PALABRAS
DEL PRESIDENTE URIBE EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 25 DE "EL
DIARIO DEL OTÚN"
Pereira, 26 jul (SNE).- Las siguientes son
las palabras del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la
celebración del aniversario número 25 de "El
Diario del Otún", en la ciudad de Pereira:
“Acudo con singular alegría esta tarde, a este acto
en el cual el señor Gobernador de Risaralda y Presidente
de la Federación Colombiana de Departamentos, impone al
Diario del Otún la gran Cruz de Risaralda.
A este acto en el cual el señor Alcalde de Pereira impone
al Diario del Otún, la Orden de los Fundadores.
Acudo a este acto, a expresar el respeto de los colombianos por
la tarea al servicio de la libertad y de la transparencia del Diario
del Otún, y a imponer a sus fundadores, a sus actuales directivos,
la ‘Orden a las Comunicaciones Manuel Murillo Toro’.
Manuel Murillo Toro, el gran luchador de la libertad y el gran
precursor de las comunicaciones modernas.
Cuando el General Mosquera cruzaba esta Cordillera Central, en
el camino de Popayán a Bogotá, se encontró con
Murillo Toro al sur de Ibagué y desde allí proclamaron
el Estado Soberano del Tolima. Todavía era 1862, antes de
la Constitución extremadamente federal de Colombia, de la
misma Constitución de 1863, la Constitución de todas
las libertades.
Como Ministro de Comunicaciones, como Presidente de la República,
introdujo lo que podríamos llamar las bases de las comunicaciones
modernas. El país empezó en su época a trabajar
con el telégrafo.
Ahora, que los colombianos hablamos de la conectividad como un
imperativo totalmente necesario para la competitividad, el mejoramiento
del ingreso del país; ahora que los colombianos hemos hecho
un formidable desatraso en la telefonía móvil, que
ha pasado de cuatro millones de teléfonos celulares, a casi
30 millones; ahora que los colombianos estamos en una vigorosa
actividad para desatrasarnos en banda ancha, en Internet, para
conectar nuestras escuelas, nuestros hospitales, para conectar
las alcaldías, las bibliotecas, para conectar las regiones
rurales, para conectar a Colombia con todo el mundo, en esa maravillosa
autopista de las comunicaciones, cobra toda la actualidad la tarea
de Manuel Murillo Toro.
Y qué mejor que entregar esa medalla Manuel Murillo Toro
al Diario del Otún, a esta antorcha de la libertad, a esta
laboriosa tarea por una comarca grande, que es una tarea por la
misma Patria.
Qué bueno recordar en estos 25 años a Javier Ramírez
González, quien se le ocurrió con todo tesón,
en sus propias palabras, traerle una nueva opinión a Risaralda
con la fundación del Diario del Otún.
Se consideraba que era difícil que dos periódicos
subsistieran en Pereira, pero el empeño tesonero del fundador,
secundado por sus hijos Beatriz, Luis Carlos, Javier Ignacio, demostró que
sí se podía.
Era una intuición, pero una intuición sin riesgo.
Era una intuición, pero no una intuición contraria
a la realidad de la ciudad y del departamento.
Esta ha sido una tierra de labor agropecuaria, de labor de comercio,
una tierra de empuje sin igual, pero también, y fundamentalmente,
una tierra de capital humano, de capital social, de vocación
humanística, una tierra de letras y de pentagramas. Una
tierra de profundo análisis, una tierra de la inteligencia.
Por eso, quien acertó fue don Javier Ramírez González,
y no el pesimismo de los que hacían malos pronósticos,
y él acertó, porque esta tierra es tierra fértil
para la contribución de la prensa a la formación
de civismo, a la continua elaboración del capital social.
Rendimos a él un homenaje, un homenaje por esa visión,
por ese gran esfuerzo. Una dura labor del periódico en estos
25 años. Empezó en una oficina, en una edificación
de dos plantas, permaneció allí tres meses hasta
cuando se pasó a una vieja casona, que albergaba 10 empleados
y a un grupo de 14 periodistas.
Preparaban el material todos los días antes de las cinco
y media, para enviarlo a Manizales a fin de ser impreso en la casa
editorial de La Patria. Hasta 1985, 1989 y 1992, cuando adquirieron
la rotativa, llegaron a la era de los computadores y del láser,
e inauguraron sus nuevas instalaciones.
Una tarea empezada en la intuición y en el empeño,
continuada en el trabajo tesonero, exitosa, exitosa para el periódico,
para quienes lo integran, para la visión de sus fundadores
y para esta tierra.
Ha estado el Diario del Otún, a la vanguardia de los adelantos
tecnológicos, para tener -como en sus mismas páginas
se dice- todas las mañanas, la mejor información
regional. Ha sido protagonista de primer orden en proyectos de
desarrollo para la región, y ha adelantado numerosas campañas
cívicas y sociales.
La prensa regional es demostración que desde lo local se
puede ejercer influencia profunda sobre la vida de toda la región.
La prensa regional es como el Alcalde, la institución más
cercana al pueblo.
La prensa regional es el gran validador de lo local, el gran vocero
de lo local en lo universal y también el gran validador
de lo universal en la localidad.
Cómo ha trabajado de abnegadamente la prensa regional por
la democracia de Colombia, por la superación de todas las
dificultades de la Patria. La existencia de periódicos como
el Diario del Otún es un canto cotidiano a la libertad.
Colombia es tierra fértil para ejercer un periodismo de
verdad, aprendido del apóstol de la independencia, Nariño,
que en la lucha de los hombres grandes, por las grandes causas,
nos enseñó que la palabra escrita es la proclama
que eleva los corazones y garantiza la voluntad de la lucha de
los pueblos.
Esta libertad que ejerce el Diario del Otún, que estimula
al Diario del Otún, hace parte de los cinco principios por
los cuales trabaja nuestro gobierno.
Alejados de esa división en que ha querido sumergirse América
Latina, entre izquierdas y derechas, obsoleta, polarizante, nosotros
hemos preferido trabajar con cinco elementos constitutivos de una
democracia moderna: el rescate de la seguridad, el respeto y profundización
de las libertades, la construcción de cohesión social,
el respeto a las instituciones que conforman, cada una con independencia
relativa, el conjunto del Estado, cada una con el deber de cooperar
con las demás, por los bienes superiores de la comunidad.
Y la búsqueda de la transparencia, como factor de confianza
nacional, que es un signo de todas las horas del Diario del Otún.
Hemos estado trabajando por consolidar tres elementos fundamentales
en nuestra Patria: la seguridad con alcance democrático,
la confianza inversionista, para garantizarle a la economía
tasas sostenidas de alto crecimiento y, considerado ello como medio,
el tercer elemento, que es el fin, el cumplimiento de las metas
sociales, la superación de la pobreza, la construcción
de equidad.
Empeñados en esa tarea, que necesita llevar esos tres elementos
de la mano, como quiera que sin seguridad no hay confianza inversionista,
sin confianza inversionista no hay manera de obtener los recursos
para hacer la inversión social para superar la pobreza. ¿Cómo
se integran entre ellos? Porque a su vez, cuando la seguridad y
la confianza inversionista ponen las bases para poder superar la
pobreza, si las políticas sociales no llegan, no se legitima
la seguridad, no se legitima la confianza inversionista.
Tenemos hoy un nuevo debate en el país, en el proceso de
rescatar la seguridad para los colombianos. Era 2002, acabábamos
de tener una elección presidencia, el 30 por ciento de los
colombianos sufrían directamente los rigores de la guerrilla
y del paramilitarismo, y el 70 por ciento restante de la Patria
lo sufría de alguna manera más directa, o más
indirecta.
Me parecía la situación de Colombia semejante a
la de la Francia de la ocupación alemana: se hablaba de
Francia como nación, pero había que reconocer que
el Estado que ejercía allí era el Estado invasor,
el Estado alemán. Había perdido Francia su Estado,
la capacidad de gobernar su territorio.
Había perdido el Estado colombiano la capacidad de gobernar
en muchas regiones, quedaba la Nación colombiana una especie
de nación que empezaba a ser dominada por un Estado invasor:
el Estado de los terroristas, guerrilleros y paramilitares.
Empezamos con nuestra política de Seguridad Democrática,
empezamos la tarea de combatir por igual guerrilla, a paramilitares,
para devolverle al país la tranquilidad. Hemos avanzado,
no obstante lo que falta.
El país en medio de sus problemas, sin ser un paraíso,
va mostrando progresos en diferentes áreas, va tomando una
ruta de más confianza, de mayor optimismo.
Surgieron procesos de paz. Venían de la administración
anterior unos diálogos a través de la Iglesia Católica
con el paramilitarismo, y a través de Cuba, con el ELN.
El nuevo gobierno dijo que el énfasis era la seguridad,
pero que estaban abiertas las puertas al diálogo, a condición
de que hubiera cese de hostilidades.
A los pocos meses de instalado ese gobierno, los grupos paramilitares
-como equivocadamente se les denomina- hicieron saber a través
de la Iglesia Católica su propósito de entrar en
cese de hostilidades, para avanzar en un proceso de paz. Sintieron
la decisión del gobierno de combatirlos.
Este es el gobierno que llegó a enfrentarlos. Antes se
hablaba de ellos pero en voz baja, al único que se le decía
de manera pública “paramilitar”, era a mí,
por razones políticas de enfrentarme. A los otros se les
temía. Hoy no se les teme, gracias a que la Seguridad Democrática
les ha dado protección eficaz a nuestros compatriotas.
De ellos se hablaba en cócteles, pero no se les desafiaba
en público, y el Estado no cumplía la tarea de combatirlos.
Nuestro gobierno dio de baja 1.700, encarceló tantos como
pudo, se abrió paso el proceso de paz. Hemos desmovilizado
en estos años 43 mil integrantes de grupos terroristas,
32 mil – 33 mil de los paramilitares, 10 mil de las guerrillas.
Eso no tiene antecedentes.
El M-19 desmovilizó 900 personas, entregaron 270 armas,
sumémosle a esas 900, dos mil del EPL, unos pocos del Quintín
Lame, otros pocos de la Corriente de Renovación Socialista,
y no suben a 5 mil. En nuestro gobierno, desmovilizados 10 mil
guerrilleros y 33 mil paramilitares.
Hoy, en un proceso de reinserción complejo y costoso, 43
mil desmovilizados equivale a tener dos municipios de la Patria
con una población ciento por ciento desmovilizada. Solamente
eso muestra la complejidad de este programa.
En efecto, cuando recientemente discutíamos el acto constitucional
para modificar la fórmula de Transferencias a las regiones,
encontramos que casi 800 municipios de la Patria tienen en promedio
menos de 25 mil habitantes.
Cuando se hizo el acuerdo del Viernes Santo de 1998, en Irlanda
del Norte, se informaba al mundo que los terroristas irlandeses
eran 118, en Colombia 60 mil. Se informaba al mundo que entre 1923
y 1998 esos terroristas habían provocado 3 mil 200 asesinatos
en Irlanda. En ese año 98, en mi ciudad de Medellín
y su área metropolitana, casi 5 mil asesinatos en un solo
año.
Avanzamos con la Seguridad Democrática, y avanzamos con
el proceso de paz. Hace cinco años parecía imposible
que don Manuel Marulanda, y don Jorge Briceño, y don Carlos
Castaño y compañía, perdieran poder en Colombia.
Parecía imposible que cinco años después tuviéramos
a don Manuel Marulanda, a don Jorge Briceño, conocido como
el “Mono Jojoy”, y a sus compinches, buscando escondites
día y noche en la selva.
Hace cinco años parecía imposible que cinco años
después tuviéramos a los jefes del paramilitarismo,
en aquel poder, en aquella riqueza, en aquella ostentación,
en la cárcel o fugitivos. Pero lo hemos logrado, lo hemos
logrado con el heroísmo de los soldados y policías
de la Patria, con el apoyo permanente del pueblo, que ha alimentado
la condición inquebrantable de nuestra voluntad de derrotar
a los terroristas.
No hemos ganado, apreciados compatriotas, pero vamos ganando,
y ganaremos, porque la historia de la humanidad siempre le ha dado
a la razón a las democracias, que de buena fe, se quieren
deshacer de la pesadilla del terrorismo.
Aparece ahora un obstáculo. En los paramilitares tenemos
la mayoría de los líderes en las cárceles.
Han reincidido, de los 33 mil desmovilizados, unos 3 mil. De ellos,
hemos llevado a la cárcel alrededor de mil y se le ha dado
de baja a casi 500. Los que están fugitivos, son perseguidos
severamente por el Estado, por la Fuerza Pública.
Yo diría que hoy no hay paramilitarismo. ¿Por qué se
hablaba de paramilitarismo? Porque existían unas fuerzas
irregulares, que querían llenar el vacío del Estado
para combatir la guerrilla. Hoy la guerrilla no es combatida por
organizaciones privadas ilegales, solamente es combatida por el
Estado. Por eso afirmamos que no hay paramilitarismo.
Hemos recuperado lo que nunca debimos perder: hemos recuperado
el monopolio de la fuerza del Estado para combatir los grupos criminales.
En Colombia hoy hay guerrillas, hay criminales fugitivos. ¿Qué hacen
los paramilitares que no se desmovilizaron? Los que reincidieron:
huir del Estado, dedicados al narcotráfico, dedicados a
la extorsión, al secuestro, a la tipificación de
delitos en general, pero ya es la Fuerza Pública, como siempre
debió serlo, y por razón de voluntad política
en el Estado no lo fue, la única que ejerce en Colombia
la tarea de combatir a las guerrillas.
Por eso nosotros reclamamos de todas las instituciones del Estado,
que nos permitan llevar a buen puerto este proceso de paz. Nos
vemos en la obligación de buscar una nueva ley, porque creemos
que no se le puede dar un tratamiento diferente a las guerrillas
que a los paramilitares.
Le he dicho con todo el respeto a la honorable Corte Suprema de
Justicia, que Colombia tiene que abandonar la tesis según
la cual, al delito guerrillero se le trata con la atenuante de
que es delito político, y al delito paramilitar se le niega.
No importa que se discuta si es sedición o si es rebelión,
lo importante es aceptar el principio general de que se les debe
dar el mismo tratamiento.
Creo que es injusto con el pueblo colombiano y con sus sufrimientos,
darle tratamiento diferente a la guerrilla y a los paramilitares.
Hay que medirlos con el mismo rasero.
Se decía: “es que la guerrilla tiene un propósito
altruista, el de derrocar el Estado para cambiar el orden social”.
No derrocó el Estado, afectó la democracia. No trasformó el
orden social, al contrario, agudizó problemas, trajo más
desempleo, más pobreza, más desplazamiento.
Y se decía: “como los paramilitares no tienen ese
propósito altruista, entonces a los paramilitares no se
les puede reconocer como delincuentes políticos”.
He pensado yo que ninguno de los dos debería ser considerado
como delincuente político, en una democracia de libertades,
profunda, donde no hay delito de opinión, no debería
haber delito político.
En un proceso de Seguridad Democrática, que en lugar de
afectar o de limitar las libertades las ha profundizado de manera
real en Colombia, no debería haber delito político,
pero esa es una convicción personal.
Lo que requerimos es reconocer el camino jurídico más
expedito para resolver estos problemas. Por eso lo que el gobierno
ha pedido es que se les de el mismo tratamiento, y que si a la
guerrilla se le reconoce como actor político, a los paramilitares
también.
En la evolución moderna del derecho penal, hay la inclinación
de detenerse más para juzgar la naturaleza del delito, en
el impacto del delito sobre las víctimas o sobre la comunidad.
Ante un cadáver de alguien torturado y mutilado, no entiendo
yo que se pueda hacer la diferencia para decir que si aquel que
lo asesinó fue guerrillero, es delincuente político,
o aquel que lo asesinó era paramilitar no lo es.
El sufrimiento de la familia, de la víctima, el impacto
sobre la comunidad es el mismo. Eso obliga a dar el mismo tratamiento.
Entonces se ha dicho que bajo la sombrilla del delito político
no se puede escapar el secuestrador, el narcotraficante, el torturador,
el asesino, el culpable de delitos atroces, de delitos de lesa
humanidad. Estamos de acuerdo. En nuestro gobierno eso no se ha
dado. Se dio en el pasado, cuando pasaban de ser torturadores y
asesinos y secuestradores, a congresistas de la República
y aspirantes a la Presidencia.
Ahora no. Ahora han pasado del monte, o de sus posiciones de desafío
a la sociedad, a la cárcel. Con la oferta de unos beneficios
legales, sí, a condición de que digan la verdad,
entreguen sus bienes para reparar a las víctimas y purguen
unos años de pena.
Cuando nosotros proponemos ese tratamiento igual, como siempre
lo hemos dicho, nunca es para darle bajo ese tratamiento beneficios
a quienes no se les puede dar, a los autores de atrocidades, a
los autores de delitos de lesa humanidad.
Pero resulta que en los 33 mil desmovilizados paramilitares, además
de los líderes que están en la cárcel, hay
una gran cantidad de colombianos que se han reinsertado, que cometieron
el error de vincularse a esos grupos, pero que se han desmovilizado,
que quieren reencontrarse con la sociedad colombiana.
Culpables sí del delito de pertenencia a esos grupos, pero,
a quienes no se les ha imputado ser responsables de delitos atroces,
de secuestro, de asesinato, de narcotráfico.
El Gobierno venía estimulando que a ellos se les concediera,
mientras subsistiera esa condición de no responsables de
delitos atroces, que a ellos se les concediera el indulto, o la
cesación de la acción penal.
La nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia no lo permite.
A esto hay que encontrarle una salida legal. Mi pregunta es: ¿por
qué sí se permite en el caso de la guerrilla en iguales
condiciones? ¿por qué se niega en el caso de estos
paramilitares en iguales condiciones? ¿cuál es la
diferencia?
Mi pregunta es: si en el pasado eso obró con toda la laxitud
frente a la guerrilla, aun perdonándole los delitos atroces, ¿por
qué en un proceso de paz como este, que ha desmovilizado
43 mil personas, sin perdonar los delitos atroces, por qué no
se puede en el caso de quienes no han cometido delitos atroces,
darles ese tratamiento de delincuentes políticos?
Invito al país a considerar estas reflexiones, porque tenemos
un problema práctico: tenemos 18 mil desmovilizados que
quedan en una incertidumbre jurídica. El Gobierno, responsable
de este proceso de paz, está angustiado, porque se necesita
encontrar la manera de resolver este problema jurídico.
Este no es un proceso de paz caprichoso del Presidente de la República,
es un proceso de paz de todo el Estado.
La Ley de Justicia y Paz la propuso el Gobierno, la estudió el
Congreso, la debatió toda la opinión pública,
pasó por el control de la Corte Constitucional. Este es
un proceso de paz del Estado, y que ha producido la desmovilización
de 43 mil personas, lo que ha contribuido eficazmente a la reducción
de la violencia en Colombia.
Reducir la violencia en Colombia, en los niveles que se ha venido
reduciendo, es el logro de un bien general, de un bien superior.
Por eso creo que hoy no se puede invocar la independencia de las
instituciones del Estado.
Si bien nuestra Constitución, sabiamente, dice que nuestro
Estado de Leyes está formando por instituciones independientes,
esa independencia la misma Constitución la diseña
como relativa, porque obliga que haya la colaboración armónica
entre todas las ramas del Estado, para poder obtener los bienes
superiores del Nación.
La colaboración armónica se requiere para obtener
ese bien superior que es la paz, y se niega esa colaboración
armónica, cuando después de tener cuatro años
y medio de avance en este proceso, entonces se le viene a decir
al país que hay que darle a los paramilitares un tratamiento
diferente del tratamiento que se le da a la guerrilla.
¿Y qué va a pasar en el futuro? Esta ley que ha
parecido muy suave con los paramilitares, para algunos de mis críticos,
para otros de mis críticos les parece muy dura con las guerrillas.
Entonces, el día que haya procesos de paz con el ELN y con
las FARC, ¿qué legislación va haber? Y a esos
procesos de paz van a llegar, van a llegar si persistimos en la
seguridad, van a llegar si persistimos en la firmeza.
Lo único que ablanda a esos bandidos y que les hará considerar
la necesidad de los procesos de paz, es la firmeza del pueblo y
de los gobiernos para combatirlos. Allá van a llegar, y
en ese momento vamos a tener un dilema jurídico ¿qué ley
les aplicamos?, o la Ley de Justicia y Paz o se les niega a todos
la condición de delincuentes políticos o una ley
más benigna que la actual.
Por eso, las decisiones que se tomen ahora, que deben partir del
principio de igualar a paramilitares y a guerrilleros, tienen que
ser unas decisiones que sepan anticipar el futuro de los procesos
de paz con la guerrilla.
Y qué difícil, porque el ELN dice que no acepta
un día de cárcel, que ellos quieren pasar del monte
al Congreso, a la política, no importa que hayan secuestrado,
incursionado en el narcotráfico, torturado.
A los paramilitares no les permitimos eso, los paramilitares están
en la cárcel y los responsables de esos delitos atroces
no pueden aspirar al Congreso, no pueden aspirar a las más
elevadas posiciones de la democracia.
Pero el ELN pretende que se le de ese tratamiento benigno. ¿Y
que no decir de las FARC? Las FARC ha dicho que no reconoce al
Estado colombiano, que ellos no reconocen nuestra legislación,
que ellos no violan nuestra legislación porque no los obliga.
Esos sí que quieren pasar del monte al Congreso, a la capacidad
de destruir nuestra democracia, de imponer sus caprichos de gobierno.
Por eso hay que manejar con mucha determinación pero con
mucho cuidado esta hora. Voy a invitar a mis compatriotas en todas
las regiones de Colombia, para que ayuden al Gobierno en el propósito
de obtener una legislación que le de el mismo tratamiento
a la guerrilla que a los paramilitares. No podemos seguir con esos
tratamientos discriminatorios, que tanto daño han hecho.
Y que no aparezca el fantasma de la parapolítica. Para
que no haya duda, así como dije ayer en la Universidad Santo
Tomas y lo quiero repetir hoy en Pereira, que lo que estamos pidiendo
a raíz de la sentencia que nos preocupa de la Corte Suprema
de Justicia, es un beneficio para aquellos que no han cometido
delitos atroces, que no han cometido delitos de ilesa humanidad,
también repito hoy, que el beneficio que estamos pidiendo
no es para proteger ni atenuar la culpa de los servidores públicos,
eso que quede muy claro.
Y además debo decir, repetir ante mis compatriotas, que
las investigaciones que se están adelantando contra congresistas
de la República son producto de lo que se ha logrado recientemente
en Colombia.
La Seguridad Democrática le ha quitado a los colombianos
el temor de testimoniar, la Seguridad Democrática le ha
devuelto a los colombianos la confianza en la ley, y en la justicia,
la Ley de Justicia y Paz obliga a la verdad.
¿Y que hemos hecho? Apoyar la justicia. Por eso que no
queden dudas de la intención del Gobierno, que además
tiene que decir que la mayoría de los delitos que hoy se
investigan, en el proceso de la parapolítica, fueron cometidos
antes de este Gobierno, y que eso se ha venido corrigiendo en este
Gobierno, gracias a que en este Gobierno se ha recuperado el control
sobre los territorios de la Patria que estaban con ausencia total
del Estado, en control casi permanente de los terroristas guerrilleros
y de los terroristas paramilitares.
He querido traer estas reflexiones hoy a Pereira, porque esta
región que siempre consideramos un oasis, ha sufrido mucho
esa violencia.
Recuerdo el ELN secuestrando en Pereira, los paramilitares y el
narcotráfico del norte del Valle del Cauca haciendo de las
suyas, todavía con vestigios y marañas.
Recuerdo las FARC en el occidente de Risaralda, todavía
tratando de hacer incursiones en el oriente, en el Parque de Los
Nevados. Otros grupos guerrilleros actuando durante 25 años
en la impunidad y en la insurgencia, que apenas hemos venido a
desmontar ahora.
No podemos ablandar esta lucha por la seguridad, ni podemos permitir
que se distorsione. Estamos estudiando cual es el mejor instrumento
jurídico, para presentarlo rápidamente a consideración
del Congreso (de la República), pero eso necesita un gran
consentimiento del pueblo colombiano, que es el que nos proponemos
buscar en todos los rincones de la Patria.
Hace cinco años, hubo años en los cuales asesinaban
15 periodistas. Uno de los compromisos nuestros con la Seguridad
Democrática es la protección del periodismo. Este
año no ha sido asesinado un solo periodista en Colombia,
y bien importante, por todas las regiones de la Patria encuentro
al periodismo mas tranquilo, mas libre, menos amenazado. La Seguridad
Democrática le ha devuelto al periodismo el disfrute de
la libertad, que lo estaba perdiendo a manos de las amenazas de
los delincuentes, y por la desprotección del Estado.
Doctores, Luis Carlos Ramírez Múnera y Javier Ramírez
Múnera, muy distinguida familia del Diario del Otún,
que el Diario del Otún y todos los medios de Colombia tengan
larga vida, que el Diario del Otún siga siendo, como aconsejó el
Presidente Núñez, antorcha y no tea, cordial y no
tósigo, mensajero de verdad y no de error ni calumnia, porque
la herida que se hace a la honra y al sosiego es con frecuenta
la más grave de todas.
Cómo nos ha dado de ejemplo el Diario del Otún,
en ser un periódico de construcción de Patria.
Felicitaciones, están muy niños, 25 años
no es nada, ojala podamos acompañarlos cuando cumplan los
otros 25.
Muchas gracias”.
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