Bogotá, 25 sep. (SNE).- Gobernadores,
taitas, caciques y voceros de los indígenas colombianos,
que atendieron la invitación del Gobierno Nacional al
Consejo Comunal sobre las comunidades aborígenes, se mostraron
complacidos con la disposición del Presidente y sus ministros
para hablar sobre los problemas que padecen en cada una de sus
regiones y buscar
soluciones.
Líderes provenientes de la Amazonía, Orinoquía,
La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Cundinamarca,
Boyacá, Chocó y Costa Pacífica, dieron a conocer
a los asistentes –incluso en su propia lengua- el mensaje
de sus comunidades.
Ramiro Muñoz Macanilla, representante de los pueblos indígenas
de la Amazonía, lamentó públicamente que los
dirigentes de la Organización Nacional Indígena (ONIC)
no hayan asistido al consejo comunal temático.
“Porque yo pienso y hemos consensuado con los demás
compañeros indígenas, que la única forma de
limar nuestras diferencias es hablando. Por eso, acogemos con beneplácito
la invitación del Gobierno ante el llamado de las autoridades
que en días pasados se reunieron en Bogotá y por
eso hoy estamos acá”.
Alberto Chito, indígena del Chocó, aseguró que
su comunidad padece los espasmos de la inseguridad y la falta de
gobernabilidad. Dijo que ya es hora de que se les reconozca el
derecho legítimo de gobernar su territorio.
“Los gobiernos municipales y departamentales deben reconocernos
nuestro status que ya hemos ganado. Somos los legítimos
pobladores de nuestros territorios ancestrales y en estos territorios
tenemos nuestros gobiernos”.
Según él, a los indígenas se les desconoce
cuando se toman decisiones políticas y económicas.
“Nosotros queremos ser partícipes de esas políticas
y tenemos propuestas alternativas y planes de vida. Lo que queremos
es que nos ayuden a implementarlos”.
Rosalinda Aguilar, de la Asociación de Indígenas
de la Guajira, dijo que después de viajar durante 24 horas
para llegar al Consejo, quería agradecer la participación
que el Gobierno le ha dado a las mujeres colombianas en todas las
instancias del país.
Sigifredo Niño, de la Consejería Indígena
Cundiboyacense, aprovecho para agradecer la comprometida labor
de la Consejera de Asuntos Étnicos del Gobierno Nacional,
Luz Elena Izquierdo.
La Gobernadora Indígena de los pueblos del Pacífico
colombiano, Juliana Pirassa, le pidió al Presidente de la
República tener en cuenta la consulta popular a la hora
de construir obras de infraestructura física que pretendan
la expansión portuaria en esa zona de l país.
Javier Calvijo, gobernador de las comunidades
de la Serranía
del Perijá, dijo que la presencia del Estado en su región,
azotada por la violencia por muchos años, no se puede reducir
a fumigaciones e incursiones militares.
“Detrás de esto debe haber unos proyectos sociales,
debe haber una intervención para atender a la población
civil indígena y campesina, que a la larga es quien sufre
los rigores de la guerra”.
Sobre la necesidad de lograr la paz en
el país, los indígenas
coincidieron en afirmar que la pacificación debe construirse
por todos y desde dentro de cada uno de los colombianos.
“La paz no se logra sin el diálogo, si no nos sentamos
así de esta manera, frente a frente con los diferentes sectores.
De palabras estamos cansados, tiene que haber por dentro el sentido
de la paz. La paz no se busca por fuera sino por dentro, tiene
que haber diálogo como estamos hoy acá. Desde la
espiritualidad no vemos otra manera: conversando, concertando,
porque el pueblo que no concerta no logra objetivos”, aseguro
Amable Mojomboy, otro de los asistentes al Consejo Comunal.
Emperatriz Cawche, líder indígena y vocera de todos
los grupos aborígenes presentes, fue la encargada de leer
y entregar al Presiente de la República el documento que
recogió las peticiones de los aborígenes de toda
la Nación.
Educación: Reglamentar las normas que regulan la educación
de los indígenas en Colombia teniendo en cuenta la responsabilidad
constitucional que tiene el Estado de preservar la diversidad étnica
y cultural del país.
Pidieron ampliar la cobertura de educación superior para
los jóvenes indígenas y distribuir de forma más
equitativa los recursos destinados para tal fin.
Salud: Ampliar la cobertura del régimen subsidiado para
atender el ciento por ciento de la población indígena.
Institucionalizar la medicina tradicional indígena y reconocer
su papel en la preservación de los pueblos indígenas
y sus ecosistemas.
Territorio: Asignar recursos para que el
Incoder cumpla con los compromisos de constitución, ampliación y saneamiento
de resguardos indígenas mediante la adquisición de
predios, estudios socioeconómicos y levantamientos topográficos.
Lo indígenas le recordaron al Gobierno la solicitud presentada
por ellos en febrero pasado, en la Mesa Nacional de Territorio,
de asignar una partida especial al Incoder, para cubrir los departamentos
Amazonas, Caquetá y Putumayo.
También recordaron la necesidad de cumplir los acuerdos
pactados entre ellos y el Gobierno frente a las fumigaciones de
territorios indígenas.
Pidieron que, en defensa de sus territorios,
más que la
constitución de parques naturales y otras figuras de áreas
protegidas, se garantice legalmente el reconocimiento de territorios
tradicionales como propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
Jurisdicción Indígena: Institucionalizar la aplicación
de los diferentes sistemas normativos propios de los pueblos indígenas
y articularlos con el sistema jurídico nacional.
Seguridad Alimentaria: Apoyar la materialización de iniciativas
indígenas para preservar los conocimientos tradicionales
que les han ayudado a soportar la seguridad alimentaria y potenciar
esas estrategias que les garantice esa seguridad por encima de
problemas como el rigor del clima, conflicto armado, fumigaciones,
desplazamiento forzado.
Medio Ambiente: Garantizar los derechos
ancestrales de los grupos que habitan en zonas boscosas bajo
la figura de áreas protegidas.
La ley forestal debe tener en consideración a los pueblos
indígenas que, para ellos, son los encargados por derecho
propio de la preservación de bosques en esos territorios.
Para todas las decisiones que afecten el
medio ambiente que afecten la vida, se debe tener en cuenta el
consentimiento y la consulta
a los pueblos indígenas.
Es necesario modificar las políticas
contra las drogas ya que las fumigaciones para erradicar han
sido un atropello para
la cultura y la vida.
Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico: Dotar de recursos
para garantizar vivienda, agua potable y saneamiento básico
de pueblos indígenas dispersos por el territorio nacional.
Fronteras: Definir políticas para la convivencia de los
pueblos en frontera para garantizar el libre flujo de las comunidades
indígenas, en particular de aquellas cuyos límites
tradicionales traspasan los límites políticos.
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario: Los pueblos indígenas se declaren en Estado de emergencia ante las desapariciones,
desplazamientos forzados, masacres selectivas, detenciones arbitrarias.
Por eso solicitan una política integral humanitaria de salvaguardia
de vidas y de territorios y la atención a desplazados.
En el documento, la comunidad indígena reiteró su
voluntad y decisión de apoyar iniciativas que conduzcan
a la paz real que resulte de un proceso de negociación política
incluyente.
Los asistentes reconocieron la importancia
de generar espacios de diálogo como el Consejo Comunal dedicado a los grupos
indígenas y le pidieron al Presidente definir los compromisos
del Gobierno para mejorar la vida de sus pueblos distribuidos por
todo el territorio nacional.
