Caucasia (Antioquia), 12 may (SNE).- El presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez, instó a los paramilitares a decir
con claridad toda la verdad sobre sus delitos, tal y como quedó establecido
en la Ley de Justicia y Paz.
“¿Qué repito hoy desde Caucasia? Hay que
decir la verdad, es lo que manda la Ley, serena, tranquilamente,
y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación”,
aseguró el Mandatario desde Caucasia, Antioquia, donde
se llevó a cabo este sábado el Consejo Comunal
de Gobierno.
En su declaración, el Presidente Uribe rechazó la
propuesta de algunos paramilitares que están presos en
la cárcel de Itagüí, en el sentido de dividir
en dos su confesión: una ante los fiscales y otra ante
la Iglesia.
“Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia
y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces
cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como
Presidente de la República. Jurídicamente no lo
puedo aceptar”, aseguró el Jefe de Estado.
La siguiente es la declaración del Presidente Uribe:
“Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia
y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley
es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de
delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto,
bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida.
Primera diferencia con procesos anteriores, primer limitante
para procesos futuros.
En la misma dirección, no permite que los responsables
de delitos atroces sean elegidos al Congreso de la República.
Tercera diferencia, exige la verdad.
Fueron las guerrillas marxistas -yo las conocí en la
universidad pública- las que le enseñaron a este
país a combinar las formas de lucha. Estábamos
en la Universidad de Antioquia y ellos combinaban las formas
de lucha. Hacían violencia guerrillera y penetraban la
política, penetraban el movimiento sindical, penetraban
el movimiento estudiantil.
Lo que pasa es que esas verdades nunca se supieron. En cambio
la ley ahora exige que se conozca la verdad de los paramilitares.
Los paramilitares aprendieron lo mismo, y por eso las revelaciones
de ahora.
¿Qué país encontramos nosotros?, y ustedes
que lo han vivido díganme. Estas regiones, lo que no estaba
controlado por guerrilla estaba controlado por paramilitares.
Y el gran ausente era el Estado.
Yo creo que sin que estemos en el paraíso, hemos mejorado.
Hoy hay un gran debate paramilitar en Colombia, pero hay paz
paramilitar. El debate no se hizo cuando había violencia
paramilitar.
Al único que le decían paramilitar aquí,
por hacerle oposición política, era a mí en
la elección presidencial de 2002. Pero a quienes eran
paramilitares a esos no les decían, frente a esos se morían
de miedo.
¿Y cuál es el resultado? De los 40 - 43 mil desmovilizados
hay más de 30 mil paramilitares y 10 mil guerrilleros.
De eso no se ha hablado, Colombia nunca había tenido una
desmovilización guerrillera tan grande. Es que el M-19
desmovilizó 270 guerrilleros, perdón, en total
900 personas. El EPL no pasó de dos mil, y sigamos. En
este Gobierno 10 mil guerrilleros, esa desmovilización
no tiene antecedentes en Colombia.
Y ahora vamos a hacer otra cosita que yo empecé a anunciarle
al país ayer: con la guerrilla que está en las
cárceles, a ver si esos bandidos que hay en el monte son
capaces de tener un gesto de gallardía con este país
y soltar a los secuestrados, y me la voy a jugar con eso. Estoy
esperando la ayuda jurídica del Procurador.
Es muy importante saber de dónde venimos y dónde
estamos. Sé que los jueces de la República, los
fiscales en cada caso, tendrán que ver en qué condiciones
se dieron esos delitos, y tendrán que ver quiénes
colombianos, fueron a reunirse con paramilitares, por lo que
se llama coacción insuperable o en busca de alguna gestión
humanitaria o con ánimo de delinquir.
Esta semana me visitó la Confederación de Alcaldes,
y me decía: “Presidente, es que en los municipios
nuestros -decía la Confederación de Alcaldes- muchos
años teníamos que ir a pedirle permiso para hacer
política a las Farc, al ELN, al EPL, y después
a los paramilitares”. ¿Quién protegió esos
alcaldes?
Por eso yo he dicho, ahí hay una responsabilidad muy
grande del Estado. Unas regiones con una ciudadanía muy
vulnerable. Un día esa ciudadanía sometida por
unos grupos, y al siguiente por otros, y el Estado no los protegía.
Yo confío que todo eso lo miren las autoridades judiciales.
Apreciados amigos de los medios de comunicación, tengan
en cuenta esto que voy a decir: hace unos pocos días fui
visitado por dos miembros de la Comisión Nacional de Conciliación.
A la misma reunión acudió el presidente de la Conferencia
Episcopal, arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro.
No él, sino los dos miembros de la Comisión de
Conciliación, me dijeron lo siguiente: que me habían
pedido cita para transmitirme una propuesta que enviaban desde
la cárcel de Itagüi, algunos paramilitares.
¿Qué propuesta me llevaron?, la siguiente -y quiero
hacerla pública desde Caucasia para todo el país-
que se dividiera la verdad en dos. Que ante los fiscales solamente
se diera la verdad sobre los crímenes cometidos, pero
que ante los fiscales no se dijera la verdad sobre personas involucradas,
que porque hay personas de la política, de las empresas,
de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso
podría ser desestabilizante para la Nación.
Y que en lugar de hacer esa confesión ante los fiscales
y ante la justicia, ellos la harían ante la Iglesia, para
que la Iglesia la mantuviera en secreto, equis número
de años.
Mi respuesta de inmediato, fue la siguiente: no lo puedo aceptar.
Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a
hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto
de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad
del Estado.
Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz,
que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir
la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente
de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar.
Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión,
hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible
desde el punto de vista jurídico, yo pediría que
lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República,
no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces
y a la opinión pública, pública y abiertamente,
porque este Estado necesita legitimidad.
Quiero hacer este comentario: hay cinco suspensiones de extradición,
una de Carlos Castaño, todo indica que fue asesinado.
Quedarían las otras cuatro: una del señor Salvatore
Mancuso, otra del señor Murillo Bejarano, a quien se conoce
con el nombre de Don Berna, y otros dos casos.
En la comunidad internacional algunos dicen, ¿y por qué no
los extraditan? Creo que con lo firmado ayer ya llevamos 563
extradiciones, eso no tiene paralelo, no hay país del
mundo que lo pueda decir.
¿Por qué tenemos estas cuatro extradiciones suspendidas?
Porque ellos han cooperado con la desmovilización de más
de 30 mil integrantes de estos grupos, mal llamados paramilitares.
Esas extradiciones están suspendidas bajo estrictas condiciones
de que no vuelvan a delinquir.
Si se llegare a probar que han reincidido en el delito, automáticamente
se levanta la suspensión de extradición y son extraditados.
Recuerdo esto, para decir, los señores que están
en el proceso de desmovilización en la cárcel de
Itagüí, que hoy son sujetos de una extradición
y beneficiarios de la suspensión de extradición,
pueden saber lo siguiente: el Gobierno no maneja la extradición
con criterio político, la maneja con criterio de conveniencia
para el país -por eso las suspendió- y con criterio
rigurosamente jurídico.
¿Qué me han dicho? Es que el Gobierno utiliza
la extradición para presionarlos, para que no digan la
verdad. No, de ninguna manera, de ninguna manera.
Lo único que hace que el Gobierno levante la suspensión
de las extradiciones y los envíe al país que los
ha requerido, es que ellos incumplan con las condiciones rigurosas
que están contenidas en las resoluciones de suspensión
de la extradición.
¿Qué repito hoy desde Caucasia? Hay que decir
la verdad, es lo que manda la Ley, serena, tranquilamente, y
predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.
La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente:
a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico.
La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la
persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda
a producir el efecto sociológico de que los colombianos
avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.
Ahora, es muy importante tener en cuenta esto frente al ELN,
y frente a las FARC, porque lo que no se puede es dar tratamiento
diferente.
Miren, muchos de los críticos de la Ley de Justicia y
Paz dicen: “es que el Gobierno es muy blando con los paramilitares”.
Y cuando uno dice que hay que aplicarle la misma Ley a la guerrilla,
responden: “ah no, a la guerrilla, no”.
Porque en este hay que ser equilibrado, uno no puede hoy distinguir
entre atrocidades de unos y atrocidades de otros. Cometen iguales
atrocidades, entonces la Ley hay que aplicarla por igual a unos
y otros.
Quería contarle esto al país desde Caucasia”.
