| PALABRAS DEL PRESIDENTE DURANTE LA FIRMA
DEL CONVENIO ENTRE BBVA Y LA U. DE LOS ANDES
Bogotá, 17 may. (SNE).- Las
siguientes son las palabras pronunciadas por el presidente Álvaro Uribe Vélez,
durante la firma del convenio entre el Banco BBVA y la Universidad
de los Andes.
“Quiero felicitarlos por este buen
esfuerzo, que congrega hoy a la Universidad de Los Andes, al
BBVA y al SENA. Un buen ejemplo
para lo mucho que necesitamos en este momento en Colombia.
Permítanme decirles unas palabras esta noche. Ustedes no
son muchos pero son muy importantes y yo no puedo desaprovechar
este auditorio en este momento de la vida del país.
Esto es muy importante en tres objetivos
en que estamos empeñados:
primero, consolidar la Seguridad Democrática; segundo, profundizar
la confianza inversionista en Colombia y tercero, cumplir rigurosamente
las metas sociales que hemos propuesto.
Eso lo desmarcamos en un concepto de Estado
que ha sido necesario empezar a reexaminar, dados los acontecimientos
que se dan en América
Latina.
Primero, se ha querido dividir a América Latina entre gobiernos
de izquierda y gobiernos de derecha, una división obsoleta,
polarizante e impráctica.
Tenía razón de ser en los años de las dictaduras,
quienes las confrontaban trajeron de la izquierda europea el bagaje
ideológico de la izquierda para sustentar su acción.
Hoy todo el mundo dice estar girando alrededor de la regla democrática,
división polarizante que ha frenado muchos de los pasos
que tiene que dar América Latina e impráctica.
Tuve una conversación con una periodista internacional,
me decía: ¿cómo sobrevive un Presidente de
derecha como usted, en una América Latina de izquierda?
Le dije, ¿Por qué me dices que soy presidente de
derecha? Me dijo, pues por su política de seguridad.
¿Es qué la izquierda no necesita seguridad? Enseguida
le dije: ¿Y qué Gobierno de América Latina
hay de izquierda? Me dijo: pues el de Lula. Y le repliqué: ¿Cuáles
son las características del Gobierno del Presidente Lula
que te permitan decir que es un Gobierno de izquierda y el nuestro
de derecha? No moduló palabra. Finalmente me dijo: es que
yo soy de izquierda, y me dijo ¿por qué? Y no explicó.
Y todos los días la realidad de los gobiernos en la región,
muestra que esa es una división obsoleta, que desde que
se cumpla con la regla democrática son más las diferencias
en los discursos de campaña que en las acciones de Gobierno.
Nosotros hemos propuesto, en lugar de persistir
en esa división,
exigir altos niveles de comportamiento democrático. Por
eso, para esos altos niveles de comportamiento democrático,
demandamos cinco elementos: la seguridad con alcance democrático,
el respeto a las libertades públicas, la construcción
de cohesión social, la independencia entre ramas de poder
y la transparencia.
La seguridad, se le ha asignado tradicionalmente
a la derecha como un imperativo, decían los marxistas, para reproducir
condiciones económicas de explotación. Pero, experiencias
europeas, latinoamericanas, los procesos de dictaduras han demostrado
que para aquellos que reclaman ideas de izquierda la seguridad
es una necesidad.
Nadie que esté en el Gobierno puede prescindir de la seguridad,
nadie que quiera erigirse como alternativa de Gobierno puede prescindir
de la seguridad. Finalmente es un valor democrático.
Y como valor democrático tiene que reflejarse en su capacidad
de contribuir a crear todas las condiciones para que funcione el
pluralismo y allí conecta con el segundo elemento: el pluralismo,
las libertades.
Por supuesto, esas libertades también se imputaban a la
derecha, so pretexto de que eran unas libertades formales que trataban
de sustentar artificialmente unos modelos de reproducción
de condiciones de inequidad. Hoy la necesita cualquier expresión
del pensamiento que esté compitiendo en el espectro de la
política. Libertades necesitan todas las tendencias.
La atención social. El avance hacia esa meta es lo único
que hace posible que una política de seguridad sea sostenible
en el tiempo y que una política de confianza económica,
de libertades, sea legitimada en los sectores mayoritarios de una
sociedad.
La transparencia es un factor de confianza
sin el cual no se da aquello que reclamaban los ingleses, la
unidad sobre lo básico
para permitir que a partir de ella se den las diferentes discrepancias
y la división del poder en ramas y su respeto a la independencia
entre las ramas se constituye en un imperativo necesario para evitar
desbordamientos.
Yo creo que inclusive si se insistiera
en replantear esa división
en América Latina entre izquierda y derecha, encontraríamos
que muchos de los que hoy reclaman el liderazgo de la izquierda
en la medida que empieza a eliminar la diferencia entre las ramas
del poder a desconocer su independencia, se asemejan más
a los procesos de derecha que en algún momento sustentaron
dictaduras.
El trabajo por esos cinco elementos democráticos
tiene que ser una constante de nuestra Patria.
Y allí hemos venido ubicando estos
objetivos de Gobierno: seguridad, confianza inversionista y las
metas sociales.
Para nosotros la confianza inversionista
es más importante
que el crecimiento, el crecimiento puede haber un año por
buenos precios de café o por mucha producción de
petróleo y al siguiente se agotó ese pozo petrolero,
se cayeron los precios de café, no hay crecimiento, la confianza
inversionista que permita altas tasa de inversión en el
largo plazo, es el gran fundamento para lograr unas tasas sostenidas,
elevadas de crecimiento también en un horizonte de largo
plazo.
Los tres elementos: la seguridad, la confianza
inversionista y las metas sociales, están conectados mutuamente
entre ellos, con un lazo transitivo entre los tres.
En una sociedad como la colombiana, la seguridad contribuye a
crear confianza inversionista, y la confianza inversionista contribuye
a generar el alcance de exigentes metas sociales.
Conseguidas estas, a medida que se avance
en ellas, se le estima una política de seguridad y se hace sostenible y también
se legitima una política de altas tasas de inversión.
Nosotros creemos que la confianza inversionista
ha mejorado y requiere un gran compromiso para sustentarla. A
mejorado, como
lo indica las cifras: en 2002, la tasa de inversión en el
país estaba en el 12, el año pasado cerca del 26,
la del sector privado en el 6,5, el año pasado cerca del
19 y ha venido creciendo año tras año, o importante
es proyectarla, hacerla sostenible en el largo plazo y para hacerla
sostenible en el largo plazo, mis compañeros de Gobierno
y yo creemos que es importante el modelo de Estado, que es importante
la política de seguridad, que son importantes algunas políticas,
como la tributaria, las garantías de estabilidad, y que
es muy importante que el país ofrezca proyectos, para lo
cual el evento de esta noche es trascendente.
El modelo. Hoy no deberíamos estar discutiendo en América
Latina el rol del Estado, pero las circunstancias políticas
de la región obligan a discutirlo.
En los años 90, buena parte de América Latina, en
esa exageración del Consenso de Washington, se dio a la
tarea de desmantelar el Estado. Ahora esta de regreso al estatismo.
En Colombia ni lo uno ni lo otro. Estos
cinco años que
cumplirá nuestro Gobierno hemos hecho un gran esfuerzo por
reestructurar el Estado. Creo que hoy llevamos 360 entidades del
Estado reestructuradas, empezando por Telecom, Paz del Río –donde
el Estado tenía una participación muy importante-
190 hospitales públicos, pero a la tarea todavía
le falta muchísimo.
Ha sido de una gran incidencia para empezar
a sanear las finanzas nacionales, y también hay que reivindicarla como una aproximación
que no desmantela el Estado, que sí lo reestructura.
A partir de la idea de que el Estado no
puede estar al servicio de la ineficiencia, de la politiquería,
de los excesos sindicales, sino al servicio de las mejores aspiraciones
comunitarias.
Esta tarde, en una discusión franca, constructiva con las
centrales obreras, les decía yo: ustedes que tanto se opusieron
a lo de Telecom, y que ahora se oponen a lo de las clínicas
del Seguro ¿qué Telecom prefieren? El difunto de
hace cuatro años, que no tenía con que pagarles a
los pensionados, no garantizaba las nóminas de los trabajadores,
carecía de recursos de inversión.
¿O el de hoy? El Estado ya no es dueño del ciento
por ciento, es dueño del 50 (por ciento) menos una acción,
pero se están pagando al día pensiones, no hay problema
con la nómina de trabajadores activos, tienen ocho billones
(de pesos) para invertir en ayudar a desatrasar al país
en banda ancha, en conectividad, y como ocurre en todas estas empresas
que se reestructuran y donde entran buenos socios particulares,
se imponen las prácticas de Buen Gobierno.
Ya nadie va a la Presidencia de la República a pedir un
puesto en Telecom, como aspiro que una vez hayamos capitalizado
el 20 por ciento de Ecopetrol, nadie vaya a la Presidencia de la
República a pedir un puesto en Ecopetrol.
Allí hay una gran ganancia en materia
de Buen Gobierno en esas empresas.
Nosotros creemos en un Estado como garante
de la responsabilidad social, como garante de la equidad y de
otros valores democráticos,
pero en un Estado que le de todos los espacios a la empresa privada.
No lo desmantelamos, y tampoco permitimos el florecimiento del
estatismo.
Decirlo y practicarlo en este momento de
América Latina
es bien importante para profundizar esa confianza inversionista.
La inversión en nuestro país
goza hoy de todas las posibilidades, con la exigencia de responsabilidad
social.
Queremos medir esa responsabilidad social
en tres expresiones: primero, la transparencia en la relación de los inversionistas
privados con el Estado; transparencia en la adjudicación
de contratos, de concesiones; transparencia en las relaciones de
tributación, etcétera.
Segundo, en las relaciones con la empresa
privada con los particulares, con las comunidades, con el interés colectivo que trasciende
la relación entre la empresa y sus usuarios directos.
Y allí aparece sobresaliente el
BBVA. No se ha limitado a tener una responsabilidad con sus cuentahabientes,
ha asumido
una gran responsabilidad social con la comunidad colombiana.
Y hemos recibido una gran contribución en Banca de Oportunidades.
En el propósito de hacer una amalgama de todo el sector
financiero del país, público y privado, primer piso,
segundo piso, fundaciones, universidades, SENA, para llegarles
con microcrédito a cinco millones de familias pobres de
Colombia en este período, para que la cartera de microcrédito –que
en el 2002 representaba el 1,5 (por ciento) de la cartera total-
al final de este Gobierno esté representando cerca del ocho
por ciento. Y allí hemos tenido un gran compromiso del BBVA.
Semana tras semana, con las comunidades
pobres de la Nación,
allí nos ha acompañado.
Y no es fácil, una persona pudiente y una empresa organizada
llama al doctor (Luis) Juango (presidente del BBVA Colombia) y
le dice: “necesito un crédito de 100 millones”,
se lo manda por teléfono, no hay problema. Otra cosa es
conseguirle un crédito de 400 mil pesos a una mujer pobre,
que no tiene un empleo formal, que tiene la plancha de la casa
en una casa de usura y que necesita 200 mil pesos para capitalizarse.
Esa tarea es muy difícil, y allí hemos encontrado
un gran apoyo del BBVA.
Y sea la oportunidad para reiterar toda la gratitud. Y esta noche
concurre nuevamente a demostrar su responsabilidad social con Colombia.
Y en esa confianza inversionista es muy
importante la seguridad, es muy importante la tributación, es muy importante la estabilidad
en las reglas de juego y es muy importante que el país ofrezca
posibilidades de proyectos.
Se discutió mucho con la academia económica la validez
de nuestra propuesta, no de reducir las tarifas tributarias para
que los contribuyentes más poderosos pudieran apropiar más
utilidades, pero sí la de ofrecer incentivos a la inversión.
Cuando comparo lo que hoy se critica en
los Estados Unidos con lo que nosotros hemos hecho, la diferencia
es clara. Allí la
crítica a la legislación tributaria se basa en el
punto que simplemente redujeron tarifas, y han facilitado que los
sectores más acaudalados apropien más utilidades,
sin garantías para el ahorro y sin garantías para
la inversión.
Lo que hemos hecho nosotros es dar estímulos a la inversión;
estímulos específicos y estímulos generales.
Tesis contrarias a la nuestra eran muy
renuentes a que Colombia lo hiciera, con el argumento de que
la inversión no es sensible
a este tipo de estímulos.
En el Gobierno hemos pensado que no es
el todo, pero que son importantes, y que más allá de la discusión económica,
están los puntos de comparación.
Si vamos a trabajar hotelería, por ejemplo, tenemos que
poner una legislación tributaria que nos haga comparables
con Cuba, o con Costa Rica, o con República Dominicana.
Si vamos a impulsar biocombustibles, tenemos
que tener una normatividad tributaria que permita que los biocombustibles
florezcan cualquiera
sea el precio del petróleo.
Y yo creo que eso ha contribuido a acelerar inversiones en Colombia.
Es muy importante también el tema de estabilidad en las
reglas de juego. Depende de que se logre la estabilidad macroeconómica,
que le evite al país sobresaltos. Inestabilidad empuja al
vacío, todo el mundo es víctima, y es víctima
la confianza inversionista.
Y depende, también, de que los inversionistas
tengan seguros adicionales del Gobierno.
Por eso, para nosotros ha sido muy importante
la ley que autoriza al Gobierno a firmar pactos de estabilidad
con los inversionistas,
que ya se viene aplicando y para esa confianza inversionista es
fundamental tener proyectos, y para tener proyectos no basta el
halago, como lo decía el rector Angulo Galvis, de que el
país está buscando acceso a mercados, que vamos a
tener acceso a nuevos mercados. Para tener proyectos hay también
que estar investigando permanentemente.
Cuando empezó nuestro Gobierno, en el consolidado los recursos
aplicables a investigación, estaban representando el 0,26
del PIB, el año pasado el 0,71, son muy bajos. Estamos haciendo
esfuerzos, yo creo que hay un componente de la ley Agro Ingreso
Seguro bien interesante, orientado hacia allá.
Vemos hoy mucha voluntad en todas las universidades
para mejorar su contribución a la investigación. Solamente lo
que está haciendo la Universidad de Los Andes es plausible,
acabamos de oír algunas referencias al rector, sobre la
cantidad de profesores con doctorado, dedicados a la investigación,
etcétera.
Y este esfuerzo del BBVA, la Universidad
de Los Andes y el CEGA, contribuyen muchísimo a estimular en el país el ánimo
investigativo que requerimos. Y nos parece de la mayor importancia
orientarlo en buena parte a los biocombustibles. Allí tiene
Colombia un gran porvenir, allí tenemos una alternativa
del petróleo hasta hoy declinante en nuestro país,
una gran respuesta a los requerimientos ambientales, y por supuesto
la gran posibilidad de generar en algunos años, dos millones
de empleos de buena calidad y con afiliación a la Seguridad
Social, en el sector agropecuario.
Los críticos de los biocombustibles dicen: ¿Colombia
por qué va a avanzar en eso?, si van a afectar la selva,
van a afectar la seguridad alimentaria, pues Colombia tiene todas
las condiciones para no hacerlo.
Primero: este país que preserva 578 mil kilómetros
de selva, más de la mitad del territorio, ha aprobado una
ley bien importante, la conoció el doctor Eduardo Uribe
Botero, que prohíbe y crea, elementos de cumplimiento legal,
eficaces, seguir tumbando la selva para cambiar de uso en los suelos.
Segundo: nosotros tenemos 44 millones de
hectáreas de sabanas,
bastante inutilizadas, que apenas albergan cuatro millones de hectáreas
de agricultura comercial, y 26 millones de cabezas de ganado. Allí hay
un territorio inmenso, con condiciones de topografía, de
suelos, de lluviosidad y de climas, para hacer una gran revolución
de biocombustibles.
Y por supuesto eso permite crecer toda
la oferta alimenticia, y evitar que el crecimiento de los biocomustibles,
sea en desmedro
de la seguridad alimentaria. En buena hora, manifiestan el interés
en este acuerdo, de avanzar en la investigación hacia los
biocombustibles.
Hace cuatro años no producíamos un litro, hoy producimos
millón 200 mil litros diarios de etanol. Ya empezó a
producir el primer proyecto de biodisel, a partir de palma africana,
en Codazzi. Ya hay las primeras sociedades constituidas entre Ecopetrol
e inversionistas privados, para el desarrollo del biodiesel, en
el Magdalena Medio. Dos proyectos en instalación en Santa
Marta, y varios proyectos en instalación en los llanos.
Tenemos toda la certeza sobre la palma
africana, para el etanol, la caña de azúcar, la yuca. Y necesitamos gran investigación
en Jatrof, y en otras fuentes, sobre las cuales hay mucho optimismo
en nuestro país.
Deseamos que ustedes nos ayuden a dar luces
para que el país
avance rápidamente en ese campo tan promisorio.
Y una idea, en muchas regiones del país, el campesinado
y los pequeños propietarios rurales están esperando
pequeñas plantas. El estudio que hemos hecho hasta ahora
nos demuestra que en la pequeña planta, el costo por unidad
de producción, es mucho mayor que en la grande. Pero el
beneficio social puede compensar esa desventaja inicial.
Nosotros queremos terminar este año con dos pequeñas
plantas experimentales en instalación: una en la olla del
río Suárez entre Boyacá y Santander, y otra
en el nordeste de Antioquia. Hemos instalado una planta de alta
tecnología para procesar caña a partir de vapor,
en Sasaima, Cundinamarca, que puede complementarse, para ser una
pequeña destilería de alcohol carburante.
Y eso nos tiene que llevar a otra investigación, el país
necesita rápidamente definir la fecha a partir de la cual
no se permitirá que lleguen motores convencionales de automóviles,
sino que tengan que llegar motores de automóviles, adaptables
a cualquier mezcla de combustibles, que tengan la posibilidad de
trabajar con ciento por ciento de gasolina a partir de petróleo
en un extremo o con ciento por ciento de biocombustibles en otro
extremo. Estamos en mora de definir esa fecha, y los centros de
investigación nos tienen que ayudar.
Y aquí aparece relevante el tema de la universidad. El
capítulo de educación es el capítulo básico
de nuestra política social. Hace cuatro años la cobertura
universitaria era del 22, hoy es del 29, confiamos dejarla en el
35.
Creo que lo que se está haciendo con los exámenes
a los egresados, con el Observatorio Laboral de los Egresados,
va a ayudar mucho en calidad. Y vemos una gran recuperación
de todas las universidades.
Tenemos una discusión con algunas universidades públicas
sobre el tema pensional. Esta semana hemos tenido extensísimas
reuniones con ellos, les hemos mostrado casos donde hemos sido
exitosos, hemos resuelto a futuro el caso pensional de la Universidad
de Antioquia, pública, de la Universidad del Cauca, de la
Universidad Industrial de Santander, y estamos reestructurando
universidades que estaban en una anarquía total de corrupción,
de desgreño, como la Universidad del Atlántico.
La tarea que la universidad tiene que cumplir
para Colombia es inmensa, nosotros estamos promoviendo ese acercamiento
diario entre
la universidad y la comunidad. Nos hemos propuesto que en toda
universidad pública, haya un enlace universidad – comunidad,
porque hemos encontrado mutua desconfianza. La empresa privada
ve en la universidad pública un enemigo, un promotor del
marxismo, y la universidad pública ve en la empresa privada
un factor de división de clases, de explotación,
y esa mutua desconfianza hay que superarla.
Creando esas fundaciones que integren cada
universidad pública
con la comunidad, ayuda a superarlo y en esa tarea nos encontramos
empeñados.
Por supuesto entra un tema de discusión nacional, las transferencias.
Yo no puedo dejar de referirme a un auditorio, y a un auditorio
tan calificado como el de ustedes, sin pedir el apoyo a la propuesta
gubernamental de transferencias. Diría yo que es la decisión
económica más delicada.
Estamos procurando profundizar la descentralización, sin
arruinar a la Nación. Hemos pedido llegar hasta el año
2016, con una fórmula de ajuste año tras año,
sin recorte. Pero sin llegar a los aumentos de la Constitución
del 91, porque son impracticables, impagables. En el 2016 regresaríamos
a un aumento de las transferencias a las regiones en la misma proporción
en que crezcan los ingresos corrientes de la Nación, ¿por
qué no antes?, por el problema pensional.
Hace dos días le decía a Fecode, no hemos terminado
de cerrar el estudio actuarial sobre los profesores del Estado,
y ya vamos en 37 billones. Muchas de las universidades con las
cuales tenemos hoy discusiones pensionales, tienen unas cargas
pensionales inmensas, y todavía van muy atrasadas en esos
cálculos actuariales.
Y esa gran responsabilidad pensiona ha
recaído especialmente
sobre la Nación, que se agravó mucho en estos años,
porque se agotaron las reservas del Seguro Social, y eso ha implicado
para la Nación un traslado al Seguro Social que este año
vale 5 billones 100 mil millones, y que representa más o
menos el 1,3 del PIB.
Por eso esta lucha por las transferencias,
en un país muy
descentralizado y que no lo vamos a reversar, un país muy
importante de América Latina, que en su constitución
dice que tiene una organización federal. En la realidad
muestra que sus regiones recaudan el cuatro por ciento del total
del total del recaudo del Estado, en Colombia ya recaudan el 21.
Otro país muy importante de América Latina, también
federal en su constitución, en su realidad muestra que las
regiones gastan el 30 por ciento, y el Gobierno central el 70.
En Colombia, las regiones gastan el 51, el Gobierno central el
49.
Y ahí no sumamos sino lo recurrente, porque las regiones
reciben mucho apoyo extraordinario del Gobierno central que ellas
lo ejecutan. El Gobierno central le entrega a todos los proyectos
de Transmilenio en el país, el 70 por ciento del costo,
y lo ejecutan las ciudades. Le entrega una suma importante a los
municipios para vías municipales, y lo ejecutan los municipios.
Le entrega una suma importante en subsidios de vivienda a todas
las regiones, y lo ejecutan descentralizadamente las regiones.
Es bien importante tener en cuenta eso,
porque una propuesta que hemos hecho equilibrada para lograr
que contribuya a la salud fiscal
de la Nación, en ningún momento es regresiva en materia
de descentralización.
Se discute hoy mucho, el tema de la tasa
de cambio. Y aprovechando que hay aquí, dos distinguidos codirectores del Banco Central,
y economistas del primer orden en la vida nacional, permítanme
decir lo siguiente:
Yo creo que le tenemos que transmitir al
país confianza,
en buena parte esto es resultado de que hay inversión en
Colombia, que la gente quiere invertir en Colombia, de que Colombia
está de moda para invertir, y hay unos problemas, como el
problema del empleo, en sectores que se afectan por esa tasa de
cambio.
Nosotros hemos tomado la decisión, hoy ya consultada con
los gremios y las centrales obreras, los gremios le han dado todo
el respaldo, las centrales obreras en principio, pero han pedido
que la quieren estudiar más profundamente, de hacer un esfuerzo,
de hacer un esfuerzo para proteger el empleo.
El país todavía está pagando alrededor de
un billón de pesos al año, de bonos que en su momento
se emitieron para el rescate de la banca. Hay que hacer ahora un
esfuerzo, para evitar el desplome del empleo.
Por eso, el Gobierno ha tomado la decisión de hacer un
esfuerzo presupuestal para contribuir con aquellos sectores intensivos
en generación de empleo, y ponderando en la matriz otros
elementos, como el porcentaje de insumos importados, etcétera,
que puedan verse afectados en la tasa de cambio. Y vamos a ofrecer
que el Gobierno pague parte y sus contribuciones a las Cajas de
Compensación, al Sena y a Bienestar Familiar.
Además, como el requisito es que los trabajadores estén
afiliados a esas instituciones, se convierte en un apoyo gubernamental,
en un momento difícil de tasa de cambio para la formalización
del empleo, que es una aspiración de tantos colombianos.
Ha pedido el Banco Central que el Gobierno
haga mayores esfuerzos en materia de gasto público. Quiero proponer esta noche,
desde la Universidad de los Andes, lo siguiente: el Gobierno ha
tomado la decisión de congelar este año el endeudamiento.
Hace cuatro años el endeudamiento público representaba
el 50 por ciento del PIB, hoy representa el 30 – 32. Allí ha
habido un gran esfuerzo.
Sin embargo, a tiempo que se ha venido
presentando ese declive relativo del endeudamiento, el monto
del endeudamiento, como cifra
absoluta, no relativa frente al PIB, como cifra absoluta ha crecido.
Está en 147 billones. La decisión es congelarla.
Y hacer todos los esfuerzos para que este año terminemos
con los mismos 147 billones. Y atender en esa forma el reclamo
que nos hacen.
No es fácil para el Gobierno recortar gasto público.
Nosotros teníamos en agosto de 2002 un déficit de
4,2. El consolidado está ahora alrededor de 0,5 – 1.
El déficit del Gobierno Nacional central era de 6,2. A eso
hay que sumarle 1,3 – 1,4 de pensiones del Seguro Social.
Sin embargo lo tenemos hoy alrededor del cuatro, y aspiramos terminar
el año no por encima del 3,5. Esto es: no estamos en el
paraíso, pero hay una tendencia de mejoramiento.
Yo tengo tres preocupaciones en materia
de gasto público:
la Seguridad Democrática, el tema de infraestructura y la
política social.
El país no tiene infraestructura para hacer un gran país
exportador. El reclamo de la ciudadanía sobre la carencia
de infraestructura es un reclamo totalmente válido. Nosotros
tenemos un plan ambicioso para poder avanzar en infraestructura,
conectada con el comercio exterior. No me parece prudente afectar
ese plan.
Como no es prudente en el momento del país, con una pobreza
todavía en el 45 que llegó a estar en el 60, afectar
problemas sociales de la importancia de Familias en Acción.
Le he pedido al Ministro de Hacienda, que
en coordinación
con el Banco de la República, definan una comisión
de economistas que mire cuidadosamente nuestro gasto público,
y el Gobierno estará atento a sus recomendaciones.
Por lo pronto, nuestro compromiso para
aportarle soluciones a esta preocupación por la tasa de cambio, es congelar este
año el endeudamiento y entrar con recursos presupuestales
a buscarle un alivio, una protección al empleo vía
pago a los empleadores, de lo que ellos tengan que pagarle, porcentajes
que tengan que pagarle, empleadores afectados por tasa de cambio,
a Cajas de Compensación, a Sena y a Bienestar Familiar.
Y esto discurre cuando avanza el proceso
de paz. Con todos los sobresaltos. Yo le decía hoy a algunos interlocutores: “mire,
ningún país del mundo ha hecho una apuesta por la
verdad, como la que está haciendo Colombia”.
Hace poco me llegó un libro sobre procesos de reconciliación
en el mundo. En Sudáfrica se inscribieron siete mil casos
y apenas hubo dos o tres confesiones. Ha habido procesos en el
mundo muy aplaudidos, pero a la hora de la verdad, con mucho tilín
y muy pocas paletas. El nuestro es serio, yendo hasta las últimas
consecuencias.
La semana pasada me visitó la Comisión de Conciliación
y me dijo: “Presidente, le traemos un mensaje de Itagüí:
Que divida la confesión en dos. Que la confesión
de crímenes sea ante los fiscales y la confesión
de involucrados sea en secreto ante la Iglesia católica,
para evitar desestabilizar al país”.
Yo les dije: “De ninguna manera. Yo juré dos veces
cumplir la constitución y las leyes al posesionarme como
Presidente. Además, tenemos que pensar en la legitimidad
del Estado, no se consigue tapando, se consigue esclareciendo.
Y si eso fuera posible jurídicamente, excluyan al Presidente.
Cualquier mención, por legitimidad del estado la tienen
que hacer ante la ciudadanía, y la tienen que hacer ante
los fiscales”.
Además, yo creo que es muy importante que los colombianos
interioricemos la tragedia que ha vivido el país. Tantos
años en poder de las guerrillas marxistas, tantos años
desatendidos por el Estado, tantos años con esa reacción
paramilitar. Y es muy importante decirle al mundo y a la comunidad
colombiana qué pasó.
Yo le decía a las Centrales Obreras hoy: “mire, -porque
ellos me traían el caso de Chiquita, de la Drummond- les
dije: “si una empresa de esas es condenada en el extranjero
o aquí, por un crimen contra líderes sindicales,
el Gobierno es el primero que acepta esa condena. Que tomará todas
las medidas, pedirá las extradiciones”.
Pero déjenme decir que mi aproximación al tema de
asesinato de sindicalistas me hace concluir, sin perjuicio de que
la justicia diga otra cosa que respetaré, que aquí a
los sindicalistas los han asesinado guerrilleros y paramilitares,
no empresarios.
¿Y por qué? Era yo estudiante de la universidad
pública. Las guerrillas nos hacían pensar que ya
Colombia era socialista, rumbo al comunismo. Y practicaban la fórmula
de Marx, de la combinación de todos los elementos de lucha:
mataban, y al mismo tiempo mataban y penetraban el movimiento sindical.
Secuestraban y al mismo tiempo penetraban el movimiento estudiantil.
Ponían una bomba terrorista y al mismo tiempo penetraban
la política. Y eso se lo enseñaron a los paramilitares.
El país lo está esclareciendo con los paramilitares,
no lo conoció frente a la guerrilla. Ojalá llegue
a conocerlo.
¿Y entonces qué ha pasado? ¡Ah, este sindicalista
le colabora a la guerrilla!, lo matan los paramilitares. ¡Ah,
este sindicalista es colaborador de los paramilitares!, lo mata
la guerrilla.
Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por
la protección
efectiva de los sindicatos, y no en vano. Lo hemos dicho ahora,
especialmente a los Estados Unidos: “Cuando llegamos, en
ese año 2001 asesinaron en Colombia entre líderes
sindicales y maestros, 256. Empezamos una tendencia de reducción:
en el 2005, 25. El año pasado se recrudeció, subió a
60. Y a eso contribuyo el enfrentamiento entre Farc y Eln porque
uno ve hoy en Arauca, en Cauca: “Las Farc mató un
maestro”, diciéndoles que es del Eln, o al revés.
Este año, llevamos a la fecha dos sindicalistas muertos
y ocho maestros. Un sindicalista del Inpec, por razones no relacionadas
con su oficio. Y un caso que se está investigando. Un sindicalista
de Sucre, que estaba armado en un grupo ilegal, y murió en
un combate con la Fuerza Pública, el 3 de mayo.
Yo le decía hoy a una Organización de Derechos Humanos: “si
esa hipótesis se desvirtúa, objetivamente, objetivamente,
el gobierno acepta lo que decida la justicia”. Pero el informe
que tenemos hoy es este, y el levantamiento del cadáver
lo hizo el CTI.
Y de los ocho profesores asesinados, se
ha estudiado caso por caso, en Arauca, en el departamento del
Cauca, etcétera.
Y yo creo que lo que se ha venido haciendo, de perseguir cada caso
de estos en detalle, con toda determinación, está trayendo
un intangible importante en Colombia.
Aquí antes no importaba que se matara líderes sindicales
o profesores, hoy sí importa.
Y esa tarea de protección la empezó el gobierno
no presionado, sino desde la hora cero del gobierno. Y es bueno
informarle a la universidad: Nosotros tenemos hoy un programa de
protección de seis mil colombianos, 1500 de ellos líderes
sindicales. Este año cuesta 76 mil millones.
Y hemos empezado a derrotar la impunidad.
En los últimos
meses se han producido ya 37 sentencias, que han condenado a 59
responsables de asesinatos de líderes sindicales. No fue
fácil llevar a la Constitución el sistema penal acusatorio,
el procedimiento oral, desarrollarlo en los códigos y financiarlo.
Solamente el año pasado, lo que hubo que darle a la Fiscalía
en adición para atender el sistema penal acusatorio costó 70
millones de dólares.
Ese programa de protección de 6 mil colombianos este año
vale 76 mil millones. Y el Plan de Desarrollo acaba de aprobar
un artículo para seguir fortaleciendo la Fiscalía
en la lucha contra la impunidad.
Yo confió que la apuesta colombiana de exigir la verdad
va a contribuir a que interioricemos la tragedia y a que el país
se prepare para dejar atrás estos años tan difíciles
de guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, para recuperar
plenamente el sendero de la vigencia de las instituciones del Estado
de Derecho.
Muchas felicitaciones a la Universidad, al BBVA, al CEGA y a todos
ustedes muchas gracias. |
