Carta enviada al Presidente
de la República
PETICIONES DE LOS INDÍGENAS AL GOBIERNO
NACIONAL
Bogotá, 25 sep. (SNE).- El
siguiente es el documento entregado este domingo, durante el
Consejo Comunal de Gobierno número
113 con líderes indígenas, por las principales autoridades
de esas comunidades del país, al presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez:
“ENCUENTRO DE AUTORIDADES INDIGENAS
Y EL GOBIERNO NACIONAL
Bogotá, 25 de Septiembre de 2005
En desarrollo del compromiso logrado entre
los sabedores indígenas
y el Presidente de la Republica, el pasado 1 y 2 de Septiembre
del 2005, y atendiendo a la convocatoria del gobierno nacional
de un Consejo Comunal Indígena, las Autoridades de los pueblos
invitados, nos permitimos presentar el presente documento síntesis
de aspectos que en reiteradas ocasiones hemos planteado y que aun
no han tenido respuestas satisfactorias por parte de su gobierno,
en tanto que cada vez se agudizan más los problemas sociales,
la violación de los derechos fundamentales y la invisibilización
de los pueblos indígenas de nuestro país, en particular
de la región amazónica.
Con el anhelo de continuar viviendo como
pueblos indígenas
colombianos, nos vemos en la necesidad de señalarle a Usted,
señor Presidente, nuestras necesidades y planteamientos:
1. EN EDUCACIÓN
Planteamos la defensa del Decreto 804 de
1995, por medio del cual se reglamenta el nombramiento de maestros
indígenas para
la educación indígena y se regula la asignación
presupuestal para tales fines, incluido el pago a docentes y la
ampliación de la cobertura educativa en nuestros territorios.
De otra parte, es necesario garantizar la aplicabilidad de las
normas que regulan la educación indígena según
la realidad social, cultural y geográfica de cada pueblo,
por ejemplo la Medida Técnica en los establecimientos educativos
indígenas.
Reglamentar los Art, 82, 83 de la Ley 715
de 2001 (Sistema General de Participaciones (SGP), referidos
a educación, para que
contemplen el ciclo completo de educación hasta la superior,
ya que existe una demanda creciente de bachilleres indígenas
a quienes necesitamos que el Estado les ofrezca educación
superior de calidad y que contribuya al desarrollo de nuestros
planes de vida y de nuestro país.
Respecto a la distribución de los recursos asignados a
educación por el SGP, se requiere revisar el valor per cápita
aplicado en algunos departamentos como en el caso del Putumayo,
donde no es el asignado a nivel nacional, sino que se está liquidando
por debajo de este valor establecido por el Ministerio.
Para contribuir a una educación integral, requerimos del
fomento estatal a los diferentes eventos culturales de los pueblos
indígenas, como parte de la responsabilidad constitucional
de preservar la diversidad étnica y cultural del país.
2. EN SALUD
Garantizar la ampliación de cobertura del régimen
subsidiado, para atender el 100% de la población indígena
del país.
La institucionalización de la medicina tradicional indígena,
en particular a partir de la reglamentación del articulo
22 de la ley 691 de 2001, y aplicación de los preceptos
normativos que reconocen su papel fundamental para la pervivencia
de los pueblos indígenas y de nuestros ecosistemas.
3. TERRITORIO
Asignación de recursos necesarios para que el INCODER cumpla
con los compromisos de constitución, ampliación y
saneamiento de los resguardos indígenas, mediante la adquisición
de predios, estudios socioeconómicos y levantamiento topográficos.
En concreto, le recordamos la solicitud presentada al gobierno
nacional en la pasada Mesa Nacional de Territorio, efectuada en
el mes de febrero, de asignar una partida especial al INCODER para
cubrir los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
a los cuales no se les asignaron recursos del presupuesto de la
vigencia 2005, a pesar de las prioridades presentadas por los representantes
de estos departamentos.
Asimismo, darle cumplimiento a los acuerdos
suscritos con el gobierno nacional, en atención a la Sentencia C-383 de la Corte Constitucional
frente a la tutela presentada por la OPIAC ante la fumigación
de territorios indígenas, específicamente el apoyo
presupuestal al CONPES INDÍGENA (Decreto 3012 de 30 Agosto
2005) y su articulación en el Plan Nacional de Desarrollo.
La pervivencia de los pueblos indígenas depende de la garantía
de existencia de nuestros territorios. Por tanto, requerimos que
en defensa de la conservación de los recursos naturales,
más que la constitución de parques nacionales u otras
figuras de áreas protegidas, se garantice legalmente el
reconocimiento de los territorios tradicionales como propiedad
colectiva de los pueblos indígenas.
4. JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA
En cumplimiento del artículo 246 de la Constitución
Nacional, estamos en mora de institucionalizar la aplicación
de los diferentes sistemas normativos propios de los pueblos indígenas
y la articulación de éstos, en tanto Jurisdicción
Especial Indígena, con el sistema jurídico nacional,
para lograr la cooperación y coordinación entre autoridades
civiles y judiciales. Por tanto, requerimos apoyo financiero para
esta institucionalización.
5. SEGURIDAD ALIMENTARIA
Apoyar por parte del Estado la materialización de iniciativas
indígenas para la preservación de nuestros conocimientos
tradicionales que han soportado la seguridad alimentaría
de las comunidades y potenciar estrategias para garantizarla en
estos tiempos en que hemos sufrido el rigor del clima, del conflicto
armado, de las fumigaciones, del desplazamiento forzado y de la
rapiña sobre nuestros territorios.
Apoyo y financiamiento a las iniciativas
de Proyectos Productivos Sostenibles, de acuerdo con la oferta
ambiental de nuestros territorios
y en apoyo a la preservación de frutales nativos, plantas
medicinales, productos forestales y no forestales, artesanías
y productos regionales.
6. MEDIO AMBIENTE
Garantizar los derechos ancestrales de
los pueblos indígenas
que habitan en áreas de bosques que están bajo las
figuras de áreas protegidas. La Ley Forestal debe tener
en consideración a los pueblos indígenas que son
los encargados, por derecho propio, de la supervivencia de los
bosques en nuestros territorios. Adicionalmente, para todas las
decisiones que afecten bosques, ecosistemas, exploración
y explotación minera y petrolera, que afecten la vida, se
debe tener en cuenta el consentimiento y la consulta a los pueblos
indígenas dentro de los términos del Convenio 169
de la OIT (Ley 21 de 1991).
Es necesario modificar la política contra las drogas de
uso ilícito, ya que la fumigación para erradicar
los cultivos ha sido un atropello a la cultura y la vida de los
colombianos y especialmente a los pueblos indígenas. Por
tanto, no es una salida digna para la paz que necesitamos los colombianos.
7. VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Garantizar la disposición del 100% de los recursos necesarios
para el desarrollo de los planes de Vivienda, Agua potable y saneamiento
básico para pueblos indígenas, que se encuentran
dispersos en las entidades sin que estas concurran. Esto es importante
señalarlo por cuanto las comunidades no hemos podido acceder
a las convocatorias territoriales para beneficiarnos de estos programas.
8. POLÍTICA DE FRONTERA
Definir políticas para la convivencia de los pueblos en
frontera, para garantizar el libre flujo de las comunidades indígenas,
en particular de aquellas cuyos límites territoriales tradicionales
traspasan los límites políticos de nuestros países.
Esta realidad es particular en la Amazonia y Orinoquia, por lo
cual requerimos reactivar convenios tales como el Tratado de Cooperación
Amazónica, para propender por un desarrollo sustentable
y un mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas
desde una perspectiva más amplia y entre culturas diversas.
9. DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO
Dada la situación de violación de los Derechos Humanos
en Colombia, los pueblos indígenas nos declaramos en estado
de emergencia, teniendo en cuenta el desplazamiento forzado, las
masacres selectivas, las desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias
a las autoridades, dirigentes, jóvenes; el asedio y cercamiento
de poblaciones y el desenvolvimiento de los conflictos en los territorios
indígenas. Por lo tanto, requerimos de una política
integral humanitaria de salvaguardia de nuestras vidas y territorios
en medio del conflicto armado y la atención a la población
indígena en desplazamiento forzado, con garantías
en los diferentes programas que el gobierno nacional tiene para
estas poblaciones.
Los pueblos indígenas manifestamos nuestra voluntad y decisión
de apoyar iniciativas que conduzcan a la paz real, a la que se
construye con la sociedad y resulta de un proceso de negociación
política incluyente.
Finalmente, señor presidente, teniendo en cuenta que este
espacio es de gran trascendencia para los pueblos indígenas,
solicitamos de usted definir hoy mismo los compromisos gubernamentales
que asume, expresado en las asignaciones presupuestales requeridas
de acuerdo con lo que hemos planteado.
Convocar el Consejo de Autoridades y Organizaciones
Indígenas
de Colombia, con amplia participación, para darle continuidad
a la agenda gubernamental y de los pueblos indígenas.
Las autoridades y líderes indígenas hoy presentes
frente a Usted ratificamos la posición del movimiento indígena
colombiano frente a los grandes temas nacionales que afectan la
vida, los territorios y las culturas de nuestros pueblos y respaldamos
los diferentes pronunciamientos de los senadores y representantes
indígenas al Congreso de la República, las organizaciones
indígenas (ONIC, OPIAC, AICO, CIT).
Firmamos,
(Autoridades Indígenas)”
