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PALABRAS DE EDUARDO PIZARRO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN

Bogotá, 4 oct. (SNE).- Las siguientes son las palabras de Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, durante la instalación de la comisión en la Casa de Nariño.

“En el artículo 51 de la Ley de Justicia y Paz, se previó la conformación de una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), compuesta por cinco personalidades escogidas por el Gobierno y dos representantes de las asociaciones de víctimas, además de distintos funcionarios de alto nivel del Estado.

Aún cuando no se trata propiamente de una comisión de la Verdad como las que ha habido en las últimas dos décadas en el mundo, las funciones de la nueva Comisión son, en algunos planos, similares y en otros muy distintas. La principal diferencia nace del hecho de que las comisiones del pasado fueron creadas una vez terminadas las dictaduras militares, las guerras civiles o el Apartheid, mientras que la CNRR se crea en un periodo en el cual sólo están madurando las condiciones para la resolución final del conflicto armado interno que afecta al país.

En Argentina, Raúl Alfonsín creó su comisión dirigida por el escritor Ernesto Sábato, en Chile, el presidente Patricio Alwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, después del fin del gobierno militar; en El Salvador, Naciones Unidas impulsó en 1992 la Comisión de la Verdad que dirigió el ex presidente colombiano Belisario Betancourt; en Guatemala, igualmente Naciones Unidas en 1994, creó la comisión para el esclarecimiento histórico, o en 1995 Nelson Mandela creó la comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica.

Como ustedes pueden ver, mientras que las comisiones similares que hubo en el pasado sólo debían mirar hacia las víctimas del pasado, la CNRR en Colombia tiene el gran reto de no solo reivindicar a las víctimas de ayer sino, en consideración a que le conflicto no ha terminado, tratar de impedir que haya más víctimas mañana.

Ayer, por ejemplo, cinco soldados asesinados por las FARC en el municipio de Sipí, en el Chocó, aumentaron la lista de las víctimas de este conflicto fraticida que enluta a Colombia.

Pero, ésta no es la única diferencia de la CNRR con respecto a otras comisiones similares en el mundo. Un aspecto central entre las experiencias del pasado y la colombiana es que en todas esas experiencias de reconciliación nacional hubo un clima, en mayor o menor medida, de impunidad total. En los valores dominantes en los años 90 del siglo pasado, el fin de las dictaduras militares, de las guerras civiles o del Apartheid, justificaban pagar altos costos en el plano judicial. La mentalidad ha cambiado hoy en el mundo.

Hoy, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistías e indulto. Lo que ayer era permisible hoy no es posible.

En Chile, en medio de un enorme activismo judicial, se han reabierto los expedientes gracias a una nueva interpretación de las leyes de amnistía. En Argentina, la Corte Suprema declaró sin vigencia las leyes de punto final y obediencia debida. Incluso, hechos históricos que parecían ya olvidados en los anaqueles de las bibliotecas como objeto de estudio de los historiadores, comienzan a revivirse. En España, la ley 46 de 1977 mediante la cual se dictó una amnistía total por los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el gobierno del general Franco están siendo objeto de serios cuestionamientos. En Francia, la ley de amnistía aprobada el 31 de julio de 1968 por el Parlamento con relación a los crímenes perpetrados durante la guerra de Argelia está siendo, igualmente, puesta en duda.

En otras palabras, hoy la comunidad internacional –a diferencia de hace sólo 10 o 15 años- exige penas de prisión para los responsables de crímenes de lesa humanidad, de la misma manera que propugna por la reconstrucción de la verdad histórica y la reparación a las víctimas. Todo esto produce un panorama totalmente distinto al de hace unos años y contribuye y es excepcionalmente importante, a mi modo de ver, que haya este tipo de medidas porque contribuye a disuadir a muchos posibles dictadores o criminales de cometer futuros actos de barbarie.

Colombia ha aceptado, entonces, un reto sin antecedentes en el mundo y aplicar justicia en medio de un conflicto que no ha terminado. Esto no tiene antecedentes en ninguna experiencia internacional. Es probable que si en Chile las élites políticas hubiesen rechazado los términos y condiciones que impusieron las Fuerzas Armadas para abandonar el poder, la transición hacia la democracia no hubiese ocurrido en forma pacífica. Habría costado miles de muertos deponer a Pinochet. Lo mismo puede afirmarse de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Es muy probable que si en Guatemala o en El Salvador se hubiese amenazado con aplicar solo una parte mínima de los estándares de justicia que hay en la Ley de Justicia y Paz, la guerra civil en uno y otro país no hubiese culminado todavía.

Los colombianos vamos a hacer lo que ningún otro país hizo en situaciones similares. Vamos a buscar alcanzar la paz sin dejar de lado la aplicación de la justicia, la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. Un desafío sin antecedentes en el mundo.

Por ello fue necesario encontrar un ”punto de equilibrio” entre los requerimientos de la justicia y la necesidad de alcanzar la paz. Es decir, concebir un proyecto de ley cuyos niveles de justicia no impidieran alcanzar la paz negociada, pero, a su turno, que las necesidades de la paz no se hicieran a costa de la justicia.

Uno se pregunta si no ¿se trata de una “cuadratura del circulo”? ¿De un desafío que hace inviable las tareas de la CNRR? No lo creemos. Pero ante este escenario inédito la CNRR debe tener, a diferencia de otras comisiones en el pasado, tres tareas centrales que van a definir su norte estratégico.

Primero, debe diseñar las políticas necesarias para reparar a las víctimas del conflicto tanto las víctimas de los grupos paramilitares, como las víctimas de los grupos guerrilleros, en el plano simbólico, material y judicial con objeto de comenzar a cerrar las heridas del conflicto armado. Es decir, diseñar los instrumentos necesarios para alcanzar una real reconciliación nacional.

Segundo, la CNRR debe crear una barrera ética para que no haya más víctimas mañana. ¿Qué logramos con luchar exclusivamente a favor de las 50 mil o más víctimas de ayer, si mañana vanos a tener otras 50 mil víctimas?

Tercero, la CNRR debe colocar en el centro de la discusión nacional el tema de la construcción seria y planificada de un posconflicto benigno, es decir no de un postconflicto traumático Salvador, Guatemala, sino un postconflicto donde no haya las tasas de homicidio y de criminalidad que están afectando a estas naciones en Centroamérica.

Es decir, la CNRR tiene como obligación mirar hacia el pasado pero también debe mirar hacia el futuro. Reparar a las víctimas de ayer, cerrar las heridas que ha generado el conflicto, crear una barrera ética que impida que haya nuevas víctimas mañana y coadyuvar a la construcción del futuro en paz que añoramos los colombianos. Esos son nuestros principales desafíos.

Como ustedes se pueden dar cuenta por el artículo 52 de la Ley de Justicia y Paz, las funciones de la CNRR son muy amplias. Se trata de un cúmulo de tareas de enorme complejidad, para cuyo éxito esperamos un importante apoyo nacional e internacional.

De la comunidad internacional esperamos una mayor comprensión con respecto a los desafíos que enfrentamos. En otros procesos, la comunidad internacional ha utilizado la amnistía para cerrar capítulos dolorosos de su historia. Y sin embargo, en este momento nos exigen a los colombianos unos estándares que harían inviable alcanzar la paz. Les pedimos en este aspecto mayor comprensión. No deben olvidar jamás que el conflicto no ha terminado y que Colombia corre el riesgo de aumentar sus víctimas día a día.

De los colombianos esperamos una voluntad inquebrantable para cerrar este doloroso capítulo de la vida nacional. Los colombianos tenemos derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, pero, igualmente, tenemos derecho a la paz.

Mil gracias.

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