COMUNICADO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Al término de una reunión de los Ministros de
Defensa Nacional, Protección Social y de Interior y Justicia,
los Directores de la Policía Nacional y del DAS, la Directora
del CTI- Vicefiscal encargada, Viceministra del Interior, Directores
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y del Ministerio del
Interior y de Justicia, para analizar el documento divulgado
hoy en Madrid, por Amnistía Internacional, el Gobierno
expidió el siguiente comunicado:
El Estado colombiano ha recibido y estudia detalladamente el
Informe de Amnistía Internacional sobre la situación
de los sindicalistas en Colombia. De manera preliminar hace las
siguientes consideraciones:
1. Tal como lo reconoce Amnistía Internacional, el actual
Gobierno ha implementado políticas de protección
a los dirigentes sindicales. El país y las centrales obreras
han reconocido nuestra especial preocupación por garantizar
el ejercicio de todas las libertades en el país.
2. La presencia de la OIT en Colombia obedece al compromiso
del Estado colombiano con la libertad sindical y al
deseo de que la comunidad internacional sea testigo de los
esfuerzos del actual Gobierno para garantizarla. No se trata
de un vigilante, como insinúa el informe, pues no lo
necesitamos cuando se trata de aplicar nuestras convicciones.
3. El Estado colombiano está haciendo esfuerzos para
superar la impunidad como lo demuestran la creación de
una Unidad Especial de la Fiscalía para la investigación
de atentados y asesinatos contra sindicalistas y la aprobación
en el Plan de Desarrollo de un artículo para fortalecer
con recursos a la Fiscalía General de la Nación.
Como consecuencia del esfuerzo de la Fiscalía, se han
proferido 46 sentencias con 75 personas condenadas en casos que
afectan a sindicalistas; actualmente se adelantan 27 juicios
y en otros 39 casos hay personas acusadas (26 detenidos y 53
con medida de aseguramiento vigente).
4. El Gobierno de Colombia rechaza la opinión de Amnistía
Internacional acerca del proceso de desmovilización de
las autodefensas y su obstinada oposición a la Ley de
Justicia y Paz. Recuerda que la política de combatir a
todos los grupos al margen de la ley, sin excepción y
con sujeción a los derechos humanos, es compromiso ineludible
del Gobierno. Uno de los resultados de esta política es
la de desmovilización de 42.000 personas que han abandonado
la actividad violenta y que pueden representar más de
la mitad de las personas que hacían parte de grupos al
margen de la ley a mediados de 2002.
5. El Estado colombiano rechaza la acusación de que
judicializa a los sindicalistas por razones de su actividad sindical.
Los casos señalados en el Informe demuestran lo contrario
a lo afirmado por AI: en el caso de Samuel Morales, Raquel Castro
y Alfonso Campiño fueron condenados por actividades no
relacionadas con el sindicalismo; en el caso de Hermes Vallejo,
la Fiscalía apeló la decisión de libertad
condicional y continúa vinculado al proceso y en el caso
de Miguel Ángel Bobadilla, y otros incluidos agentes estatales
están vinculados por secuestro.
6. El Gobierno rechaza la acusación de que existe una
política institucional de tolerancia o alianza de las
fuerzas del orden con cualquier grupo ilegal.
7. El Gobierno de Colombia espera de las Organizaciones Internacionales
objetividad en los informes y respaldo al propósito del
pueblo y del Gobierno colombiano de continuar fortaleciendo nuestra
democracia y nuestra institucionalidad.
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