreso al sitio de encuentro de los delegados dispuestos por las
FARC con el acompañamiento de garantes (dos días).
• Desarrollo de las conversaciones entre el equipo de gobierno
y delegados de las FARC (cinco días).
• Retorno de los delegados de las FARC con el acompañamiento
de garantes (dos días).
El Gobierno garantizará las condiciones de seguridad del
delegado o delegados de las FARC, durante el traslado al sitio
de encuentro y su regreso al lugar de origen. La verificación
de las condiciones de seguridad acordadas, estarán a cargo
de garantes nacionales y/o internacionales convenidos previamente.
Además ofrecerá salvoconductos especiales, y en consecuencia,
solicitará a los organismos judiciales competentes la suspensión
de las órdenes de captura que tengan vigentes en todo el
territorio nacional.
Durante el tiempo previsto para la reunión, no se adelantarán
acciones militares ni policiales por parte de la fuerza pública
sobre el sitio de encuentro.
El Gobierno Nacional expresa su disposición inmediata para
adelantar las coordinaciones con las FARC y garantes que faciliten
el encuentro directo. Y se declara a la espera de un gesto de buena
voluntad de las FARC, que acompañe el anhelo de muchos colombianos,
que hoy claman por el regreso de sus familiares privados de la
libertad al seno de sus hogares”.
La propuesta resulta práctica y viable, resaltándose
por parte de los expertos que el corregimiento Bolo Azul, en el
municipio de Pradera, ofrece todas las condiciones de seguridad
para brindar a las FARC la confianza que requieren. El gobierno
seguirá insistiendo en esta propuesta, solicitando a los
familiares de los secuestrados y a la opinión pública
nacional e internacional que la acompañen, a fin de facilitar
un encuentro directo entre los representantes del gobierno y los
voceros de las FARC para buscar un acuerdo que permita el retorno
de los secuestrados a casa.
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