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de Marzo |
CONSIDERACIONES DEL ESTADO COLOMBIANO AL INFORME
DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS – 2006.
1. PRESENTACION
El Gobierno de Colombia:
-
Agradece a la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y a su Oficina en Colombia
la elaboración y presentación, en cumplimiento
de su mandato, del Informe sobre la situación de derechos
humanos y derecho internacional humanitario en Colombia durante
2006 y sus correspondientes Recomendaciones.
-
Destaca el ánimo de colaboración
y cooperación de la oficina en Colombia para la elaboración
del mismo, así como haber establecido mecanismos de
diálogo permanentes para fortalecer el trabajo conjunto,
particularmente en materia de prevención y protección
de los derechos humanos y la erradicación de las causas
generadoras de las violaciones.
-
Destaca, igualmente, la consolidación
del rol de asesoría de la Oficina en Colombia para
con todas las instituciones del estado, lo cual ha significado
un mejor aprovechamiento de su experiencia, así como
una mejor comprensión mutua del alcance y contenido
de su mandato, de sus recomendaciones y de las decisiones
estatales para su implementación.
-
Valora positivamente el reconocimiento hecho
sobre el ambiente de tranquilidad en el que se desarrollaron
los procesos electorales nacionales, que culminaron con la
re-elección del presidente Alvaro Uribe Velez y la
elección de los miembros del Congreso de la República,
así como la participación, con todas las garantías
para el ejercicio electoral, de organizaciones políticas
de oposición, tal como lo reconocieron la totalidad
de candidatos que participaron en la contienda.
-
Destaca el hecho de consignar en el Informe,
el inicio o la consolidación de procesos cuyos resultados
apuntan a la superación definitiva de situaciones
que afectan el ejercicio de los derechos humanos de los colombianos,
aceptando la necesidad de redoblar los esfuerzos emprendidos
para superar dificultades que se mantienen.
-
Manifiesta su decisión de consolidar
y hacer permanentes los esfuerzos de las autoridades para
alcanzar los objetivos de las recomendaciones y valorar la
pertinencia de las mismas
-
Destaca la condena al desconocimiento y violación
sistemáticos y permanentes de la normativa humanitaria
por parte de los grupos armados al margen de la ley y al
hecho de ser éstos responsables de homicidios, amenazas
de muerte, masacres, ataques contra la población
-
civil, ataques indiscriminados, toma de rehenes,
actos de violencia sexual, actos de terrorismo, reclutamiento
de niños y niñas, utilización de minas
antipersonal, desplazamientos forzados, aislamiento de poblaciones
y ataques a la misión médica y humanitaria.
2. CONTEXTO GENERAL DEL PAIS, EVOLUCION DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS DE PAZ.
De lo consignado en el Informe de la Alta Comisionada, el
Gobierno considera relevante destacar:
-
La decisión del Gobierno de mantener
la ofensiva militar contra los grupos armados al margen de
la ley que ha permitido consolidar la recuperación
del territorio y mantener la tendencia decreciente de los índices
generales de violencia en el país. El Gobierno desea
reiterar que la Política de Seguridad Democrática
tiene como eje rector crear las condiciones de seguridad
necesarias para que los colombianos puedan ejercer sus derechos,
en el entendido básico de que sin seguridad y sin
presencia del Estado no hay posibilidades para ello.
-
Los vances en la desmovilización de
los grupos paramilitares, en la aplicación de la Ley
975 de 2005 y la creación de la Alta Consejería
Presidencial para la reintegración social y económica.
-
El crecimiento económico como elemento
que garantiza la aplicación de políticas sociales
orientadas a mejorar la situación de sectores importantes
de la población que aún no acceden a los servicios
básicos.
-
La conversaciones con el ELN de las que se
espera en 2007, la adopción de una agenda de negociación
concreta.
-
El papel de la Corte Constitucional, de la
Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría
del Pueblo y de los Personeros municipales como defensores
de los derechos humanos
3. PRINCIPALES AVANCES Y RETOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS
Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
El Gobierno recibe con satisfacción que en el informe
se destaque el compromiso de las autoridades colombianas en
procura de alcanzar los objetivos de las recomendaciones. El
Gobierno reitera que ha venido desarrollando un conjunto de
acciones orientadas a superar los problemas en el campo de
los derechos humanos, como elemento constitutivo de su política
y que, con el acompañamiento de la Oficina en un proceso
llevado a cabo con el conjunto de instituciones gubernamentales
y de los organismos de investigación y control, ha encontrado
el mecanismo para hacerlo visible y cuantificable, además
de específico respecto del contenido concreto de cada
una de ellas.
De la misma manera, ratifica su compromiso para elaborar de
manera concertada con amplios sectores de la sociedad civil
el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, como
el mecanismo que permitirá a corto, mediano y largo
plazo, orientar de manera coherente y sistemática las
acciones del Estado en el campo de los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, en procura de su plena vigencia.
En desarrollo de su política, ha logrado avances significativos
en la institucionalización del tema en las regiones
y en los departamentos al convenir con la totalidad de los
gobernadores (32) y con 651 alcaldes de un total de 1.098 para
su período de gobierno 2003-2007, la inclusión
del tema en sus planes de desarrollo y la elaboración
de Planes de Acción como un instrumento de desarrollo
concreto. Ello ha permitido que la política pública
incorpore como agentes a los gobernadores y alcaldes, situación
nueva en Colombia.
Los avances en materia de Lucha contra la Impunidad, tales
como la elaboración de una política concertada
entre el ejecutivo y los organismos de investigación,
control y aplicación de la justicia, su adopción
mediante el CONPES 3411, la asignación de los recursos
financieros para garantizar su ejecución en los próximos
tres años, la vinculación de la comunidad internacional
para apoyar su aplicación y la identificación
de áreas prioritarias para la acción, permitirán
consolidar los resultados que describe el Informe, reconociendo
la importancia de esfuerzos sistemáticos y permanentes.
El Informe señala la importancia de que los esfuerzos
que se vienen haciendo con el Ministerio de Defensa, con el
acompañamiento de la Oficina, incidan directamente en
la reducción sustantiva de graves violaciones o infracciones
cometidas por efectivos de la Fuerza Pública. El Gobierno
quiere señalar al respecto que han sido reiteradas sus
instrucciones para que el comportamiento de todos los servidores
públicos, tenga como fundamento el respeto y el acatamiento
de la normatividad, especialmente la relacionada con los derechos
humanos.
Para ello, ha determinado que el Ministro de la Defensa asuma
el liderazgo en la definición de una política
integral que recoja todos los esfuerzos de la institución
en la materia, la cual será única para todo el
sector defensa e incorporará los siguientes objetivos:
Garantizar la protección de los derechos humanos de
la población civil, de quienes participan directamente
en las hostilidades y de los miembros de la institución;
fortalecer la legitimidad y credibilidad de la fuerza pública;
integrar la teoría de los derechos humanos con la práctica
operacional; fortalecer los controles institucionales y judiciales
para prevenir y castigar las violaciones a los derechos humanos
y promover la integración interinstitucional en la materia.
Para lograr estos objetivos se trazarán acciones en
educación en valores, instrucción integral y
práctica en derechos humanos de los conflictos armados,
y control efectivo de la fuerza pública en el cumplimiento
de su misión.
En cuanto a la población desplazada, la cual se constituye
en una prioridad para el Estado, y como un componente del Plan
de desarrollo 2006-2010, el Gobierno se ha trazado como objetivo
La formulación de una política de Estado que
facilite la atención integral de la población
desplazada por la violencia y sacarla de su condición
de desplazamiento. Las líneas de acción que la
conforman son las siguientes:
-
Fortalecimiento del Registro Único
de Población Desplazada (RUPD)
-
Diseño y aplicación de herramientas
metodológicas que permitan mayor coordinación
y complementariedad entre la información del nivel
nacional, territorial y municipal
-
Vinculación masiva de la población
desplazada, a la Red para la Superación de Extrema
Pobreza (JUNTOS) y al programa de Familias en Acción
-
Elaboración de un marco conceptual
para caracterizar a una persona desplazada como social y
económicamente estable
-
Cumplir el cronograma presupuestal definido
en el Conpes 3400 de 2005, que establece el ritmo de asignación
de recursos para el período 2007-2011
Además, con el desarrollo del Sistema SAT-CIAT, se
espera prevenir la ocurrencia de desplazamientos masivos y/o
de los denominados “gota a gota”.
4. PROCESO DE DESMOVILIZACION Y REINTEGRACION.
Una primera acotación sobre este tema tiene que ver
con la decisión reiterada del señor Presidente
de la República de entender que los procesos de negociación
con las estructuras de las autodefensas han concluido. Ello
significa que las acciones delictivas que desarrollen nuevos
grupos o aquellos conformados por quienes con anterioridad
hacían parte de dichas estructuras, tienen que mirarse
y entenderse como el accionar de bandas delincuenciales organizadas
y sobre ellas debe recaer todo el peso de la autoridad civil,
militar y policial, y de la ley penal. Para ello se han impartido
las instrucciones necesarias, a las autoridades correspondientes.
Por otra parte, el Gobierno, a través de la Alta Consejería
para la Reintegración Económica y Social, que
ha asumido los retos institucionales del proceso, deberá diseñar,
coordinar y evaluar la política de reintegración
de personas y grupos armados ilegales a través de la
ejecución de las siguientes acciones:
-
Construcción de un Plan de Acción
que plasme los programas, estrategias y metas requeridas
para la reintegración de la población desmovilizada
-
Diseño y aplicación de una
política de prevención del reclutamiento infantil
por parte de los grupos armados ilegales
-
Priorización de la atención
psicosocial y la educación como elementos de inclusión
-
Inclusión activa y directa de los
núcleos familiares en el proceso
-
Descentralización de la política
de reintegración
-
Consolidación de la participación
del sector privado y de la sociedad civil en general
-
Creación de un sistema único
de información que permita, de manera ágil,
oportuna y confiable, monitorear y evaluar las acciones y
resultados de la política de desmovilización
y reintegración.
-
Diseño y aplicación de un
sistema de monitoreo y acompañamiento, durante y después
de la vinculación de los desmovilizados a los programas
de atención, que garantice su permanencia en la legalidad.
5. SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como se señala a continuación, los principales
indicadores sobre afectación de los derechos fundamentales
de los colombianos continúan mostrando, con algunas
excepciones —reflejadas en el Informe—, una tendencia
favorable representada en la disminución del número
de situaciones que vulneran los derechos humanos:
Para evaluar y hacer seguimiento a aquellos casos de los cuales
da cuenta el Informe en este acápite, el Gobierno y
la Oficina han creado un mecanismo de trabajo permanente que
le ha permitido al gobierno, tomar decisiones como las registradas
en el mismo Informe.
Derechos económicos, sociales y culturales
(DESC)
El documento CONPES Social 102 de septiembre de 2006, creó la
Red para la Superación de la Extrema Pobreza (JUNTOS),
como una estrategia fundamental para prevenir y superar la
pobreza extrema. JUNTOS tiene como objetivo garantizar el acceso
de la población más pobre y vulnerable a bienes
públicos tales como vivienda, educación, salud,
saneamiento básico, seguridad.
alimentaria, servicios financieros, entre otros. Con la Red
se busca la incorporación efectiva de 1.5 millones de
familias y de siete millones de colombianos de los hogares
más pobres a los servicios sociales del Estado, con
el fin de asegurarles la superación definitiva de su
condición, para lo cual se espera canalizar inversiones
por un total de US$ 7.633 millones en el período 2006-2010
6. SITUACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El Gobierno comparte las afirmaciones contenidas en el Informe
según las cuales una proporción significativa
de infracciones al derecho internacional humanitario son atribuibles
a los grupos armados ilegales, especialmente a las FARC.
El Gobierno, igualmente persiste en los acercamientos con
el ELN, en la expectativa de que las rondas de conversaciones
que tienen lugar en la Habana, arrojen resultados positivos.
7. ACTIVIDADES DE LA OFICINA
El Gobierno quiere expresar su reconocimiento al papel que
cumple actualmente la oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. En desarrollo
de su mandato, ha sido posible establecer unas relaciones francas
y cordiales, basadas en la premisa de que los problemas, cuya
existencia y gravedad se reconocen, deben encontrar mecanismos
para su superación y en ello, la Oficina del Alta Comisionada,
juega un papel importante con el acompañamiento y la
asesoría.
La relación fortalecida y la interlocución actual
entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada, ha permitido
entender el contenido y alcance de los Informes y de las Recomendaciones
como generadoras de procesos, propiciando un futuro mejor para
el ejercicio de los derechos humanos de los colombianos.
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