PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE AL INSTALAR FORO DE INVERSIONES DE LA REGIÓN
ANDINA
Bogotá, 10 jul (SNE). Las siguientes
son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la instalación
del Foro de Inversiones de la Región Andina, que se lleva
a cabo este miércoles en la capital del país.
“Quiero saludarlos muy respetuosamente y agradecer esta
nueva convocatoria que nos hacen hoy la CAF y Latinfinance, que
es muy estimulante para Colombia. Y repetir algunos temas. Ojalá tuviéramos
unos minutos para mirar algunas inquietudes de ustedes.
Me parece que en este momento en América Latina es bien
importante redefinir el modelo: qué papel se le asigna al
sector público, qué papel se le asigna al papel privado.
América Latina ha vivido modas que llegan a excesos peligrosos.
Se dio la moda del desmantelamiento del Estado, y eso produjo una
tremenda reacción política en contra. Colombia reforma
al Estado, pero no lo desmantela. Y ahora en América Latina
avanza con mucha fuerza, en algunas partes, la idea del estatismo.
Eso causa enorme preocupación en la comunidad inversionista.
Colombia ha venido reiterando, poniendo todo el énfasis,
en una idea central: garantías para la inversión
privada con responsabilidad social.
Responsabilidad social expresada en tres fases: en la transparencia
en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia
en la adjudicación de concesiones, en la contratación,
en la superación de litigios. Transparencia en la tributación.
Solidaridad en las relaciones de los inversionistas con las comunidades.
En el consejo comunitario del sábado veíamos un caso
de solidaridad, que si no se atiende, deslegitima, crea fricciones,
produce reacciones negativas de la comunidad contra los inversionistas.
Por ejemplo, el embarque de carbón en Santa Marta. Allí tiene
que haber solidaridad: adecuar los puertos, hacer las inversiones
para el cargue directo con bandas transportadoras encapsuladas,
evitar que se presenten esos fenómenos de volatilidad en
el polvillo del carbón, de contaminación a las playas,
a los hoteles, etcétera. Si esas cosas no se corrigen, por
esa falta de solidaridad con las comunidades se afecta la confianza.
Y el tercer tema de expresión de la responsabilidad social
se da, a nuestro juicio, en las relaciones laborales. Relaciones
laborales no de capitalismo salvaje, no de odio de clases. En Colombia
las guerrillas marxistas, su penetración en sectores de
la institucionalidad, crearon mucho daño con el tema del
odio de clases. Relaciones laborales fraternas. Relaciones laborales
cristianas.
Nosotros hemos traído otra discusión: ¿qué es
lo importante para América Latina? ¿Una polarización
entre supuestas derechas o supuestas izquierdas o unos compromisos
para profundizar la democracia?
Creemos que la división entre izquierda y derecha es obsoleta,
polarizante. Tenía razón de ser cuando aquí se
enfrentaba a las dictaduras. Los luchadores contra las dictaduras
trajeron de Europa Occidental el catálogo, buena parte del
catálogo de ideas de izquierda para combatir las dictaduras.
Hoy, cuando todo el mundo gira, anuncia girar alrededor de la
regla democrática, esa división aparece totalmente
obsoleta, es polarizante. Incluso cuando uno mira la necesidad
de una democracia moderna, hay que mezclar valores que históricamente
alegaba la izquierda, que históricamente alegaba la derecha.
Por eso nosotros hemos creído que esa visión hay
que sustituirla por la exigencia de una democracia cada día
más profunda, con cinco elementos: la seguridad con alcance
democrático, el respeto a las libertades, la construcción
de cohesión social, la transparencia como factor de confianza,
y el respeto a formas de Estado donde las instituciones procedan
con relativa independencia para garantizar los equilibrios y evitar
los excesos.
Creemos que esos pueden ser los cinco valores que conduzcan a
América Latina a una profundización de la democracia,
y que es mucho más útil el planteamiento alrededor
de ellos que la polarización alrededor de izquierda o derecha.
Nuestro Gobierno tiene tres objetivos: la consolidación
de la seguridad, la consolidación de la confianza inversionista
y el cumplimiento de las metas sociales.
En el tema de la seguridad hemos avanzado, pero hay dificultades.
Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía.
Por ejemplo, tenemos lugares del país con inmensas dificultades.
El departamento de Nariño y su Litoral Pacífico.
En general el Litoral Pacífico de Buenaventura, de Málaga
hacia el sur, y otras regiones: el sur de Córdoba, el norte
de Antioquia y alguna parte entre el Meta y el Vichada. Pero con
conciencia de esos problemas, identificándolos bien, con
toda la voluntad para combatirlos, el país tiene que avanzar
hacia la consolidación de la seguridad día tras día.
Colombia tuvo semestres en los cuales tuvo 1.700 secuestros extorsivos.
El semestre que terminó el 30 de julio tuvimos 100 secuestros.
Cien secuestros es mucho, pero venimos de 1.700.
Tenemos que seguir haciendo ese gran esfuerzo y el sector empresarial
ha contribuido enormemente. La imposición y la contribución
del impuesto al patrimonio se constituyen en un gran aporte del
sector empresarial para ayudar a consolidar la política
de seguridad democrática, que tiene muchos componentes:
la acción policiva militar, el tema de la justicia, el tema
de la reinserción.
La reinserción es un tema muy complejo. Es un proceso de
43 mil personas que se han desmovilizado en este Gobierno y que
están en ese esquema de reinserción, es un proceso
de suyo muy complejo, que exige diarias revisiones.
Imagínense ustedes: de los 1.100 municipios de Colombia,
hay 800 que tienen menos de 25 mil habitantes. Imagínense
ustedes dos de esos municipios cuyos habitantes sean todos reinsertados.
Esa es la cuenta del programa de reinserción.
El Gobierno reconoce las complejidades, las dificultades, pero
estamos con el mejor equipo humano tratando de acertar en ese proceso
tan exigente para nuestro país.
Y por supuesto, el tema del narcotráfico. Hoy completamos
633 órdenes de extradición en este Gobierno. Creo
que es una cifra que no tiene comparación en el mundo. Años
de fumigar 160 mil hectáreas. Hace dos años erradicamos
31 mil 200 hectáreas manualmente. Fue el primer año
que introducíamos la erradicación manual como una
herramienta esencial. El año pasado 43 mil hectáreas.
La meta inicial de este año era erradicar manualmente 50
mil. Vamos a hacer un esfuerzo a ver como podemos llegar a 70 mil.
La conclusión a la que hemos llegado es que para el presente
y futuro del país, es mucho más eficaz para eliminar
la droga en la etapa de producción, la erradicación
manual que la fumigación. En cuanto más podamos crecer
la erradicación manual, seremos más exitosos.
Allí tenemos dificultades en materia de cifras. Estados
Unidos dijo que tenemos 156 mil hectáreas. Naciones Unidas
dice que tenemos 79 mil. Estados Unidos dice que en las mediciones
iniciales ellos no incluyeron todo el territorio, y que esas cifras
escondieron mucha droga. Que esto lo han venido incluyendo progresivamente
y que han hecho extrapolaciones.
Naciones Unidas dice que en temas como las siembras de droga no
se puede extrapolar, porque puede haber una gran cantidad de matas
de droga en una región y en otras regiones cero matas de
droga. Naciones Unidas ha dicho que la última medición
que ellos acaban de reportar incluyó todo el territorio,
que la hicieron con todo el rigor metodológico y que aparecen
79 mil hectáreas.
Por lo que hemos venido viendo, cuando se inició el Plan
Colombia el país tenía más de 250 mil hectáreas
de droga. Lo que tenemos en cualquiera de las dos cifras es muy
alto todavía, pero es mucho menos de lo que llegó a
tener el país.
En esa materia hay algo bueno, que creo que es útil compartirlo,
dada la naturaleza en este foro. En la fortaleza que va teniendo
la economía colombiana, uno observa hoy debilitamiento de
la narcoeconomía. No quiero entrar a buscar sofisticadas
cifras. Quiero invitarlos a ustedes a una observación sobre
el panorama nacional en esa materia. El país está construyendo
este año cinco mil habitaciones hoteleras. En ninguna parte
hay quejas de inversiones de dineros del narcotráfico en
este desarrollo hotelero.
Una de las primeras acciones en aplicación de nuestra nueva
ley de confiscación, fue confiscar unos hoteles bellísimos
que recientemente se habían construido en el Eje Cafetero.
Había una gran presencia, una creciente presencia del narcotráfico
en ese sector. Vemos una gran recuperación de la construcción.
Yo pregunto en Cartagena donde hay esa cantidad de nuevos edificios,
aquí en Bogotá, en Medellín: ¿qué dineros
hay detrás de estas construcciones? La respuesta que me
da todo el mundo, gente muy seria, es: dinero transparente.
En las zonas rurales se ha frenado, pero notoriamente, la adquisición
de predios por parte del narcotráfico. La combinación
de las diferentes políticas y la aplicación muy rigurosa
de la política de confiscación, creo que eso es algo
bien bueno para el país.
Yo les diría hoy al Presidente de la CAF, tan buen amigo
de Colombia, y al Director de Latinfinance, que un elemento a destacar
en la evolución de la economía colombiana es que
esta economía muestra hoy mucho vigor y simultáneamente
un gran debilitamiento de la presencia del narcotráfico.
Y se expresa en todas las áreas de la vida nacional. Pienso
que ese es un elemento muy importante para destacar ante la comunidad
nacional e internacional.
Tenemos que continuar esta lucha por la seguridad democrática.
Eso se tiene que convertir en un valor de Estado. No puede ser,
a mi juicio, un objetivo de los tres años que le faltan
a este Gobierno. Eso tiene que ser un valor permanente del Estado
colombiano, de la democracia colombiana.
Y eso se convierte en un valor de la democracia colombiana, del
Estado colombiano, en la medida en que cada colombiano lo interiorice
y lo exija. Cualquiera sea el mandatario, el nivel de gobierno,
si cada ciudadano interioriza y exige la seguridad democrática,
finalmente terminará convertida en un valor de Estado. Casi
que en una premisa sociológica de la nación colombiana
y en un imperativo para todo el ejercicio de la vida pública.
Un segundo tema es el de la confianza inversionista, como objetivo
de gobierno. El Gobierno se preocupa más por la confianza
inversionista que por los resultados de crecimiento. Puede ser
que en un año el descubrimiento de un pozo de petróleo,
en otro la explotación de ese pozo, en un año el
precio del carbón, en otro el precio del café, produzcan
años de buen crecimiento de la economía. Pero producen
también muchas oscilaciones: un año bueno, otro año
malo.
Lo que en nuestro concepto tiene que generar un período
largo, un horizonte de futuro bien importante de altas tasas de
crecimiento, es consolidar en el país la confianza inversionista.
Por eso el gran esfuerzo del Gobierno es confianza inversionista.
A ello tienen que contribuir, primero, el papel que nosotros le
asignamos al estado de la inversión privada en nuestro modelo.
La circunstancia de que Colombia dice: no estatismo, todas las
garantías a la inversión privada, pero con responsabilidad
social. A esa confianza inversionista tienen que contribuir la
insistencia, el vigor oficial, la determinación en la política
de seguridad democrática, aceptando dificultades, aceptando
reveses, pero sin dejar debilitar la determinación para
que el país recupere plenamente la seguridad.
Al mundo hay que decirle: los resultados son importantes, pero
más importante que los resultados es la determinación
política. Porque con determinación política
convertiremos esa política en un valor de Estado, en un
axioma permanente que irá obteniendo el mejoramiento creciente
de sus resultados.
En la confianza inversionista, para nosotros ha sido muy importante
también la política fiscal financiera. Me parece
que lo que hemos hecho en materia tributaria está ayudando
en materia de inversión en Colombia.
En Colombia el Congreso, el Ejecutivo, la academia económica,
no eran muy amigos de utilizar la tributación para estimular
la inversión.
Este Gobierno, en concertación con los sectores de la producción
y de los servicios, estimó que es necesario utilizar la
herramienta contributiva para estimular la inversión.
Creo que los incentivos específicos, la deducción
general del 40 por ciento, están contribuyendo a hacer de
Colombia un país más atractivo en materia de inversión.
Fue muy difícil ese debate en el Consejo de Ministros,
en el Congreso de la República. Había el temor de
que eso no atraería inversión, de que era un factor
neutro en materia de atracción de inversión, de que
iba a producir una nefasta consecuencia en el recaudo. Ni lo uno
ni lo otro. Todas las encuestas empresariales han demostrado que
eso ha incidido bastante en el mejoramiento de los flujos de inversión.
La discusión de la reforma tributaria del año pasado
fue muy importante, porque puso de presente que el país
tenía dos lecturas sobre la materia. Una lectura en la academia
económica, en la política. Y otra lectura en los
sectores productivos.
Yo asistí en el proceso de discusión de esa reforma
a más de 30 foros con los sectores productivos. Todos cerraron
filas alrededor de no afectar la política de estímulos
a la inversión, que nuestro Gobierno venía introduciendo
desde el año 2003.
Creo que hemos consolidado una tributación muy importante
para la inversión. Y políticamente hay que destacar
esto: sobre eso hay dos aproximaciones. Una aproximación
que dice: rebájele tarifas a todo el mundo, que eso le incrementa
la inversión. La otra aproximación que dice: no insista
tanto en la reducción de tarifas, cree incentivos directos
a la inversión.
Cuando se introdujo en la administración Reagan, en los
Estados Unidos, la idea de la reducción general de tarifas
como factor de promoción de inversión, la respuesta
no fue muy positiva. Y además políticamente es un
elemento que suscita mucho debate.
En el discurso político, la reducción general de
tarifas da la oportunidad de que se diga que es un paso para permitir
que los sectores más pudientes apropien más utilidades,
que eso no garantiza más inversión, que no garantiza
más empleo.
Lo que nosotros hemos hecho es una modesta reducción de
tarifas, pero una profunda creación de incentivos. Incentivos
específicos a la industria turística. Al sector de
los biocombustibles y a los cultivos de tardío rendimiento,
relacionados, porque el país tiene un gran futuro en el
sector de los biocombustibles.
Y el incentivo general: la deducción del 40 por ciento
a toda inversión, que equivale a que cualquier inversión
productiva hoy en Colombia, con esa deducción del 40 por
ciento y dada la tendencia, lo que se ha definido en materia de
la tasa de renta, el Estado por cada 100 pesos de inversión
sale aportando 12,8.
Además tenemos la nueva ley para las zonas especiales de
producción, que sustituyó la ley de zonas francas.
Creo que es un gran paso que ha dado el país.
Un gran paso con la figura del monousuario. Ya los inversionistas
no tienen que irse a buscar los perímetros de las zonas
francas debidamente autorizadas. Pueden pedir que se les autorice
funcionar como zona franca especial en el lugar donde la empresa
opera.
Tienen que demostrar, además de otros requisitos conceptuales
que se cuantifican, una inversión no inferior a 26 millones
de dólares o la creación de 600 empleos.
En el caso de los biocombustibles, a lo cual le asignamos tanta
importancia, el país tiene atributos excepcionales para
ellos. Uno de esos atributos es el siguiente (y pediría
que lo miraran ustedes muy bien y nos ayudaran con la comunidad
inversionista): no en todas partes se pueden producir biocombustibles.
Por ejemplo, Estados Unidos no puede crecer la frontera agrícola.
Si ellos van a producir más etanol de maíz, tienen
que sacrificar áreas agrícolas para la alimentación,
para la seguridad alimentaria o para otros usos.
En América Latina uno ve bastante copada la frontera agrícola,
salvo que quisiéramos destruir la selva. Colombia tiene
43 millones de hectáreas de sabanas, con total aptitud para
producir biocombustibles, sin afectar la seguridad alimentaria
y sin tener que tumbar un metro cuadrado de selva, en un país
que por fortuna todavía tiene 578 mil kilómetros
de selva. Nosotros en el sector de los biocombustibles tenemos
todo el futuro.
Entonces esta ley de zonas francas permite, por ejemplo, para
esas empresas, que el requisito de empleo pueda ser el resultado
de sumar los empleos directos de la planta industrial, más
los empleos generados en los cultivos que habrán de alimentar
la planta industrial.
Y a esto se suma la ley que después de largos debates nos
aprobó el Congreso. La que autoriza al Gobierno a firmar
pactos de estabilidad con los inversionistas. Hay que decirle al
mundo que Colombia es un país cumplido en reglas de juego.
Contrariamente a lo que muchos opinan, cuando uno estudia la tradición
colombiana en esa materia, el país ha sido respetuoso de
las reglas de juego. Pero para que no quede la menor duda, se aprobó la
ley que nos autoriza a firmar los pactos de estabilidad con los
inversionistas.
El año pasado no se le dio aplicación, porque estábamos
en el estudio de la nueva reforma tributaria. Pero definido ya
el panorama tributario, aspiramos concluir este año una
gran cantidad de pactos con el sector inversionista.
ESTABILIDAD FISCAL FINANCIERA
Quiero hacer algunas referencias también al tema de la
estabilidad fiscal financiera. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero
hay que hacer esfuerzos adicionales.
El país tenía en agosto de 2002 un déficit
consolidado del 4,2. Terminó ese año con el 3,6.
Este año el déficit consolidado debe estar alrededor
del punto cinco, punto nueve.
El Gobierno Nacional Central ha sido de gran preocupación.
Empezamos con un déficit del seis tres, seis cinco. Pero
a eso hay que sumarle lo que nos pasó con las reservas del
Seguro Social. Después de que se había anticipado
muchísimo que esas reservas se iban a agotar, le correspondió el
agotamiento a este Gobierno. Eso nos implica hacerle un traslado
de recursos del presupuesto central al Seguro Social que vale 1,3
del PIB.
En esas condiciones nosotros tendríamos que referirnos
al punto de arranque del Gobierno, con un déficit del Gobierno
Nacional Central de alrededor del siete y medio. Este año
puede estar alrededor del tres y medio o tres siete. Estamos haciendo
un gran esfuerzo para reducirlo año tras año.
El país vio llegar un endeudamiento del sector público
del 48 – 50. Nosotros confiamos que terminemos este año
no más arriba del 25 – 28. Pero en todos esos frentes
queremos seguir haciendo grandes esfuerzos.
Quería referirme aquí a tres temas: qué está pasando
con el control de la evasión, qué se ha definido
en transferencias, y tema de la reforma administrativa.
Confío que las reformas que se han venido introduciendo
en la administración de impuestos de Colombia, le van a
permitir a los colombianos relacionarse con una administración
de impuestos totalmente transparente, menos caprichosa, más
amigable. Todo lo que es el programa Muisca, la ampliación
de la base de contribuyentes, el crecimiento de la sistematización
como conducto de relación entre los contribuyentes y la
administración de impuestos.
Nosotros empezamos con 400 mil contribuyentes de renta. En este
momento tenemos casi millón y medio. Y seguimos en el esfuerzo
de ampliar esa base. Creo que es un tema bien importante.
TRANSFERENCIAS
El tema de transferencias Es otra de las reformas constitucionales
que hemos logrado aprobar, en medio de un muy difícil debate
político. Diría que ha habido dos reformas constitucionales
en este Gobierno de impacto fiscal financiero que eran bien difíciles
de anticiparles su éxito, con un debate político
agrio, muy complicado.
Primero, la reforma constitucional de pensiones, que eliminó los
regímenes privilegiados, y ahora la reforma constitucional
de transferencias. Una cosa es hablar de esos números en
los auditorios calificados, y otra cosa es enfrentar el debate
político en todas las plazas públicas de la patria.
Año de elección de alcaldes y gobernadores, y el
cuento: “Uribe está acabando con la descentralización,
el Gobierno de Uribe está rompiendo el pacto constitucional
de 1991”. Etcétera. Ha sido un debate muy difícil
y nos toca ahora, especialmente entre esta fecha y las elecciones
de octubre, explicar en todo el país el alcance de la reforma.
Pienso que es una reforma que le da tranquilidad de largo plazo
al país. Equilibra el propósito de descentralización,
con el imperativo de la salud fiscal de la nación. Descentralización
sin quebrar a la Nación. Es bien importante.
Algunos dicen: se echó para atrás la descentralización.
Otros dicen: ¿por qué el aplazamiento hasta el año
2016? Y otros dicen: se rompió el pacto constitucional del
91.
Primero, no se echó para atrás la descentralización.
Se hace sostenible. Nada más riesgoso para la descentralización
que imponerle al Estado Central unos compromisos que no sean sostenibles.
El país ha tenido etapas de su historia en las cuales la
falta de sostenibilidad de los compromisos del ente central con
las regiones, ha obligado a echar para atrás totalmente
para atrás totalmente la descentralización. Aquí en
la medida que sea sostenible la norma, se garantiza la sostenibilidad
de la descentralización.
Y es un país muy descentralizado. Yo he hecho mi carrera
pública básicamente en la región. Alcaldes
y gobernadores de Colombia hoy pueden hacer casi todo lo que quieran.
Tiene limitación de recursos, que las tienen todos los niveles
del Estado, pero no limitación de competencias.
Y miren esta cifra: la República Federativa del Brasil,
como su nombre lo indica, federativa. Las regiones del Brasil gastan
el 30 por ciento del total del gasto del Estado. En Colombia gastan
más del 51. Eso indica el nivel de descentralización
de Colombia.
Y allí no incluimos lo que es el gasto extraordinario.
Por ejemplo, los Transmilenios. Los contabilizamos como inversión
extraordinaria. La Nación aporta el 70 por ciento. ¿Quién
ejecuta? Las regiones. Las políticas de vivienda: la Nación
aporta los subsidios y ejecutan las regiones. El mejoramiento de
vías municipales. La Nación aporta la partida presupuestal
y ejecutan los municipios. El país es un país bastante
descentralizado.
El segundo tema: el pacto constitucional del 91. He venido haciendo
una comparación, apreciados asistentes: los excesos de la
Constitución de 1863, la condenaron a tener corta vida.
Tuvo que llegar el señor Núñez en el 86 a
decir: la Constitución del 63 ha dejado de existir.
Me parece que para la solidez, para la larga vida, la larga vigencia
del pacto constitucional de 1991, lo más útil es
el ajuste que acabamos de introducir. Sin ese ajuste, se puede
crear una crisis en las finanzas nacionales y una reacción
tremenda en contra de la Constitución de 1991.
Así como los excesos de la Constitución de 1863
obligaron a que fuera borrada por la Constitución del 86,
los ajustes que le hemos hecho a la Constitución del 91,
le garantizan estabilidad en el largo plazo a la Constitución
del 91
Y el otro problema que ahí me han planteado: ¿por
qué el Gobierno propuso y el Congreso aprobó de que
solamente en el año 2016 se adopte la fórmula de
que las transferencias a las regiones crezcan en las mismas proporciones
en que crezcan los ingresos corrientes de la nación? Para
dar tiempo a que se vaya normalizando la curva del preocupante
tema de pensiones.
Porque tenemos en estos años que vienen una carga inmensa
de pensiones sobre el Gobierno Central. Y hay que esperar que esa
curva trate de horizontalizarse. Y aspiramos que ya tenga una relativa
tendencia horizontal en el año 2016, cuando el pacto legislativo
que acaba de aprobarse dispone que regresaremos o que se adoptará la
formula de que las transferencias a las regiones crezcan en la
misma proporción de los ingresos corrientes de la nación.
Y allí nos obliga a enviar una serie de mensajes. Les decía
a los profesores de la educación pública: las pensiones
de los profesores de la educación pública valen 37
billones. Una tercera parte del presupuesto de un año. Su
estudio actuarial. Y no se ha cerrado con todo el conjunto de profesores.
Y eso lo va a tener que asumir la Nación.
Las universidades públicas. En el acto legislativo de transferencias
que acabamos de apoyar, no se trató nada de las universidades
públicas, que tienen una norma constitucional aparte. Este
año la transferencia de la nación a las universidades
públicas vale un billón 800 mil millones. Crece año
tras año.
Y la responsabilidad para pagar las pensiones de las universidades
públicas recae finalmente en cabeza de la nación.
Porque cuando se dice que la nación va a pagar entre el
92 y el 98 por ciento, el resto lo pagarán las universidades,
pero su fuente de ingresos es la misma nación. Entonces
ahí tenemos unas responsabilidades inmensas.
A mí me preocupó muchísimo y me preocupa
muchísimo este debate, porque nos falta la aprobación
de la Corte Constitucional. Esto, como acto legislativo, tiene
que pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional. Y ya está a
consideración de la Corte Constitucional.
Y me preocupa mucho que sectores del liderazgo colombiano, que
han tenido mucha influencia sobre la marcha del país, sean
de la idea de que echamos para atrás la descentralización
o afectamos el pacto constitucional del 91. Y que estén
en contra de esta reforma de transferencias que tiene, además
de significado fiscal financiero, un gran significado político.
Qué difícil, para los congresistas que la aprobaron,
aprobarla en medio del bullicio, de los chiflidos, de los abajos
y de la descalificación que se hacía por parte de
los manifestantes desde de la Plaza de Bolívar. Creo que
es muy importante ponderar lo que ha hecho en Congreso de la República
y mis compañeros de Gobierno en esta materia.
REFORMA ADMINISTRATIVA
Y viene un tema que confío sea nuestro gran legado al saneamiento
de las finanzas del país, mucho más que el tema tributario:
es el tema de la Reforma Administrativa. A la fecha hemos reformado
más de 390 entidades del Estado. Nuestro propósito
es continuar esa reforma hasta el último día de gobierno.
Cuando se cuantifica lo que se ha dejado de perder, gracias a
esa reforma, esa reforma hasta hoy nos ha traído un ahorro
anual de un punto del PIB. Bastante significativo.
Piensen ustedes en la Telecom de hace cuatro años. Compárenla
con la Colombia Telecomunicaciones de hoy. O en cualquiera de los
casos de esas 390 instituciones reformadas.
¿Si no hubiéramos hecho la reforma de Telecom qué nos
habría pasado? El presupuesto nacional necesitaba transferirle
500 mil millones al año para pagar pensionados. Tenía
valor negativo y no contaba con un peso para inversión.
Hoy está al día con pensionados, al día con
la nómina activa. Tiene un valor positivo muy importante.
Tiene un gran crecimiento en materia de conexiones de Internet,
de banda ancha. Un presupuesto para los próximos tres y
medio año de inversión de 8 billones.
Nosotros creemos que hay que persistir en la reforma del Estado.
Viene ahora una etapa muy importante: acabamos de terminar el
primer proceso de capitalización de Isagén. Y a partir
del 27 de agosto entramos en el proceso de capitalización
de Ecopetrol. Y en las próximas semanas entramos en el proceso
de venta de unas electrificadoras regionales. Eso sí que
es difícil políticamente. Yo pido a los analistas
financieros mirar esto: el debate político.
Colombia no estuvo exenta de los radicalismos ideológicos
que ciertos grupos trajeron a América Latina. Aquí los
tenemos que enfrentar todos los días. Hace cinco años,
por razones ideológicas y políticas, parecía
imposible introducir una reforma pensional, una reforma laboral
en Ecopetrol. Se introdujo.
Hace un año, cuando anunciamos, al iniciar nuestro segundo
Gobierno, que la segunda reforma de Ecopetrol, después de
la pensional y laboral, sería la capitalización,
eso despertó cualquier clase, cualquier cantidad de oposición
ideológica. Y en medio de muchas dificultades el Congreso
lo aprobó y vamos para adelante. El 27 de agosto debe empezar
todo ese proceso de capitalización de Ecopetrol.
La reforma de Paz del Río. Anoche me contaba el Ministro
de Minas que buena parte de las inversiones en la capitalización
de Isagén, provienen de los trabajadores accionistas de
Paz del Río. Y esperamos que ellos lleven buena parte de
esos ahorros a la compra de acciones de Ecopetrol.
Paz del Río era otro fiasco. Valor negativo. Se le quería
trasladar al Estado colombiano la carga de los pensionados de Paz
del Río. ¿Qué hicimos? ¿En qué consistió la
reforma? Señores trabajadores, vamos a evolucionar del sindicalismo
político, tradicional de reivindicación, a un sindicalismo
de participación de vocación gerencial. Si vamos
a devolverle viabilidad a esta empresa, hay que desmontar prestaciones,
cargas laborales y cargas pensionales. Y le introducimos toda transparencia
al manejo: eliminación de la politiquería, nombramiento
de la junta directiva en un proceso de meritocracia, de la gerencia
en un proceso de meritocracia.
A todo eso nos ayudó el precio internacional del hierro,
del acero. Y ustedes conocen el proceso de venta de Paz del Río.
Después de que los trabajadores en este gobierno pasaron
del 9 al 46 por ciento de copropiedad. Vendieron unas acciones,
bajaron al 36, y acaban de venderle al inversionista brasilero.
Ayer estuve en Boyacá. La empresa está hoy realizando
inversiones a toda velocidad. El año pasado produjo 360
mil toneladas de metal. La están preparando para que en
un año produzca un millón de toneladas. Y se logró allí un
gran proceso con los trabajadores, que aspiramos que ahora se vinculen
a Ecopetrol.
A toda esta reforma del Estado le veo un valor, que generalmente
no se aprecia: lo que trae en materia de buen gobierno.
Estaba sentado, hace unos años, con el sindicato de Telecom,
discutiendo la reforma, y me decían: “Presidente,
es que no toda la culpa la tiene el sindicato. En Telecom pedíamos
pliegos de peticiones y los gerentes los aprobaban”. Se aplicaba
el principio de yo me salgo de este problema y el que viene atrás
que arrée. Los gobiernos mandaban allí a amigos a
completar la pensión de jubilación, a mejorarla.
Tienen razón. Hoy nadie pide un puesto en Telecom.
Yo converso con los congresistas y les digo: “Hombre, nunca
se les ocurrió volver a pedir un puesto en Telecom”.
Todavía me piden puestos en la junta directiva de Ecopetrol: “Hombre,
Presidente, ya que es tan difícil que nombren a un amigo
en una posición de Ecopetrol, por toda la meritocracia,
la carrera administrativa, ¿por qué no nos nombra
en la junta?”. Confío que con esta reforma a nadie
se le va a ocurrir eso.
La reforma del Estado tiene impactos muy positivos: ahorro fiscal,
creación de valor y buen gobierno en las empresas que se
reforman. Y por eso tenemos toda la fe en seguir con esa reforma.
Ya hemos reformado las clínicas del Seguro Social en Cartagena
y en Santa Marta. Ahora vienen Bogotá y Medellín.
Aspiramos reformarlas todas. Donde se enfrenta también una
presión ideológica en contra muy complicada.
Pienso que el país tiene que mirar con mucha atención
la reforma administrativa y exigirle al Gobierno que la cumpla.
Se nos ha pedido ahora más esfuerzo en materia de gasto
público. Sí, estamos haciendo un esfuerzo adicional.
Creo que va a ser de alrededor de billón y medio. Todo lo
que podamos recortar. Me preocupa en tres áreas: el tema
de seguridad democrática, el tema de infraestructura y el
tema de política social.
Yo no puedo llegar al Pacífico solamente con fumigaciones
y con erradicación manual. Nosotros tenemos que hacer la
nueva ciudadela de Buenaventura, para trasladar siquiera a 3.600 – 3.900
de las quince mil familias que viven en tugurios a viviendas decentes.
El país ve un gran obstáculo en materia de infraestructura
para darle sostenibilidad a las altas tasas de crecimiento. Nosotros
tenemos que financiar ahora todo el esquema de las dobles calzadas.
Por fortuna, la confianza en el país ha facilitado muy
buenas negociaciones con las sociedades portuarias. Se acaba de
concluir el proceso de renegociación con la Sociedad Portuaria
de Buenaventura, con la Sociedad Portuaria de Santa Marta, y va
muy adelante con la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Solamente
la Sociedad Portuaria de Buenaventura va a invertir 450 millones
de dólares. Y además se acaban de adjudicar otros
dos puertos en Buenaventura: el Puerto de Agua Dulce y el Puerto
al consorcio industrial.
Nosotros confiamos que en la medida en que la situación
fiscal financiera del país dé confianza, el aporte
estatal a las concesiones va ser menor. Entre mayor la financiación,
mejor la financiación, más largo el plazo, menor
la tasa de interés, por supuesto la contrapartida de presupuesto
público a las concesiones será menor. Pero necesariamente
estas concesiones requieren contrapartida.
Estamos esperando que el Tribunal de Cundinamarca nos apruebe
la conciliación con Commsa, la salida de Bogotá al
río Magdalena, para inmediatamente abrir la licitación.
Con un alcance progresivo de doble calzada hasta Santa Marta.
Eso exige, eso no se financia solamente con peajes, así el
cierre financiero de la concesión, así la financiación
de particulares, nos dé las mejores condiciones de plazo
y de tasas de interés. Allí se necesita una contrapartida
fiscal. Y tenemos que cumplir en la parte social.
Esos son tres temas en materia de gasto público, en los
cuales el Gobierno tiene todo el empeño de que ejecutemos
la totalidad de las partidas presupuestales.
Se nos ha dicho: “Bueno, para que haya una coordinación
entre la inversión, el crecimiento económico y empleo, ¿por
qué el Gobierno no propone desmontar los parafiscales al
Sena, a Bienestar y a Cajas de compensación?”.
Yo no creo que eso sea conveniente en la situación social
del país. Y estoy convencido de que no tiene factibilidad
política. No tiene factibilidad de opinión, no tiene
factibilidad en el Congreso.
Algunos de los que han propuesto el tema de desmontar esos nueve
puntos sobre los impuestos de nómina, han dicho: “Bueno,
pero que el presupuesto nacional sostenga a las Cajas de Compensación,
al Sena y a Bienestar”. Eso nos cuesta 6 billones al año.
No tenemos manera de asumir esa responsabilidad.
¿Qué hemos hecho? Yo creo que el Sena ha mejorado
muchísimo. Bienestar Familiar ha mejorado muchísimo.
En las Cajas de Compensación, desde hace algunos años,
gobiernos anteriores, tomaron la decisión de separar la
parte de mercadeo, de su giro de actividad privada, de la parte
del manejo de la parafiscalidad.
Quienes han propuesto desmontar esos parafiscales han dicho: “Que
el Gobierno desmonte esos parafiscales y que se derogue el 40 por
ciento a las inversiones”.
Primero, no hay equivalencia. El año entrante la deducción
por el ritmo de inversión de este año, la deducción
puede valer 2 billones 400. Y el pago de esos parafiscales puede
valer alrededor de 6 billones. Ahí nos quedaría un
hueco grande.
Segundo, creo que en una economía abierta finalmente el único
estímulo al empleo es el estímulo a la inversión.
A mí me parece muy difícil, en las actuales circunstancias
de la economía colombiana, que busca creciente inserción
en los mercados internacionales, entrar a diferenciar estímulos
al empleo de estímulos a la inversión.
En una economía cerrada uno puede tomar normas, adoptar
normas para estimular que haya ascensoristas, para que estimular
que no se sistematice el cobro de los tiquetes a los Transmilenios,
sino que haya una persona cobrando, etcétera.
En una economía abierta, uno lo que tiene que buscar es
empleos de buena calidad, empleos con afiliación a la seguridad
social, avanzar en la escalera tecnológica, etcétera.
Por eso creo que esos empleos provienen solamente de la inversión.
Estamos haciendo un gran esfuerzo por esas tasas de inversión.
Cuando el Gobierno empezó estaban entre el 12 y el 15, en
los primeros cuatro meses de este año se situaron en el
27. El año pasado en el 26. El sector privado ha pasado
una inversión del 6 y medio a una inversión del 19.
Creo que este año está alrededor del 20. Y lo importante
es hacer que eso sea sostenible.
Y hay que darle tiempo a esto. Es que apenas estamos completando
el tercer año de relativa alta tasa de inversión.
Ahora, sí se necesitan protecciones estacionales en materia
de parafiscales al empleo. A raíz de este problema de tasa
de cambio, al Estado colombiano le va a costar no menos de 600
mil millones el apoyo a sectores exportadores muy afectados. Y
estamos poniendo como condiciones para ese apoyo, una de ellas
que se garantice el pago de los parafiscales. Es una especie de
protección a la formalidad laboral.
Entonces creemos que en el largo plazo la política de inversiones,
de promoción de inversiones que tenemos, tiene que ser la
gran generadora de empleo. Y en el corto plazo, para proteger el
empleo frente a temas como el de la revaluación, hay que
hacer estos esfuerzos fiscales.
Han pedido también que el Gobierno venda ISA y que venda
ISAGEN. Hay que tener en cuenta que acabamos de hacer la venta
del 20 por ciento de ISAGEN. Al Gobierno le parece prudente esperar
un tiempo, evaluar qué pasa.
El Ministro de Minas me dice que es una cosa de observar con prudencia
en los próximos meses qué puede pasar. Pero hay que
tener en cuenta que estamos saliendo ahora con la venta de las
electrificadoras, que genera mucha oposición política
en las regiones. Los santandereanos, los norteasantandereanos,
en el Meta, en los departamentos donde las estamos vendiendo, dicen
todos: “¿Y por qué nos van a acabar nuestra
electrificadora, por qué no va a ser nuestra?”. Los
bayacenses. Qué difícil es remontar ese debate político
en las regiones para poder vender las electrificadoras. Viene la
capitalización de ECOPETROL.
Y en cuanto al tema de ISA. ISA tiene muy buen gobierno, es una
empresa mixta, veo con preocupación, y por eso así como
las puertas están abiertas para considerar lo de ISAGEN,
creo que en lo de ISA deberíamos preservarla como está.
Ella maneja actividades estratégicas, como el centro de
despacho. Algunos han dicho: se puede desvincular de ISA. Pero
es la gran transmisora de energía del país. Pienso
que eso es estratégico. Además tiene un patrimonio
por fuera de Colombia no inferior al que tiene en Colombia. Lo
ha construido en muy corto tiempo.
Su incursión en otros países, a ello ha ayudado
muchísimo que el Estado Colombiano sea socio. Y hago una
comparación con PETROBRAS. Lo he visto en Colombia. Cuando
aparece de socio el Estado brasileño en PETROBRAS, que era
originalmente toda del Estado, la abrieron a la participación
de los particulares, pero el Estado mantiene allí una muy
buena parte, eso le abre espacio a PETROBRAS en muchos países.
Como la circunstancia de que el Estado colombiano es socio de ISA,
le abre espacio a ISA en muchos países.
Por eso tengo mi reserva y he dicho: pensemos mejor en no vender
a ISA.
Hay otros temas, como el rebrote inflacionario, como la cifras
de ahora del 30 de junio fueron mejores. Esperemos que los meses
que vengan sean mejores. El Gobierno ha dicho que está bien
que se tomen medidas prudentes, pero que en materia de tasas de
interés lo que no podemos hacer es llegar a unas tasas prohibitivas
que nos frenen el crecimiento de la economía.
TRATADOS DE COMERCIO
En materia de acuerdos de comercio. Hicimos el acuerdo Comunidad
Andina – MERCOSUR, el acuerdo Colombia – Chile, estamos
negociando el acuerdo de inversiones Colombia –Perú,
para ir en materia de inversiones mucho más allá de
lo que es Comunidad Andina. Le hemos propuesto a Venezuela que
se reintegre a la Comunidad Andina con un capítulo especial,
que le dé a Venezuela alguna discrecionalidad para manejar
temas, que la legislación andina no sea una legislación
camisa de fuerza para Venezuela. Y además que le incluyamos
el capítulo social, para que todos nos sometamos a unos
objetivos muy rigurosos en materia de política y de metas
sociales.
Durante este año que nos corresponde la Presidencia de
la Comunidad Andina vamos a insistir en ese acuerdo con la hermana
República de Venezuela.
Además pudimos lanzar, ya hace dos semanas en Bolivia,
la negociación de la Comunidad Andina con la Unión
Europea, no fáciles, por los procesos constituyentes de
Bolivia y Ecuador, que en este momento se llevan a cabo.
En los próximos días esperamos firmar nuestro acuerdo
de comercio con tres países centroamericanos. Y el 17 de
julio, en la visita aquí del Primer Ministro Canadiense,
lanzaremos las negociaciones de Colombia con Canadá. Ojalá podamos
cumplir con esas negociaciones rápidamente.
Y aspiramos encontrar mecanismos para acuerdos de protección
recíproca de inversiones con China y con India. En esa materia
estamos en el tema del comercio internacional.
Uno se llena de admiración cuando ve un país como
Chile con 16 millones de habitantes que, gracias a 55 acuerdos
de comercio, tiene 3.500 millones de consumidores. A las dos de
la tarde tengo una nueva conferencia telefónica con la señora
Embajadora Susan Schwab, que es la representante comercial de Estados
Unidos sobre el tema del TLC.
El diálogo sobre el TLC es muy fácil. Hace cinco
años allá no había objeciones sobre el paramilitarismo
y aquí había 35 mil paramilitares. Hoy, que el paramilitarismo
está desmontado, hoy sí hay objeciones.
Entonces este Gobierno, más que entrar en esa materia en
el discurso ideológico, tiene que entrar es en el discurso
de los resultados. Aquí tenemos 43 mil desmovilizados, 32
mil de ellos paramilitares. La mayoría de los líderes
paramilitares están en la cárcel. Ralito fue una
zona de ubicación temporal en un proceso de desarme y de
desmovilización, y se convirtió en un camino, en
un embudo de las selvas colombianas y de las ciudades colombianas
hacia la cárcel de Itagüí.
Creo que sí, hay problemas, porque han reincidido unos
tres mil, vinculados a bandas criminales dedicadas al narcotráfico,
en algunos casos asociados con las Farc. Estamos enfrentándolos
con todo el rigor. Se han llevado a la cárcel de nuevo unos
mil, se les ha dado de baja a más de 400 y el propósito
nuestro es un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin
narcotráfico.
El tema de los líderes sindicales. Lo que no se puede perder
de vista, y doy esta cifra para que cada uno de ustedes nos ayude
a reproducirla: cuando este Gobierno empezó eso no era objeto
de conflicto internacional, asesinaban 256 al año. Desde
el primer día de Gobierno empezamos un proceso de protección
muy efectivo de los líderes sindicales. En el año
2005 asesinaron, de millón 200 mil sindicalistas que tiene
Colombia al sumar los maestros, asesinaron 25. Algo hay de 256
a 25.
El año pasado se recrudeció, subió a 60,
porque además del enfrentamiento histórico guerrillas – paramilitares,
se sumó el enfrentamiento ELN – Farc. Entonces los
señores de las Farc llegaban a un hospital de Arauca: “Ah,
este trabajador de un hospital es del ELN”, lo mataban. Los
señores del ELN a un campamento de obras públicas
de Arauca: “Ah, este trabajador es de las Farc”, lo
asesinaban.
Este año han muerto en Colombia asesinados cuatro sindicalistas:
uno del INPEC, la justicia ha dicho que por razones totalmente
diferentes a su actividad sindical; uno segundo murió el
tres de mayo en los Montes de María (Sucre), estaba armado,
pertenecía a un grupo de las Farc, fue dado de baja en un
combate con el Ejército, el levantamiento del cadáver
lo hizo el CTI, nadie (en un país abierto a la crítica,
a la observación internacional diariamente), nadie ha desvirtuado
lo que afirmó el CTI; el tercero fue muerto el Valledupar
hace dos sábados. Los asesinos, por circunstancias totalmente
personales, confesaron, están en la cárcel, han pedido
sentencia anticipada; el cuarto lo asesinaron la semana pasada,
era un trabajador de la Dirección de Transportes y Tránsito
de Zarzal, Valle del Cauca. Todavía no tenemos un informe
definitivo de la justicia sobre las causas de esa muerte.
El Gobierno colombiano desde el primer día, del siete de
agosto de 2002, se ha dedicado a proteger sindicalistas contra
el asesinato y empresarios contra el secuestro. Y a hacerle un
seguimiento muy riguroso a cada caso. Sí, se dice: pero
que hay impunidad. Sí, pero la hemos venido superando. ¿Cómo
no iba a haber impunidad en un país con 35 mil asesinatos?
Es que los países que se jactan de no tener impunidad, países
europeos con 60 millones de habitantes, 600 asesinatos al año.
Nosotros 43 millones de habitantes, 35 mil asesinatos al año.
Eso se ha reducido a la mitad, pero todavía es una tasa
muy alta.
Hemos hecho grandes esfuerzos contra la impunidad y ya empezamos
a producir resultados: primero la política de Seguridad
Democrática, que es disuasoria de los criminales; segundo,
el Sistema Penal Acusatorio; tercero, la oralidad.
Hemos hecho grandes esfuerzos presupuestales. Solamente el año
pasado tuvimos que agregarle a la Fiscalía General 70 millones
de dólares, para que pudiera financiar la aplicación
del Sistema Penal Acusatorio. Este año estamos protegiendo
a seis mil colombianos con protección individual. Eso nos
cuesta 76 mil millones de pesos, presupuesto nacional. Y de ellos,
1.500 son líderes sindicales. Ya tenemos las primeras 46
sentencias, que condenan a 79 personas por ser responsables de
asesinatos contra líderes sindicales.
¿Entonces qué les pedimos nosotros al mundo y al
sector del Congreso de los Estados Unidos? Sí, aquí tenemos
problemas muy graves, nosotros aceptamos lo que hace falta, nosotros
quisiéramos poder decirle al mundo: aquí hay cero
asesinatos de líderes sindicales. Pero tienen que aceptar
lo que hemos avanzado, y este es un esfuerzo con muchas dificultades.
Ahora, algunos dicen: ¿cómo no van a hacer el TLC
con Colombia, si Colombia es el único aliado sólido
que les queda en la región? Para nosotros ese no es argumento.
Otros dicen: es que Colombia tiene los mismos valores de libertad
de los Estados Unidos. Lo que se quiera. Para nosotros el argumento
es que Colombia es un aliado de Estados Unidos, pero un aliado
respetable. Como lo dije por allá hace dos semanas en Buenaventura:
este no es el caso de aquella dictadura centroamericana del que
en el Gobierno de Estados Unidos decían: ese Gobierno es
criminal, corrupto, y lo descalificaban con cualquier cantidad
y clase de peyorativos. Pero enseguida decía: pero lo tenemos
que aceptar, porque ese criminal es nuestro criminal. Y así sucesivamente.
Aquí hay un Estado y un Gobierno respetable.
Entonces necesitamos hacerle ver al Congreso de Estados Unidos
que estamos en la vía de superar estos problemas y que hemos
avanzado. Creo que haber reducido los secuestros en un semestre
de 1.700 a 100 es una gran victoria parcial, a pesar de lo que
falta. Y uno a un colombiano secuestrado y a su familia no le puede
decir, uno no le calma ese dolor, diciendo: no, es que redujimos
de 1.700 a 100. Cuando eso se siente en carne propia, eso es tan
duro como que hubiera millones de secuestrados. Pero en el conjunto
del país se demuestra que hay un gran esfuerzo. Nosotros
quisiéramos mostrar cero asesinatos de líderes sindicales,
pero algo va de 256 en un año, a 4 en un semestre. Y ahí vamos
superando la impunidad.
Queremos en toda parte invitar a los compatriotas. Y vengo a invitarlos
a ustedes y a Latinfinance y a la CAF a que nos ayuden a construir
confianza inversionista en Colombia.
Alguien que maneja muy bien la economía me decía:
si este país logra cuatro o cinco años de tasas de
inversión superiores al 25 por ciento, con un sector privado
que tenga una tasa no inferior al 20 por ciento, a este país
no lo para nadie.
Muchas gracias a todos”.
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