PALABRAS DEL PRESIDENTE
URIBE EN CONGRESO DE CONCEJALES
Cali, 28 oct. (SNE). Las siguientes son
las palabras del presidente Álvaro
Uribe Vélez al intervenir en el congreso anual de concejales
realizado en la capital vallecaucana.
“Déjenme introducir esta respuesta a ustedes, apreciados
concejales, con unas consideraciones generales sobre tres temas:
el tema de la gobernabilidad, su relación con la propuesta
de Visión Colombia al 2019, el tema de la credibilidad nacional
e internacional en las instituciones colombianas y el tema de lo
que consideramos una democracia moderna.
La gobernabilidad se basa en el grado de
aceptación que
el pueblo y las instituciones tienen a la forma de gobierno imperante,
al ordenamiento jurídico vigente.
Y uno de los puntos que hemos considerado
básicos para
poder avanzar en esa aceptación es la combinación
entre la visión de largo plazo y la ejecución diaria.
No puede haber visión sin ejecución, y tampoco puede
haber ejecución sin visión.
Por eso le hemos propuesto a Colombia un
documento para la discusión
democrática, que se llama Visión de Colombia para
el 2019.
Para el 2019, cuando el 7 de agosto cumpliremos
200 años
de vida independiente, con metas parciales, porque las visiones
de largo plazo solamente generan credibilidad en la medida que
haya periódicas evaluaciones que muestren avances.
Tendrá que haber mesta parciales de manera constante y
metas parciales muy importantes el 20 de julio de 2010, cuando
nuestra Patria cumplirá los 200 años del grito de
independencia.
Cuando un pueblo puede entrar a discutir
una visión de
largo plazo se crea un gran consenso, y ese nivel de consenso construye
y facilita gobernabilidad. Cada ciudadano se siente integrante,
de veras, del todo colectivo.
Necesitamos esa combinación porque si se tiene una visión
de corto plazo, pero no se hace un gran esfuerzo en el trabajo
cotidiano, entonces no se avanza hacia la visión de largo
plazo, la visión se convierte de quimera en frustración.
Y además de la visión necesitamos el trabajo cotidiano,
el esfuerzo de todos los días, además del esfuerzo
de todos los días necesitamos la visión, porque un
esfuerzo cotidiano en una nación sin una visión,
también genera incertidumbre, porque la ciudadanía
se queda sin saber para cuál puerto está haciendo
el esfuerzo de remar.
Este documento lo presentamos a consideración de los compatriotas
el pasado 7 de agosto, el doctor Santiago Montenegro (director
de Planeación Nacional), lo titulamos el primer borrador;
queremos que sea la discusión pública la que lo mejore.
Ha empezado el debate en el país, y quiero invitar a los
concejales y a la Federación de Concejales a que intervengan
en este debate, como he invitado a los gobernadores, a los alcaldes,
al Congreso, a los sectores sociales y a los gremios.
Confiamos que en los primeros cuatro meses
del año entrante
podamos producir el segundo borrador, después de recogidas
las inquietudes de la primera etapa de debate.
Creo que en ese ejercicio participativo
que ustedes estimulan, y a lo cual se han referido sus voceros
esta mañana y que
es la base subyacente del proyecto de ley que han presentado por
iniciativa de ustedes a consideración del honorable Congreso,
la participación es de gran importancia, y este esfuerzo
de participación para definir una visión de la Patria
que queremos, es esencial.
Además nos va a permitir tener elementos esenciales, que
sean políticas de Estado y que se trasladen de un plan de
desarrollo a otro plan de desarrollo.
El país no puede tener estancamiento que equivale a continuismo,
pero el país tampoco puede vivir de bandazo en bandazo.
Una cosa es el ajuste dialéctico, ordenado, razonable, de
todos los días, y otra es estar dando bandazos.
El ajuste dialéctico, razonado, como consecuencia del ejercicio
democrático, permite que el país avance en una agenda
de mejoramiento continuo. El estancamiento es tan grave como los
bandazos: ambos generan incertidumbre, no permiten que el país
avance en esa senda de mejoramiento continuo.
La queja de que no hay políticas de Estado no se puede
atender forzando con el ordenamiento jurídico planes de
desarrollo más allá de los períodos presidenciales
o congresionales, entonces el remedio es una solución democrática,
es una discusión democrática que construya el mejor
nivel de consenso sobre cuál es la visión de largo
plazo, cuyos elementos fundamentales sean los puentes que vinculen
un plan de desarrollo con otro.
He invitado a los departamentos a que cada
uno trabaje un anexo para este documento, y me gustaría también que esto
descendiera al orden municipal, y no hay una institución
más importante de la vida colombiana para trabajar esa visión
de largo plazo, que los concejales.
Es una tarea que les pido, que creo que
pone a los concejos municipales en un horizonte y en un grado
de conexión con los superiores
intereses del pueblo, trascendental.
El otro tema al que me quiero referir es
el de los grandes compromisos colombianos con la credibilidad
internacional, yo diría
que tres: el país tiene que mostrar eficacia y transparencia
en la seguridad democrática, el país tiene que demostrar
voluntad y capacidad de cumplir las metas del milenio, y el país
tiene que demostrar capacidad de derrotar la corrupción.
Eso armoniza con lo que hemos venido proponiendo, deben ser los
elementos caracterizadores de una democracia moderna.
Yo creo que está obsoleta la vieja división que
nos han querido imponer entre izquierda y derecha. Era valida cuando
se enfrentaban las dictaduras militares del continente. Hoy, cuando
todo el mundo acepta girar alrededor de la regla democrática,
esa división es obsoleta, esa división es polarizante,
como se demostró en la reciente elección del Secretario
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
esa división es impráctica.
Una periodista internacional me decía a mí: “Colombia
se va a sentir muy mal, su gobierno, aislados, un gobierno de derecha
aislado en una corriente de izquierda en América Latina”.
Y le dije: “déme un solo hecho del gobierno del presidente
(de Brasil, Luis Inacio) Lula para que lo califiquen de izquierda,
y un hecho del gobierno que presido, para que lo califiquen de
derecha”. Enmudeció la periodista.
Seguía insistiendo, ya le decía: mire, una cosa
es la proposición del discurso, otra cosa es la realidad;
una cosa es la campaña, la autoidentificación, el
descrédito, otra cosa es la el ejercicio gubernamental.
Y ella en esa discusión me dijo: lo que pasa es que yo soy
de izquierda.
Le dije: ¿dígame usted por qué es de izquierda?
Y enmudeció.
Hoy viendo esos conceptos, que se han tornado
en simples afirmaciones emotivas para ganar o para descalificar,
he invitado a la reflexión
a mis compatriotas para que los dejemos atrás, y pensemos
en lo que caracteriza una democracia moderna, para saber si una
democracia es una democracia progresista o regresiva, moderna o
anquilosada hay que preguntarnos si esa democracia está regida
por liderazgos constructivos o caudillismos caprichosos. Hay que
preguntarnos cuál es el grado de participación que
esa democracia tiene en los procesos de cambio.
Esto sí que es importante. La verdad es que cuando ustedes
piden participación y capacitación para la participación
y hablamos de que Colombia debe estar con una visión de
largo plazo y una ejecución cotidiana en una senda de mejoramiento
continuo, eso es invitar ustedes e invitar el Gobierno a que vivamos
en un permanente proceso de cambio ordenado, regido por una visión
de largo plazo y eso no lo hacen hoy cuatro o cinco sabios, eso
lo hace una comunidad, el colectivo, el grupo guía de un
proceso de cambio en nuestra época, no es un reducido grupo
de privilegiados o inspirados o de educados. Tiene que ser el colectivo.
Todos los textos de Sociología contemporánea, de
Ciencia Política indican que cuando los procesos de cambio
no tienen en el equipo liderante del cambio al colectivo, esos
procesos de cambio se frustran porque hay una gran brecha entre
quienes los proponen y el pueblo destinatario.
Pues bien, apreciados concejalas y apreciados
concejales, para saber si una democracia es una democracia moderna
o anticuada,
hay qué preguntarse si esa democracia tiene unos gobernantes
que den ejemplo en materia de respeto al ordenamiento jurídico,
a la Constitución o a la Ley o si son gobernantes que imponen
sus comportamientos en contra del ordenamiento jurídico.
Y todo eso nos ha llevado a proponer que
esa democracia debe responder a cinco parámetros: la seguridad con alcance democrático,
el respeto a las libertades públicas, la cohesión
social, la transparencia y el respeto a las instituciones independientes.
Eso además es el gran camino para responder a otra pregunta: ¿Es
la democracia incluyente o excluyente? Yo he venido proponiendo
a mis compatriotas en este ejercicio de 39 meses una democracia
pluralista en permanente debate pero al mirar un debate hay que
preguntarse si es un debate edificante o destructivo, si es un
debate con antagonismos de odio, con acidez o es un debate fraterno
con contradicciones superables para hallar soluciones.
El debate que requerimos en Colombia tiene
que ser tan libre como constructivo, tiene que ser tan permanente
como fraterno, tiene
que ser tan profundo como dispuesto a superar antagonismos y a
proponerle al país soluciones y eso apunta a otro derrotero
para nuestra Patria: el modelo tiene que ser un modelo sin exclusiones
pero sin odios. Es tan grave una sociedad estimulada por los odios,
estimulada por el desplazamiento de la fraternidad por parte del ánimo
visceral como una sociedad con exclusiones.
Creo que la combinación es que en la mente y en la actitud
de los colombianos nos propongamos una sociedad sin exclusiones
y sin odios. Ese primer parámetro, el de la seguridad democrática,
democrática porque es para todos los colombianos, independientemente
de su grado de coincidencia con las tesis del gobierno de turno
o de su actitud de oposición, permanentemente he pedido
a las Fuerzas Militares y de Policía que ellos, que no constituyen
la fuerza pública de Uribe, ni del gobernante de turno sino
la fuerza pública de la Constitución, le muestran
a este país que nuestra seguridad es democrática
con su decisión de proteger por igual a todos los colombianos,
que protejamos por igual al dirigente gremial que al dirigente
sindical, al campesino que al empresario agrícola, que protejamos
por igual a los más duros opositores del gobierno que a
los más fervorosos defensores de las tesis del gobierno.
Me duele mucho que de este ejercicio que
hemos buscado que sea consecuente de todas las horas, congruente
entre el predicamento
y la acción, todavía tengamos que lamentar estos
asesinatos de concejales. Mientras escuchaba al doctor Antonio
Galán, a su director ejecutivo, a los vicepresidentes, revisaba
esta cartilla que publica la Presidencia una, dos veces por semana
sobre los avances de la seguridad democrática. Este país
lleva tres años en descenso del homicidio.
El primer año de gobierno el homicidio descendió en
Colombia en un 20 por ciento, el segundo año en un 15 por
ciento y este año lleva un nuevo descenso del 16 por ciento.
En Cali llevamos hoy 560 homicidios menos que el año anterior
pero nosotros no nos podemos conformar con esto. Una tendencia
positiva menos cuando se trata del respeto al derecho fundamental,
de los fundamentales que es el derecho a la vida, no es para tranquilizarnos.
Hay que mantener un norte que es la derrota de estas conductas
violentas.
En el secuestro, esta Patria que llegó a tener 3.050 secuestros,
este año tiene 271 secuestros extorsivos. En total 599 pero
no estamos conformes, necesitamos llegar a cero secuestros. He
propuesto unas mediciones, unos indicadores, para que lo digan
a la comunidad nacional e internacional, de nuestra preocupación
por ser congruentes en la práctica con el discurso de la
seguridad democrática.
El homicidio de sindicalistas. Colombia
llegó a ver el
asesinato de 168 sindicalistas en un año. Todavía
no hemos llegado a cero como debíamos haber llegado a cero.
Todavía este año nos han asesinado 13 compatriotas
afiliados a organizaciones sindicales. Nuestra lucha es para que
Colombia pueda decir, cero asesinato de sindicalistas.
La libertad de prensa no puede ser objeto
de una simple declaración
retórica del ordenamiento jurídico o del discurso
de los voceros institucionales, tiene que ser una libertad eficaz.
Un país que llegó a ver el asesinato de 12 periodistas
por año, es un país que no puede reivindicar que
su libertad de prensa es eficaz. Hemos hecho todo el esfuerzo pero
todavía no hemos logrado lo que necesitamos. Aún
nos han asesinado este año dos periodistas.
Mis antecesores se refirieron al homicidio
de concejales. Sí,
que hubo 80 en el 2002 no es para tranquilizarnos porque ha habido
22 este año. La verdad es que la diferencia de las cifras
no amortigua la tristeza. A los pocos días del asesinato
de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, allá realizados
sendos consejos de seguridad y comunitarios. ¡Qué duro
encontrar esa comunidad en desespero! A los pocos días del
asesinato contra el Presidente del Concejo de Campoalegre, al siguiente
día, con ese intento de asesinato que le costó la
vida a familiares suyos y a varios de sus compañeros, pude
hablar con él. Eso es desgarrador.
El Ministro del Interior y Justicia se
ha referido al esfuerzo que se está haciendo para mejorar la protección de
ustedes. Quiero decirles esto apreciados concejales: si este país
le hubiera hecho caso a Luis Carlos Galán oportunamente,
cuando él nos convocó con toda firmeza para enfrentar
la delincuencia, ah sangre y tiempo que habríamos ahorrado!
Pero nunca es tarde.
La Fuerza Pública está haciendo creciente exposición
al sacrificio. Está actuando con todo el heroísmo,
hoy tiene en la dirección civil la voluntad política
que se reclamaba, la tenemos toda. El Gobierno, empezando por mi
persona, que he tenido el infinito privilegio de dirigir los destinos
de mi Patria, tiene toda la voluntad para derrotar el terrorismo.
No vamos a desmayar. El terrorismo no negocia sino cuando sabe
que instituciones y pueblo han hecho el pacto democrático
de derrotarlo.
Era yo todavía estudiante universitario y llegaban a mi
universidad panfletos de la FARC aduciendo que como no había
elección directa de autoridades locales, ellos justificaban
su acción violenta. Años después, concluyó un
debate centenario en Colombia cuando el senador Álvaro Gómez
Hurtado presentó el proyecto convertido en acto legislativo
para adoptar la elección popular de alcaldes.
Vino la Constituyente del 91, se extendió a la elección
popular de gobernadores, se crearon mecanismos de democracia directa,
de democracia participativa de gran importancia y quienes en la
víspera habían propuesto el discurso apologético
de la ampliación democrática, cuando esa ampliación
democrática se convirtió en realidad, ellos se tornaron
en los sicarios de la democracia.
Propusieron la elección popular de alcaldes y después
se dieron a la tarea de asesinar a los alcaldes. Cuando este gobierno
empezó, en la tarde de aquel 8 de agosto de 2002, yo visité el
Caquetá después de haber llegado a las 5:30 de la
mañana al departamento del Cesar. ¡Qué tristeza!
Encontré todos los alcaldes de los municipios del Caquetá arrumados
en la Gobernación en Florencia. No podían despachar.
Hay problemas pero hemos avanzado.
Para que todos los alcaldes, independientemente
del origen político
de su elección puedan cumplir transparentemente, esforzadamente
los mandatos del pueblo y las normas de la Constitución,
vamos a insistir en esa tarea.
La verdad es que en esto no podemos descansar.
Me preocupa mucho cuando escucho al doctor Antonio Galán denunciar que subsisten
esas presiones de los grupos mal llamados paramilitares pues bien,
ellos tienen dos opciones: o cumplen con la Ley de Justicia y Paz
o los derrotamos militarmente. Y si esto no lo dice y no lo hace
cumplir el Presidente de la República, ¿entonces
quién?
Quiero desde aquí convocar a todos mis compatriotas para
que cada uno sea un vigilante de la transparencia del proceso electoral
que se inicia en nuestra Patria. Transparente fue el proceso del
referendo. Los colombianos sintieron todas las libertades para
oponerse o abstenerse. El Gobierno en la defensa del Referendo
no infringió maltrato a los colombianos. Transparente fue
el proceso electoral de 2002 para concejales, alcaldes, diputados,
gobernadores.
Muchos de la verdadera oposición provenientes de partidos
alternativos a los tradicionales, provenientes de partidos con
adherentes que pertenecieron a antiguas guerrillas, ganaron su
elección porque además del respaldo popular tuvieron
la garantía efectiva de sus libertades. Eso sí que
puso a prueba nuestra consistencia con la Seguridad Democrática.
En los últimos meses Colombia ha elegido más de
300 alcaldes, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y la Policía
nos hemos dedicado a rodear a todos los candidatos de garantías,
por eso no vamos a permitir que grupos armados participen en el
proceso electoral, intentarán hacerlo por todos los medios,
pero los teléfonos del Ministro del Interior, del Ministerio
de Defensa, de los Altos mandos, y los de la Presidencia serán
líneas abiertas para enfrentar estos fenómenos.
La Ley de Justicia y Paz advierte que aquellos
que se acojan a ella si interfieren el proceso político, pierden los beneficios.
Lo mejor que pueden hacer quienes se acojan a la Ley de Justicia
y Paz es respetar la democracia, observar la democracia, no interferirla,
no se entiende que haya unos individuos en armas y otros del mismo
grupo, tratando de intervenir en política. Eso no lo permitiremos.
Cuando nos dolemos de lo que pasó con la Unión Patriótica
allí concurrieron dos errores: las Farc quiso estimular
simultáneamente la lucha política y la lucha armada,
en la democracia las únicas armas valederas son las argumentales.
Y un segundo error, falta de contundencia del Estado para proteger
a los luchadores de la política.
Ahora no podemos permitir ni el engaño de las Farc de combinar
el terrorismo con un supuesto partido político, ni tampoco
estrategias paramilitares de mantener gentes en armas y salir ellos
a hacer política. Ni lo uno ni lo otro, apreciados compatriotas
y frente a esto hay que hablar duro, claro, en tiempo oportuno
y hay que pedir con la responsabilidad principal del Presidente
de la República, un ejercicio eficaz de la administración
de justicia, un ejercicio eficaz de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Si realizamos este debate con transparencia
mucho habrá ganado
la Seguridad Democrática, mucho trecho habremos recorrido
para que la Seguridad Democrática se torne en paz, mucho
habrá ganado la legitimidad de la Ley de Justicia y Paz.
Es menos difícil aclimatar procesos de paz con paramilitares
y ojalá rápidamente con guerrillas cuando se respetan
los procesos democráticos que cuando se interfieren con
acciones violentas las decisiones democráticas del pueblo.
Quiero referirme al tercer elemento de
aquellos parámetros
para construir una democracia moderna incluyente, pluralista, fraterna,
es el de la cohesión social.
No podemos seguir en la vieja contradicción de creer que
hay una exclusión entre la propuesta del respeto a las garantías
individuales y la propuesta de construcción de cohesión
social.
En una comunidad es tan importante hacer
sentir a cada ciudadano que tiene total consideración por sus garantías individuales,
como que cada ciudadano le haga sentir su responsabilidad solidaria
a ese colectivo que es la nación al cual pertenece.
Bobbio bellamente demuestra en unos de
sus libros como no hay exclusión entre la protección de las garantías
individuales y la construcción de cohesión social.
Las garantías individuales, su respeto, es una de las características
democráticas de la seguridad. Su respeto nos permite decir
que la Seguridad es Democrática. Y la cohesión social,
la construcción de justicia social es el puente que nos
permitirá el tránsito de la Seguridad Democrática
a la paz.
Y eso lo relaciono con las Metas del Milenio.
Hay que conquistarlas, no las podemos aplazar, cumplir con las
Metas del Milenio es una
obligación de credibilidad de la comunidad internacional
en Colombia. La vamos a cumplir en educación, tenemos que
garantizar un ciento por ciento de cobertura en educación
básica, estamos en el 91 por ciento. Han ayudado muchos
concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, el Congreso de la
República.
Pero tenemos problemas graves como el de
deserción. Por
eso tenemos que seguir aumentando los restaurantes escolares, todos
los programas de Bienestar Familiar, en ese proceso de integración
entre los diferentes niveles de Gobierno.
En esta administración hemos pasado de 6 millones 100 mil
usuarios de Bienestar Familiar a casi 10 millones, hemos crecido
en más de 600 mil el número de estudiantes en los
restaurantes escolares, emprendimos un nuevo programa, el programa
de desayunos para niñitos menores de 5 años, y dentro
de poco podremos decir en Pereira que nos quedamos en los 500 mil
la meta inicial sino en un millón. Todo eso ayuda a que
haya menos deserción.
El Gobierno anterior concibió el programa de Familias en
Acción que nosotros pusimos en marcha. Vamos a terminar
este año con 500 mil Familias en Acción en más
de 700 municipios de la Patria. Pero no es suficiente, el año
entrante hay que llegar a 650 mil y para garantizar ese ciento
por ciento de cobertura escolar con la mínima deserción,
hay que aproximarnos a un millón.
Así como hemos podido decir que el SENA ha llegado a todos
los municipios de la Patria, también queremos dentro de
poco poder decir que el programa Familias en Acción ha llegado
a todos los municipios de la Patria.
Se la noble preocupación de ustedes por la educación,
me comprometo que los funcionarios del Ministerio, con la coordinación
del Ministerio del Interior, van a poner en práctica con
ustedes rápidamente el acuerdo con un aporte nacional de
más de mil millones para la capacitación de los concejales.
Reconozco que es totalmente insuficiente
y le voy a pedir al viceministro (del Interior, Hernando) Angarita,
con la venia del doctor Sabas
(Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y Justicia), que trabajemos
con la ESAP a ver hasta dónde puede atender la petición
de educación de capacitación de los concejales. Y
que pongamos en marcha un programa con el SENA para capacitación
de la base democrática de la Nación que empieza en
ediles y concejales.
Por lo menos al evaluar nuestros compromisos
de hace un año
en Pereira encontramos que a pesar de los daños que nos
ha hecho el terrorismo, hemos avanzando con ustedes en la defensa
de lo que se llaman los derechos humanos de los concejales.
Y hemos avanzando en este programa del
Ministerio de Educación,
que cuando nos volvamos a reunir rápidamente podamos decir,
se está ejecutando el programa del Ministerio de Educación,
ha empezado un programa con la ESAP y ha empezado un programa con
el SENA. Si hay una aspiración noble de cualquier institución
del pueblo de la Patria, es la aspiración de tener más
y mejor educación.
Hace pocos días lanzando un programa para que a los colombianos
no les de pereza ni vergüenza formarse como tecnólogos
y técnicos, un programa que consiste en que una persona
que se gradúe de técnico o de tecnólogo después
pueda ir a una universidad a los años y decir “quiero
completar las materias y graduarme en educación superior”,
proponía yo a mis compatriotas que necesitábamos
una Colombia en la cual se pueda estudiar y trabajar toda la vida.
Uno de los filósofos chinos solía repetir: “El
ser humano empieza a morir el día que deja de estudiar”.
Uno de los objetivos de nuestra revolución educativa es
crear condiciones para que los colombianos puedan estudiar y trabajar
roda la vida. Tenemos limitaciones presupuestales severas, apreciados
concejales de mi Patria, pero le vamos a sumar del esfuerzo del
Ministerio de Educación, esfuerzos de la ESAP y esfuerzos
del SENA para esa noble aspiración de ustedes de más
y mejor formación democrática.
Otra de las metas sociales del milenio
es la meta de la salud. Hay que cumplirla. Hemos avanzado mucho
en la disminución
de la mortalidad infantil, de la mortalidad de mamás al
momento de dar a luz, pero nos falta en muchas regiones. Vemos
retrasos en algunas regiones. Esas metas hay que cumplirlas. El
Senado ya aprobó la reforma al régimen subsidiado,
la ley 100, que ahora se discute en la Cámara. Confío
que antes del 16 de diciembre sea ley, para que en dos años
Colombia le pueda decir al mundo que tiene plena cobertura en seguro
de salud para los estratos 1, 2 y 3 de la población. Los
pobres por los cuales tiene que responder el estado en nombre de
la solidaridad.
Cuando este gobierno empezó había 10 millones y
medio de colombianos afiliados, terminaremos este año con
más de 18, pero los estratos 1, 2 y 3 suman 26 millones
de compatriotas, suponemos que hay cuatro millones en el régimen
contributivo, entonces tenemos que completar 22 millones afiliados
al régimen subsidiado, nos quedan faltando cuatro millones.
Un trabajo grande y costoso pero lo tenemos que lograr.
Propongo lo siguiente. Revisar la afiliación a salud de
los concejales de las categorías de los municipios que ustedes
estimen pobres y empezar ahí la aplicación de la
nueva ley. La nueva ley abre las posibilidades de que para el régimen
subsidiado de salud en el estrato 3, haya diferentes modalidades,
una modalidad es que por ejemplo que el estado subsidie un porcentaje
de cotización para que el afiliado tenga plan obligatorio
de salud, no de régimen subsidiado sino el más completo,
de régimen contributivo.
El doctor Angarita, viceministro del Interior,
delgado por el Ministro para el enlace permanente con los concejales,
coordinará con
el Ministerio de Protección cómo a través
de esos mecanismos logramos que todos los concejales, de los municipios
con mayores dificultades –yo no me referiría ahora
a categorías, ustedes lo dirán en la discusión– pueden
beneficiarse de esa ley y recibir rápidamente la afiliación
con extensión familiar a la seguridad social en salud.
Como estos encuentros tienen que generar
credibilidad, yo no me atrevo a comprometerme hoy en el tema
pensional. Ahí vamos
con mayor lentitud. Por es totalmente urgente el tema de salud.
Eso sí voy a pedir un favor de ustedes. Si ustedes me dijeran:
Presidente, ¿cuáles metas del Milenio tenemos dificultades
en cumplir?, yo les diría: la de saneamiento básico.
Cuando se discutía la ley 715 hubo dos tendencias en el
Congreso: una que decía: dejen esos recursos para la libre
discrecionalidad de los municipios. Y otra que dijo: no, hay que
destinarlos a saneamiento básico. Fue la tendencia que se
impuso.
Este año las transferencias del Gobierno Nacional a las
regiones para saneamiento básico, valen casi un billón
de pesos. En los últimos años han sido crecientes.
Sin embargo, los problemas son muy graves en acueductos y alcantarillados.
Hay que empezar con tres soluciones: la
de Bogotá con el
Río Bogotá; la de Cali con el Río Cauca, y
la Medellín con el Río Medellín. Y ustedes
nos tienen que ayudar a que en cada municipio definitivamente resolvamos
el problema del acueducto y el problema del alcantarillado.
Es un imperativo con el medio ambiente.
Es un imperativo con la salud pública. Es un imperativo
con las metas del Milenio. Es un imperativo con la calidad de
vida de nuestros compatriotas.
Para eso hay que revisar cómo se aplican los recursos,
derrotar corrupción, construir consensos. Y le he pedido
a los gobernadores que tengan comprensión. Pienso, honorables
concejales, que el Gobierno Nacional con sus limitaciones no podrá seguir
enviando partidas importantes de dinero para vías terciarias.
Nos vamos a tener que dedicar a metas del Milenio, como el saneamiento
básico, y nos vamos a tener que dedicar a las vías
de competitividad.
Estamos empezando ahora, en todas las regiones
de la Patria, un programa de pavimentos que se llama Plan 2.500
para más
de 3 mil 146 kilómetros. Hay que preparar uno nuevo. Le
he pedido al Gobierno que prepare para la siguiente administración
presidencial, cualquiera la presida, dos borradores que entreguemos.
Uno sobre un nuevo proyecto de pavimentos y otro sobre un nuevo
proyecto de acueductos y alcantarillados.
Este Gobierno se demoró más de dos años en
empezar el nuevo proyecto de pavimentos, no sólo por razón
de escasez de recursos, sino porque se tomó mucho tiempo
para hacer el proyecto. Si le entregamos al siguiente gobierno
un proyecto elaborado, el siguiente gobierno tendrá menos
demoras. Pero he pedido que en esa discusión democrática,
como la hicimos en esta oportunidad para el Plan 2.500, al proponer
desde las regiones cuáles son las vías a pavimentar,
nos propongan vías que contribuyan a la competitividad.
Es una necesidad.
Entonces tocará hacer un gran esfuerzo de gobernadores,
alcaldes, diputados y concejales, para poner a funcionar sistemas
participativos y económicos de mantenimiento de vías
terciarias. Bancos de maquinaria en cada municipio o asociativos,
cooperativas regionales, contratos con la Acción Comunal,
aportes de vecinos. Quiero que ustedes nos ayuden reflexionando
sobre esto. Ahí veo que tienen una gran posibilidad de participación.
Nos hemos demorado mucho con los recursos
que el honorable Congreso, en las audiencias públicas, destinó a más
aumento de acueductos y alcantarillados, entre otras cosas porque
no estaban los proyectos. Había ideas pero no proyectos.
Por eso pido a ustedes que se urja en cada
municipio tener no en nivel de ideas sino en nivel de proyectos,
lo que requerimos
en acueductos y alcantarillados, a ver cómo podemos avanzar
más velozmente y resolver este problema, que es una de las
metas más exigentes del Milenio.
Ustedes han planteado unas aspiraciones
en materia de vivienda. Tienen toda la razón. El país todavía tiene
un déficit de millón y medio de viviendas sociales.
En este Gobierno nos propusimos a hacer 400 mil. Vamos a terminar
este diciembre con 300 mil. Vamos a hacer todo el esfuerzo para
aproximarnos lo más cercanamente posible a la meta de 400
mil.
Estoy preocupado de que no la podamos alcanzar.
Pero también
preocupado de que el país necesita hacer más en esa
materia. Entonces uno choca, uno ve el choque entre la necesidad
y el faltante de recursos. El Congreso tiene que revisar ahora
el monto de la partida anual para vivienda social. Yo estoy seguro
que se va a elevar sustancialmente, y tenemos que buscar cómo
superar esa limitación de recursos.
Quiero ofrecerles lo siguiente: quienes
de ustedes no puedan participar en la búsqueda de subsidios a través de los esquemas
del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional está dispuesto
a ayudarles a acceder a la línea de crédito convenida
con Findeter, cajas de compensación familiar y el sector
financiero.
En esa línea de crédito hay este compromiso: colocar
entre el primero de julio de este año de 2005 y el 30 de
junio del año entrante, un billón de pesos para vivienda
social, a tasas más o menos de inflación + 9, inflación
+ 11.
Ya hay una corporación que las está ofreciendo a
inflación + 8. El Gobierno Nacional puede hacer este compromiso,
doctor Antonio (Galán).
No quiero meterlo en la construcción de eso. Yo sugeriría
lo siguiente: para que las construyan y el proyecto sea una realidad,
por qué no seleccionan ustedes una entidad en el país,
puede ser una caja de compensación o varias, que les adelante
un programa de vivienda para concejales, y el Gobierno les entrega
a esa o a esas entidades la línea de crédito del
sector financiero – Findeter.
Creo que en esto, con la coordinación del Ministerio de
Interior y el delegado del Ministro, el viceministro Angarita,
y con Findeter, podemos lograr un acuerdo con ustedes. Les pediría
seleccionar las entidades con las cuales se va a adelantar el proyecto
para poder canalizar los recursos.
Ayer hubo una reunión aquí. Ahora que venía
del ingenio del Cauca con el señor Gobernador, él
me contó de la reunión ayer donde estuvo representado
el Gobierno Nacional y, con la ayuda de Dios, el Gobierno Nacional
aportará ahí una buena cantidad de subsidios.
Gobernador…
GOBERNADOR DEL VALLE, ANGELINO GARZÓN: A ver, no, mire.
Yo venía comentándole ahora que veníamos del
ingenio Cauca al señor Presidente de la República,
lo siguiente, señores concejales de Cali: ayer hemos llegado
a un principio de acuerdo Gobierno Nacional, Gobierno Departamental
del Valle del Cauca y Gobierno municipal de Cali. También
hemos incluido la CVC.
Consiste en lo siguiente: estamos hablando
de Laguna del Pondaje, Charco Azul y Jarilló.
El municipio coloca todo el lote del potrero
grande. Con Emcali le hemos pedido, le hemos la solicitud que
coloque los servicios
públicos domiciliarios. Yo ahora le venía contando
al Presidente para ver si el Presidente nos ayuda a que Emcali
asuma esta responsabilidad.
El Gobierno Nacional va a estudiar, incluso
por vía del
Fondo de Desastres, 2.700 subsidios de vivienda para una reubicación
de 2.700 viviendas.
Y la Gobernación del departamento del Valle del Cauca se
ha comprometido con el Gobierno Nacional, a que por cada subsidio
coloca dos millones, o sea que colocaría 5.400 millones
en vivienda.
Esto nos permitiría hacer una reubicación, con autoconstrucción,
donde prácticamente ninguna familia quedaría endeudada
por el tema de vivienda, Presidente. Ayer se acordó esto
como principio de acuerdo.
PRESIDENTE URIBE: Entonces el Gobierno
Nacional va a cumplir con el aporte de esos subsidios, y aquí le he pedido al doctor
Juan Lozano, alto consejero de la Presidencia, que intervengamos
ante Emcali, empresa que hemos recuperado, gracias a Dios, muchísimo,
y que le muestra hoy un mejor porvenir a la ciudad, para que Emcali
se comprometa a instalar la infraestructura que se requiere allí.
Vamos a buscar eso.
Suprimir parcialmente el texto del artículo 20 de la Ley
617. Yo les quiero hablar con toda franqueza. Una de las características
que debe tener el período de innovación y profundización
democrática que se inicia en Colombia, es que no se deje
de gobernar y no se deje de construir credibilidad.
Ustedes han presentado una serie de propuestas, vamos a analizarlas
desprevenidamente, a examinar con todo cuidado la iniciativa de
ley que ha presentado el honorable Concejo, y reciban estos comentarios
como unas primeras reacciones llenas de buena fe y muy francas.
La Ley 617 ha sido muy dura, pero muy importante.
La ley 617 en alguna forma ha ayudado a salvar fiscos departamentales
y municipales.
Tiene respaldo en el pueblo, en la opinión.
Hoy no hay gobernabilidad si no hay opinión. Si ustedes
quieren tener gobernabilidad en los concejos, tienen que tener
opinión. Si alcaldes y gobernadores quieren tener gobernabilidad,
no les basta con apoyarse en asambleas y concejos, tienen que tener
opinión. Todos tenemos que buscar estar conectados con esa
expresión de la democracia directa que es la opinión.
Yo no buscaría, doctor Fabio, hoy, introducirle unas reformas
en esta dirección a la Ley 617. Buscaría reivindicar
los concejales de otra manera: con la seguridad social, con la
vivienda, con las inhabilidades.
Me parece importante discutir el tema de
la prima. Ustedes piden que la prima que se reconoció a
los alcaldes se les extienda a ustedes.
Tienen que hacer una cosa: tienen que explicarle
muy bien al país
y mirar con cada presupuesto. Y ustedes tienen un elemento a favor:
ustedes no están vinculados como asalariados. Ustedes son
una categoría de servidores públicos vinculados por
honorarios. Hay que explicar bien eso, para que el país
entienda por qué.
Mi proposición sería que esta como otras reivindicaciones,
las estudiemos selectivamente. Solamente para el caso de aquellos
municipios donde los concejales tienen una remuneración
inclusive que es inferior al salario mínimo. Que estudiáramos
esto selectivamente. Les pediría esto al Ministro y a Hernando
Angarita.
Eliminar la retención. Tengo dos propuestas. La primera:
hagamos el esfuerzo de universalizar el seguro de salud familiar
en los concejales. Si lo logramos, bien. Si no lo logramos, entonces
miremos el tema de las retenciones, que también habría
que mirarlo selectivamente, para aquellos casos de los municipios
cuya categoría genera una retribución a los concejales
bastante precaria.
Ya hablamos del tema de seguridad social,
del tema de capacitación,
del tema de vivienda.
El tema de inhabilidades. Ustedes tienen
razón en esto,
lo recogió muy bien el ministro Sabas: para ser concejal
hoy hay que expatriarse. Una cosa es la honradez y otra cosa es
el fundamentalismo. No por ser fundamentalista se es honrado.
A mí lo que me preocupa es que, como lo denuncian ustedes,
la ley de inhabilidades haya excedido las inhabilidades constitucionales.
Una cosa es que ustedes vayan a robar y otra cosa es que puedan
trabajar lícitamente. Yo soy partidario, con mucha franqueza
con la opinión pública y con mucha lógica
argumental, de revisar las inhabilidades, como lo he venido diciendo.
Todos estos temas puntuales, más los otros que están
en su proyecto de ley, convirtámoslos en una agenda de trabajo.
No en un compromiso demagógico, porque perdemos la credibilidad,
sino en una agenda de trabajo, a ver qué es posible, qué no
es posible, a ver qué opciones aparecen, y creo que podemos
salir adelante.
Ustedes tienen que ser los garantes de
la transparencia en este país, ánimo en eso, y
vamos a luchar por la seguridad de ustedes, apreciados concejales.
El acuerdo humanitario. No tengo nada que
repetir, querido amigo. Hemos aceptado un trabajo del Comisionado
con las familias de los
diputados vallecaucanos, para buscar un sitio, no una zona de despeje.
Ah bueno que hubiéramos hecho ese acuerdo humanitario.
¿Qué limitaciones tiene el Gobierno? El tema de
la zona de despeje y que aquellos guerrilleros que salgan de la
cárcel no vuelvan a delinquir.
Hemos ofrecido en lugar de la zona de despeje,
un sitio con todas las garantías. Garantías para que lleven allí a
los voceros de la guerrilla, garantías para que negocien
allí durante el tiempo de la estadía, garantías
para que los regresen. Y que esas garantías las dé una
entidad nacional e internacional, o muchas. El buen pagador no
se pega de las prendas, el buen pagador no rechaza prendas.
Esta mañana me decían por allí al oído,
aquí al sur de Cali, pero sin que yo tocara el tema –yo
fui a una cosa muy distinta, yo fui a inaugurar una planta de alcohol
carburante y a pedir que resolvamos el problema en la Hoya del
Río Suárez en Santander, y a pedir que desarrollemos
proyectos de alcohol carburante a partir de yuca para generar empleo,
y a pedir lo de biodiesel a partir de la palma africana–,
y se me arrimaron varios ciudadanos a decirme: Presidente, somos
de Florida, de Pradera, no vaya a despejar.
Un país que está pidiendo que en lugar de guerrilla
o paramilitares haya Fuerza Pública, expresión de
la Constitución, no puede ponerse a despejar zonas del territorio,
queridos amigos.
Las hemos tenido despejadas por parte del
Estado para que se apoderen de ellas los bandidos. Ahora que
estamos en el proceso difícil
de recuperarlas, no podemos reversar.
¿Cuál es el interés de la guerrilla? El interés
de la guerrilla es tener un sitio, poder negociar seguramente,
con seguridad, en un sitio, el que quieran escoger. Les hemos ofrecido
una embajada, la Nunciatura, una escuelita rural o urbana, un sitio.
O sea el Gobierno está dispuesto a dar todas las garantías,
con garantes nacionales e internacionales para que puedan negociar.
Y yo sí creo que los colombianos no me acompañarían
en esto. ¿Qué les parece a ustedes soltar los guerrilleros
para que vuelvan a delinquir? ¿Que los soldados que están
mutilados en las clínicas vean que salen los tipos nuevamente
a ponerse el camuflado y a llenarse de explosivos terroristas?
Yo he dicho: miren, si salen de la cárcel que no vuelvan
a delinquir, que se vayan al extranjero a un país como Francia
y que ese país se comprometa a darles todas las condiciones
de vida digna y a que no vuelvan a delinquir.
O si se quedan en Colombia que se entren
al programa de reinserción.
Esas dos son las dos condiciones, que son razonables. Si no fueran
razonables, amigo, las hubiéramos retirado hace rato”. |
