PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE AL CONMEMORAR SEGUNDO AÑO DE LA LEY
DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, 25 jul (SNE). Las siguientes
son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante la conmemoración
del segundo año de la Ley de Justicia y Paz, en la Universidad
Santo Tomás en Bogotá.
“En primer lugar quiero ofrecer excusas por la ausencia
del Alto Comisionado hoy aquí. El doctor Luis Carlos Restrepo
debió viajar a los Estados Unidos porque un sobrino suyo,
que estaba vinculado a las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán,
fue muerto hace tres días. Esa es la razón de la
ausencia del doctor Luis Carlos Restrepo.
Voy a hacer algunas reflexiones sobre el proceso de esta Ley,
sobre sus dificultades presentes, y a tomar algunas preguntas que
ustedes quieran formular.
Como lo ha dicho el representante del Alto Comisionado, el doctor
Albarracín (Luis Alejandro), en la campaña que antecedió a
la elección presidencial de 2002 propuse a los colombianos
una política de Seguridad Democrática, cuyo componente
principal sería el rescate de la seguridad y que por supuesto
también ofrecía las puertas del diálogo con
la condición del cese de hostilidades.
Veamos otros antecedentes: la administración presidencial
que me antecedió traía una especie de inicios de
procesos con el Eln a través de Cuba, negociación
preliminar en la que persistimos, y con las Autodefensas, mal llamados
paramilitares, a través de la Iglesia Católica.
El Gobierno Nacional dijo, el nuevo Gobierno en 2002, que estaba
dispuesto a continuar ambos procesos con la condición del
cese de hostilidades.
La Iglesia Católica transmitió eso a las Autodefensas
y, como lo ha dicho el doctor Albarracín, la respuesta que
se dio unos meses después fue positiva, lo que dio lugar
a iniciar el proceso.
El Gobierno apreció que no obstante que ese cese de hostilidades
no fue inmediato, automático, que se seguía dando
violencia por parte de estos grupos, existía una voluntad
para cumplir con ese cese de hostilidades.
Otro antecedente importante de registrar es en qué estaba
el país. Cuatrocientos alcaldes amenazados, casi 300 sin
poder ejercer en sus municipios, en una especie de asilo nacional
en otras localidades.
Además un 30 por ciento de la población directamente
afectada por la presencia de grupos guerrilleros y/o paramilitares,
y el resto del país también con algún grado
de afectación.
Mientras en Bogotá, por ejemplo, las autoridades negaban
la presencia de las guerrillas, aquí las milicias Antonio
Nariño de las Farc cometían cualquier clase de atrocidades
contra la población, y se advertía un gran crecimiento
de los grupos paramilitares, con los mismos delitos, en áreas
como el barrio Restrepo.
Ya el doctor Albarracín ha explicado lo que el Gobierno
aprecia como la génesis de este fenómeno delictivo
de Autodefensas. La única anotación que en ese punto
le haría a su intervención, es que no fue una reacción
a la inseguridad local sino a la inseguridad local y nacional.
Recuerdo mis años en la universidad pública: el
crecimiento de las guerrillas marxistas, su apelación a
combinar todas las formas de lucha. Asesinaban y penetraban el
movimiento sindical, sectores de la política, sectores del
movimiento estudiantil, del movimiento obrero, sectores del periodismo.
Avanzaban en el secuestro, en la promoción de la lucha de
clases como medio político para derrotar el Estado democrático,
que llamaban el Estado burgués, y sustituirlo por la dictadura
del proletariado. Y la población simplemente vivía
entre la angustia, el dolor y el sentido de que nadie en el Estado
la defendía.
Un fenómeno creciente de violencia guerrillera y de desprotección
estatal a los ciudadanos.
Llega el paramilitarismo a competir con la guerrilla en crueldad
y en sus mismos métodos. Y llegamos al país de 2002,
donde, a mi juicio, el Estado había perdido en mucha parte
del territorio su poder efectivo, las instituciones estaban desaparecidas
en la realidad y ese fenómeno avanzaba hacia todo el territorio.
En 2002 me hice esta reflexión: en las facultades de derecho
de Europa se preguntaba después de la Segunda Guerra Mundial: ¿qué Estado
había sido Estado en la Francia ocupada por los alemanes?
Y después de mucha discusión, se llegó a la
conclusión que en esos años de ocupación había
persistido el Estado formal francés, pero el Estado real
había sido el Estado invasor, el Estado alemán, el
que tuvo en esos años de invasión la capacidad de
tomar decisiones y hacerlas cumplir por la fuerza.
Eso le pasó a Colombia en muchas regiones y le iba a pasar
en todo el país. Teníamos el Estado formal de la
Constitución y el Estado material y fáctico de los
grupos armados al margen de la ley.
Esa realidad no se aprecia fácil desde las oficinas de
las capitales. Otra cosa era vivirla en las regiones. Y me parece
que esa realidad hay que constatarla, hay que reconocerla para
todo lo que tiene que ver con la acción legislativa, las
políticas del Ejecutivo, las sentencias de la justicia.
Me parece que un antecedente determinante de este proceso de paz
fue la llegada de la política de Seguridad Democrática.
Por primera vez, Colombia inició una batalla estatal sostenida
contra la guerrilla, que en el pasado había tenido asomos,
vacilaciones y retrocesos. Y una batalla contra el paramilitarismo,
que no se había dado.
Antes de las 6:00 de la mañana del 8 de agosto de 2002,
aterricé en Valledupar para empezar a cumplir el compromiso
ofrecido a los colombianos de recuperar la movilidad de los ciudadanos
de bien por las carreteras de la Patria.
Encontré ese departamento entre la guerrilla y los paramilitares.
Ese día me hice una pregunta: ¿Entonces si hay tantos
paramilitares y su objetivo ha sido acabar la guerrilla, por qué hay
tanta guerrilla y con tanta capacidad?
La misma pregunta que me hice meses después cuando lanzábamos
la brigada móvil sobre el Cerro del Paramillo. Me pregunté: ¿si
en Tierralta y Valencia hay tantos paramilitares, por qué en
estas estribaciones de Paramillo, Río Verde, Santa Rita,
hay tanta guerrilla?
Daba la impresión de que se había repartido los
terrenos, de que unos dominaban en unas áreas y los otros
en otras, y quien desaparecía en su poder real era el Estado.
En la tarde del 8 de agosto (de 2002) acudí a Florencia
y allí encontré refugiados en la Gobernación
del Caquetá a todos los alcaldes de los municipios de ese
departamento, que se sentían incapaces de cumplir sus tareas
en sus respectivas localidades por las amenazas de los grupos terroristas.
Empezamos la política de Seguridad Democrática.
Y hay hechos que es muy importante tener en cuenta para entender
por qué se precipitaron también estos procesos de
desmovilización.
Que había voluntad de paz, pero no puede negarse que determinante
para esa voluntad de paz fue la voluntad gubernamental de la política
de Seguridad Democrática. Es el factor de presión
institucional que precipitó que se expresara esa voluntad,
que se precipitó la desmovilización.
El país no registraba antecedentes como éste: 1.700
de los mal llamados paramilitares dados de baja y gran cantidad
de ellos llevados a la cárcel. Una tarea que empezó en
la misma hora en que se inició el nuevo Gobierno.
Recuerdo la discusión pública con un alcalde muy
prestante del país. Decía que de ser él el
Presidente, primero se habría dedicado a desmontar las Farc
y después a los paramilitares.
En alguna oportunidad le comenté: no es el Presidente el
que escoge con quien negocia primero. Hay que analizar que se den
las condiciones. Y aquel que acepta negociar a partir del cese
de hostilidades, entonces está cumpliendo con una condición
que el Gobierno impone y el Gobierno debe entrar a negociar con él.
Y demás le dije, y quiero transmitirlo a ustedes: para
legitimar una lucha de años que tendrá que librar
el país para derrotar las guerrillas, el país no
puede tener más paramilitares.
Esa lucha contra las guerrillas es una lucha legítima.
Y la legitimidad garantizará la victoria, en la medida en
que sea una lucha exclusivamente de las instituciones democráticas,
sin la mezcla del paramilitarismo.
El doctor Albarracín se ha referido al proceso de la Ley.
Sobre esto quisiera hacer un comentario: es importante detenerse
en la diferencia entre lo aprobado por el Congreso y lo modulado
por la Corte Constitucional en materia de confesión y en
materia de entrega de bienes para reparación.
El Congreso dijo que se deberían confesar todos los crímenes.
Y también dijo (y el Gobierno estuvo de acuerdo), que si
llegaren a aparecer crímenes no confesados en contra de
la persona sometida a la ley, el juez podría concederle
el beneficio de la ley si la persona colaboraba con el esclarecimiento
de esa nueva imputación.
Me parece que ese es un punto de mucha seriedad en el texto final
aprobado por el Congreso.
En materia de reparación, la Corte Constitucional finalmente
moduló que la persona sometida tenía que entregar
los bienes de origen ilícito y responder también
para reparar a las víctimas con lo que pudiera ser su patrimonio
lícito.
El Gobierno apreció que lo que dijo inicialmente el Congreso,
que se aplicara el patrimonio lícito, finalmente no era
excluyente de la necesidad de tener que aportar el patrimonio “de
origen lícito” ¿Por qué? Porque en ese
momento consideramos que habría fuente jurídica para
cada una de estas obligaciones.
La nueva ley exigiendo la entrega del patrimonio lícito
y la ley ordinaria de Colombia exigiendo la concurrencia del patrimonio
lícito para poder reparar a una víctima. Una acción
a través de la ley de Justicia y Paz, y la otra a través
de la responsabilidad civil extra contractual.
Ralito. Ahora que se discute el acuerdo humanitario, acuerdo humanitario
que el Gobierno ha estado dispuesto a hacerlo sin zona de despeje
y sin entregar guerrilleros para que se reintegren al secuestro
y al asesinato; acuerdo humanitario que el Gobierno ha estado dispuesto
a hacerlo, como quiera que primero liberó 27 personas de
las Farc, ahora está completando el proceso de liberar 150.
Liberó a Rodrigo Granda.
No se ha suspendido la liberación de los 150, no obstante
el asesinato de los diputados por las Farc. Acuerdo humanitario
para el cual el Gobierno no ve problema en liberar guerrilleros
si nos liberan a los secuestrados, con la condición de que
esos guerrilleros no regresen al secuestro, al delito, al secuestro,
al asesinato, sino que se integren al proceso de paz, a la reinserción,
o se ubiquen en el extranjero con la responsabilidad de un Gobierno
de exigirles dentro del disfrute de la libertad el cumplimiento
de esa norma.
Ahora que se habla del acuerdo humanitario y que el Gobierno dice:
sin zona de despeje y sin el riesgo de que salgan guerrilleros
para volver a delinquir, aparece de nuevo el tema de Ralito.
Debo repetir ante mis compatriotas: Ralito no fue una zona de
despeje. Fue una zona de ubicación temporal en un proceso
de desmovilización y desarme. Es muy distinta una zona que
conduzca al reforzamiento del terrorismo, a una zona que conduzca
a su desmovilización y desarme.
Todos los sitios en los alrededores de Ralito, antes de nuestro
Gobierno estaban desprovistos de Fuerza Pública. Nuestro
Gobierno acantonó allí fuerza pública.
La justicia adelantó las diligencias que requirió en
Ralito. Y tantas veces como se requirió la presencia de
la Policía, por orden del Presidente de la República
la Policía entró a Ralito.
Alguna vez se denunció que el caso del secuestro del ex
senador Gnecco estaría ordenado desde Ralito. El Gobierno
Nacional dio un ultimátum y en pocas horas apareció libre
el senador Gnecco.
Cuando uno de los señores de Ralito fue vinculado por la
Fiscalía al proceso que investigaba el asesinato de un diputado
de Córdoba, el Presidente de la República dio la
orden a la Policía de entrar a capturarlo a Ralito.
En la historia de esta Ley es importante saber cuál fue
el propósito, el resultado y que pasó en Ralito.
Los sometidos a esta Ley han dicho que el Gobierno les incumplió en
materia carcelaria. En efecto, con el anterior ministro del Interior
y de Justicia, el doctor Sabas Pretelt, y el doctor Luis Carlos
Restrepo, en conversaciones con ellos, acepté que el proceso
podría llevar a que estos señores fueran ubicados
en sistemas carcelarios alternativos, como colonias agrícolas.
En efecto, el Gobierno aceptó eso y fueron conducidos al
sitio de Prosocial en La Ceja, Antioquia, que se habilitó como
cárcel, primero por orden del Presidente de la República.
La única responsabilidad política de esa decisión
es mía, apreciados compatriotas.
¿Por qué? Porque estábamos llegando a mediados
del año pasado, el proceso no avanzaba, en los diálogos
de los sometidos a la Ley, con el Gobierno, había todos
los días más confusión y más dilación.
Le decían al doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado,
que el Ministro del Interior les había prometido colonias
agrícolas. Y al Ministro del Interior le decían que
no podían entenderse con el Comisionado. Y mientras tanto
la opinión pública se sentía ofendida, con
fiestas de derroche, provocación y escándalos en
ciudades o con tomas de centros comerciales.
En ese momento observé que el proceso podía convertirse
en una recocha, que estaba perdiendo la seriedad, y por eso se
tomó la decisión de la ubicación en La Ceja.
¿Por qué más tarde de La Ceja a Itagüí?
El Gobierno no tenía pruebas de un plan de fuga, pero sí informaciones
serias de que en esas conversaciones en La Ceja se hablaba de fuga.
Porque además se sucedieron unos asesinatos en Medellín,
todavía no clarificados por la justicia (y el Gobierno está a
la espera de que la justicia tome decisiones sobre esos asesinatos),
que hacían temer que algo irregular y grave pudiera ocurrir
desde La Ceja.
Por esas razones, a manera precautelar, también bajo exclusiva
responsabilidad del Presidente de la República, tomé la
decisión de trasladarlos a la cárcel de Itagüí.
A principios de este año, pedí a ministro (del Interior
y Justicia) Carlos Holguín y al Alto Comisionado, doctor
Luis Carlos Restrepo, que se reanudara el diálogo. Que el
Gobierno acudiera en conjunto. No el Ministro por su lado y el
Comisionado por otro. Que en lo posible se tuviera la compañía
de la Fiscalía. Que no obstante las discrepancias, el malestar,
la decisión de llevarlos a Itagüí, era un proceso
de paz, proceso de paz que tenía ya alrededor de 33 mil
desmovilizados.
Y en estas sesiones de diálogo de este año, he pedido
al Ministro y al Comisionado que transmitan que si se cumple con
la ley, que la mejor prueba del cumplimiento con la ley debe ser
cuando los jueces de la República puedan producir una sentencia,
reconociendo a estos señores el beneficio de la ley, que
si esas circunstancias se dan, el Gobierno está dispuesto
a considerar las prisiones alternativas, como las colonias agrícolas.
Ha habido una queja, que la he escuchado en el extranjero especialmente:
que tiene comodidad en Itagüí, que tienen equipos de
comunicación, que tienen facilidades.
Cuando empezó este Gobierno, llegó un día
a la oficina el Comisionado, el doctor Restrepo, y me dijo: “Presidente,
el Eln pregunta qué va a pasar con sus equipos de comunicación?”.
Si este Gobierno entrará en el circuito de devolverlos,
quitarlos, devolverlos, quitarlos. Dije: “No, déjeles
todos los equipos de comunicación. Que tengan todas las
facilidades en la cárcel”.
También dije que se les dieran las facilidades a los paramilitares
en la cárcel de Itagüí. A mí me parece
que la disciplina carcelaria no se excluye con tener esas facilidades.
Y lo digo porque he escuchado algunas denuncias de personas y de
Ong’s, a las que les parece que eso es impunidad y que eso
atenta contra el proceso, contra el elemento de la justicia, contra
la seriedad.
¿Qué ha pasado en materia de hostilidades? Si bien
tuvimos unos meses muy tortuosos, en los cuales se reiteraba verbalmente
la voluntad del cese de hostilidades, pero eso no se expresaba
en la cesación de violencia en las regiones en donde actuaban,
lo que el país ha sentido es un gran alivio en materia de
cesación de la violencia paramilitar. Y creo que eso no
se puede desconocer.
¿Qué dificultades le veo hoy a la ley? La Fiscalía
se ha quejado de que todo lo que ha aparecido, la desborda. El
Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en materia presupuestal. Solamente
el año pasado, para que se pudiera atender la implementación
del sistema penal acusatorio, agregamos al presupuesto de la Fiscalía
70 millones de dólares.
Ahora se acaba de hacer un acuerdo con la Fiscalía para
que tengan 235 fiscales adicionales, 800 investigadores adicionales
y 75 mil millones más en el presupuesto de 2008. No fácil,
en un país que todavía tiene, a pesar del mejoramiento
de la salud fiscal de la Nación, un alto endeudamiento y
un alto déficit en el Gobierno Nacional Central. Atender
todo esto, desde el punto de vista fiscal, no es fácil,
dadas las limitaciones de la Nación.
Cuando en el día de hoy el Alto Consejero (para la Reintegración)
Frank Pearl les explique qué se está haciendo en
materia de reinserción, verán ustedes no solamente
la complejidad de ese proceso, que involucra a 43 mil personas,
sino también el costo fiscal.
El tema de la reparación. Comparto la angustia de muchos
colombianos que dicen: bueno, ¿y cuándo es que van
a entregar los bienes? Leyendo el texto legal, es claro que si
no los entregan, no pueden ser beneficiarios de la sentencia de
condena reducida.
En enero de este año le pedí al señor general Óscar
Naranjo, hoy Director de la Policía, que se aceleraran los
procesos de extinción de dominio sobre bienes de las personas
sometidas a la Ley de Justicia y paz. Y que si en marcha esos procesos,
ellos aceptaban no controvertir esos procesos, entregar esos bienes
como parte o cumplimiento de la obligación de la Ley de
Justicia y Paz de entregarlos para reparar a las víctimas,
que eso nos facilitaría y nos aceleraría el camino.
El Gobierno no solamente está a la expectativa de que los
sometidos a la ley cumplan con la obligación de la Ley de
Justicia y Paz de entregar sus bienes para reparar a las víctimas,
sino que desde el mes de enero dio la orden que se aceleraran los
procesos de extinción de dominio, porque creemos que no
son incompatibles.
La persona sometida a la Ley puede aceptar que los bienes que
están en proceso de extinción de dominio sí son
suyos, aceptar que los entrega para que se cumpla con el requisito
de la Ley.
Y ha aparecido el caso del testaferrato. A mí me parece
que la decisión de la Fiscalía de ofrecer el principio
de oportunidad a los testaferros es buena. Que necesita más
comunicación, más publicidad, más impulso.
Porque un factor de credibilidad para esta Ley es que empecemos
a saber definitivamente cuáles son los bienes con los cuales
se va a contar para poder reparar a las víctimas.
El tema de la reinserción. No fácil. Ahora que aprobábamos,
apreciados compatriotas, el acto legislativo de transferencias,
encontramos que el país tiene cerca de 800 municipios con
menos de 25 mil habitantes cada uno. Cuarenta y tres mil reinsertados
es tener dos municipios colombianos de este nivel, con la totalidad
de sus habitantes en reinserción.
La magnitud del problema que tenemos es muy grande. Cuando se
adelantaba en Irlanda del Norte el acuerdo del Viernes Santo de
1998, recuerdo que pregunté a personas muy involucradas
en ese proceso: ¿cuántos son los terroristas del
IRA? Me dijeron: la cuenta inicial da 118. En Colombia 60 mil,
sumados todos.
¿Cuántas muertes se han producido? Y me dijeron:
entre 1923 y 1998, 3.200 asesinatos. Ese año 98 el área
metropolitana y la ciudad de Medellín tuvieron cerca de
cinco mil.
El problema nuestro es de magnitudes mayores. Cuando se desmovilizó el
M-19, no se desmovilizaron más de 900 personas. Creo que
entregaron 270 armas. Si a eso se le suma el Epl y el Quintín
Lame, no se llega a cinco mil. Ahora llevamos 43 mil desmovilizados.
Revisaba esta mañana la cuenta de este año. Este
año estamos llegando casi a dos mil, la inmensa mayoría
de las Farc.
Solamente en esos 43 mil, los 10 mil guerrilleros suman mucho
más que todos los guerrilleros desmovilizados en los procesos
anteriores. Nosotros tenemos que entender que este es un proceso
muy complejo, pero, como decía el doctor (Sergio) Caramagna
(Jefe de la Misión de Apoyo de la OEA al proceso de paz),
muy útil para el país.
Y allá ha habido fracasos y dificultades. Hay, por ejemplo,
proyectos productivos que no han servido. Veo hoy muy bien orientado
el proceso con el doctor Frank Pearl. El Gobierno no puede desconocer
las dificultades. Las tiene que reconocer. Es un proceso muy complejo,
muy difícil.
Le veo otras dificultades al proceso. Las guerrillas. Los críticos
de esta Ley la han encontrado benigna para los paramilitares. Llegó a
decirse en el país y en el extranjero que era una Ley para
legalizar el paramilitarismo, una Ley de Impunidad. Qué difícil
enfrentar en tantos círculos esas hipótesis. Pero
también algunos de los críticos de esta Ley, algunos
de aquellos que la han encontrado benigna para el paramilitarismo,
la han encontrado muy fuerte para las guerrillas.
Y ahí vamos a tener un problema delicado en el futuro.
Porque el Eln dice que ellos no aceptan esta Ley, que ni un día
de cárcel, que amnistía e indulto para todo. Quieren,
como otros grupos guerrilleros, pasar del monte y la atrocidad
al Congreso y a la Presidencia de la República.
Y las Farc han sostenido la tesis de que ellos son un Estado y
no reconocen al Estado colombiano. Que, por ende, no son sujetos
pasivos de la legislación penal colombiana.
El país tiene que pensar cuál va a ser el marco
jurídico para que en el momento dado, que a él llegaremos,
con la persistencia de la Seguridad Democrática, a la guerrilla
no le va a quedar más camino que buscar la paz. Allá llegaremos.
Lo importante compatriotas es: persisitir en la Seguridad Democrática.
No creo que estos jefes paramilitares, con el dinero, la opulencia,
el poder de hace cinco años, estuvieran hoy en la cárcel
sometidos a la Ley de Justicia y Paz, si no hubiera llegado un
Gobierno con toda la decisión de enfrentarlos.
Lo mismo va a pasar con toda esa opulencia, esa arrogancia de
las guerrillas. La persistencia en la Seguridad Democrática,
en la medida en que el pueblo no ablande su voluntad en materia
de Seguridad Democrática, estaremos en el camino que hará ablandar
a los terroristas que persisten, para que se sometan a la ley.
¿A cuál ley? El país tiene que preparase
para tomar una decisión: si se hace el esfuerzo adicional
de aplicarles esta ley a todas las guerrillas sin excepción,
o si en un momento que avance un proceso de paz con las guerrillas,
se adopta una ley más benigna. Y prepararse porque, de adoptarse
este camino, van a invocar los paramilitares el principio de favorabilidad.
El Gobierno no puede esconder esas discusiones. El Gobierno tiene
el deber de ponerlas sobre la mesa.
Y por supuesto, tengo que referirme aquí al tema de la
extradición. Este Gobierno ha firmado 650 órdenes
de extradición. Eso no tiene antecedentes ni paralelo en
el mundo. Les hemos dado el beneficio de la suspensión del
envío a cinco o seis integrantes de las Autodefensas, por
su contribución a la desmovilización. Suspensión
del envío, sometido a unas condiciones muy rigurosas, que
de cumplirse inmediatamente se levantaría esa suspensión
y serían enviados.
Este Gobierno es todo lo que ha hecho en materia de extradición.
No la negoció en nivel legal, menos en el nivel constitucional.
Eso hay que tenerlo en cuenta, frente a las aspiraciones de las
guerrillas, especialmente de la Farc, totalmente involucrada en
el narcotráfico, y tantos de los frentes del Eln dedicados
al narcotráfico. ¿Cómo se va a manejar la
extradición?
El tema de las grabaciones. Una de las cosas que deploro es que
no hayamos cumplido una norma de este Gobierno. He pedido, desde
el principio del Gobierno: el Gobierno debe enterarse de fenómenos
de corrupción o ilegalidad al interior de la administración,
y denunciarlos.
Lo hemos hecho con superintendencias, lo hemos hecho con contratos,
lo hemos hecho con el Incoder, lo hemos hecho con Finagro, con
entidades del Estado. El Gobierno ha hecho las investigaciones
y le ha contado por iniciativa propia a la opinión pública
y a la ciudadanía.
En el caso de las grabaciones ilegales, el Gobierno se enteró por
la prensa. De haberlo conocido, se habría aplicado la misma
norma: decírselo a la opinión y denunciarlo ante
la justicia.
En el proceso electoral del año pasado, sin ningún
cálculo electoral, cuando yo era informado en una ocasión
o en otra de presuntas reuniones de aspirantes al Congreso con
paramilitares, inmediatamente lo denunciaba a la opinión
pública. Y personalmente, tantas veces como fui informado,
lo puse en conocimiento del Fiscal, sin ningún cálculo
electoral.
¿Qué ha pasado con las grabaciones? Porque algunos
me dicen: Bueno, ¿pero por qué si hay esas grabaciones,
no los han extraditado? ¿Por qué si hay esas grabaciones,
no les han quitado la elegibilidad para ser beneficiarios de la
Ley de Justicia y Paz?
Porque todavía no tenemos un informe de la Fiscalía
que nos diga: De las grabaciones son responsables de fulano, perano,
sutano. En ese momento el Gobierno diría: Si el responsable
ha sido beneficiario de una suspensión del envío
en extradición, en ese momento se levanta la suspensión
del envío y se hace efectivo el envío. Si el responsable
no está sometido a extradición, pero está esperando
los beneficios de la ley, en ese momento el Gobierno hará el
trámite para que se le quite la postulación a ser
elegible para los beneficios de la ley. El Gobierno espera allí solamente
la decisión de la justicia.
Ha habido otra preocupación: la protección de las
víctimas. La Policía me ha informado que tiene debidamente
judicializada a la persona que fue autora del asesinato de la señora
representante de víctimas en Montería. Y que se está adelantando
todo el proceso para capturarla. El Gobierno reitera hoy toda la
voluntad de protección a las víctimas.
Otro riesgo: la reincidencia. Aproximadamente han reincidido 3
mil. Esto lo mirábamos la semana pasada en una reunión
del Consejo de Seguridad, donde fue invitado el doctor Caramagna.
De 43 mil desmovilizados, una reincidencia de 3 mil no parece en
números porcentuales muy alta. Pero 3 mil criminales delinquiendo
son un peligro en cualquier parte.
El Gobierno ha mostrado toda la firmeza en perseguir con toda
la severidad a los reincidentes. De los reincidentes han sido dados
de baja alrededor de 500 y han sido llevados a la cárcel
más de mil.
Los fugitivos: el Gobierno ha tomado desde un principio la decisión
de perseguirlos con toda severidad. Y ya han sido capturados algunos
bien importantes, de aquellos que no se sometieron a la ley. Quiero
darle al país esa tranquilidad. Y obras son amores y no
buenas razones. Ahí están los hechos de los dados
de baja, de los llevados a la cárcel.
Aquí no vamos a dejar pelechar reincidente, ni bandas criminales,
ni águilas negras, ni águilas azules, ni águilas
blancas. Este es un proceso con toda la firmeza en la Seguridad
Democrática para recuperarle al país la institucionalidad.
Y viene otra preocupación, la más reciente: la sentencia
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, su Sala Penal, sobre
un caso en el que se pedía el beneficio de la sedición.
Voy a referirme al tema con toda la franqueza, pero con todo el
respeto. Primero, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso
de paz que compromete al Estado. Un proceso de paz que compromete
al Ejecutivo y al Congreso. Esa Ley fue ampliamente discutida en
el Congreso de la República. ¿Quién no intervino?
Allí también se escuchó a todos los órganos
de justicia y a amplios sectores de la opinión ciudadana.
Pasó por el tamiz de la Corte Constitucionalidad y fue modulada.
Eso compromete a todo el Estado.
Y un proceso que le ha traído el gran beneficio de disminución
sustancial de la violencia a todo el país, involucra a toda
la sociedad colombiana.
El Gobierno ha hecho todo lo posible, y lo hará, para que
se cumpla con el proceso. Pero también tiene que abrir el
diálogo con todas las instituciones del Estado para que
el proceso no fracase.
Entonces lo primero que debo decir es esto: si los sometidos a
la ley no cumplen con la ley, pierden sus beneficios. Nada ganan
con amenazar con la suspensión del proceso o con la suspensión
de sus versiones o con la suspensión de entrega de bienes.
Pierden los beneficios. Ellos tienen que cumplir y el Estado tiene
que cumplir.
El Estado tiene que cumplir. Y entonces ahí entra uno a
un tema bien difícil de tratar: ¿hasta dónde
la independencia de las instituciones que conforman el Estado permite
que haya contradicciones en la conducción de un proceso
que compromete a todo el Estado?
Entonces allí hay que pensar en que las instituciones que
conforman el Estado son independientes, pero están obligadas
a colaborar armónicamente en la búsqueda de los bienes
superiores del Estado. ¿Acaso este proceso no es un instrumento
en la búsqueda de los bienes superiores del Estado?
Y examinando la sedición, parto, divido el tema en dos:
el de las convicciones personales y el de la realidad colombiana.
En mis convicciones personales creo que en Colombia no hay conflicto
con estos grupos sino desafío del terrorismo a la democracia.
Otra cosa es la crisis social y de pobreza, que ellos contribuyeron
a agudizar.
Pero también he dicho que uno no puede anteponer las convicciones
personales a los intereses superiores de la Nación. Que
de darse un proceso de paz con el Eln, sacrifico mis convicciones
personales y en aras del proceso de paz reconozco el conflicto.
Así no esté de acuerdo con ese reconocimiento.
Particularmente no estoy de acuerdo con hablar de delito político
en Colombia. ¿Por qué? Porque en un país donde
no hay delito de opinión, en un país donde hay todo
el espacio para hacer salvedades de conciencia, en un país
que protege su democracia con toda determinación, nada justifica
que se actúe contra esa democracia por la vía armada.
Es que este proceso de paz también habrá que analizarlo
en el contexto de la Seguridad Democrática, de lo que significa
comparativamente con el resto de América Latina y del mundo.
La nuestra es democrática porque mientras otros países
conculcaron las libertades, maltrataron el disenso, anularon el
pluralismo so pretexto de restablecer la seguridad, aquí,
enfrentando un desafío narcoterrorista de estas proporciones,
lo que hemos hecho es fortalecer la eficacia de las libertades,
afianzar el pluralismo.
Lo digo con casos elementales. En este Gobierno, qué paradoja.
Muchos de mis principales críticos decían: “Uribe
fascista, Uribe paramilitar”. Y han regresado al país.
Vivían en el extranjero antes. Y ahora, gracias a la Seguridad
Democrática, viven en el país. Y eficazmente protegidos.
Aquí mataron a la UP. Dos errores: sectores de la UP que
aplicaron la combinación de todas las formas de lucha, que
creyeron que se podía estar simultáneamente en la
guerrilla y en la política. Un atropello también
de la guerrilla, que los instó a ellos. Y errores del Estado,
de no tener toda la voluntad para protegerlos eficazmente.
¿Qué le ha pasado a la oposición en este
Gobierno? Ha tenido toda la más efectiva protección.
Basta mirar las elecciones de Referendo de 2003. La comparación
de las elecciones de 2003, en materia de no interferencia de grupos
violentos con las elecciones de 2002. Y lo que pasó en las
elecciones de 2006.
El único que podría quejarse en las elecciones de
2006 es el Presidente, que aspiró a la reelección,
por las acciones de las Farc en algunos departamentos, que no fuimos
capaces de contener. Intimidaron a electores nuestros, exigiéndoles
que no podían votar por esta candidatura y que tenían
que votar por otras, que señalaron con nombre propio.
Aquí hay que resaltar una cosa muy importante: nosotros,
en esta lucha por el reestablecimiento de la seguridad, hemos profundizado
la democracia. Lo que marca un claro contraste con otros países
cercanos y en épocas cercanas, que en aras de restablecer
la seguridad sacrificaron la democracia. Y esa es una de las cosas
que me ha hecho reforzar la tesis, la convicción, de que
en Colombia no debería haber delito político.
Y cuando comparo las guerrillas que conocí en la universidad:
combinaban las formas de lucha, pero la mayoría de ellos
creían que el mundo iba a ser todo socialista. Que la ideología
de Mao Tse Tung sería eterna en su aplicación. La única
división que le veían al mundo era la división
entre la doctrina Ho Chi Minh, la de Unión Soviética,
la de Mao Tse Tung o la de la naciente revolución cubana.
Había ideales.
Esta de hoy es de narcotráfico básicamente. Entonces
eso reforzaría la tesis de que se ha perdido un elemento,
que es el elemento del ideal político, de la esencia para
tipificar el delito político.
Cuando visité el Cesar, en aquel 8 de agosto, o lanzamos
la Brigada Móvil en Paramillo, me dije: “¿Y
el ideal de los paramilitares no era pues acabar la guerrilla? ¿Y
por qué en lugar de acabarla tienen este terreno, aparentemente
repartido con la guerrilla? Y eso, en mi convicción personal
reforzaría la tesis de que no debe haber delito político.
Pero una cosa es la convicción personal y otra es el interés
superior del país.
¿Por qué se consagró la sedición en
la Ley de Justicia y Paz? Por varias razones. Una de ellas: yo
dije con toda claridad a mis compatriotas, en el proceso electoral
que condujo a las elecciones de 2002, que no podíamos seguir
estableciendo diferencias entre los delitos de la guerrilla, para
tratarlos con atenuantes, y los delitos de los paramilitares, para
tratarlos con agravantes. Que eran iguales. Que debíamos
darles el mismo tratamiento. Que si había razones para considerar
que los guerrilleros cometían delitos políticos,
las mismas razones habría que considerar para aceptar que
los paramilitares cometían delitos políticos. Que
si las razones eran para negar a los paramilitares el delito político,
también esas razones se deberían invocar para negar
a los guerrilleros el delito político.
Y encontré en ese proceso antecedente del 2002, de muchos
años de discusión en la academia y en la política
colombiana, sobre el delito político, la guerrilla y los
paramilitares, lo siguiente: no, es que la guerrilla sí comete
delito político, porque la guerrilla tiene una causa política
y una causa social. La guerrilla quiere mejorar el orden social
y quiere destruir el actual Estado. Es una actividad que se ejerce
en contra del ordenamiento jurídico vigente y en contra
del modelo económico y social vigente.
En cuanto a lo social, ¿qué fue lo que mostró el
resultado de 40 años de acción guerrillera? Querían
un país más justo y produjeron un país más
injusto. Querían un país sin pobreza y produjeron
más pobreza. Querían un país para todos y
produjeron que se desplazaran millones de colombianos al extranjero
y al interior del país. Incrementaron la injusticia que
decían combatir.
Un día recibimos en la universidad pública, en mis
años de estudiante, una comunicación de las Farc,
que decía que si Colombia aprobaba la democracia local,
la elección de gobernadores y de alcaldes directamente por
el pueblo, ellos inmediatamente cesarían sus actividades
violentas.
El país aprobó, dio esos dos pasos de ampliación
democrática, y los apologistas de la democracia local de
la víspera se convirtieron en los sicarios de la democracia
local, asesinando y amenazando alcaldes y gobernadores. ¿Cuál
es pues el resultado de su ideal social y democrático? Todo
lo contrario a lo que predicaron.
Entonces se dice que es que los paramilitares no están
en contra del orden social, no tienen el ideal que sí tiene
la guerrilla. Mientras la guerrilla está con un ideal, que
es ponerse en contra del orden social, el paramilitarismo carece
de él. Eso me parece bien equivocado. Puede ser que tan
ideal sea enfrentar el orden social vigente, como tan ideal sea
querer perpetuar el orden social vigente.
Y se afirma: lo que pasa es que la guerrilla esta en contra del
Estado y los paramilitares están para defenderlo. Pero ambos
lo violan y lo desconocen. Y aquí el elemento más
importante y de más peso, es el elemento de la transgresión
de la ley. Y la ley es transgredida tanto por aquel que se erige
enemigo del Estado, como por aquel que quiere defender al Estado.
Están igualitos. Están en la misma condición
de agresores, de violadores de la ley.
Y si uno juzga el delito no por la calidad del actor sino como
debe juzgarse, por el impacto en la víctima, ¿qué diferencia
hay entre la atrocidad del guerrillero y la atrocidad del paramilitar?
Yo no entendería, apreciados compatriotas, que sobre un
cadáver mutilado se pueda decir que el autor de ese crimen
es un guerrillero con ideales, y sobre otro cadáver mutilado
se pueda decir en contraste que en este caso no hay ideales, que
es simplemente, un delincuente, paramilitar, autor de una atrocidad.
En ambos casos se dan todos los agravantes, en ambos casos el impacto
sobre las víctimas tiene que negar cualquier atenuante,
en ambos casos no puede aparecer el reconocimiento de que hay ideal
en el delito.
Personalmente no he sido partidario de que Colombia siga con la
tesis del delito político. Pero me ha parecido un grave
error frente al dolor del pueblo colombiano, persistir en la idea
de que son diferentes los delitos de los guerrilleros de los delitos
de los paramilitares.
Algo deberíamos hacer en el Estado: aceptar que por el
dolor que producen en las víctimas, son delitos de idéntico
impacto.
Y aparece un problema práctico. Revisando cifras con la
Fiscalía, todavía hay 18 mil de los desmovilizados
a quienes no se les ha dado el beneficio de la cesación
de la acción penal.
Me pregunto qué vamos a hacer con ellos ante la sentencia
que se acaba de producir en la Corte Suprema de Justicia. Personalmente
he firmado indultos de guerrilleros, indultos de paramilitares.
Me pregunto: ¿qué puedo hacer de ahora en adelante
en el segundo caso, frente a la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia?
Le he pedido al Ministro Holguín y al Director Jurídico
de la Presidencia que invitemos a la Corte Suprema de Justicia
a tener un diálogo, de cara al país, sobre el tema.
Porque el proceso de paz es del Estado. No es un capricho del Presidente.
Y así como hay que obligar a los paramilitares a que cumplan
con el proceso de paz, el Estado también tiene que cumplir.
El fantasma es la parapolítica. Nada se puede proponer
y nada se puede discutir, porque lo que se quiere es beneficiar
a los parlamentarios que están presos. Primero hay que conocer
la realidad de los hechos. Antes de este Gobierno, la gente le
tenía miedo al testimonio. La Seguridad Democrática,
la Ley de Justicia y Paz han hecho que los colombianos le pierdan
miedo al testimonio.
Eso ha sido determinante para que aflore la verdad, para que se
conozca en los estrados judiciales lo que se decía en los
cocteles, pero no más allá de los cócteles.
Es que hace cinco años al único que se le decía
públicamente paramilitar era a mí, por razones políticas.
Y los que hoy sí se refieren con toda la dureza a los paramilitares,
en esa época les temían. Hablaban de ellos en cocteles.
Eso no hacía parte del discurso político. Hoy sí,
porque los colombianos han perdido el temor a referirse a los criminales,
gracias a la Seguridad Democrática y gracias a la Ley de
Justicia y Paz.
La mayoría de los hechos que hoy se investigan fueron cometidos
antes de este Gobierno. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.
Entonces el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, no
puede ser el Gobierno que deje de actuar por el fantasma, por la
prevención de que a cualquier iniciativa la van a responder
con la crítica de que quiere favorecer la parapolítica.
Porque es el Gobierno que ha estimulado y ha facilitado el testimonio,
que ha permitido detectar los casos de parapolítica, que
el país nunca permitió que se detectaran los casos
de colusión de las guerrillas con la política.
Creo que estamos obligados a buscar una ley y que la debemos presentar
en los próximos días. Esa ley debe buscar: o que
se aplique el delito de sedición para poder resolver el
problema de los 18 mil a quienes todavía no les ha cesado
la acción. O dar la posibilidad de que, sin calificar el
delito como político, también les cese la acción
y se les reconozcan todos los beneficios a que tienen derecho.
Eso lo necesita el país.
Ahora, recuerden que la ley es muy exigente en materia de conexidad.
Quiero recordar, para que nadie se asombre sobre esta propuesta
del Gobierno, algunos elementos de la Ley de Justicia y Paz.
Dice la Ley de Justicia y Paz: aquel que haya tenido como objetivo
principal el narcotráfico, no puede ser beneficiario de
esta ley. Esa ley niega la conexidad con el narcotráfico,
con el secuestro, con los delitos atroces.
Cuando se ha pedido, como hoy reclamo, que se les reconozca la
condición de sediciosos o que nos den la oportunidad legal
de tener otra figura jurídica para que prosiga la cesación
de la acción penal, es para aquellos que no tienen delito
distinto a aquel de haberse vinculado a esos grupos. No es para
el responsable del delito atroz. No es para el responsable de narcotráfico.
No es para el responsable del secuestro.
Y en el caso de la parapolítica, a mí me parece
bien importante que en esa ley se estudie que no se les aplique
a los servidores públicos, para que haya mayor claridad.
Y también que quede claro que la justicia en su sabiduría
dirá: este tenía un ideal sedicioso o un ideal de
favorecimiento electoral, que no es ideal.
Entonces aquí lo que queremos es salvar un proceso en el
cual se han desmovilizado 43 mil personas. Un proceso que le ha
traído inmensos beneficios al país, como lo decía
el doctor Caramagna y como se siente hoy en muchas regiones de
Colombia.
Y permítanme discrepar, con todo respeto, del concepto
de favorabilidad. El Gobierno estaba en un problema. Porque de
un lado veo la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley
de Justicia y Paz, y entonces encuentro que declaró inexequible
la sedición no por razones materiales o de fondo, sino por
trámite legislativo.
Y además dice que la sentencia no tiene efectos retroactivos.
Y cuando la sentencia no tiene efectos retroactivos, el Gobierno
cree que es pertinente la favorabilidad. Y además hay una
razón moral para invocarla: que la inexequibilidad no fue
por razones materiales o de fondo, sino por razones de trámite
legislativo. Y se niega.
Pero mientras eso se infiere de la sentencia de la Corte Constitucional,
sentencia general sobre la ley, en una sentencia sobre un caso
individual de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se infiere
que no hay sedición e interpreta que sí hay retroactividad.
Que hay que entender que el artículo nunca existió y
que no hay favoravilidad. Al Gobierno, responsable de la conducción
de este proceso, le queda muy difícil entre esas dos sentencias.
Pero como esto no es para provocar agriedades, sino para buscar
soluciones, propongo que estudiemos, para presentar en los próximos
días al Congreso, un proyecto de ley muy sencillo: o que
reviva la sedición excluyéndola para los servidores
públicos, o que nos dé la alternativa de otra figura
que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a
esos 18 mil a quienes no les han aparecido otros delitos, se les
pueda dar la figura de la cesación de la acción penal.
Esa es mi invitación.
Le he dicho al país, apreciados compatriotas, que hoy no
hay paramilitarismo. Y encuentro que esta es la mejor oportunidad
para repetirlo. Se entiende que el término “paramilitar” deriva
de la aparición de grupos criminales cuyo propósito
era combatir la guerrilla. Colombia ha recuperado hoy lo que nunca
debió perder: el monopolio del Estado para combatir a todos
los delincuentes. Hoy no hay delincuentes en Colombia combatiendo
a la guerrilla.
Ustedes recorren los sitios del país donde persiste la
guerrilla, y encuentran que la única institución
que combate hoy a la guerrilla es la institución armada
constitucional de la Nación.
Entonces me preguntan: ¿qué ha pasado con los paramilitares
que no se sometieron a la ley, con los reincidentes? Están
fugitivos, en el narcotráfico, en la extorsión, en
el secuestro, pero no están organizados ahora con el propósito
de combatir a la guerrilla. El país ha ganado muchísimo
en eso.
Siempre se trató de mancillar el honor de nuestras Fuerzas
Armadas cuando aparecieron casos individuales, que no institucionales,
de colusión de miembros de la Fuerzas Armadas con integrantes
de estos grupos delictivos. Hoy le da la impresión a uno
que las quejas de esas mezclas vitandas han desaparecido.
Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una
baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en
el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución
extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado
para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas
Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares.
Estas razones, la razón de que hoy solamente es el Estado
el que combate a la guerrilla, como se puede constatar en todas
las regiones de Colombia, de que el Estado combate con igual ardentía
a todos los otros grupos criminales, llámense ‘Águilas
Negras’, ‘ONG’ en Tumaco, en el Pacífico
Sur, estas razones para decir: en Colombia todavía tenemos
criminales, pero hemos dejado de tener el fenómeno paramilitar.
Reitero ante ustedes toda la voluntad del Gobierno para avanzar
hacia un país sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico,
sin corrupción. Toda la voluntad del Gobierno para introducirles
a estos procesos, complejos y difíciles, cuantos ajustes
haya que introducirles para mejorarlos. Pero no permitamos que
este proceso fracase, porque le ha traído un gran alivio
a la nación.
Si dos o tres de ustedes quieren formularme una pregunta, una
discrepancia, un comentario, con el mayor gusto los escucho”. |