PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIA POLÍTICA

Medellín, 30 sep. (SNE).- Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante el encuentro con estudiantes de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

“Muy grato regresar a la Universidad a tener esta oportunidad democrática con ustedes. Yo no he sido partidario de que la democracia moderna la sigamos dividiendo entre democracia de izquierda y democracia de derecha. Eso era válido cuando en el Continente había dictaduras. Pero hoy cuando todo el mundo manifiesta aceptar la regla democrática, eso empieza a ser obsoleto, polarizante e impráctico.

Polarizante. Lo vimos hace poco en la elección del Secretario de la OEA.

Impráctico. Una periodista de la CNN me decía: ¿usted cómo se siente como gobernante de derecha en un medio latinoamericano de izquierda? Le contesté: ¿y usted por qué cree que Lula es de izquierda y yo de derecha, cuando llevamos casi el mismo tiempo en el poder? Y no supo responderme. Le dije: ¿y usted qué es? Me dijo: yo soy de izquierda. Le dije: ¿y por qué? Y no supo responderme. Eso empieza a ser impráctico.

He creído que lo que hay que preguntarnos es si una democracia es incluyente o excluyente, si una democracia está regida por el ordenamiento jurídico o por caprichos, si una democracia es una democracia de caudillos o una democracia de liderazgos responsables con el pluralismo y con la Constitución.

Y para eso he propuesto cinco elementos:

La Seguridad Democrática.

El respeto a las garantías y a las libertades públicas, como la que insultamos esta mañana aquí.

La construcción de cohesión social que, dicho sea de paso, es el gran camino para pasar de la Seguridad Democrática a la paz estable. La cohesión social, que es la justicia social, yo la pongo ahí como ese tránsito necesario para que la Seguridad Democrática de hoy se convierta en la paz estable de mañana.

La transparencia, sin lo cual no hay confianza. La confianza es necesaria para que cada individuo se sienta parte del todo colectivo.

Y el respeto a las instituciones. Esto empieza por el respeto al pueblo, a las instituciones del poder público, etcétera.

¿Por qué hemos llamado esto Seguridad Democrática? Por razones históricas y de vocación.

¿Cuál es la vocación? Garantizar el pluralismo en Colombia.

¿Cuál es la razón histórica? El Continente fue recorrido por la doctrina de la seguridad nacional. En nombre de la seguridad de aquella época, se suprimieron las libertades públicas, se impusieron dictaduras, se persiguió a los disidentes, se descalificó a la oposición, se anuló la democracia.

Entonces la nuestra es democrática, para establecer una diferencia con lo que fue el fantasma de la seguridad nacional que recorrió el Continente.

¿Cuál es nuestra vocación con esta seguridad Democrática? Profundizar el pluralismo a través de proteger por igual a todos los estamentos de la sociedad colombiana.

Seguridad Democrática implica seguridad para los amigos de las tesis del Gobierno y seguridad para los críticos. Pienso, Jorge, profesor Alonso, que siempre la oposición ha tenido garantías en Colombia, pero nunca tan eficaces como ahora.

Recuerden qué pasaba con los voceros de la verdadera oposición. Y creo que eso empieza a legitimar porque esta seguridad es democrática.

Seguridad Democrática para proteger por igual al campesino que al empresario del campo, al líder gremial que al líder sindical.

Y creo que eso va relacionándose con el segundo elemento, que es la garantía de las libertades públicas, donde por supuesto hay un gran compromiso con los derechos humanos.

Esta Seguridad Democrática, profesor Giraldo, y ahí contesto una de sus valiosas críticas, solamente es sostenible, debido a que es un Estado de opinión, en la medida que sea creíble, y para ser creíble tiene que ser eficaz y transparente.

Y no es transparente si no protege la totalidad de universo ciudadano, y no es transparente si no adhiere en la práctica a los derechos humanos. Eso es bien, bien importante.

¿Por qué nosotros hemos calificado como terroristas a estos grupos y por qué hemos negado la existencia de un conflicto armado?

Que hubo raíces ideológicas, como lo dice el profesor Pizarro Leongómez, claro que las hubo. Cuando el doctor Valencia Cossio y yo estudiábamos en la Facultad de Derecho veíamos, a principios de los años 70, una formación guerrillera en Colombia bastante ideológica.

Y recuerdo que las diferencias eran: quién defiende más las tesis de Cuba, quién defiende más la tesis de Moscú, quién defiende más la tesis de Pekín.

Nunca pensamos, cuando ya se vislumbraba el poder del narcotráfico en Colombia, que quienes parecían en ese momento antípodas fueran después a mezclarse, a converger, a fusionarse.

Eso ha sido un tránsito inesperado, para mí, en el proceso de observar la vida colombiana. Creo que hemos pasado de unas raíces ideológicas a un mercenarismo.

¿ Por qué se les dice terroristas y se niega la existencia del conflicto armado?

Para contestar eso hay que decir qué legitimó a algunos movimientos insurgentes de América Latina. Fueron legitimados por dos circunstancias: por la lucha contra las dictaduras y por la lucha por la construcción de justicia social.

¿Qué ha pasado en Colombia? Hoy hay una democracia en profundización, y la lucha de estos sectores insurgentes no ha contribuido a la democracia, ni ha contribuido a la erradicación de la pobreza.

Miremos: cuando todavía no había certeza de que Colombia fuera a aprobar la elección popular de alcaldes, recuerdo que la Farc hacía llegar a la Ciudad Universitaria unos volantes tratando de justificar su lucha armada porque en Colombia no había ampliación democrática.

Vino la elección popular de alcaldes. Posteriormente, la Constitución del 91, que trajo la elección popular de gobernadores, que introdujo mecanismos muy importantes de participación directa, de democracia directa.

¿Y cuál ha sido la respuesta de estos grupos? Asesinar alcaldes, presionarlos, etcétera. Cuando este Gobierno empezó había 400 alcaldes, de los 1.096 de Colombia, que no podían ejercer en los municipios por presión de los grupos violentos. Eso es una contradicción con lo que ellos habían predicado para tratar de justificar su acción armada.

Y el Gobierno lo que ha hecho es dar ejemplo, creo yo, con muchas falencias que tenemos, porque no estamos en un paraíso, pero creería que hemos dado pasos correctos en materia de respeto a la democracia.

Si ustedes miran el referendo de 2003, encontrarán que los grupos opositores abstencionistas tuvieron tanto o más espacio para defender sus tesis que el Gobierno.

Si ustedes miran esas elecciones de 2003, verán que por primera vez a alcaldías muy importantes y a gobernaciones muy importantes llegaron voceros de la verdadera oposición, que habían sido asesinados en el pasado por la sola circunstancia de ser candidatos.

El Gobierno los protegió eficazmente como candidatos, sin importar que su origen fuera, por ejemplo, en el apoyo por parte de partidos políticos nutridos por antiguas guerrillas, etcétera. Y hemos construido gobernabilidad con ellos, y hemos construido ese mínimo de unidad de Patria. Creo que eso empieza a hacernos claridad sobre esto. Estamos en una democracia en proceso de profundización.

Si ustedes leen las legislaciones europeas, como la alemana, el commonlow, que ya empieza a tener bastante documental, encontrarán que allí hay un punto común, que es definir como terrorismo cualquier acción armada o amenaza de uso de armas por razones ideológicas, religiosas, políticas.

Pues bien, uno les pregunta a los profesores europeos, a los politólogos: ¿por qué eso? Y dicen: definirlos como terroristas es el balance que nosotros necesitamos para seguir luchando por la profundización de nuestra democracia. Si Europa occidental garantiza una democracia pluralista y profunda, la contraprestación para que la ecuación esté equilibrada es que a aquellos que desafían esa democracia a través de la amenaza o el uso de armas, se califiquen como terroristas.

Entonces es distinto una guerrilla luchando contra una dictadura que una guerrilla o unos paramilitares afectando el ordenamiento jurídico en un país, donde hoy está probado que todas las diferencias se pueden resolver democráticamente.

Creería que la posibilidad de resolver las diferencias democráticamente es lo que está marcando la diferencia.

Se me pregunta: bueno, pero si son terroristas, ¿cómo va a negociar con ellos?

Por eso hemos pedido el cese de hostilidades. Recuerden ustedes el proceso irlandés del Viernes Santo de 1998. Allí se exigió el cese de hostilidades, pero se dio todo el plazo para llegar al desarme y a la desmovilización.

Y un punto adicional bien importante: ese proceso de paz no surgió por espontaneidad. Surgió porque durante 17 años los gobiernos de la señora Tatcher y John Major impusieron una política severa de autoridad y seguridad en Gran Bretaña, que derrotó el ala más militarista del IRA y que permitió que los sectores inclinados a la negociación, al interior del IRA, pudieran predominar sobre los sectores que negaban la negociación.

La negociación allí surgió de una política de autoridad y se facilitó por la exigencia del cese de hostilidades y la concesión de aplazar el desarme y la desmovilización. Creo que ese punto es bien importante también para tenerlo en cuenta en Colombia.

¿Entonces cómo podemos dar nosotros el tránsito de definirlos como terroristas a permitir la negociación con ellos? A partir del cese de hostilidades, que es lo que hemos venido exigiendo.

Que hay unas raíces de conflicto histórico, no se pueden negar. ¿Cuál es mi definición de conflicto al mirar hoy el mundo? Es un mundo cargado de diversidad. Y la diversidad cuando todos los actores tienen que estar interrelacionados, que es la característica del mundo moderno, genera permanentemente un conflicto, que es la discrepancia.

Pero cuando hay la posibilidad de definir la discrepancia cotidianamente a través de la apelación democrática, no se puede reconocer la acción armada para definir la discrepancia.

Mi reconocimiento al conflicto armado equivale a una justificación de lo que no es justificable. Porque entrar a justificar la apelación armada cuando hay un profundo avance para garantizar la democracia, prácticamente es aceptar que le pongan talanqueras a la democracia.

Y esto lo abono con dos elementos. La guerrilla dijo durante mucho tiempo, también además de lo que decía que justificaba su acción porque no había elección popular de los gobernantes más cercanos, dijo que no aceptaba entrar a negociar porque en este país no había garantías para la oposición.

Eso fue válido cuando se asesinó a la Unión Patriótica. Pero creo que ahí confluyeron dos errores. El error por parte de los promotores de ese partido de aceptar la combinación de la lucha armada con la lucha política. La lucha política no acepta sino las armas argumentales. Y el error del Estado de haberle faltado determinación para proteger eficazmente a la gente de la Unión Patriótica.

Eso dos errores históricos no se pueden repetir. Creo que con las garantías eficaces que hoy tiene la oposición, y que se pueden demostrar a lo largo de estos 38 meses de Gobierno, esa justificación de la Farc está eliminada en el tiempo. Es tema del pasado.

Y lo otro: que no empezaba a negociar hasta que no se desmontara el paramilitarismo. De los paramilitares se hablaba, pero nada se hacía contra ellos. Este Gobierno ha enfrentado a los paramilitares con igual severidad que a la guerrilla. Nuestro propósito ha sido la recuperación institucional.

Mire: yo me habría podido unir a los paramilitares soterradamente para enfrentar la guerrilla. Les habría dicho: quédense quietos, no tenga más incursiones en masacres, ayúdenle al Gobierno a eliminar ELN y Farc.

Y de pronto iríamos más adelante en la lucha con el ELN y la Farc, pero qué mal camino, qué mal ejemplo, qué mal ejercicio. Por razones cristianas, democráticas, de compromisos de ciudadano, de observancia de la Constitución, de padre de familia, la decisión que tomamos fue la institucional, que no siempre ha sido la de Colombia.

Este señor, cuyo tema hoy se discute, desde un grupo delincuencial tuvo alianzas con el Estado para enfrentar otro grupo delincuencial. El Estado nunca se puede unir con grupos delincuenciales para enfrentar otros grupos delincuenciales. El camino tiene que ser absolutamente institucional, así sea más demorado y más difícil.

En muchas zonas me dicen: Presidente, ¿quién nos va a defender ahora que no hay paramilitares? ¿Por qué no aplazaron el desmonte de los paramilitares hasta que hubieran acabado con la guerrilla? Porque el pueblo colombiano no puede seguir sometido a la guerrilla o a los paramilitares.

Esos dos fenómenos hay que acabarlos todos, como hay que acabar el narcotráfico y hay que acabar la corrupción. Tenemos que hacer el gran esfuerzo de que sean las fuerzas institucionales las que ejerzan el monopolio de la protección efectiva de la ciudadanía colombiana.

Creo que esos pasos le quitan a la guerrilla el otro argumento que esgrimía para no negociar: el argumento de la existencia del paramilitarismo.

Dadas estas condiciones, he dicho: Colombia tiene una crisis humanitaria. Pero esa crisis humanitaria no justifica la acción de estos grupos armados porque, al contrario, ellos han contribuido a agravarla.
¿ Cuál ha sido el resultado social de estas cuatro décadas de estos grupos? Menos inversión en Colombia, más desempleo, atraso del país, más pobreza, menos confianza en nuestras instituciones. Entonces ellos han producido un resultado muy diferente a lo que dijeron iría a ser el factor legitimador de su lucha, su lucha social.

Recientemente he dicho, para facilitar acuerdos con el ELN, que si empieza un proceso de paz y hay un cese de hostilidades, yo no tendría inconveniente en decir: bueno, reconozco que hay un conflicto político, vamos a negociarlo con el ELN.

¿Por qué lo he dicho? Para facilitar la paz. Porque allí lo práctico es entrar a alimentar un cese de hostilidades y, a partir de un cese de hostilidades, a posibilitar la llegada a la paz. Y muchas veces el gobernante tiene que dejar a un lado sus propias convicciones, por los bienes públicos superiores. Y el bien superior de la paz es un bien público que tiene que prevalecer sobre las convicciones del gobernante.

Felipe, el gobernante tiene que dar ejemplo en cumplimiento de la ley, y usted me ha pasado aquí el papelito de los diez minutos”.