PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN LANZAMIENTO DEL LIBRO SOBRE EL TLC, DE
JORGE RAMÍREZ OCAMPO
Bogotá, 26 jul (SNE). Las siguientes
son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante el lanzamiento
del libro “¿No TLC? – El impacto del Tratado
en la economía colombiana”, de Jorge Ramírez
Ocampo, desde la Universidad de los Andes en Bogotá.
“Acudo a felicitar al doctor Jorge Ramírez Ocampo
por esta magnífica contribución al proceso de la
economía colombiana de nuestros días. Durante toda
la etapa de concepción del TLC por este Gobierno, la siguiente
de convencer a los Estados Unidos para que empezáramos negociaciones,
la siguiente de los largos meses de negociación, y lo que
ha sido ahora el difícil tema de la ratificación
en los Congresos, hemos tenido la compañía, las luces,
el consejo del doctor Jorge Ramírez. Y de qué manera.
En nombre de mis compañeros de gobierno, quiero expresar
a él toda nuestra gratitud.
El libro y el tema, la agitación del tema que en buena
hora hace el libro, pone de presente la necesidad de que una economía
como la colombiana, por lo que produce, por lo que puede ofrecer
en el presente, por lo que se vislumbra en su canasta productiva
hacia el futuro, necesita incursionar en los mercados internacionales
y requiere estos tratados.
Alguna vez, en una discusión con el presidente Chávez,
le decía amistosamente: bueno, pero ustedes tienen aquí en
Venezuela petróleo, que todo el mundo se los arrebata. La
canasta productiva de Colombia es una canasta que tiene que salir
a competir con muchos países, con muchas dificultades, y
que requiere estos acuerdos de comercio. Creo que la diferencia
de lo que se produce en países como Bolivia o como Venezuela
y lo que se produce en Colombia, empieza a marcar la diferencia,
que puede ser determinante, de las actitudes políticas y
de la actitud política nuestra en busca de estos tratados.
En este gobierno, antes de este tratado (y lo digo porque tiene
impacto en el examen constitucional, y aquí está el
ex presidente de la Corte Constitucional, el doctor Montealegre),
nosotros promovimos el tratado entre la comunidad andina y Mercosur.
Se hizo. Está perfeccionado. Hace cinco años estaba
totalmente descartado de la agenda. Había mucha oposición.
Y se logró. Creo que ahí mostramos toda nuestra vocación
de cumplir con el mandato constitucional de darle esta prelación
a América Latina, a América del Sur.
No fue fácil el proceso con los Estados Unidos. Colombia
había negociado un tratado con los Estados Unidos en la
administración del presidente López Pumarejo, visionariamente.
Y las dificultades de la Guerra impidieron la aplicación
de ese tratado. Posteriormente, carteras ministeriales aisladas
de algunos gobiernos trataron de hacer lo mismo, pero no se convirtió en
ese momento en política de gobierno.
El primer esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer fue para que
todo nuestro gobierno lo asumiera como política esencial
en el plan de gobierno. Que no fuera solamente la cartera de Hacienda,
la cartera de Comercio, sino que fuera una política de todo
el gobierno.
Después no fue fácil convencer a los Estados Unidos
de que debíamos negociarlo. Primero, propusieron la objeción
de que ellos estaban buscando era el Alca, el Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas. Que no podían denunciar
al Alca e insistir en la vía de los acuerdos bilaterales.
Insistimos en nuestra tesis de que dadas las dificultades políticas
del Alca, las complejidades de la región, podía ser
menos difícil llegar a la integración del continente
vía acuerdos bilaterales, que seguir esperando que las condiciones
políticas permitieran el Alca.
Además les expresamos reiteradamente cómo las mismas
características, peculiaridades, de cada una de las economías
de la región, generaban prioridades diferentes. Cuando uno
compara el comercio de Brasil con China, la participación
de las exportaciones de Brasil en el mercado de Estados Unidos,
con Colombia, en esos mismos aspectos, encuentra que Brasil tiene
menos urgencia de un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos, de lo que tiene Colombia. Basta hacer esas dos comparaciones.
Vino el entonces director de Comercio de los Estados Unidos, el
señor (Robert) Zoellick, y con muchas dudas nos preguntó si
estábamos listos para negociarlo. Y recuerdo cuando dijo: “¿Y
si ponemos todo en la mesa?”. Y nosotros teníamos
vacilaciones, pero finalmente resultó que le da más
dificultades a los Estados Unidos ponerlo todo sobre la mesa, que
a nosotros mismos. Creo que ese es un buen punto para resaltarlo
en la historia de este tratado.
Me parece que fue ayer que estábamos en esa reunión
con usted, ministro Botero, cuando se dio esa discusión
con el Director de Comercio de los Estados Unidos.
En las semanas que vienen vamos a firmar el tratado con tres países
centroamericanos. Con Honduras, con el Salvador y con Guatemala.
Otro paso muy importante, porque nos parece que no es lógico
que mientras ellos han suscrito con los Estados Unidos el Cafta
y nosotros estamos empeñados en la ratificación de
los Congresos de este tratado, nos demos la espalda entre Centroamérica,
Colombia y los demás países andinos. Creo que es
un buen paso la firma de este tratado. Creo que es ahora en la
primera semana de agosto.
Insistimos mucho en lanzar las negociaciones con Canadá.
Y eso se ha concretado con el Primer Ministro Harper. Después
de más de 50 años de las relaciones entre Colombia
y Canadá, por primera vez hemos tenido la visita del Primer
Ministro canadiense, con toda la voluntad, para adelantar esta
negociación. Confiamos hacerla rápidamente. Los procesos
de negociación enseñan. Ojalá esta la podamos
hacer más rápidamente. Y tenemos mucha fe de que
eso ayude a abrir otros caminos.
Después de sortear muchas dificultades con países
en manos de la Comunidad Andina, logramos lanzar las negociaciones
con la Unión Europea. Ojalá también podamos
sacar esas negociaciones rápidamente.
Anoto que en la negociación con Canadá, los únicos
dos países andinos que estamos participando somos Perú y
Colombia. Los otros dos hermanos andinos no están en la
negociación con Canadá.
Hemos empezado en este Gobierno los tratados de protección
de inversiones y de desmonte de la doble tributación con
algunos países. Queremos llegar a un tratado de protección
reciproca de inversiones con China. Ya se le ha planteado al Gobierno
chino.
Y estamos ahora iniciando con el Gobierno hindú, porque
también consideramos de gran importancia para nuestro país
tener el tratado de protección recíproca de inversiones
con la India.
Me parece que además la participación de los laboratorios
de medicamentos hindúes en el mercado internacional, la
proximidad de la llegada de sus productos a Colombia, puede despejar
muchas dudas al entrar un nuevo actor en la oferta, sobre lo que
estos tratados pueden influir en el aumento de los precios de los
medicamentos. Solamente en el aspecto de medicamentos encontramos
un gran atractivo para avanzar en ese proceso con la India.
Para toda esta política nuestra de buscarles a los colombianos
mercados, para que haya más oportunidades de empleo con
afiliación a la seguridad social, de empleo de calidad,
es muy oportuno el libro del doctor Ramírez Ocampo.
Y uno hace una comparación: Chile tiene 16 millones de
habitantes. Cuando se suman los habitantes de los países
con los cuales Chile tiene tratados de comercio, podría
uno decir que los 16 millones de chilenos pueden producir para
un mercado de 3 mil 500 millones de habitantes. ¿Por qué Colombia,
dada la composición actual de su canasta productiva y la
futura, no lo va a hacer? Creo que ahí tenemos un gran reto.
En el libro el doctor Jorge Ramírez trae varias posibilidades
para Colombia en este tratado con los Estados Unidos. Me voy a
referir a cuatro de ellas: la posibilidad de los servicios. Ayer
me reunía con el sector de telecomunicaciones, que viene
con un gran crecimiento en nuestro país. Ustedes saben el
desatraso del país en telefonía móvil: cómo
pasó rápidamente de 4 millones de celulares a casi
30 millones de celulares. Y ahora en esta segunda administración
estamos empeñados en el desatraso en conectividad y en banda
ancha.
La buena noticia de ayer es que en eso estamos creciendo al 150
por ciento. Y que sectores como los call center, los centros de
llamada, donde tenemos un gran futuro con estos tratados, empiezan
a mostrar crecimientos anuales sostenidos del 14 por ciento. Eso
tiene que ayudar muchísimo.
La otra posibilidad, de las que quiero mencionar, que trae el
doctor Jorge Ramírez en su libro, es el tema de los biocombustibles.
Hace cinco años nosotros no producíamos un litro
en biocombustibles.
Con el ministro Junguito, quien hoy nos acompaña, en nuestra
primera reforma tributaria empezamos a introducir los incentivos
para que Colombia empezara a producir biocombustibles. Y se fueron
complementando. Y a eso se le sumó todo el trámite
con la Organización Mundial de Comercio. Las reglas técnicas,
los acuerdos con los distribuidores de combustibles, etcétera.
Hoy el panorama es bueno y muy promisorio.
Estamos produciendo 1 millón 200 mil litros de alcohol
carburante. Los primeros 50 mil litros de biodiesel provenientes
de aceite de palma. Hay muchas plantas en instalación, ya
en construcción, y muchas en proyecto. El país tiene
todas las posibilidades.
Acabamos de producir los decretos para que por tarde en el año
2012, con unas fechas intermedias, todos los motores que se importen
al país o se ensamblen en el país, tengan que tener
la condición de motores flexibles para poder tener una mezcla
mínima no inferior al 20 por ciento en biocombustibles y
de ahí para adelante llegar hasta el ciento por ciento.
Y aparece algo bien importante: uno mira los Estados Unidos, Argentina,
Canadá, con esa gran producción agropecuaria, donde
se puede producir muchísima materia prima para los biocombustibles,
y no tienen manera de crecer su frontera agropecuaria.
Por ejemplo, Estados Unidos para producir más etanol tiene
que sacrificar maíz de consumo humano directo o de consumo
industrial, o tiene que sacrificar áreas de arroz. La Argentina
lo mismo: tiene que sacrificar otros productos. En el Brasil el
crecimiento de la frontera agropecuaria los tendría que
obligar a derribar más selva.
Nosotros tenemos una gran ventaja: tenemos 44 millones de hectáreas
de pastos y sabanas. Muchísima extensión despoblada:
apenas 26 millones de cabezas de ganado en el país. Esas
44 millones de hectáreas de pastos y sabanas, todas son
aptas para la producción de agricultura de biocombustibles.
El país apenas tiene un poco más de 4 millones de
hectáreas de agricultura comercial.
Entonces el país puede decir: tenemos una gran extensión
para producir biocombustibles, sin derribar un milímetro
cuadrado de selva, y sin afectar la seguridad alimentaria.
Algo bien importante: nuestra última ley forestal, a tono
con los tratados internacionales, prohíbe que se cambie
el uso de la selva, que se derriben árboles de la selva
para sustituirlos por agricultura, para cambiarles de uso.
La gran crítica a los biocombustibles en el mundo se da
justamente por el temor de derribar la selva o por el temor de
afectar la seguridad alimentaria. En Colombia podemos despejar
esos dos temores.
Lo del Brasil, que puede ser el gran proveedor de biocombustibles
de los Estados Unidos, tiene un arancel grande en los Estados Unidos.
Y es difícil que lo desmonten mientras no se haga el acuerdo
de comercio Brasil-Estados Unidos. Nosotros logramos en la negociación
de este tratado, que nuestros biocombustibles entren sin arancel
y sin limitación de cantidad al mercado de Estados Unidos.
Otro punto bien importante del libro, sobre posibilidades, es
el de repensar algunas industrias, como la industria de textiles
y confecciones, e ir abandonando lo básico o lo simplemente
maquilador. Y agregar valor, avanzar en la escalera del valor.
Y entrar Colombia a incursionar más activamente en la competencia
de confección con agregado de moda.
Y resalta el libro del doctor Ramírez Ocampo la importancia
de la distancia de Colombia con el mercado de los Estados Unidos,
para poder atender con toda rapidez las exigencias estacionales
del mercado en los Estados Unidos.
Entre las muchas posibilidades que él trae, quería
haber resaltado estas cuatro. Me parece que una gran contribución
del libro es ponernos a pensar en los productos que podemos mejorar,
que podemos poner a transitar por una escalera tecnológica
para agregar valor, y en los nuevos productos para llegar a ese
mercado.
También plantea el libro retos, que son desafíos
para el Estado colombiano. El reto de las instituciones, el reto
de la formación de capital humano, el reto de infraestructura,
el reto de estabilidad de reglas de juego y el reto de ciencia
y tecnología.
Nosotros tenemos tres principales objetivos en el Gobierno: el
objetivo de consolidar la política de seguridad democrática
y el objetivo de consolidar la confianza inversionista. Nosotros
pensamos más en la confianza inversionista que en el propio
crecimiento de la economía. Confianza inversionista con
responsabilidad social. Y el objetivo de cumplir nuestras metas
sociales.
El elemento que integra las metas sociales con la confianza inversionista,
es la Revolución Educativa, la formación de capital
humano.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para que en el 2010 tengamos
plena cobertura en educación básica. Ya estamos superando
el 92 por ciento. Venimos de una cobertura en educación
universitaria del 22, estamos en el 29, aspiramos en el 2010 llegar
al 34.
Todo está acompañado por esfuerzos de calidad. La
vinculación de los maestros por meritocracia, los exámenes
de calidad de maestros, los nuevos exámenes a estudiantes,
las Pruebas Saber, las pruebas a egresados universitarios.
Estamos haciendo un esfuerzo grande para que en el 2010, el 70
por ciento de la población de educación básica
tenga sus escuelas debidamente interconectadas. Cuando hablamos
de la necesidad del destraso del país en fibra ancha y en
conectividad, uno de los objetivos es llegarle en este cuatrienio
al 70 por ciento de la población estudiantil en el nivel
básico.
Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Sena. Un esfuerzo cuantitativo
y cualitativo para responder a este desafío. Ha pasado de
atender millón 100 mil estudiantes por año a atender
4 millones. Este año deben ser 4 millones 400.
Ha pasado de 5 millones de horas de enseñanza por año
a 15 millones. Tenía una empleabilidad de egresados del
42 por ciento, se está acercando al 70. Todavía hay
un 35 de no empleabilidad de egresados es un campanazo. El Gobierno
tiene que seguir trabajando para mejorar esa empleabilidad. Y en
agosto está instalando su nueva plataforma virtual, que
le permitirá tener permanentemente en el país en
ambiente virtual un millón 200 mil estudiantes.
Preocupa al doctor Ramírez el tema de la infraestructura.
Ahí tenemos un gran atraso. Y un atraso muy costoso de superar
y muy difícil. Uno compara la localización de nuestras
tradicionales capitales industriales con el resto de América
Latina. Uno ve una gran infraestructura en Chile, pero cerquitica
al mar. Buenos Aires, con el río y el mar. Montevideo. Las
ciudades industriales del Brasil. Caracas al pie del mar. Lima
en el mar. Nosotros por un lado a 1.200 kilómetros y por
el otro lado a 700. Las dificultades nuestras de infraestructura
son muy grandes.
Encontramos muy serios problemas: casi todas las concesiones en
pleito. Nuestra primera prioridad fue superar pleitos. Hoy están
casi todos superados. Nos encontramos a la espera de la decisión
final del Tribunal de Cundinamarca sobre el acuerdo que hizo el
Gobierno con Commsa.
A pesar de las dificultades fiscales que todavía subsisten,
tenemos un plan ambicioso en materia de carreteras: primero, concluir
el Plan 2.500, que pavimenta 3.100 kilómetros de carreteras.
Segundo, contribuir con 140 millones de pesos al año por
municipio para el mantenimiento de las vías municipales.
Tercero, avalarles a los departamentos créditos por mil
millones de dólares para que ellos ejecuten el mejoramiento
vías departamentales. Cuarto, todos los nuevos esfuerzos
del Gobierno Nacional dedicados exclusivamente a los corredores
de competitividad de comercio exterior
Para mencionarles apenas dos. Confío que este Gobierno
deje totalmente contratados los trayectos Bogotá-Buenaventura
y Bogotá-Santa Marta, con dobles calzadas y con el Túnel
de la Línea en plena construcción, al que le hemos
propuesto el nombre de “Túnel del Segundo Centenario”.
En el trayecto Bogotá-Buenaventura está contratado
y en plena ejecución Bogotá-Girardot, San Rafael
en el Tolima. Hace dos semanas adjudicamos la concesión
San Rafael en el Tolima, Ibagué-Cajamarca. Se han venido
construyendo los viaductos de La Línea. En plena construcción
el Túnel de la Línea. Nos faltaría Calarcá,
Armenia, Buga.
Hemos contratado ya varios de los trayectos de la doble calzada
de Buga-Buenaventura. Estamos reparando la carretera alterna, que
ha sido la vía Simón Bolívar, porque la construcción
de la doble calzada dificulta mucho el tráfico hacia Buenaventura.
Entonces tenemos que tener la vía vieja en buenas condiciones.
Y están en estudios los trayectos que aún no se han
contratado para la ejecución de la doble calzada.
Estamos esperando la definición del Tribunal de Cundinamarca
para contratar la doble calzada de Bogotá-Santa Marta. Aspiramos
en noviembre abrir esa licitación. Ya hay un acuerdo con
la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre lo que sería
el trazado: en lugar de 21 kilómetros de túneles,
menos distancia en túneles y unos viaductos sobre la Hoya
del Río Rionegro. Aspiramos dejar eso totalmente contratado
y en ejecución.
En materia de aeropuerto hemos avanzado en las concesiones. La
más importante es la de El Dorado. Las diferencias que había
con el concesionario sobre el terminal de pasajeros y sobre el
terminal de carga, ayer hubo una reunión muy positiva. Confío
que rápidamente se le dé una buena noticia al país.
Estamos resolviendo los problemas de los puertos. Hemos negociado
recientemente la extensión de las concesiones portuarias
de Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura. La extensión
de la concesión portuaria en Buenaventura, a lo que se suma
una inversión adicional de 450 millones de dólares
por los concesionarios, y la adjudicación de las concesiones
para nuevos puertos en Buenaventura: Aguadulce y el Puerto del
Consorcio Industrial, ya adjudicados ambos, permitirán que
Buenaventura pase de una capacidad portuaria de 11 millones de
toneladas al año, a una capacidad portuaria de más
de 40 millones de toneladas al año.
Estamos examinando ahora con la Sociedad Portuaria de Cartagena
a ver ellos cómo integran un servicio de cabotaje por el
río Magdalena y unos puertos en el río Magdalena.
Reconozco que ahí tenemos un gran cuello de botella en infraestructura,
pero hacemos todos los esfuerzos a ver cómo los empieza
a superar el país.
Las recientes decisiones del Congreso, como el acto legislativo
de Transferencias, dieron certeza en los mercados financieros internacionales,
y nos han ayudado a obtener unas ofertas de mejor financiación,
en términos de plazos más extensos y tasas de interés
más bajas, para estas concesiones. En lo cual hay mucho
interés de los fondos de pensiones.
Y como todas estas concesiones necesitan un gran aporte del presupuesto
nacional, porque inicialmente no son autosuficientes, entre más
extenso sea el plazo de la financiación y menos la tasa
de interés, menor el aporte del presupuesto nacional.
Reclama el doctor Ramírez Ocampo el tema de la estabilidad
de reglas de juego: nosotros tenemos allí un propósito
macro y una herramienta micro.
El propósito macro: poner el balance fiscal de la Nación
y el saldo de endeudamiento en condiciones que le disipen el temor
a todo el mundo. Hemos bajado el déficit consolidado de
la Nación del 4,2 al 0,7. El el Gobierno Nacional central
sigue muy alto. Lo encontramos, sumándole el agotamiento
de reservas del Seguro, en el 7 y medio. Está en el tres
y medio y el cuatro. Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo.
El endeudamiento ha estado en el 48 – 50. Está en
el 28. Seguimos haciendo un gran esfuerzo para rebajarlo más.
Ya tenemos un pequeño superávit, creciente, en el
balance primario de la Nación. Endeudamiento y balance fiscal
son puntos fundamentales para tener esa estabilidad en las reglas
de juego.
Y la herramienta micro: la aprobación en el Congreso, que
bastantes dificultades le costó al Ministro Botero, de la
ley que autoriza al Gobierno Nacional a firmar pactos de estabilidad.
Confiamos que este año terminemos con no menos de 60 pactos
de estabilidad.
Y el tema de ciencia y tecnología. Yo tengo una apreciación:
el país produce excelentes resultados comparativos en el
mundo, a pesar de la poca inversión en ciencia y tecnología.
Basta mirar lo de los últimos años: con lo poco
que se ha invertido, lo mucho que se ha logrado en biocombustibles.
Lo que el país ha logrado en transferencia, mejoramiento
de tecnología, de biocombustibles en estos últimos
cinco años.
Nosotros tenemos la meta de terminar este Gobierno con un uno
por ciento del PIB en ciencia y tecnología. No ha sido fácil,
dadas las restricciones fiscales. Empezamos en el 0,22 y espero
que este año estemos por el 0,66 en el consolidado.
Reconozco que a pesar del gran esfuerzo que habrá que hacer
para llegar al punto sobre el PIB en ciencia y tecnología,
todavía será bajo.
Las dos dificultades de coyuntura para la aprobación del
TLC en los Estados Unidos: el tema del asesinato de sindicalistas
y el tema de los paramilitares.
Cuando este Gobierno empezó, en el país se asesinaban
a 256 sindicalistas. Desde el Manifiesto Democrático de
nuestra campaña en 2002, propusimos como expresión
de la Seguridad Democrática la protección de todos
los colombianos, de los empresarios, de los sindicalistas, y nos
dimos a eso desde la primera hora del Gobierno.
Inicialmente hubo una tendencia muy favorable, aunque uno debería
de decir: cero asesinatos de sindicalistas. Eso se redujo de 256
a 25 en el año 2005. En el año 2006 se recrudeció,
se subió a 60. ¿Por qué? Porque al tradicional
enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, se sumó el
enfrentamiento entre Eln y las Farc, especialmente en Arauca.
Este año se ha presentado el asesinato de seis sindicalistas
en el país y de 12 profesores. Estamos haciendo todo el
esfuerzo en protección y en administración de justicia.
Hasta ahora la justicia nos ha dicho que en ninguno de los seis
casos de sindicalistas, hay relación con su actividad sindical.
Y tenemos documentado cada uno de los casos.
En materia de protección. Hoy hay 6.000 colombianos con
protección individual. De ellos 1.500 son sindicalistas.
Eso le cuesta al presupuesto de la Nación 76 mil millones
este año.
En materia de impunidad se han hecho muchos esfuerzos: primero,
la adopción constitucional del Sistema Penal Acusatorio,
la oralidad, la reforma de los códigos.
Solamente el año pasado debimos invertirle a la Fiscalía
70 millones adicionales para poder implementar el Sistema Penal
Acusatorio.
Ahora hay otro compromiso. Va a tener la Fiscalía una adición
el año entrante de 75 mil millones, que permitirá tener
230 fiscales más y 800 investigadores más.
Los esfuerzos no han sido estériles: este año ya
se han logrado 48 sentencias, que condenan a responsables del asesinato
de sindicalistas. Han condenado a 78 personas.
El tema de los paramilitares. Yo creo que el Gobierno es el Gobierno
que los ha enfrentado y los ha desmontado.
Cuando yo llegué a la Presidencia, la tercera parte del
país estaba en control directo de guerrilla o paramilitares.
Ya no se veía tanto un enfrentamiento entre ellos, como
una distribución del territorio y un desalojo del Estado.
Me parecía comparar a Colombia con la Francia de la invasión
alemana. En la Francia de la invasión alemana, se hablaba
de Francia, pero el Estado real era el alemán.
En la Colombia del terrorismo seguíamos hablando de la
patria colombiana, del Estado colombiano, pero el poder efectivo
en esas regiones lo tenían los invasores terroristas. Esa
realidad no se puede perder de vista.
Recuerdo haber llegado, antes de las 6:00 de la mañana
del 8 de agosto a Valledupar, a empezar la tarea de recuperar la
seguridad en las carreteras. Y estaba el departamento, como tantas
regiones del país, plagado de guerrilla y paramilitares.
Decía: bueno, pero si el objetivo de los paramilitares
es enfrentar a la guerrilla, ¿qué es lo que pasa
aquí, qué es lo que han hecho entonces, porque esto
está plagado de los uno y de los otros, y el Estado desalojado?
La política de seguridad democrática ha sido una
política imparcial, equilibrada. Uno de los determinantes
para ese proceso de paz con los paramilitares fue la acción
de la política de seguridad democrática: se le dio
de baja a 1.700, muchos fueron traídos a la cárcel.
Hoy la mayoría de los líderes paramilitares están
en la cárcel. Tenemos entre guerrilla y paramilitares 43
mil personas en un proceso de reinserción, muy difícil,
complejo. Hablar de 43 mil personas en un proceso de reinserción
es hablar de dos municipios pequeños de Colombia. Colombia
tiene alrededor de 800 municipios, cada uno con menos de 25 mil
habitantes. ¿Ustedes se imaginan dos de estos municipios,
que el ciento por ciento de su población sea población
reinsertada?
Es un problema muy complejo y muy costoso, bien manejado por Frank
Pearl, confío que eso nos salga bien. Han reincidido unos
3 mil. De los reincidentes, hemos capturado más de mil y
hemos dada de baja a casi 500.
Yo he dicho que hoy no hay paramilitares. ¿Por qué?
Porque hoy no hay bandas de justicia privada enfrentando a la guerrilla.
Colombia ha recuperado lo que nunca debió perder: el monopolio
de la fuerza del Estado para combatir a los grupos irregulares.
En ninguna parte del país hoy hay bandas privadas enfrentando
la guerrilla.
¿Qué hacen los paramilitares fugitivos o los reincidentes?
Están dedicados a la extorsión, al secuestro o al
narcotráfico. Pero es muy importante decirle al mundo, decirlo
en todas partes, lo que ha venido pasando con el paramilitarismo
en nuestro país.
Tenemos ahora esta dificultad con la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia. Y quiero hacer una referencia a ella aquí porque
el tema se conecta.
Nosotros hemos trabajado el modelo de una democracia de cinco
elementos, que nos parece más importante que persistir en
la vieja división entre izquierda y derecha, hoy obsoleta:
una democracia de seguridad, de respeto a las libertades, de construcción
de cohesión social, de respeto a la independencia de las
instituciones y de búsqueda de la transparencia como factor
de confianza.
Sí, este es un Estado de instituciones independientes,
lo que evita desafueros. Pero también dice la Constitución
que las instituciones tienen que cooperar armónicamente
en busca de los fines superiores del Estado.
Creo que haber desmovilizado 43 mil personas, que le ha traído
un gran alivio al país, que ha contribuido muchísimo
a la reducción de la violencia, es un fin del Estado, es
un interés superior de la Nación, es un bien público
superior.
He dicho que esa es una razón para que todas las instituciones
tengamos que cooperar en busca de ese objetivo.
Pero también hay otro elemento para que haya unidad de
Estado, y que no se alegue la independencia en las instituciones
para eludir responsabilidades frente a esta desmovilización.
Estas decisiones han sido decisiones de Estado. Si bien lo propuso
el Gobierno, lo aprobó el Congreso y pasó por el
control de la Corte Constitucional.
Este proceso de desmovilización de paramilitares y de los
10 mil guerrilleros que se han desmovilizado bajo esta ley, es
un proceso complejo donde ha intervenido todo el Estado.
Es una política de Estado. Yo he dicho lo siguiente, además
de que es una política de Estado (y mañana estamos
buscando una reunión con la Corte Suprema de Justicia):
yo creo que el país no le puede seguir dando un tratamiento
diferente a guerrilla y a paramilitares.
Se decía: es que la guerrilla busca sustituir al Estado
y los paramilitares lo defienden. Creo que esa es una discusión
irrelevante. Lo esencial es que ambos están por fuera del
ordenamiento jurídico.
Se decía: es que la guerrilla es altruista porque quiere
cambiar el orden social vigente. En la realidad no lo ha cambiado,
lo ha deteriorado. Entonces uno podría decir: no hay altruismo.
Y esa es una discusión valorativa, bastante complicada.
Entonces se decía: como los paramilitares buscan mantener
el orden social existente, en ellos no hay ese altruismo que debe
caracterizar el delito político. También es algo
muy valorativo, muy subjetivo, porque así como pueden decir
que es altruismo buscar la sustitución del orden social
vigente, también se puede decir que es altruismo buscar
la preservación del orden social vigente cuando está siendo
atacado.
Particularmente creo que en un país de democracia profunda,
probada en esta política de seguridad democrática,
que en lugar de restringir la democracia la ha profundizado, en
un país de libertades como Colombia, donde no hay delito
de opinión, no debería haber delito político.
Como también he dicho que en nuestro país no deberíamos
hablar de conflicto con los grupos armados, sino de desafío
de terrorismo a nuestra democracia.
Pero agrego: esos son elementos conceptuales, donde uno puede
estar equivocado o acertado.
Le he dicho al Comisionado: si hay que aceptarle al Eln que hay
conflicto para hacer paz, olvídese de mi tesis y aceptamos
que hay conflicto.
En el curso de la Ley de Justicia y Paz se definió que,
no obstante que pienso que en Colombia no debe haber delito político
para nadie, dada la profundidad de la democracia, lo que sí debíamos
hacer era extenderle el delito político consagrado para
la guerrilla a los paramilitares, por la razones que acabo de decir.
A mí me parece que además hay otra razón
para no discriminarlos en materia de delitos. La teoría
moderna del derecho penal está indicando que la naturaleza
del delito hay que referirla en grado muy importante al impacto
sobre las víctimas.
Y preguntaba ayer, en la Universidad Santo Tomás de Bogotá: ¿qué diferencia
hay entre la crueldad del asesinato de un colombiano previamente
torturado y mutilado, cometido por la guerrilla o cometido por
los paramilitares, en el impacto a la familia, a la sociedad? Ninguna.
Creo que el país no puede darles tratamiento diferente.
Y aquí entramos en un problema grave. Nosotros todavía,
de los 43 mil desmovilizados, tenemos 18 mil que no están
incursos en delitos atroces, que no están en la cárcel,
que están en el programa de desmovilización, que
lo están cumpliendo, a quienes se les venía resolviendo
la situación jurídica con la cesación de acción
penal. Y esta sentencia de la Corte ahora nos pone en aprietos.
Además vemos dos sentencias diferentes, que le causan mucha
dificultad al Gobierno. Mientras la Corte Constitucional dijo:
la sedición de la Ley de Justicia y Paz es inexequible,
no por vicios materiales o de fondo sino por vicios de procedimiento,
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que estos delitos
materialmente no pueden ser calificados como delitos políticos. ¿Qué hace
el Gobierno ante dos sentencias con tamaña diferencia?
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que no puede tratarse a
estos desmovilizados con el beneficio de la favorabilidad, porque
en su concepto la sedición nunca existió. La Corte
Constitucional, cuando declara inexequible la sedición,
dice: esta sentencia no tiene efecto retroactivo. Lo que llevó al
Gobierno a concluir que había existido la sedición,
entre la promulgación de la Ley y el fallo de la Corte Constitucional.
Bien difícil para el Gobierno cuando encontramos estas
sentencias contrapuestas. Además la Corte Suprema de Justicia
en el último año cambió totalmente la jurisprudencia
en materia de favorabilidad.
¿Qué vamos a hacer? Presentar un proyecto de ley.
Yo le proponía ayer al país, en la Universidad Santo
Tomás, que un proyecto de ley con una de dos posibilidades:
o revivir la sedición, lo que no se puede interpretar como
un desafío a las Cortes, porque la Corte Constitucional
no la declaró inexequible, por razones materiales o de fondo,
sino por razones de forma. O crear otra figura jurídica
que permita la cesación de la acción penal. ¿A
quiénes? No a los que han cometido delitos atroces. Aquellos
que están en la cárcel por delitos atroces, esa no
es la situación que se discute. La que se discute es la
situación de aquellos que pertenecían a esos grupos,
los 18 mil, pero que no se les hace imputación de ningún
otro delito distinto a la pertenencia al grupo.
De donde me preguntan: ¿y si secuestraron? ¿si estaban
en el narcotráfico? El delito político no subsume
estos delitos.
Si incurrió en narcotráfico, en secuestro, en otro
delito atroz, se le juzga por ese delito atroz, no por el delito
político. Eso es muy importante aclararlo en esta discusión
al país. Y porque esto, como todo tema relacionado, empieza
a tener trascendencia internacional.
Y lo otro. Ayer dije, con toda claridad, en la Universidad Santo
Tomás, que la figura que se adopte debe excluir a los servidores
públicos, para que no haya ninguna duda sobre el tema de
la parapolítica.
Entonces si excluye a los servidores públicos, quiere decir
que esta propuesta en ninguna forma tendría que ver con
las investigaciones que hoy se adelantan contra congresistas. Que
debo repetirlo en este auditorio, en nombre del ex presidente Alberto
Lleras: investigaciones que se adelantan por presuntos delitos,
en su inmensa mayoría cometidos antes del Gobierno nuestro.
Investigaciones que se han facilitado por dos razones: porque la
política de Seguridad Democrática ha quitado a los
colombianos el temor a acudir a la justicia, y porque la Ley de
Justicia y Paz severamente exige la confesión como requisito
para obtener los beneficios.
Vamos, pues, a seguir con su ayuda en esta tarea, doctor Ramírez
Ocampo. En el prólogo talentoso, como todo lo de él,
del ex presidente López, dice que su obra no es una defensa
rabiosa del TLC. Pero muy conveniente.
Muchas gracias”.
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