Bogotá, 1 mar (SNE). El Gobierno Nacional estableció las
reglas del juego para medir de manera precisa el cumplimiento
del goce efectivo de los derechos de la población desplazada
por la violencia, en lo cual invertirá más de
cuatro billones de pesos durante el actual período presidencial.
Así lo reportan este jueves ante la Corte Constitucional,
en el marco de una audiencia sobre el tema, el ministro del Interior
y de Justicia, Carlos Holguín Sardi; la directora del
Departamento Nacional de Planeación, Carolina Rentería;
el alto consejero presidencial y director de Acción Social,
Luis Alfonso Hoyos Aristizábal; el nuevo ministro de Hacienda, Óscar
Iván Zuluaga Escobar, y el secretario jurídico
de la Presidencia de la República, Mauricio González
Cuervo.
Para realizar dicha medición, el Gobierno determinó ocho
criterios que contemplan los derechos fundamentales de los desplazados:
vivienda, salud, educación, alimentación, generación
de ingresos, identidad, vida e integridad y participación
ciudadana. La medición de estos criterios se realiza con
base en doce indicadores de cumplimiento.
Este sistema de indicadores permitirá medir el impacto
de las políticas sociales, monitorear los resultados,
optimizar la focalización de los recursos, ejecutar programas
de alto impacto, y ajustarlos y determinar el momento en que
se supera la condición de desplazamiento, lo cual implica
el cumplimento integral de los indicadores.
Los beneficiarios de estos programas serán las 1 millón
976.970 personas (441.639 hogares) que actualmente figuran en
el Sistema Información de Población Desplazada
(SIPOD), más los nuevos colombianos que ingresen a este
registro.
El Gobierno buscará que este goce de derechos sea plenamente
efectivo, a través de la Red de Protección Social
del programa Familias en Acción.
VIVIENDA
El Gobierno garantiza la plena efectividad del derecho de vivienda
con independencia de la forma de acceso a la misma, es decir,
si es propia o arrendada. Además asegurará de que
la casa sea habitable y cuente con los servicios públicos
básicos.
Para el caso, el indicador de goce efectivo es que el hogar
ocupe legalmente el predio en condiciones adecuadas.
En el 2002 se asignaron 298 subsidios de vivienda. A fecha de
2006 se han asignado 65.043 y se pasó de 4.039 hogares
con mejoramiento de condiciones de habitabilidad a 9.369 hogares
beneficiados en el mismo período.
Hace cuatro años se desembolsaron 297 subsidios de vivienda,
mientras que el año pasado fueron 17.864 los subsidios
de vivienda entregados.
SALUD
Para medir el acceso a la salud de la población desplazada,
se tomaron como indicadores el número de hogares afiliados
al Sistema General de Seguridad Social, los programas de vacunación
y la asistencia sicosocial.
Los retos en este tema son varios: que todos los hogares desplazados
estén incluidos en el Sistema General de Seguridad Social,
que todas las personas que lo soliciten reciban el apoyo sicosocial
y que la totalidad de los niños cuente con su esquema
completo de vacunación.
El Ministerio de Protección Social cuenta con información
a partir del 2003, cuando fueron afiliados 28.770 personas desplazadas.
Para el 2006 la cifra acumulada fue de 670.264 personas afiliadas
al sistema general de seguridad social en salud.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
en 2005 brindó atención sicosocial a 130.446 personas.
Para 2006 se alcanzó la cifra de 367.253 personas atendidas.
Acción Social, por su parte, ha brindado apoyo sicosocial
a 45.077 hogares.
Frente a los programas de vacunación, durante el año
pasado se llegó a un acumulado de 114.750 niños,
entre cero y 7 años, con esquema de completo de inmunización.
EDUCACIÓN
Conforme a las políticas del Gobierno Nacional, para
el año 2010 se buscará tener cobertura total en
educación para la población desplazada entre los
cinco y los 17 años.
El indicador se medirá con base en la asistencia regular
a los planteles educativos.
En la actualidad 232.115 niños desplazados son atendidos
en el sector educativo, después que en 2003 el número
de menores desplazados asistiendo a clase era apenas de 29.707.
Entre tanto, 144.635 niños cuentan hoy con acompañamiento
de permanencia en el sector educativo.
ALIMENTACIÓN
La condición de alimentación es entendida por
el Gobierno como la necesidad de contar con disponibilidad de
alimentos o los medios para conseguirlos.
Los indicadores para el caso están relacionados con la
existencia constante de la disponibilidad suficiente de alimentos,
y que todos los niños que no están al cuidado de
un adulto, asistan a programas de atención a menores.
Según el informe presentado a la Corte Constitucional,
el 80 por ciento de la población desplazada, un total
de 352.807 hogares, han sido atendidos en la fase de emergencia.
De otra parte, 364.233 niños y jóvenes están
en programas de alimentación o cuidado infantil. De ellos,
13.117 menores de seis años son beneficiarios de raciones
alimentarias, 25.100 de desayunos infantiles, 245.034 son atendidos
en restaurantes escolares y 80.982 están en programas
de atención al menor.
GENERACIÓN DE INGRESOS
El acceso a recursos que les permitan sostenerse a los hogares
es prioritario dentro de la política de atención
a la población desplazada. El objetivo es lograr que los
desarraigados alcancen niveles de autosostenimiento, de tal manera
que puedan prescindir de la asistencia estatal.
El indicador en este criterio determina que al menos un miembro
del hogar en edad de trabajar tenga ocupación remunerada
o fuente de ingresos autónoma.
A 2002 se contaba con 9.199 personas beneficiarias con procesos
de formación. En 2006 se elevan a 234.132
IDENTIDAD
Para el Gobierno es de vital de importancia trabajar en la identificación
de las personas que han sido víctimas del desplazamiento
forzado, sean adultos o menores de edad, ya que es la entrada
a los programas oficiales de asistencia y atención.
En este sentido el indicador es que todos los miembros del hogar
cuenten con los documentos de identificación completos.
Hasta el momento 958.221 personas están identificadas
plenamente. De ellas el 65 por ciento tiene cédula de
ciudadanía, y el 9 por ciento, tarjeta de identidad.
SEGURIDAD CIUDADANA
El Estado deberá proteger los derechos a la vida, la
integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes enfrentan
una situación de riesgo extraordinario, por lo que se
definieron como indicadores en este tema los siguientes: el número
de personas del hogar que tienen medidas de protección
y el acceso a los servicios de seguridad para quienes retornen
o sean reubicados.
En total se ha dado protección a 201 personas en situación
de desplazamiento.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los hogares que han sufrido el desplazamiento forzoso deben
participar en procesos de estabilización social y económica,
y en el momento en que son reubicados o retornan a sus lugares
de origen deben expresar voluntariamente ese propósito.
El indicador para este criterio es: que la comunidad donde habita
el hogar cuenta con un representante que asiste al Comité Departamental
o Municipal de Atención Integral a la Población
Desplazada.
En la actualidad, el 96 por ciento de los hogares participa
en estos comités departamentales y el 35 por ciento en
los municipales.
COORDINACIÓN TERRITORIAL
El Ministerio del Interior y de Justicia, en su papel de coordinador
de la promoción de mayores esfuerzos presupuestales, administrativos
y políticos de las entidades territoriales, ha logrado
un incremento del 60 por ciento en la asignación de recursos
para la atención de la población desplazada, desde
el 2004 hasta el 2007.
Actualmente las alcaldías y las gobernaciones cuentan
con partidas específicas para prevenir y atender el desplazamiento,
planes integrales de prevención y comités territoriales
constituidos.
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo del Ministerio para
la divulgación de la responsabilidad de las autoridades
locales, de manera coordinada con el Gobierno Nacional, en cuanto
a la aplicación del goce efectivo de los derechos fundamentales
de la población desplazada.
