En Directiva Presidencial enviada a entidades y servidores públicos

PRESIDENTE ORDENA ATENDER A DESPLAZADOS CON MÁS EFICACIA, ECONOMÍA Y CELERIDAD

Bogotá, 7 oct. (SNE).- Atender con mayor “eficacia, economía y celeridad” las necesidades de la población desplazada colombiana, ordenó este viernes el presidente Álvaro Uribe Vélez, en directiva enviada a las entidades gubernamentales que conforman el Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

A través de la Directiva Presidencial número 6, el Mandatario instruyó a estas entidades del orden nacional, para que atiendan las directrices que sobre el tema imparta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Les dijo que tienen la obligación de focalizar los recursos para la atención a la población desplazada en sus respectivas competencias, e informar de ello a la Agencia Presidencial para la Acción Social, con miras a que se concreten medidas efectivas de protección a los derechos de los desplazados.

Según la orden del Presidente, estas entidades deben divulgar entre las personas desplazadas, de manera clara y precisa, la Carta de Derechos Básicos de toda persona que ha sido víctima del desplazamiento forzado interno.

Para el efecto, las entidades deben precisar el alcance de estos derechos y el procedimiento para que las personas desplazadas accedan a los beneficios señalados en la Ley.

El Jefe de Estado indicó a las entidades gubernamentales que “no se podrá exigir la interposición de la acción de tutela como requisito para acceder a cualquiera de los beneficios establecidos en la Ley a favor de la población desplazada”.

Recordó que la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005, proferidos por la Corte Constitucional, señalan las órdenes impartidas “para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno forzado”.

“La Corte resolvió comunicar al Presidente de la República el contenido de los mencionados autos para información, con el fin de que se adoptaran las decisiones que estimara pertinente”, señaló el Mandatario en su directiva.

RECURSOS EN AUMENTO

Hasta el momento elGobierno Nacional no ha ahorrado esfuerzos para hacer frente a la problemática del desplazamiento forzado y, a pesar de las dificultades en materia presupuestal, está invirtiendo durante los años 2005 y 2006 cerca de un billón de pesos en atención a la población afectada.

A través de 14 instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, se realizan inversiones por 906.283 millones de pesos, de los cuales 474 mil millones corresponden a la vigencia del año en curso.

Al respecto el alto consejero presidencial para la Acción Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, destacó que a la Red de Solidaridad Social el actual Gobierno asignó recursos que hicieron crecer su presupuesto ocho veces.

La Red de Solidaridad Social pasó de contar con 28 mil millones de pesos en 2003 para atender el desplazamiento, a más de 84 mil millones en 2004 y 213 mil millones de pesos en 2005.

Entre las acciones puestas en marcha para atender a la población desplazada, figuran la creación este año de 120 mil nuevos cupos educativos, la entrega de subsidios de vivienda a 14 mil hogares en zonas urbanas y a 1.300 familias en áreas rurales, así como la capacitación en varios oficios de 35 mil desarraigados mayores de 18 años.

Para este año el programa Familias en Acción, del componente Social del Plan Colombia, entregará subsidios de nutrición y educación a 100 mil hogares desplazados.

El programa Red de Seguridad Alimentaria (Resa) apoya a más de un millón 300 mil campesinos en actividades de autoconsumo alimentario, con miras a prevenir el desplazamiento.

En tanto que la Operación Prolongada de Socorro permitió el año pasado entregar 2 millones de raciones alimentarias, con las que fueron atendidos 130 mil colombianos desplazados.

Estos son solo algunos de los avances logrados por el Gobierno, a pesar de lo cual la orden del Presidente de la República es incrementar al máximo los esfuerzos y los recursos, en beneficio de los colombianos que padecen el flagelo del desplazamiento forzado interno.