COMUNICADO DE ACCIÓN SOCIAL
Bogotá, 30 mar (SNE). La Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, debido
a las continuas denuncias que se vienen presentando en el sentido
de que inescrupulosos exigen dinero para vincular a los colombianos
al Programa “Familias en Acción”, y en vista
de que algunas autoridades locales vienen también exigiendo
para la inscripción requisitos que no están establecidos,
se permite precisar:
1. La inscripción al Programa Familias en Acción
no tiene ningún costo y quien exija dinero a potenciales
usuarios para incluirlos en el mismo debe ser denunciado ante
las autoridades competentes.
2. No es cierto que para la inscripción al Programa Familias
en Acción los aspirantes tengan que presentar certificaciones
de entidades de salud o exámenes o valoraciones médicas.
3. Al programa Familias en Acción pueden aspirar todos
los colombianos que aparezcan en la listas del Nivel 1 del Sisbén
a 31 de agosto de 2006, y que han sido y serán fijadas
en lugares públicos por la Alcaldía Municipal durante
los quince días previos al proceso de inscripción,
así como las familias en situación de desplazamiento
y que están incluidas en el Sistema de Información
de Población Desplazada (Sipod) de Acción Social.
4. Para el momento de la inscripción los únicos
requisitos que exige el Programa Familias en Acción son
:
· Que las personas que figuran en los listados se presenten
con el original y una fotocopia de la cédula de ciudadanía,
la tarjeta de identidad o la contraseña de las mismas
expedida por la Registraduría.
· Fotocopia de los certificados escolares del año
2007 de los menores entre 7 y 18 años, y que se encuentren
estudiando entre los grados 2 a 11.
· El registro Civil de los menores, con parentesco.
Acción Social de la Presidencia de la República
y su programa Familias en Acción invitan a los colombianos
a denunciar a los inescrupulosos que exigen dinero por vincularlos
al mismo, así como a quienes traten de convertirlo en
instrumento de politiquería.
Igualmente solicitan a las autoridades municipales y departamentales,
eliminar cualquier requisito adicional que estén imponiendo
a los aspirantes a formar parte del programa.