Bogotá, 12 feb (SNE). De las 7.900 cirugías
que estaban represadas a comienzo del año en el Seguro
Social, ya se han desatrasado 1.500 procedimientos, dentro
del plan de contingencia puesto en marcha hace dos semanas
por el Instituto. Así lo reportó el presidente
del ISS, Gilberto Quinche Toro.
“Hemos avanzado especialmente en Antioquia, que es donde
más se concentra la lista de espera. De las 7.900 cirugías,
ya vamos por 1.500 evacuadas en estas dos semanas del inicio
del plan de contingencia”, precisó el directivo.
Recordó que el año pasado se practicaron 300
mil cirugías del Seguro Social y en el mes de febrero
del 2007 ya van 25 mil, aparte de las 1.500 que estaban en
lista de espera.
“Más importante que eso es mantener la red prestadora
de servicios para que no se genere nueva lista de espera. Eso
es lo que hemos logrado. Tenemos una buena red de prestadores
en todo el país”, dijo.
Y agregó: “Tenemos una situación distinta
en este comienzo del año. Porque con la Ley 1122 (que
reforma la Ley 100 de Salud), los recursos que se utilizaban
para pagar jubilados ya no se están utilizando para
pagar jubilados. En el mes de enero pudimos destinar 25 mil
millones de pesos, que antes se dedicaban a pagar jubilados,
para pagar servicios de salud”.
Anunció que antes de que termine el primer semestre
de 2007, se tendrán evacuadas tanto las cirugías
que estaban represadas como las necesidades de procedimientos
que vayan apareciendo.
Por otra parte, el Presidente del ISS garantizó a los
pacientes enfermos de VIH–Sida que la continuidad y calidad
de los servicios de salud se les seguirá prestando sin
interrupción en la nueva EPS que crearán seis
cajas de compensación familiar.
Reiteró que la nueva EPS atenderá “sin
discriminación a todos los pacientes de alto costo,
entre ellos al grupo de los que están afectados por
el virus del Sida”.
En ese sentido, el ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt, declaró: “Si el Gobierno
ha tomado la decisión de transformar el Seguro Social,
no es con el ánimo de acabarlo. Por el contrario, lo
que se busca es la garantía del aseguramiento público
de primera calidad, oportunidad y continuidad en la atención
general y especializada, como los pacientes de alto costo,
entre ellos los afectados por el VIH, que seguirán recibiendo
su tratamiento con la garantía de que se les entregarán
todos sus medicamentos”.