Advierte
el Ministro de Hacienda
VOLVER FÓRMULA DE TRANSFERENCIAS A LA CONSTITUCIÓN,
ACABARÍA LA INVERSIÓN PÚBLICA
Bogotá, 2 jun. (SNE).- Atar en forma inmediata la fórmula
de giro de las transferencias a los Ingresos Corrientes de la Nación
como lo señala la Constitución de 1991, acaba la
capacidad de inversión del Gobierno Central y no permitiría
contar con los recursos suficientes para poder hacer el pago pensional
que el país lo necesita y del cual depende la estabilidad
de las finanzas públicas en el largo plazo.
Así lo señaló el ministro de Hacienda, Oscar
Iván Zuluaga, en el Consejo Comunitario de Gobierno donde
se analizó la situación del sector de la educación
y el proyecto de transferencias de recursos a las regiones que
se discute en el Congreso.
El Ministro dijo que cuando se dice que volver a la fórmula
de la Constitución significaría comprometer los recursos
de la Nación está sustentado en que este año
la inversión publica del Gobierno Central –con la
que se financia infraestructura, los sistemas de transporte masivo,
programas sociales, subsidios de vivienda, etc.), es de 7 billones
de pesos este año.
“Si regresamos a la formula del 91 significaría en
promedio entre 3 y 4 billones de pesos menos que tendría
el Gobierno, es decir colapsaría la inversión pública,
y esa inversión pública se hace es en los municipios
y en los departamentos.
Entonces lo que ha dicho el Presidente, de qué serviría
unas regiones con mucho recursos y un Gobierno central sin poder
cumplir la Constitución, que es atender los frentes de inversión
en diferentes sectores”, explicó.
Recordó que en el tema pensional lo que hay detrás
del período de transición que se propone en la fórmula
de transferencias entre los años 2008 y 2016 es el ajuste
pensional que ha tenido que hacer el país desde el año
2002.
Explicó que hasta antes de 2002 el ajuste pensional representaba
como proporción del Producto Interno Bruto un 2,5 por ciento.
Este Gobierno encontró que era necesario transparentar
la deuda pensional en las cuentas fiscales para garantizar que
en
el largo plazo se tendrían los recursos para pagar a los
pensionados, y por eso –con la ayuda del Congreso- se aprobaron
2 leyes de pensiones y un Acto Legislativo donde se preservan los
intereses y los derechos pensionales de los maestros en norma constitucional.
Sostuvo que cada año se tienen que destinar mayores recursos
de los ingresos tributarios poder atender el pasivo pensional,
y eso va a ser creciente hasta el año 2016.
Por ejemplo este año 4,2 puntos del PIB se tienen que dedicar
para atender el pago de pensiones, eso equivale a 15 billones de
pesos, cifra casi igual a todo lo que se les transfiriere a las
regiones mediante las transferencias, que es de 17 billones de
pesos.
El año entrante los giros equivalen a 4,5 puntos del PIB,
en el 2011 sube al 4,8 y así sucesivamente hasta niveles
del 5 por ciento y solamente a partir de 2016 empezaría
a reducirse ese pasivo pensional y permitiría que la Nación
tuviese mayores recursos.
“Por eso entonces el Gobierno tiene que ser responsable,
porque tenemos que honrar el compromiso del pago de los pensionados
de
todas las instituciones públicas del orden nacional, departamental
y municipal que le corresponde asumir a la Nación, ese es
un tema crucial que el país debe saber y que impide, que
impide que sea viable volver a la fórmula del 91.
No tendríamos cómo financiar esos incrementos de
esa obligación que ya es de ley para poder pagarle los derechos
a los colombianos que están hoy pensionados y que se van
a pensionar en los próximos años”, señaló Zuluaga
Escobar.
Agregó que:
“Y esa es la realidad cuando estamos discutiendo por qué no
podemos volver a la fórmula del 91, no es viable, porque
acaba la capacidad de inversión del Gobierno central y no
permitiría contar con los recursos suficientes para poder
hacer este pago pensional que el país lo necesita y del
cual depende la estabilidad de las finanzas públicas en
el largo plazo.
Por eso lo que el Gobierno siempre ha planteado es que la fórmula
actual genera equilibrio para las finanzas públicas de las
regiones y de la Nación, que es el principio detrás
de lo que plantea la Constitución del 91, descentralización
política pero donde la Nación tiene que asumir también
una responsabilidades con las regiones”.
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