Bogotá, 16 mar (SNE). Los grupos armados ilegales, especialmente
la guerrilla de las Farc, son los mayores infractores de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia
(DIH). Así lo indica, en algunos de sus apartes, el informe
de 2006 que sobre el tema presentó la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre los grupos guerrilleros, la Alta Comisionada Louise Arbour
dice que durante 2006 a los grupos armados ilegales se les imputaron
homicidios y amenazas de muerte, masacres, ataques contra la
población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes,
actos de violencia sexual, actos de terrorismo, reclutamiento
de niños y niñas, utilización de minas antipersonal,
desplazamientos forzados, aislamiento de poblaciones y ataques
a la misión médica y humanitaria.
“Las FARC-EP y en menor medida el ELN y el Ejército
Popular de Liberación (EPL), persistieron en la toma de
rehenes particularmente en Antioquia, Arauca, Choco, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo y Caldas y mantuvieron en cautiverio
a un número muy considerable de personas”, dice
el documento en su aparte sobre las guerrillas.
Agrega que en Arauca, Cauca, Norte de Santander, Valle y Nariño,
la población denunció actos de violencia sexual
por parte del ELN.
“En Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Putumayo
se registraron desplazamientos forzados por amenazas y actos
de violencia atribuidos a las FARC-EP y al ELN, por enfrentamientos
entre esos dos grupos, por combates entre guerrilleros y paramilitares
y por acciones bélicas entre la fuerza pública
y las agrupaciones subversivas”, señala el texto
al respecto.
EL HECHO MÁS RECIENTE
A propósito, el Gobierno Nacional recordó que
la más reciente muestra de la violación del derecho
internacional humanitario se presentó el pasado primero
de marzo de 2007, cuando integrantes de la cuadrilla ‘Tulio
Varón’ de las Farc emboscaron una patrulla del Ejército,
asesinando a dos soldados y atacando al equipo de la misión
médica del municipio de Venadillo (Tolima) en momentos
en que acudió a prestar auxilio a los soldados heridos.
También quedó herida la enfermera que iba en la
ambulancia (ver videos).
Este ataque terrorista contra el personal médico y la
ambulancia, se constituye en una grave infracción a
las normas del DIH, en especial los artículos 9, 10,
11 y 12 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.
Por esto el Gobierno de Colombia expondrá ante la comunidad
internacional los videos que registran el mencionado ataque
contra la misión médica.
AUTODEFENSAS
En lo que tiene que ver con los grupos de autodefensas, sostiene
la Alta Comisionada en uno de los apartes de su informe de
2006 que, pese al compromiso de cese de hostilidades –declarado
a finales de 2002–, hasta la finalización del
proceso de desmovilización, continuaron registrándose
acciones violentas de miembros de esos grupos contra la población
civil, fundamentalmente homicidios, amenazas y desplazamientos
forzados en Norte de Santander, Chocó, Cesar, Santander
y La Guajira.
Le preocupa a la Alta Comisionada la aparición de nuevas
agrupaciones criminales en regiones como Cesar, Meta y Córdoba.
Nuevamente Naciones Unidas exige a los grupos armados al margen
de la ley respeto por la vida e integridad de civiles, liberar
de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como
rehenes y abstenerse de utilizar minas antipersonal.
“La Alta Comisionada insta al Gobierno, el Registrador
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral a velar
porque en las elecciones previstas para 2007 candidatos y electores
puedan actuar con libertad, seguridad y demás condiciones
que fortalecen el sistema democrático”, apunta.
AVANCES
Dentro de la implementación durante 2006 de las recomendaciones
que hizo esta Oficina de Naciones Unidas en su informe 2005,
precisa que la Alta Comisionada ha podido observar un mayor compromiso
de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos de
las recomendaciones formuladas sobre la situación de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia,
así como también un mayor esfuerzo para valorar
el impacto concreto de aquéllas.
En términos de administración de justicia, destaca “la
adopción de una política de lucha contra la impunidad
y el anuncio por parte del Gobierno de una reforma sustancial
del sistema de justicia penal militar”.
Exalta también algunas decisiones judiciales que representan
importantes pasos para evitar la impunidad, entre ellas el inicio
por la Corte Suprema de Justicia de investigaciones de congresistas
por supuestos vínculos con paramilitares, y el procesamiento
por la Fiscalía de varios servidores públicos.
“Estas actuaciones judiciales contribuyen a robustecer
el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática”,
sostiene el informe.
Dentro de las medidas positivas adoptadas por el Ejecutivo contra
la pobreza, incluye la política que busca dar protección
social a 1’500.000 familias vulnerables, incluidas 300.000
familias desplazadas.
La Alta Comisionada confía en que el Estado colombiano
seguirá trabajando para garantizar la protección
de las personas y la prevención de las violaciones de
los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional
humanitario. Así mismo alienta a la sociedad civil a seguir
trabajando con espíritu constructivo en favor de la vigencia
de los derechos humanos en Colombia.
Finalmente, invita a la comunidad internacional a continuar
dando su respaldo político, su cooperación técnica
y su asistencia financiera para que las distintas instituciones
del Estado, las ONG y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado
contribuyan, de manera efectiva, a la implementación de
las recomendaciones formuladas y a la transformación positiva
de la situación de los derechos humanos, considerando
el valor de éstos para el logro de la paz”, concluye
el informe.
