PALABRAS
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ,
EN LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DEL CONGRESO
Bogotá, 20 jul 2007 (SNE). Con las
siguientes palabras, el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró instaladas
las sesiones del Congreso de la República.
“Respetados Senadores y Representantes:
El 18 de junio el grupo criminal de las FARC asesinó a
11 diputados vallecaucanos, fechó un comunicado el 23 y
lo publicó el 28. Hoy es 20 de julio y estos criminales
aun no han entregado los cadáveres. Desde el primer momento
el Gobierno pidió el apoyo de la Cruz Roja Internacional
y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Además,
hemos propuesto una comisión forense internacional que con
la Fiscalía determine la modalidad del asesinato. Los criminales
extorsionan con la vida y con la muerte; no devuelven los cadáveres
porque saben que mientras más los demoren más difícil
será el examen pericial. Estos terroristas son criminales
y mentirosos. Nuestros muertos siguen secuestrados.
El Gobierno ha buscado el acuerdo humanitario con la salvedad
de no conceder zona de despeje y no liberar presos para que se
integren al asesinato y al secuestro. A pesar del crimen hemos
cumplido con la excarcelación de 150 presos y Rodrigo Granda,
decisión que ha tenido el buen cuidado de garantizar que
no regresen al terrorismo y la buena fe de crear condiciones para
la libertad de los secuestrados.
Decimos no al despeje porque el país estuvo despejado por
décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas.
El despeje permite eludir la Seguridad Democrática y somete
la población a los terroristas, quienes interpretan la decisión
como debilidad del Estado Democrático que quieren destruir.
La maraña terrorista que crea el despeje es difícil
de superar, como aun se advierte en el Caquetá.
Para que no haya confusión: Ralito no fue zona de despeje,
fue lugar de desmovilización y desarme, de tránsito
hacia la justicia, con presencia de la fuerza pública tantas
veces como se requirió.
Debe conocerse la huella del despeje en los ciudadanos del Caquetá,
o el temor por su posibilidad en los de Pradera y Florida, antes
que promover esa solución desde la comodidad de las capitales
o el extranjero.
El acuerdo humanitario debe pensar en las víctimas del
secuestro no en los aprovechadores del despeje.
El acuerdo humanitario debe ser para liberar a los secuestrados
no para desmotivar a la fuerza pública. Nuestras Fuerzas
Armadas no han sido golpistas pero han vivido períodos de
desmotivación, durante los cuales para nada sirven presupuestos,
helicópteros, aviones y otros apoyos.
Línea fundamental de nuestra acción es mantener
en alto el espíritu de lucha en nuestras Fuerzas Armadas.
Línea fundamental de nuestra acción es trasmitir
firmeza al pueblo para reclamar del pueblo firmeza.
El acuerdo humanitario no puede afectar la motivación de
las Fuerzas Armadas ni la firmeza del pueblo, pilares sobre los
cuales reposa la esperanza de la victoria final sobre el terrorismo.
Los objetivos del Gobierno
Son tres los objetivos principales del Gobierno: La Seguridad
Democrática, la confianza inversionista y la política
social. Están transitivamente unidos: la seguridad estimula
la inversión, y ésta, con responsabilidad social,
permite avanzar en la superación de la pobreza y en la construcción
de equidad. Mientras la seguridad y la inversión hacen sostenible
la política social, ésta legitima las dos anteriores.
Hemos ganado un gran valor en el pueblo colombiano: antes, el
discurso dirigente hizo creer que la Seguridad Democrática
y la política social eran excluyentes; hoy, el pueblo reclama
por igual más seguridad y más inversión social,
más policía, más educación, más
salud.
Las pruebas difíciles no impiden el avance de la Seguridad
Democrática. En los tres años que restan no la descuidaremos
un segundo. Aplicaremos con esmero la contribución de los
sectores más pudientes de la Nación, que el Congreso
aprobó en la reforma tributaria.
Confiamos que la Seguridad Democrática se adopte finalmente
como un valor de Estado, cimentado en la adhesión de la
conciencia popular.
Confianza inversionista
Hablamos más de confianza inversionista que de crecimiento
económico. El crecimiento puede darse un día por
el descubrimiento de un pozo petrolero o el aumento del precio
de un producto básico y al otro día puede no darse.
La confianza inversionista es lo único que permite un crecimiento
alto, sostenido en el largo plazo.
Buscamos la confianza inversionista con nuestro modelo de Estado
y Sociedad, la determinación de seguridad, la tributación,
las nuevas zonas francas, los contratos de estabilidad en las reglas
de juego y la salud fiscal de la Nación, elementos todos
vinculados a la magnífica agenda aprobada por el Congreso.
Para la confianza inversionista es muy importante que el país
tenga visión de largo plazo y estrategia de competitividad.
La Visión Colombia: Segundo Centenario, al año 2019
rige nuestro Plan Cuatrienal de Desarrollo. La agenda de competitividad
está ajustada al Plan y como la visión de largo plazo,
también ha sido construida en concertación democrática.
Reformamos el Estado pero no lo desmantelamos como se intentó en
América Latina en décadas recientes. Tampoco aceptamos
el estatismo como ahora se promueve. Nuestro Estado Comunitario
busca eficiencia y transparencia, da todas las garantías
a la inversión privada y exige responsabilidad social.
La responsabilidad social debe expresarse en tres áreas:
la transparencia en las relaciones entre la inversión y
el Estado, los contratos, concesiones, solución de disputas,
tributación; la solidaridad de la inversión con las
comunidades, que se niega, por ejemplo, cuando los habitantes de
una zona minera son afectados en su salud y bienestar, o el turismo
maltratado por la contaminación emanada de un puerto; y,
las relaciones laborales, que no pueden regirse por el capitalismo
salvaje ni por el odio de clases, sino por la fraternidad cristiana.
Una sociedad que opera en democracia y se rige por la ley genera
confianza. El debate constructivo, ávido de opciones que
superen contradicciones, también genera confianza. Por oposición,
el espíritu destructivo, la rencilla personal, el desespero
de poder que se manifiesta en arribismo social, causan desconfianza
y miseria.
Este Congreso ha tenido la acertada intuición de jugarse
a fondo con la herramienta tributaria como factor de atracción
de inversión.
Aquí no ha imperado la reducción de tarifas impositivas
para que los más pudientes apropien más utilidades.
En lugar de ello, Congreso y Gobierno hemos puesto en marcha los
estímulos a la inversión. Se premia a aquel que hace
el esfuerzo de crecer, no a quien se estanca.
Los estímulos específicos a biocombustibles, cultivos
de tardío rendimiento, turismo y ecoturismo, vivienda social,
la deducción general del 40% a nuevas inversiones y la tarifa
del 15% a zonas francas de empleo, no necesariamente vinculadas
a exportaciones, hacen parte del conjunto normativo de atracción
de inversión, aprobado por el Congreso.
Hace cinco años no producíamos un solo litro de
alcohol carburante, hoy destilamos 1.200.000 litros diarios más
50.000 de biodiesel. Hay gran entusiasmo y proyectos en marcha,
que contribuirán al empleo con calidad, a la lucha contra
el calentamiento global y a la reinvención de la agricultura.
Tenemos 43 millones de hectáreas en pastos y sabanas, que
nos permiten proyectarnos como una potencia en biocombustibles,
sin afectar la seguridad alimentaria y sin destruir un milímetro
cuadrado de selva.
Hemos fijado los plazos para que en 2012 los motores que se importen
o fabriquen en el país sean flexibles al uso de biocombustibles.
Con fechas intermedias aumentaremos las mezclas obligatorias para
que en ese año sean del 20% tanto en alcohol carburante
para la gasolina como en biodiesel para el diesel fósil.
Contamos con cinco mil nuevas habitaciones hoteleras en proceso
de construcción. Recibíamos 530.000 visitantes internacionales
por vía aérea, este año podremos llegar a
1.300.000.
Procuramos un capitalismo vigoroso, social, diferente del anacrónico
capitalismo de Estado o del desacreditado capitalismo de monopolios.
Buscamos que haya muchas grandes empresas y que prospere el emprendimiento
de millones de medianas y pequeñas empresas, como se deduce
de la orientación del crédito, de la ley Agro Ingreso
Seguro, de las medidas aduaneras para proteger pequeños
industriales y de la Banca de Oportunidades.
Recientemente la Organización Internacional Monitora de
Emprendimiento, certificó a Colombia como el segundo país
del mundo, en su nivel de ingreso, con mayor nuevo emprendimiento.
Sostener una tasa elevada de inversión debe conducirnos
a mejores niveles de empleo con afiliación a la seguridad
social, a mayores éxitos de emprendimiento y a superar pobreza
e inequidad.
Una economía abierta, que pretende dignificar el empleo,
no puede buscar soluciones laborales con carreteras que se construyan
con pico y pala.
No podemos pensar en ser competitivos con salarios de miseria
y desprotección en seguridad social. Tenemos que ser competitivos
con agregación de valor, ascenso en la escalera tecnológica,
esfuerzo de los trabajadores y más esfuerzo de propietarios,
que en lugar de vivir como rentistas deben aspirar al merecimiento
de gentes de labor y empresa.
En consecuencia, pensamos que los mejores estímulos al
empleo son los estímulos a la inversión con responsabilidad
social, introducidos por el Congreso, a cuyos resultados debemos
dar tiempo.
En consecuencia, no somos partidarios de desmontar los aportes
de nómina, a cargo de los empleadores, con destino al SENA,
a las cajas de compensación y al Instituto de Bienestar
Familiar. Al contrario, la unificación de la declaración
y pago de parafiscales y cotizaciones a la seguridad social, y
el proceso de hacerlo de modo electrónico, empiezan a mostrar
magníficos resultados en control de evasión.
Estas entidades cada día mejoran su labor, y de decidir
que dependan del presupuesto nacional, se marchitarían en
el tiempo.
La confianza inversionista con responsabilidad social es la fuente
de provisión de recursos para el logro de las metas de política
social.
En ausencia de confianza inversionista, la política social
se reduce a más demagogia y más pobreza. Con confianza
inversionista, la política social puede expandir prosperidad.
En los últimos cinco años la inversión como
porcentaje del PIB ha pasado del 12% al 15%, al 22%, al 26% y en
el primer trimestre del año al 27%. Solamente la inversión
privada ha saltado del 6.5% al 19% del PIB. La inversión
ha estado creciendo entre el 20% y el 31% por año.
En materia de confianza, Colombia está de moda para el
capital nacional e internacional. Sostengamos esa posibilidad y
veremos mejores aires sociales.
La salud fiscal de la Nación, su estabilidad, es requisito
para sostener la tendencia de confianza en Colombia. La mayor eficiencia
en el recaudo, la racionalidad en el gasto público y la
reforma administrativa son piezas claves de la estabilidad.
Hemos ampliado la base de contribuyentes de renta de menos de
400.000 a más de 1.400.000. Esperamos que en poco tiempo
la relación de la mayoría de los contribuyentes con
el Estado sea a través de Internet, más simple, más
rápida, transparente y con menor costo. El 90% del recaudo
proviene ya de declarantes virtuales. El recaudo ha superado el
crecimiento de la economía.
Año tras año nos hemos esforzado en la racionalidad
del gasto público. El nuevo recorte, para lo que resta de
la vigencia de este año, es de 1 billón 100 mil millones.
La carencia de infraestructura es obstáculo al ritmo de
crecimiento que quiere tomar nuestra economía. Hemos superado
casi todos los pleitos en que se encontraban concesiones y contratos
de diferente naturaleza. Estamos pendientes del fallo del Tribunal
de Cundinamarca sobre la transacción con el consorcio internacional
COMSA, que fuera adjudicatario de la carretera de Bogotá al
Río Magdalena. También de la necesidad de prestar
servicio en el Ferrocarril del Pacífico, cuya ferrovía
ha sido reconstruida en alto porcentaje.
El Plan 2.500, que se propone pavimentar 3.125 kilómetros
de carretera, a pesar de atrasos, dificultades, aumentos de precios
de materiales, ha acumulado ya un avance de 1.300 kilómetros.
Son 227 tramos en 167 contratos, con problemas en 17 contratos.
Es una mezcla entre vías que mejoran el acceso a cabeceras
municipales y a las zonas productivas.
Cuando me reúno con empresarios, me piden que de prelación
a vías de comercio exterior y no a accesos municipales.
Cuando me encuentro con alcaldes reclaman que necesitan más
vías municipales. Ambos reclamos tienen razón; es
la expresión de un país al que aun le falta mucha
infraestructura.
Nuestra decisión es concluir el Plan 2.500, cumplir al
Congreso el compromiso sobre las vías municipales con la
partida anual para cada municipio, ayudar con créditos a
los departamentos para que mejoren carreteras departamentales y
dedicar todos los esfuerzos nacionales a los corredores de competitividad
de comercio exterior. Sobre este concepto, estamos en la adjudicación
de tramos de dobles calzadas y en la preparación de otros.
Los acuerdos recientes sobre las concesiones portuarias traerán
cuantiosas nuevas inversiones. Solamente Buenaventura, con la Sociedad
Portuaria y los puertos de Agua Dulce y Consorcio Industrial, incrementará su
capacidad de 11 millones a más de 43 millones de toneladas
por año.
Confiamos que en poco tiempo empiece a verse la construcción
de la segunda línea en el Ferrocarril del Atlántico.
Adjudicamos la concesión del aeropuerto El Dorado, que
solamente en pasajeros le ampliará la capacidad de 8 a 16
millones por año.
La obligatoriedad de las audiencias públicas de contratación,
en todas las licitaciones con recursos del Estado, hace parte de
nuestro compromiso de transparencia, que se fortalece con la aprobación
de la nueva ley de contratación, la 1150 de 2007, sancionada
el pasado lunes. Ésta tapona la corrupción, evita
evadir la licitación a través de cooperativas o de
instituciones educativas; uso indebido que las desacreditaba. Generaliza
la selección objetiva aun en cuantías pequeñas.
Democratiza el acceso a la contratación pública al
prohibir el cobro de los pliegos de condiciones. Incorpora de modo
definitivo instancias de participación ciudadana, como la
discusión del prepliego y las audiencias públicas
de adjudicación. Participación de opinión
ciudadana, que en adición a los controles fiscales, administrativos,
judiciales y políticos, se convierte en medio efectivo de
transparencia y confianza popular.
Comprendo la angustia de ustedes, respetados Congresistas, por
las vías de todas las regiones. Sabemos además que
esta infraestructura tiene alta tasa de retorno, pero pedimos su
comprensión porque el cuidado fiscal obliga al Gobierno
a concentrar cualquier nuevo esfuerzo en las carreteras de comercio
exterior.
El mejor legado que este Gobierno aspira dejar para la estabilidad
fiscal de la Nación es la confianza inversionista y la reforma
administrativa.
Hemos reformado 390 entidades públicas y aspiramos continuar
en esa tarea hasta el último día de la administración.
Han sido suprimidos 38 mil cargos.
El ahorro entre la caja y la proyección de las pérdidas
evitadas asciende a un punto del PIB.
Empezamos en TELECOM, ahora al día con pensionados, con
valor patrimonial positivo y promisorio y capacidad de inversión
que no tenía. Con esta empresa y los demás operadores
de telecomunicaciones, avanza el desatraso en banda ancha e Internet,
así como en la primera administración lo obtuvimos
en telefonía móvil, que saltó de 4 millones
de usuarios a cerca de 30 millones.
Recientemente se concluyó la primera democratización
de ISAGEN. Hubo una demanda por compra de acciones cinco veces
superior a lo ofrecido en venta. Estamos en el análisis
de la propuesta de venderla, formulada por la Comisión de
Gasto Público, para prepagar deuda. Parece prudente esperar
el resultado de las ofertas públicas para que generadores
de energía, oficiales y privados, construyan nuevas plantas,
con la garantía del pago estatal por disponibilidad.
Hemos tenido exitosas experiencias con contratos sindicales y
participación de trabajadores. Debo resaltar Paz del Río,
antes dolor de cabeza, ahora una esperanza. Ya avanzan los nuevos
inversionistas en la tarea de incrementar, en poco tiempo, la producción
de hierro y acero de 360 mil toneladas por año a más
de un millón.
Trabajadores y pensionados de Paz del Río han invertido
en ISAGEN parte de los ingresos provenientes de la venta de sus
acciones. Confiamos que hagan otra inversión importante
en ECOPETROL.
Vemos con optimismo la capitalización de ECOPETROL. Este
Congreso la aprobó en franco desafío a viejos dogmas
ideológicos que la avivaban con el discurso y la deprimían
en la práctica. Tenemos la certeza del futuro brillante
de la empresa. Ha empezado a incursionar en biocombustibles.
Discrepamos de la idea de vender la participación estatal
en ISA. Hemos buscado socios pero no hemos desmantelado empresas
estatales estratégicas. Además de tener esta condición,
la participación estatal le abre camino en el terreno internacional,
donde ISA ya cuenta con un patrimonio igual al que registra en
Colombia. En similares casos, analistas nacionales e internacionales
afirman que para entidades mixtas como PETROBRAS de Brasil, la
participación estatal ha contribuido muy positivamente al
posicionamiento internacional.
Queremos en el Seguro Social y sus clínicas una solución
social eficiente y no un problema burocrático estatal. Confiamos
que la asociación con las cajas de compensación familiar
nos traiga esa solución social. Las primeras reformas en
las clínicas de Cartagena y Santa Marta, que respectivamente
han sido entregadas en administración a una comunidad religiosa
especializada en salud y a la Fundación Cardiovascular de
Bucaramanga, han generado gran alivio a los pacientes. Nuestro
empeño será la reforma de todas las clínicas
del Seguro Social.
La experiencia con buenos asociados, privados o sin ánimo
de lucro, en empresas estatales, ha sido exitosa en eficiencia
administrativa y se erige en talanquera que evita politiquería.
El Acto Legislativo de Transferencias ha sido esencial para garantizar
la descentralización sin afectar la salud fiscal de la Nación.
En buena hora el Congreso prefirió la responsabilidad con
el mediano y largo plazo que la crítica política
inmediata. El aumento de recursos para las regiones debe garantizar
las plenas coberturas de educación básica y salud,
la mejora en calidad y el progreso en saneamiento básico.
Colombia debe estar orgullosa de su nivel de descentralización.
Mientras en otros países latinoamericanos las regiones gastan
el 30% del total de los gastos del Estado, en nuestro país,
departamentos y municipios gastan el 51% del gasto estatal. Este
porcentaje no incluye los aportes extraordinarios que generalmente
se giran por el presupuesto nacional, como partidas para sistemas
de transporte masivo, vivienda social, complementos educativos,
de salud y agua potable, que ejecutan las autoridades regionales
y locales.
Durante nuestro Gobierno, departamentos y municipios, con excepciones,
han logrado superávit, descenso en el endeudamiento y considerable
aumento de recursos. En pesos constantes, los departamentos han
crecido ingresos en 13%, los municipios en 34% y Bogotá en
un 40%.
El Acto Legislativo de Transferencias da sostenibilidad a las
normas de descentralización de la Constitución de
1991.
Los excesos de la Constitución de 1863 precipitaron su
derogatoria. La Constitución de 1886 tuvo una vida centenaria
gracias a las enmiendas introducidas en momentos oportunos. Los
ajustes a la Constitución de 1991 consolidan su vigencia.
Frente a la revaluación que golpea sectores intensivos
en empleo, el equipo económico y el Banco Central han tomado
decisiones cuyos resultados están en observación.
El presupuesto nacional debe apoyar este año, con no menos
de medio billón, a los sectores afectados, con exigencias
como la de mantener al día los pagos laborales y parafiscales.
Constituye un apoyo empresarial dirigido a la protección
del empleo. Y estudiamos nuevas decisiones.
El Gobierno comparte la preocupación del Banco Central
por las señales inflacionarias. Sin embargo, el ajuste en
tasas de interés no debe llevarse a niveles que impidan
crecer con prudentes niveles de endeudamiento, como sucedió en
el pasado.
Debemos lograr una tasa de cambio estable y competitiva y preservar
una tasa de interés asequible en el largo plazo.
Además del recorte adicional de gasto público, nos
hemos comprometido a llegar a diciembre con la misma cantidad de
deuda de enero. Congelar el endeudamiento absoluto se traduce en
reducir el endeudamiento relativo en los mismos puntos del crecimiento
de la economía.
Hemos descendido de un déficit fiscal consolidado del 4.2%
del PIB en agosto de 2002, al actual cercano al 1% del PIB.
El déficit del Gobierno Nacional central ha disminuido
del 7.5% del PIB, que incluye los traslados al Instituto de los
Seguros Sociales para pagar pensiones, a una cifra entre el 3.5%
y el 4% del PIB en que deberá situarse este año.
De cada 100 pesos que producíamos debíamos 50, hoy
28 pesos.
Para endeudarnos teníamos que pagar 700 puntos por encima
de los bonos de los Estados Unidos, hoy 100 puntos.
Ha mejorado nuestro grado de inversión pero debemos hacer
el esfuerzo adicional para recuperarlo plenamente.
Política social
La confianza de inversión y el crecimiento de la economía,
son medios para el gran fin que es la superación de la pobreza
y la construcción de equidad.
Progresamos en el empeño de las plenas coberturas en educación
básica y salud. Los ajustes a la Ley 100 hacen posible ese
sueño en el Régimen Subsidiado de Salud.
Los planes departamentales de agua potable y saneamiento básico
son un instrumento ordenado y general, para todos los municipios,
que integran recursos de transferencias, regalías y complementos
nacionales para tan necesario presupuesto.
A finales de agosto completaremos 1.500.000 Familias en Acción,
familias pobres, desplazadas y de estrato uno, que reciben un subsidio
para garantizar la educación y alimentación de sus
hijos.
Con entusiasmo impulsamos la Banca de Oportunidades, que además
del Estado, ha obtenido la participación del sector privado,
comercial y de fundaciones. En nuestro primer Gobierno cumplimos
con la meta de 1.800.000 créditos a microempresarios. Nos
esforzamos con ahínco para cumplir con la nueva meta de
5.000.000 de créditos a igual número de familias
pobres de la Patria.
Entre agosto de 2006 y mayo de 2007, de la meta de 5.000.000 de
microcréditos para el cuatrienio, se desembolsaron 1.106.000
por valor de 3.4 billones de pesos. En el mismo período,
290.000 colombianos pobres recibieron por primera vez un crédito
institucional. Muchos de ellos eran deudores de la usura.
Depender de la usura es discriminación y exclusión
del ciudadano pobre, es anular su ánimo de emprendimiento.
Trasladar al crédito institucional a estos compatriotas,
es objetivo esencial de la Banca de Oportunidades.
En agosto de 2002 la cartera para los microempresarios valía
732.000 millones, en julio de 2006, 3.4 billones y en mayo de 2007,
5.14 billones.
En julio de 2002 la cartera de los microempresarios representaba
el 1.5% de la cartera financiera del país, en mayo de 2007
se situaba en el 5.2%. Es una evolución de evidente democracia
social.
Continuamos con la revolución del SENA y del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. El SENA, que ha multiplicado
por 4 el número de estudiantes y por 3 las horas de enseñanza,
gracias a los nuevos equipos de sistemas llegará a una cobertura
permanente de 1.200.000 estudiantes en ambiente virtual. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar tenía 6.121.000 usuarios
en agosto de 2002, ahora 10.230.000 que serán muchos más
y sumará también la responsabilidad en la aplicación
de la nueva ley de niñez.
El crecimiento de la vivienda social tendrá nuevos refuerzos
en Cali y Buenaventura con los dineros hallados en escondrijos
de narcotráfico.
Nos preocupa para los años venideros la disponibilidad
de terrenos de vivienda social en las grandes ciudades. El Gobierno
invita a los alcaldes a utilizar los incentivos tributarios para
adelantar programas de renovación urbana, que demuelan sectores
deprimidos, recuperen el espacio público y construyan vivienda
social en altura. Esta solución es mejor y menos costosa
que ampliar indefinidamente los perímetros urbanos, afectar
tierras como la Sabana de Bogotá, y pagar los costos de
extensión y operación de servicios públicos
y transporte. Se expedirá un decreto para premiar soluciones
de vivienda social en altura, que renueven urbanismo.
Hemos concebido y lanzado el programa JUNTOS, que pretende hacer
coincidir en 1.500.000 de familias de extrema pobreza las herramientas
de equidad a fin de reivindicar a esos compatriotas. Que el conjunto
de familias más pobres reciba el apoyo integral del Estado,
en lugar de la dispersión inocua de entregar a alguien un
crédito de Banca de Oportunidades, a otro ciudadano un subsidio
de vivienda, a los vecinos incluirlos en familias en acción
y a los de más allá apoyarlos con el Instituto de
Bienestar Familiar.
Estamos comprometidos con una política social estructural,
que rebase el asistencialismo y abra los senderos de movilidad
social, que son de la esencia de la democracia.
Nuestra política social, al incluir progresivamente amplios
sectores de compatriotas históricamente marginados, se constituye
además en factor de reactivación de la economía.
Familias en acción y los programas nutricionales de bienestar
familiar agregan millones de consumidores. El microcrédito
produce favorables efectos simultáneos en la demanda, la
oferta, el empleo y la estabilidad del ingreso de hogares.
Hemos procurado, con la oficina de atención y prevención
de desastres, adscrita al Ministerio del Interior, hacer presencia
puntual y eficaz en las zonas de la Patria afectadas por inundaciones
y catástrofes de la naturaleza. El costo ha exigido enormes
esfuerzos presupuestales en primeros auxilios, atención
médica, alimentación, albergues, subsidios de arrendamiento,
reparación de viviendas, apoyos a campesinos y agricultores.
Y obras de infraestructura en las estribaciones del Nevado del
Huila, o la Mojana, o el Bajo Magdalena o el Sinú. Hay avances
y tareas pendientes, pero procedemos con afecto y solidaridad.
Acuerdos Comerciales. El Obstáculo con los Estados
Unidos
Tenemos toda la determinación de impulsar los acuerdos
comerciales y de desmonte de la doble tributación, entre
países, para dar a los trabajadores más oportunidades
de empleo de calidad, con afiliación a la seguridad social,
y a emprendedores y empresarios el acceso a más fuentes
de provisión y a más consumidores.
Hicimos el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, suscribimos otro
con Chile, negociamos ahora con Perú el desmonte a las barreras
de inversión, en las próximas semanas firmaremos
con Guatemala, El Salvador y Honduras, ya empezamos el proceso
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.
Buscamos acuerdos de protección recíproca de inversiones
con China e India.
Nunca antes, en más de 50 años de relaciones entre
las dos naciones, un Primer Ministro de Canadá había
visitado oficialmente a Colombia. Y acompañados de Perú hemos
iniciado la negociación con ese país.
El Tratado firmado con los Estados Unidos, aprobado por este Congreso,
ha tenido una enmienda que lo mejora y cuya ratificación
respetuosamente solicitaremos de ustedes, Honorables Congresistas.
En el Congreso Norteamericano algunos alegan el fenómeno
paramilitar y de inseguridad de líderes sindicales como
motivos de estancamiento del proceso de aprobación de la
ley ratificatoria.
Nuestra argumentación es de hechos. Éste es el Gobierno
que ha combatido al paramilitarismo y que puede decir al mundo
que Colombia ha dejado atrás la tolerancia a grupos de justicia
privada, así su propósito fuera combatir a la guerrilla.
Era difícil imaginar hace cinco años que hoy la mayoría
de líderes paramilitares estén en la cárcel
y se hayan desmovilizado y desarmado 32.000 integrantes de esas
organizaciones y 10.000 guerrilleros. Una tarea llena de dificultades
y de fe en las instituciones.
Entonces se alega la parapolítica. La mayoría de
los hechos investigados se cometieron con anterioridad a este Gobierno.
La ley de Justicia y Paz y la Seguridad Democrática han
devuelto a los colombianos el coraje y la confianza para acudir
a la justicia. Gobierno y Congreso han apoyado la justicia.
El 30% de Colombia estuvo directamente bajo el poder real de guerrillas
y/o paramilitares. El cambio es evidente. No hemos ganado todavía
pero vamos ganando.
Colombia ha superado el paramilitarismo. Si por éste se
entiende la organización de grupos armados ilegales para
combatir la guerrilla, hoy no hay paramilitarismo porque el combate
a la guerrilla es ya, en la práctica, tarea exclusiva de
nuestra institucionalidad democrática. Si por paramilitarismo
se entiende la colusión delictiva de individuos de la fuerza
pública con estos grupos ilegales, hoy no hay paramilitarismo
porque esa mezcla, que nunca fue institucional, empieza a mostrar
signos categóricos de que ha dejado de existir.
Los paramilitares reincidentes, tres mil en número aproximado,
y aquellos que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, están
dedicados al narcotráfico, aliados o en competencia con
la guerrilla, y son perseguidos severamente por nuestras instituciones
armadas.
Hemos recobrado algo que nunca debimos haber perdido: el monopolio
estatal del uso de la fuerza para combatir el terrorismo guerrillero
y la determinación institucional para eliminar el paramilitarismo.
Si bien la Ley de Justicia y Paz marca un contraste con las anteriores
sobre la materia, al incorporar penas efectivas y no amnistías
o indultos, verdad y no olvido, reparación y protección
y no abandono a las víctimas, también es precedente
para las que habrán de aplicarse en el futuro en negociaciones
con la guerrilla.
La opinión calificada y la justicia deben dar un tratamiento
igual a guerrilla y paramilitares. Sus crímenes no admiten
tratamientos diferenciados ni en la ley ni en la negociación
de la paz. No puede ser que impere el ánimo benigno del
pasado en relación con la guerrilla y la cólera de
vindicta con paramilitares.
No basta con juzgar a políticos o a integrantes de la fuerza
pública por colusión con los paramilitares y eventualmente
por conciertos u omisiones frente a la guerrilla; el ojo de la
justicia, de los jueces de la historia y la política, debe
dirigirse a la voluntad que faltó en el Estado para combatir
estos flagelos terroristas. Esa ausencia de Estado, de decisión
de seguridad, hizo que los ciudadanos e instituciones de las regiones
se sintieran totalmente abandonados, a merced del crimen y sus
autores.
Se alega en el Congreso de Estados Unidos el asesinato de sindicalistas,
la desprotección y la impunidad.
Antes de nuestro Gobierno hubo años en los cuales asesinaron
256 personas entre sindicalistas y maestros.
Antes de nuestra elección, en el punto 27 del Manifiesto
Democrático, propusimos la protección eficaz de sindicalistas
y empresarios como expresión concreta del carácter
democrático de nuestro proyecto de seguridad. Y a esa tarea
nos hemos dedicado.
En el año 2005, en la tendencia de reducción, se
llegó a 25 casos de estos asesinatos. En 2006 el delito
recrudeció llegando a 60 casos, resultado que tuvo la influencia
del enfrentamiento entre las FARC y el ELN que se sumó al
tradicional entre guerrilla y paramilitares.
En 2007 han sido asesinados 6 miembros sindicales y 12 maestros.
Hacemos seguimiento detallado con la justicia a cada caso y ofrecemos
recompensa por la información. Referente a los sindicalistas,
las investigaciones, hasta ahora, arrojan que no hubo relación
del crimen con la actividad sindical.
Se ha hecho un enorme esfuerzo contra la impunidad en general:
el Sistema Penal Acusatorio, la oralidad, la reforma de los códigos,
las leyes de justicia recién aprobadas, las nuevas facultades
para fortalecer la Fiscalía, la coordinación con
la Organización Internacional del Trabajo. En los últimos
meses se han dictado 48 sentencias que han condenado 89 personas,
de las cuales 44 están en las cárceles, responsables
de crímenes contra sindicalistas.
No hemos ahorrado en materia de protección. Este año,
la protección individual de 6.000 personas, de ellas 1.500
afiliadas a sindicatos, cuesta alrededor de 76 mil millones de
pesos.
Salvo cualquier decisión en contrario de la justicia, que
acompañaré como es mi deber, y basado en la propia
observación durante un período largo de la vida colombiana,
afirmo que no son los empresarios quienes han asesinado a los trabajadores
ni éstos quienes han secuestrado a los empresarios.
Las guerrillas marxistas de hace cuatro y cinco décadas,
que crecían validas de la indulgencia y de la reverencia
política, introdujeron la combinación de las diferentes
formas de lucha; asesinaban y penetraban sectores del movimiento
sindical, secuestraban e infiltraban grupos políticos. Llegaron
los paramilitares, las igualaron en atrocidad. Éstos asesinaban
sindicalistas acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla
y ésta hacía lo mismo acusándolos de ser cómplices
del paramilitarismo. Y sobrevino lo reciente: el enfrentamiento
FARC y ELN ha causado la muerte de muchos afiliados a las organizaciones
sociales.
Es menos difícil la reconciliación cuando se construye
sobre la verdad y no sobre el rumor que sirve al sesgo, a la desorientación
y a la impunidad de los reales asesinos.
Hacemos el esfuerzo para algún día poder decir al
mundo que Colombia ha dejado de ser lugar de asesinato y secuestro
de sindicalistas y de empresarios. Hemos mejorado sin lograr aun
la meta plena.
Reconocemos ante la comunidad internacional todo cuanto falta
por hacer y obtener. Requerimos de la comunidad internacional que
se reconozca todo cuanto hemos logrado.
Pedimos a toda la comunidad internacional valorar que aquí libramos
una denodada lucha contra el terrorismo sin recortar las libertades,
al contrario, las hemos enaltecido en su eficacia. Antes asesinaban
hasta 15 periodistas en un año. Este año cero. Y
gracias a la Seguridad Democrática, los periodistas están
menos asediados por amenazas terroristas.
Aquí llegan críticos de toda procedencia, sin visa
y sin filtros. Solamente pedimos a ellos que reporten la verdad.
Primero se atacó al Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos porque era lesivo para nuestro pueblo y benéfico
para el imperialismo. Cuando los colombianos rechazaron el ataque,
los antiimperialistas de la víspera se trasladaron a los
Estados Unidos a pedir que no aprobaran el tratado con Colombia
por su Gobierno paramilitar.
Con paciencia y sinceridad seguiremos haciendo pedagogía,
reportando la verdad de los aciertos y también de las dificultades.
Solamente un interés debe prevalecer: el bienestar de los
colombianos.
Debemos informar a los colombianos, que como otro esfuerzo en
contra de la impunidad, acaba de ser expedida la Ley 1141 de 2007,
dirigida a reforzar la sanción de los delitos que afectan
la vida diaria de las personas, especialmente la violencia física
y sicológica que aflige a las familias y los abusos contra
menores, mediante la elevación de penas, la mayor severidad
con los reincidentes, la prohibición de excarcelarlos, que
desmoralizaba a la policía y desamparaba las víctimas.
Plan Colombia
Además de la negociación comercial, adelantamos
con los Estados Unidos las conversaciones sobre lo que sería
la nueva etapa del Plan Colombia contra las drogas ilícitas.
Creemos que debe darse menos presupuesto a las fumigaciones, que
sean apenas un recurso marginal, y mucho más soporte a la
erradicación manual, introducida en gran escala por nuestro
Gobierno y financiada básicamente con recursos propios,
erradicación manual que produce excelentes resultados. Abogamos
por ampliar el programa Familias Guardabosques, que ha dependido
de las finanzas nacionales, con notable éxito, como lo registra
Naciones Unidas.
Los esfuerzos contra las drogas ilícitas se observan en
el debilitamiento de la narco-economía. En todo el país
es evidente que el dinero honesto financia la recuperación
de la construcción, las nuevas factorías y hoteles.
En la ruralidad existe la percepción positiva de un creciente
freno en la adquisición de inmuebles por parte del narcotráfico.
Insistiremos en la norma que permita la sanción a la dosis
personal, convertida en camino de ingreso de niños a la
delincuencia. Incomprensible resulta la laxitud frente al consumo,
al constatar el elevado número de extradiciones, los esfuerzos
de erradicación y extinción de dominio y el sufrimiento
de los colombianos por el terrorismo, soportado en la droga ilícita.
Nicaragua
Hemos debido atender en la Corte Internacional de La Haya la demanda
sobre San Andrés presentada por Nicaragua. En concordancia
con el Pacto de Bogotá de 1948 y el retiro de jurisdicción
y competencia de la Corte, efectuado por la administración
presidencial anterior, hemos presentado el alegato de excepciones.
La defensa de la soberanía de la Patria, histórica,
pacífica e ininterrumpida, ha estado a cargo de un prestigioso
grupo de juristas. Ha tenido la coordinación de los ex cancilleres
y embajadores Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández
de Soto. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha
conocido en detalle cada uno de los pasos dados. Con prudencia,
la Cancillería ha informado el tema a representantes de
nuestras diferentes instituciones.
A voto limpio
Tenemos toda la voluntad para hacer de las elecciones de octubre
un certamen a la altura de nuestra Patria. Gracias a la Seguridad
Democrática, las elecciones de 2003, regionales y referendo,
marcaron un principio de no interferencia de grupos armados ilegales
en la democracia. En 2006 el avance fue contundente, salvo acciones
de las FARC en algunos departamentos.
Nuestra campaña A Voto Limpio busca comprometer el espíritu
democrático de la Nación, a candidatos y electores,
para rechazar y denunciar presiones de delincuentes, financiar
las campañas con austeridad y recursos de origen transparente
e impedir que la contratación pública se convierta
en botín de corrupción electoral.
Agradecimiento
Quiero agradecer al Congreso la magnífica agenda aprobada
en el primer año de su nuevo período. A cada uno
de ustedes, Honorables Congresistas, y a las mesas directivas encabezadas
por la Presidenta del Senado, Doctora Dilian Francisca Toro Torres
y el Presidente de la Cámara, Doctor Alfredo Ape Cuello
Baute, el reconocimiento por tan grande labor y positivo resultado.
Permítanme anexar a este informe el decreto expedido por
el Gobierno y copia de las palabras que leí en la Catedral
Primada, con ocasión de las exequias del Ex Presidente Alfonso
López Michelsen, a quien rindo tributo de combatiente de
la democracia.
Honorables Congresistas y compatriotas:
En buena hora hemos enfrentado las dificultades haciendo que la
institución del Congreso opere, produzca resultados, sin
aceptar invitaciones a constituyentes, derogatorias de la rama,
nuevas elecciones, que causarían más perturbación
y menos confianza.
La agenda legislativa aprobada ha obtenido más confianza
para nuestro país. Los colombianos debemos al Congreso ese
reconocimiento. La confianza genera progreso permanente, los saltos
al vacío, cuando menos, estancan.
Todos esperamos otra gran agenda legislativa.
Los secuestrados en vida siguen secuestrados en muerte.
Sabemos quienes son y conocemos a los criminales.
La firmeza del pueblo y del Gobierno es el único camino
de victoria.
Honorables senadores y representantes, compatriotas todos:
No conocimos el temor cuando el día era incierto. No conozcamos
la debilidad ni la vacilación ahora que el amanecer está cerca.
Declaro instalado el Congreso de la República y abiertas
sus sesiones para el período 2007 – 2008”.
|