San José de Costa Rica, 26 ene. (SNE). - La
siguiente es la intervención del Presidente de Colombia, Álvaro
Uribe Vélez, ante la Corte Interamericana de Derechos
humanos.
“Hace tres años vine a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a hablar sobre nuestra política de
Seguridad Democrática. La denominamos democrática
por razones históricas y de vocación.
¿Cuál es la razón histórica? El
continente fue recorrido por la doctrina de la seguridad nacional,
en nombre de la cual se suprimieron las libertades públicas,
se impusieron dictaduras, se persiguió a los disidentes,
se descalificó a la oposición, se anuló la
democracia. Entonces la nuestra es democrática para establecer
una diferencia con lo que fue el fantasma de la seguridad nacional
que recorrió el continente.
¿Cuál es nuestra vocación con esta Seguridad
Democrática? Profundizar el pluralismo a través
de proteger por igual a todos los estamentos de la sociedad colombiana.
Seguridad Democrática implica seguridad para los amigos
de las tesis del Gobierno y seguridad para los críticos.
Seguridad Democrática implica proteger por igual al campesino
que al empresario del campo, al líder gremial que al líder
sindical.
Lo que antes parecía un concepto teórico, con
cuatro años de vigencia la Seguridad Democrática
ha brindado todas las garantías y la protección
en cuatro procesos electorales: el del Referendo, uno de elecciones
territoriales, otro de elecciones de Congreso y la elección
presidencial de mayo pasado.
Y creo que, en comparación con las últimas décadas,
como lo ha reconocido la comunidad internacional, han sido procesos
amenazados, pero los menos violentos de Colombia, en gran recuperación
de libertades.
La única coacción contra electores, el único
constreñimiento contra electores que se presentó en
el proceso electoral del año pasado, fue en algunos sitios
del país donde sigue muy fuerte la guerrilla, contra electores
afines a mis tesis. La oposición no tuvo una sola queja.
Pudieron visitar todas las zonas del país. Todos sus temores
frente al paramilitarismo fueron disipados en la práctica.
En medio de reconocer todo lo que falta, yo quiero dejar mi
testimonio ante la Corte, al menos mi voz, sobre estos hechos,
que me parecen muy importantes para la democracia colombiana.
Estamos en plena aplicación de la Ley de Justicia y Paz,
frente a los paramilitares desmovilizados. Nosotros encontramos
no menos de 60 mil terroristas. ¿Por qué los llamo,
con toda tranquilidad, terroristas? Porque en Colombia los grupos
insurgentes han actuado es en contra de la democracia y las libertades.
En Europa Occidental las muy severas definiciones de terrorismo,
se han basado en la circunstancia de que Europa Occidental es
respetuosa del pluralismo. Y eso les ha dado la razón
para señalar en sus legislaciones, tipificar en sus legislaciones
como terrorismo, toda acción de fuerza o de amenaza de
fuerza, por razones políticas, ideológicas, religiosas.
En nuestro continente americano muchos grupos guerrilleros recibieron
la calificación, que en alguna forma ennoblece, de insurgentes,
porque luchaban contra dictaduras. En Colombia la lucha de estos
grupos es contra la democracia. Son sicarios de la democracia,
además alimentados por el narcotráfico.
En el continente se pudieron llevar a cabo procesos de paz,
como lo dicen tantos investigadores, ahora que se conmemoró un
nuevo aniversario del proceso de paz de El Salvador. Porque esos
grupos entendieron que había llegado un punto de no avance
en la lucha armada y porque perdieron financiación internacional.
En Colombia ellos hoy desprecian la financiación internacional.
No la necesitan. Son muy ricos por el narcotráfico. Por
eso se nos dificulta mucho la paz y por eso tenemos que derrotar
el narcotráfico.
De los aproximadamente 60 mil que encontramos hace cuatro años,
se han desmovilizado 40 mil: 30 mil de los paramilitares y el
resto de las guerrillas. En las guerrillas es la desmovilización
más grande de la historia de Colombia.
Desmovilizar casi 10 mil guerrilleros sin un proceso formal
de paz con ellos, rebasa las cifras de los desmovilizados en
antiguos procesos de paz con la guerrilla: el ELN desmovilizó 900,
el EPL 2 mil, la Corriente de Renovación Socialista 300.
Esos procesos de paz del pasado no desmovilizaron más
de 4 mil. Nosotros hemos desmovilizado casi 10 mil guerrilleros.
La entrega de armas ha sido muy importante, en términos
relativos nacionales e internacionales.
Nacionales: cuando el M-19 se desmovilizó, los 900 desmovilizados
entregaron 270 armas. Los 30 mil paramilitares desmovilizados
de Colombia han entregado más de 18 mil armas.
O sea que son cifras elocuentes. Además verificadas por
la OEA, que ejerce una tarea de vigilancia, tutoría, apoyo
a esos procesos en Colombia, lo cual indica que es un proceso
efectivo de desarme.
¿Qué sigue con el paramilitarismo? Siguen dos
caminos. A los desmovilizados, aplicarles la Ley de Justicia
y Paz. A quienes no se han desmovilizado no se les debe llamar
más paramilitares.
Las circunstancias históricas son otras. Ellos surgieron
como una respuesta a un avance guerrillero contra la población
que no tenía confrontación de parte del Estado.
Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para que el Estado, el
Estado de Libertades, el Estado de Orden, el Estado de Derecho,
cope con sus instituciones todo el territorio.
No fácil. Es un país de un millón 164 mil
kilómetros, y la mitad de su territorio está todavía
en selva. Para bien del medio ambiente, pero para dificultades
en la recuperación del orden.
Los grupos remanentes derivados del paramilitarismo son hoy
tratados como delincuentes comunes. Y la instrucción que
la Fuerza Pública ha recibido de mi parte, en público
y en privado, es perseguirlos y derrotarlos. Y las cifras son
elocuentes.
¿Qué sigue con la guerrilla? Entra en un proceso
de paz, o el Estado colombiano terminará derrotándola.
Hay avances, pero falta mucho.
El proceso de paz, en medio de dificultades, yo creo que tiene
unos puntos muy importantes para destacarlos. Primero: hoy está aplicándose
la Ley. En la cárcel están 90 líderes paramilitares,
los importantes, en la cárcel. Y quedan 3 o 4 de ellos
que están huyendo, y el Estado los está persiguiendo
con toda decisión. Aquellos que están en la cárcel,
si cumplen con todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz,
van a tener unas sentencias reducidas.
¿Pero cuáles son las características de
nuestra ley y de nuestro proceso? Es ley de paz, pero sin impunidad.
Ley de paz, pero con imperativo de verdad. Y ley de paz, pero
con búsqueda o imperativo de reparación.
Eso marca diferencias con el pasado colombiano y con muchos
procesos del mundo.
En el pasado colombiano los procesos de paz fueron de perdón
sin verdad, de paz con impunidad. Gentes de procesos de paz en
Colombia del pasado, hicieron el tránsito de haber producido
con dineros del narcotráfico el holocausto de la justicia.
Hicieron el tránsito al Congreso de Colombia o a aspirar
a la Presidencia. La verdad apenas la ha esclarecido una comisión
informal, reciente. Nunca se esclareció.
Ahora, por ejemplo, como ustedes lo saben, nuestra ley no permite
amnistía ni indulto para delitos atroces. No remueve las
talanqueras jurídicas de Colombia que impiden que los
responsables de delitos distintos al homicidio culposo o al delito
político, lleguen al Congreso. Es bien importante.
Yo creo que lo que se está haciendo en Colombia es un
ejemplo para el mundo. Porque uno ve que en una parte hubo un
proceso de paz basado en la verdad, muy bien difundido internacionalmente,
pero hubo muy poca verdad. Simplemente se impusieron unas nuevas
mayorías electorales.
En otras partes se han superado problemas, pero simplemente
con aparente reconciliación y con impunidad. En otras
partes donde hubo leyes de punto final o de perdón y olvido,
llegaron gobiernos de oposición y revivieron los procesos,
no para construir la paz sobre la verdad, sino para estimular
retaliaciones.
El proceso de Colombia marca diferencias con los procesos nuestros
del pasado y con los del mundo. Y yo creo que debe producir los
siguientes efectos: primero, nuevos procesos en Colombia, los
que se den en el futuro con las guerrillas, no podrán
ser menos exigentes que el actual que se da con los paramilitares.
Y va a producir otra consecuencia: a Colombia, que se le señalaba
como un país de impunidad, el mundo le va a tener que
hacer ahora el reconocimiento por este proceso.
En este momento hay una gran discusión en el país,
porque las audiencias se están transmitiendo en televisión
y se ha producido mucho debate, porque, en nombre de la verdad,
estas personas que están siendo juzgadas han acusado a
mucha gente. El primero que ha estimulado que digan la verdad
es el Gobierno.
Inclusive de los acusados hay personas que me apoyan a mí en
el Congreso. Pero he aplicado una tesis: se le hace mucho daño
a la democracia cuando se es severo con los adversarios e indulgente
con los amigos.
Nosotros estimulamos una justicia imparcial que, además,
en Colombia es independiente. Y la verdad es que no puede tener
sesgos.
He dado mi opinión de que esas audiencias se deben seguir
transmitiendo por muchas razones: primero, para que no haya interpretaciones
mediáticas. Segundo, para que estos señores se
vean obligados a decir totalmente la verdad. Porque si no la
dicen, esos millones de colombianos que siguen las audiencias,
van a ser los primeros en decirles a los jueces: no les den los
beneficios porque están mintiendo. Eso es bien importante.
Tercero, porque para que haya reconciliación tiene que
haber verdad y propósito de enmienda. Sin verdad, el propósito
de enmienda no es creíble. Cuando alguien considera que
pudo engañar, se siente que puede engañar en el
propósito de enmienda. Engañó en lo que
reconoció, va a engañar en lo que prometió.
A mí me parece muy importante estimular la verdad, para
que los colombianos reflexionen sobre lo que pasó (un
país en el cual la soberanía real del Estado pasó a
manos de paramilitares y guerrilla), y los colombianos exijan
que hacia delante el país solamente tenga la vigencia
de la instituciones democráticas. Que el país no
permita más poderes de guerrillas, de paramilitares, de
narcotráfico, de corrupción.
A mí me parece muy importante la verdad total. No solamente
la verdad sobre la colusión de la política con
el paramilitarismo, sino que hay que prepararnos para que se
sepa la verdad de la colusión de la política con
la guerrilla. Y que sean los jueces los que digan en qué casos
líderes colombianos estuvieron con estos grupos por coacción
insuperable, por estado de necesidad, por falta de un Estado
que los protegiera, y en qué casos lo hicieron con el
propósito de asociarse al delito. Que eso lo digan los
jueces.
Ahora, la búsqueda de la verdad no puede ser para generar
odios. Nosotros creemos que la búsqueda de la verdad hay
que hacerla tranquilamente, para buscar reconciliación
y para buscar un futuro institucional del país. Ahí vamos.
Respetamos todas las decisiones de la Corte.
Por supuesto, en el país hay preocupaciones por tantos
temas, tantos costos, pero somos un país de leyes, un
Estado de Derecho inserto en la comunidad internacional. Todo
lo que podamos transigir allá, estamos dispuestos a hacerlo.
Ojalá el Vicepresidente de la República pudiera
entregarle al mundo una transacción con la UP. Y todo
lo que ustedes nos ordenen tenemos que aceptarlo con humildad
democrática.
Estamos reformando profundamente la Justicia Penal Militar.
Inclusive creo que en un momento hay que llegar a eliminarla.
Y yo lo estoy pensando: que simplemente haya un tribunal disciplinario
en la esfera militar y policiva.
Hemos dado varios pasos. El año pasado, una semana antes
de elecciones, en una zona de narcotráfico, cerca de Cali,
en Jamundí, en hechos que a todos nos sorprendieron, el
Ejército asesinó a unos policías: fuego
amigo. La Policía dijo que iba a esa zona a capturar a
unos narcotraficantes.
Ustedes sabrán cuánto me preocupó eso,
por el impacto electoral. Se dio una semana antes de las elecciones.
La decisión que tomamos fue decirle a la Justicia Penal
Militar: No asuma el caso, y pedirle a la justicia ordinaria
que lo asumiera.
Algunos criticaron y me dijeron: El Presidente de la República
tiene que respetar la independencia de la justicia, aun de la
Penal Militar, y no le puede decir a la Justicia Penal Militar
que se abstenga de conocer un caso.
Por el bien de la democracia, yo le exigí que se abstuviera
de conocer el caso. Hice una disección entre lo que es
el debido respeto a la investigación, a la prueba, al
contenido del fallo, que el Presidente de la República
debe profesarle también a los fallos de la Justicia Penal
Militar.
Separé ese tema de lo que es la jerarquía administrativa.
Dije: Yo, como Presidente, le respeto sus fallos, sus investigaciones,
pero tengo una jerarquía administrativa. Y por el bien
de la democracia voy a utilizar esa jerarquía administrativa
para decirles: no conozcan del caso, que lo conozca la justicia
civil, la justicia ordinaria.
Ahora hay una mujer al frente de la Justicia Penal Militar,
una mujer civil. Y confío en que le podamos entregar al
mundo un buen avance en esa materia. Y voy a convencerlos de
que la Justicia Penal Militar la reduzcamos a una justicia disciplinaria
para la Fuerza Pública.
Yo les confieso que más hablar de paz, yo he hablado
de seguridad, porque he creído que la paz es el resultado
de la seguridad. En un país que ha sufrido por tantas
décadas, la seguridad no se recupera de medianoche para
el día. Necesita sostenibilidad en el tiempo. Y esa sostenibilidad
requiere transparencia y eficacia. Por eso nuestra adhesión
a los derechos humanos.
En los últimos tiempos hay una tendencia muy importante
de disminución de quejas de derechos humanos contra la
Fuerza Pública. Por primera vez, la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para Derechos Humanos acaba de anticipar un
reporte, que hará público oficialmente en marzo,
reconociendo el mejoramiento en materia de derechos humanos.
Las Ong’s han controvertido mucho conmigo. Cuando yo empecé a
hablar de Seguridad Democrática en Colombia, era una especie
rara. Entonces cuando yo llegaba al 2 por ciento de las encuestas,
decían: De ahí no pasa, ya llegó al techo.
Colombia no es proclive a la seguridad. Cuando llegaba al 4
por ciento, lo mismo. Al 10 por ciento, lo mismo. Entonces me
tocó abrirme paso en contracorriente. Y eso me ha llevado
a mucho debate nacional e internacional. Por supuesto, he debatido
mucho con las Ong’s, pero con todo el respeto. Creo que
en mi Gobierno han sentido todo el espacio en Colombia.
Ayer me decía el congresista de la bancada negra de los
Estados Unidos, el congresista Donald Payne, que ha tenido también
buenos reportes de unas Ong’s sobre el avance de los derechos
humanos. Y yo le dije: ¡Un milagro! Porque yo entiendo
que el oficio de las Ong’s no es el de ‘complement’,
sino el de ‘complaint’. Y yo creo que esas cosas
son buenas. Nos falta mucho, pero tenemos toda la voluntad de
acertar.
Quisiera terminar con esto: Colombia ha reducido bastante la
tasa de homicidios, pero no lo suficiente. Yo la encontré en
66 – 68 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora está en
37. El promedio, porque ya hay unas ciudades como Bogotá,
que presenta unas de las tasas más bajas del continente.
Y la reducción en Medellín ha sido sorprendente.
Todavía tenemos unas regiones que nos dañan el
promedio: Buenaventura en el Pacífico, nuestra querida
ciudad de Cali.
Pero nosotros no podemos estar contentos por la reducción.
Entonces hemos llamado este año el Año de la Vida,
que deberían ser todos los años, para crear mas
sensibilización colectiva al respeto a la vida.
Todos esos años de avance al terrorismo llevaron a los
colombianos, en medio de la debilidad del Estado, a buscar justificar
los crímenes, antes que repudiarlos: asesinaban a alguien,
y en la tertulia comunitaria, en lugar de haber rechazo, se buscaban
justificaciones. ¿Que por qué lo asesinaron? Que
porque era mafioso. ¿Que por qué lo asesinaron?
Porque era guerrillero, porque era paramilitar, porque era auxiliar
de la guerrilla, de los paramilitares.
Y nosotros hemos dicho: cero asesinatos. El don, que Nuestro
Señor nos dio, de la vida, hay que respetarlo en favor
de todo el mundo: del inocente y del culpable.
En los primeros cinco días de febrero empezaremos algo,
que vamos a cumplir todo este año: haremos un acto público
para hacer un reconocimiento al establecimiento educativo del
país que mejor programa tenga en materia de derechos humanos
y de convivencia y de respeto a la vida. Para premiar la brigada
militar que esté trabajando en esa dirección. El
cuerpo de Policía que lo esté haciendo. La ciudad
que presente la mayor reducción de homicidios. El pequeño
municipio que presente la mayor reducción de homicidios.
Y lo vamos a hacer durante los cinco primeros días de
los meses de este año, empezando en febrero.
Con eso terminaría, señor Presidente, distinguidas
y distinguidos magistrados. Lo que ustedes quieran preguntarnos,
objetarnos, lo escuchamos con el mayor gusto”.
