“NUESTROS
MUERTOS SIGUEN SECUESTRADOS”
- Al instalar las sesiones del Congreso, el
presidente Uribe denunció a las Farc y exigió la
entrega de los cadáveres de los 11 diputados vallecaucanos.
- Dijo que rechaza el despeje porque el país
estuvo despejado por décadas y por eso de él
se apropiaron los terroristas.
- Sostuvo que el acuerdo humanitario no puede
afectar la motivación de las Fuerzas Armadas ni la firmeza
del pueblo.
Bogotá, 20 jul. (SNE).- Los asesinos de los 11 diputados
se rehúsan a entregar los cadáveres porque saben
que mientras más los demoren, será más difícil
practicar el examen pericial que determine la modalidad del crimen.
Así lo denunció este viernes el presidente Álvaro
Uribe Vélez, al instalar las sesiones del Congreso de
la República. “Nuestros muertos siguen secuestrados”,
dijo.
Recordó que “el 18 de junio pasado el grupo criminal
de las Farc asesinó a los 11 diputados vallecaucanos,
fechó un comunicado el 23 y lo publicó el 28. Hoy
es 20 de julio y estos criminales aún no han entregado
los cadáveres”.
Desde el primer momento en que se supo del crimen, el Gobierno
pidió el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de la Organización
de Estados Americanos, OEA. Y además propuso una comisión
forense internacional que, con la Fiscalía, determine
la modalidad del asesinato.
“Los criminales extorsionan con la vida y con la muerte.
No devuelven los cadáveres porque saben que mientras más
los demoren más difícil será el examen pericial.
Estos terroristas son criminales y mentirosos. Nuestros muertos
siguen secuestrados”, señaló.
Indicó que a pesar del crimen de los diputados, el Gobierno
ha cumplido con la excarcelación de 150 presos y de Rodrigo
Granda, decisión que ha tenido el buen cuidado de garantizar
que no regresen al terrorismo y la buena fe de crear condiciones
para la libertad de los secuestrados.
“DECIMOS NO AL DESPEJE”
De acuerdo con el presidente Uribe, el Gobierno ha buscado el
acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados, con la salvedad
de no conceder zona de despeje y no liberar presos para que se
integren al asesinato y al secuestro.
Adujo que la negativa de conceder zonas de despeje obedece a
que el país estuvo despejado por décadas y por
eso de él se apropiaron los terroristas. Otra razón
es que el despeje permite eludir la acción de la fuerza
pública y somete a la población de los municipios
donde se practica este mecanismo.
“Decimos no al despeje porque el país estuvo despejado
por décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas.
El despeje permite eludir la Seguridad Democrática y somete
la población a los terroristas, quienes interpretan la
decisión como debilidad del Estado Democrático
que quieren destruir”,
Para el Jefe de Estado es claro que el despeje crea una “maraña
terrorista” difícil destruir, como se advierte actualmente
en el departamento del Caquetá.
RALITO NO HA SIDO DESPEJADO
Durante su discurso ante el Congreso, Uribe Vélez dijo
que otra cosa ha ocurrido en Ralito, que no ha sido zona de despeje
sino lugar de tránsito hacia la aplicación de la
justicia. Allí la fuerza pública hizo presencia
efectiva cuando se necesitó.
“Para que no haya confusión: Ralito no fue zona
de despeje. Fue lugar de desmovilización y desarme, de
tránsito hacia la justicia, con presencia de la fuerza
pública tantas veces como se requirió”, dijo.
¿QUÉ DEBE Y QUÉ NO DEBE SER EL
ACUERDO HUMANITARIO?
El Presidente consideró, además, que un acuerdo
humanitario debe ser para liberar a los secuestrados y no para
que se aprovechen los secuestradores, y se afecten la motivación
de la fuerza pública y la firmeza del pueblo.
“El acuerdo humanitario debe pensar en las víctimas
del secuestro no en los aprovechadores del despeje. El acuerdo
humanitario debe ser para liberar a los secuestrados y no para
desmotivar a la fuerza pública”, sostuvo.
Y agregó: “El acuerdo humanitario no puede afectar
la motivación de las Fuerzas Armadas ni la firmeza del
pueblo, pilares sobre los cuales reposa la esperanza de la victoria
final sobre el terrorismo”.
Señaló que “antes que promover esa solución
desde la comodidad de las capitales o el extranjero”, debe
considerarse la huella dejada por el despeje en los ciudadanos
del Caquetá o el temor de la comunidad de Pradera y Florida
por la posibilidad de que el despeje se imponga allí.
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