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Seguramente, muchas de ustedes estarán en contradicción conmigo, respeto esa contradicción, y me veo obligado a hablarles lo que pienso. Algunos lo recibirán bien, algunos mal.

Primero es muy importante resaltar cómo han tratado a estos secuestrados, de manera tan grave, o peor, como trataron a los judíos en los campos de concentración de los nazis.

Segundo, era yo candidato a la Presidencia de la República, en el año 2002, Presidente electo, y dije que no haría un acuerdo humanitario si no empezaba un nuevo proceso de paz a partir de un cese de hostilidades. Posición que tuve que variar.

Tuve que variarla porque me reuní con los familiares de los secuestrados, así lo pidieron, con la Iglesia Católica, con Naciones Unidas, con el entonces presidente de Francia, y acepté separar el acuerdo humanitario de la eventual iniciación de un proceso de paz, con cese de hostilidades. Ese fue el primer paso que el Gobierno dio a favor del acuerdo humanitario, en contra de lo que era mi convicción personal.

Después, muchos integrantes de la comunidad internacional, personalidades muy destacadas del país pidieron ser facilitadores. A todos se les autorizó ser facilitadores. No hay uno de ellos que me haya pedido ser facilitador a quien yo le haya negado que pueda cumplir la actividad facilitadora.

Entre los facilitadores se autorizó una delegación de tres países europeos: Francia, España y Suiza. Hoy actúan.

El año pasado los facilitadores europeos propusieron una zona de encuentro de 180 – 220 kilómetros rural, en la cordillera central vallecaucana. Con mucho gusto, si me permiten hacer una introducción y les ofreceré la palabra a quienes quieran ustedes hacer comentarios, preguntas, y lo coordinará la señora Presidente del Congreso (Dilian Francisca Toro), ella será quien les dé la palabra y yo estaré disponible.

¿Qué propusieron los tres delegados europeos? Que en esa zona no hubiera soldados, tampoco guerrilla, que hubiera observadores europeos y que el único propósito fuera que se sentaran Gobierno y los terrorista de la Farc a examinar el tema del acuerdo humanitario.

Me dijo la delegación europea: “le pedimos que lo acepte y que se pronuncie rápidamente”. Así se hizo. En horas me pronuncié, y favorablemente. La Farc primero dijo que no le habían dicho, después dijo que no aceptaba. Es que con mentirosos es muy difícil manejar este tema.

Acepté eso como zona de encuentro, no como zona de despeje.

Recientemente vino un delegado europeo, nos dijo que suspendiéramos, que paralizáramos, congeláramos operaciones militares en un área del Valle del Cauca, porque les iban a entregar a una persona secuestrada, como un gesto de buena fe.

Nosotros hicimos todo lo que pedía el delegado europeo, finalmente nos dijo que había tenido una comunicación con la Farc y que la Farc le dijo que era que ellos, los europeos, habían entendido mal cual era la promesa de la Farc, y se echaron para atrás.

Antes de eso el Gobierno había liberado alrededor de 25 – 27 personas de la Frac, unilateralmente como un gesto de buena fe.

¿Qué limitaciones mantengo yo? Yo mantengo las siguientes limitaciones:

Primero, yo no puedo aceptar, como Presidente de Colombia, zonas de despeje.

Segundo, la exigencia es que los guerrilleros que llegaren a salir de la cárcel no puedan reintegrarse a la guerrilla, no puedan reincidir en el delito, que tengan que quedar bajo la tutoría de un país extranjero, o bajo la tutoría en el país de una entidad seria, respetable, como la Iglesia Católica, o en el programa de reinserción.

La IglesiaCatólica, que ha hecho un gran esfuerzo, me dijo al principio de Gobierno que la guerrilla no aceptaba mi exigencia de que los guerrilleros que salieran de la cárcel tenían que irse al extranjero.

Yo le dije a la Iglesia Católica, después de largas conversaciones: “entonces ayúdenme a buscar una alternativa, que no se vayan al extranjero pero que aquí haya la garantía efectiva de que no van a volver a delinquir”.

De ahí surgió la idea de que de quedarse en al país entraran al programa de reinserción o se sometieran siempre con el compromiso de no reincidir en el delito, a una tutoría como la de la Iglesia Católica.

¿Por qué yo no acepto zona de despeje? Este país estuvo despejado por décadas, por eso se lo tomaron las guerrillas y después los paramilitares. Lo que está apareciendo ahora son delitos en su inmensa mayoría cometidos antes de este Gobierno.

El Caguán fue la expresión de que la guerrilla aplicó bien lo que aprendió de Marx y Marx había aprendido de Maquiavelo, la lección aquella: “cuando percibas un gesto, que ese estado burgués que tu quieres derrotar, te ofrezca como un gesto generoso, no lo recibas como generosidad, tómalo como una debilidad y aprovecha para avanzar”.

El Caguán fue un lugar de cautiverio de secuestrados, un antro de delincuencia. El Presidente de entonces procedió con toda la buena fe. En esa campaña electoral se competió a ver quién le ofrecía más a la Farc, y la Farc respondió con toda la mala fe.

Hay que ver cómo creció la Farc en ese periodo y cómo creció esa reacción paramilitar.

El Gobierno nuestro, que va a cumplir siete años en agosto, puede decir que es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, ahí están los hechos, y que es el Gobierno que ha debilitado a la guerrilla, ahí están los hechos, muchas de las aquí presentes viven en varias regiones colombianas. Podrán decir si lo que digo es mentira o se ajusta a la realidad. Esto no lo hemos ganado, pero el país ha mejorado sustancialmente.

Yo no voy a aceptar una zona de despeje cuando toda Colombia me dice: “mire Presidente, aquí lo que necesitamos es que permanezca el Ejército y la Policía, que actúen eficaz y transparentemente, no nos abandonen, porque entonces nos abandonan ustedes y llega la guerrilla y después reaparecen paramilitares, entonces nos matan porque colaboramos con el Ejército, nos matan porque colaboramos con la guerrilla, nos matan porque colaboramos con los paramilitares”.

Mucha ciudadanía de Pradera y Florida me dice: “Presidente, cómo va a desmilitarizar usted unos cascos urbanos de 140 mil habitantes, ¿nos van a dejar aquí en poder de la guerrilla?”. Y la ciudadanía no lo expresa públicamente, y no tiene por qué, quien lo tiene que expresar públicamente es el Presidente, porque el Presidente es el responsable del orden público.

Entonces yo tengo que decir, y lo digo con el mayor respeto, pero con la mayor franqueza: yo zonas de despeje no acepto. Con mucho gusto, una zona de encuentro de las características que nos propuso al terrorismo de la Farc y al Estado legítimo y democrático de Colombia, esa delegación europea.

Esa delegación europea ha pedido seguir actuando, hoy están actuando, con todo el apoyo del Gobierno.

Segundo. ¿Por qué la exigencia de que tienen que comprometerse a no reincidir en el delito? Es que el país vivió experiencias amargas. En esos canjes del pasado salieron guerrilleros de la cárcel y se reincorporaron a la guerrilla, y eso fue una gran desmotivación para todo el mundo.

Allí cerca está el Batallón de Sanidad de la Policía, los pabellones de sanidad de Ejército y de Policía, más de 1.500 compatriotas de la fuerza pública mutilados por las minas antipersonas de estos delincuentes.

¿Qué tal entonces que salgan de la cárcel para volver a delinquir? Ese es un punto con el cual me da pena, el Gobierno no puede transigir.

¿Y en qué estamos hoy? Hoy está autorizada la gestión de los europeos, espero que la estén cumpliendo, ellos le comunicaron al Gobierno, le pidieron autorización al Gobierno para adelantarla y el Gobierno con mucho gusto accedió.

Yo me propongo, ojala pueda cumplir con la fecha del 7 de junio, para hacer una liberación, una excarcelación de muchas personas de la Farc que están en la cárcel, con estas condiciones: que se comprometan a no volver a delinquir, que se desmovilicen, que salgan con el compromiso de ser gestores de paz, con el compromiso de buscar un acuerdo humanitario, con el compromiso de luchar por la liberación de todos los secuestrados.

Y estamos buscando cuál es la alternativa con ellos, que queden bajo la tutoría de la Iglesia Católica, una entidad seria, los que se quieran ir al extranjero, etcétera.

En este momento hay una delegación del Gobierno en las cárceles hablando con muchos de ellos.

A mi preguntan: “bueno, pero la Farc han dicho que no acepta”. Sí, pero el Gobierno va a hacer, quiera o no la Farc, todos los esfuerzos que la ley permita, para poder buscar la liberación de nuestros secuestrados.

A mí me da pena, a mí no me gusta cambiar de discurso, yo no calculo si me van a aplaudir o me van a chiflar. Algunas de las cosas que necesita el liderazgo es ser capaz de decir lo mismo en toda parte. Uno tiene que tener el mismo discurso en Washington, que en La Habana, en Caracas que en Bogotá, en un foro de oposición, que en un foro de amigos.

Yo no le voy a pedir permiso a la Farc para lo que tengamos que hacer. Yo voy a liberar a estas personas, hasta donde pueda, y estamos buscando cómo aplicamos, como fuente jurídica, la ley de Orden Público, que sirvió para suspenderle la captura a los paramilitares, en ese proceso inicial de negociación, y que ha servido para suspenderle capturas a dirigentes del Eln, para poder facilitar ese proceso de pre-negociación en que estamos con el Eln en Cuba. Aspiro a hacer lo propio con gran cantidad de integrantes de la Farc, que están en la cárcel.

¿Garantiza eso que la Farc va a liberar a los secuestrados? No lo garantiza, pero es un esfuerzo adicional que el Gobierno hace mostrando su buena fe. Yo creo que es más importante liberar gente de la Farc que darle al terrorismo la ventaja de una zona de despeje.

¿Suspende eso las operaciones de rescate? Yo he sido claro desde, el primer día de Gobierno yo he estado en operaciones de rescate.

El ministro Fernando Araujo (de Relaciones Exteriores) me dijo lo que acaba de confirmar el subintendente Pinchao: que desde que llegó este Gobierno se empezó a sentir la presión del militar en busca del rescate. Quiero contarles a ustedes eso, sin ninguna reserva.

EL ESTADO

Ahora, aquí hay muchos temas para hablar: la situación de la mujer en Colombia, el nuevo proyecto de ley contra la violencia contra la mujer, que hace parte de una gran secuencia, acabamos de aprobar el proyecto contra la violencia contra los niños, el proyecto para proteger más a la familia contra la violencia familiar. Este sería un nuevo desarrollo que el Gobierno lo respeta y lo apoya.

Habría temas muy importantes que hablar sobre el modelo colombiano, ¿qué piensa el actual Gobierno colombiano del Estado, frente al debate latinoamericano. En los años 90, en esa caricatura de aplicación del consenso de Washington, en América Latina en muchas partes se desmontó el Estado.

Nosotros no estamos en eso, hemos reformado 360 entidades del Estado, pero no estamos en su desmonte. Hay que reformarlo sí, que el Estado no puede estar al servicio de la politiquería ni de los excesos sindicales, sino al servicio de la comunidad.

Y tenemos reformas tan importantes desde la de Telecom, la de Paz del Río, donde se puso en evidencia que se puede hacer sindicalismo de participación, reformas tan importantes como la que se está haciendo en Ecopetrol.

Por ejemplo, Telecom tenía un valor negativo, hoy tiene positivo. No tenía con qué pagarle a los pensionados, hoy está al día con ellos, tiene paz laboral. No tenía con qué invertir, hoy tiene ocho billones para ayudar a que este país se desatrace en banda ancha, en conectividad. Lo que tiene, y hay buen gobierno. Con esas reformas a nadie se le ocurre entrar a decir, déme puestos en Telecom.

Yo recuerdo que cuando estábamos en esa reforma, el sindicato que se opuso mucho alguna vez me dijo: Presidente, es que no todo fue culpa del sindicato. Allá pasaban gerentes y entregaban todo lo que les pedían. Ellos después se iban y dejaban a la empresa emproblemada, y los Gobierno mandaron mucha gente allá que no se necesitaba, para que mejoraran la jubilación o la completaran. Eso hoy no se da gracias al buen gobierno que se crea con el socio estratégico, y es lo propio que estamos buscando en Ecopetrol.

Nosotros estamos reformando el Estado pero no desmantelándolo. Hemos reformado más de 190 hospitales del Estado. El de Popayán es un ejemplo de reforma a través de contratos sindicales.

Y América Latina dio otro giro hacia el estatismo, pasa del desmantelamiento del Estado al estatismo. Nosotros tampoco estamos en el estatismo, nosotros le damos todas las garantías a la inversión privada, pero con responsabilidad social.

Miramos la responsabilidad social en tres expresiones: primero transparencia en las relaciones de los inversionistas con el Estado. Segundo, equidad en las relaciones con la comunidad. Y tercero, relaciones laborales.

Stiglitz (Joseph) en su último libro, “Cómo hacer que la globalización funcione”, dice que muchos de los fracasos políticos que se han dado en América Latina, han sido generados por la circunstancia de que ha habido corrupción en la asignación de contratos del Estado a empresas nacionales y trasnacionales en explotación de recursos naturales, corrupción en la aplicación de la tributación, etcétera. No es el caso nuestro.

Nosotros hemos incorporado la audiencia pública para manejar toda la contratación, nosotros hemos avanzado muchísimo en todas las condiciones de confianza y de garantía para las concesiones a las compañías extranjeras, nosotros hemos resuelto casi todos los pleitos que habían con la inversión extranjera, especialmente en telecomunicaciones, construyendo confianza.

Estos 21 pleitos que tenía Telecom, son un caso demostrativo de como se ha exigido transparencia. Nadie se atrevía a hacer las conciliaciones, los funcionarios por temor a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría, por temor a la suspicacia de opinión. ¿Qué dijimos?, toda transacción de estas, hay que publicarla ampliamente antes de perfeccionarla, y eso ha construido confianza, y ha avanzado bien en medio de todo lo que nos falta.

Segundo, las relaciones de los inversionistas con la comunidad, tiene que haber solidaridad y equidad, y eso hay que manejarlo abiertamente, de cara a la ciudadanía.

Ejemplo, lo que ha pasado en el Cesar con las explotaciones de carbón, una gran queja de las comunidades de la Jagua de Ibirico y del vecindario, por inequidades de las compañías explotadoras de carbón. El Gobierno ha oído a la comunidad, le exige el cumplimiento de unos acuerdos a los inversionistas, y tampoco va a cometer el error, si cumplen con esos acuerdos, de echarlos, y lo hemos hecho de cara a la gente.

Hemos tenido dos largos consejos comunitarios en la Jagua de Ibirico, con la intervención de todo el mundo, logrando esos acuerdos y cuando ha sido necesario, hemos dicho: los están incumpliendo y tienen que cumplir. Cosas que van de asuntos menos trascendentes a asuntos más trascendentes, para exigirle a todas las empresas que tengan responsabilidad, solidaridad con las comunidades del vecindario.

En el tema laboral, nosotros no patrocinamos relaciones laborales de capitalismo salvaje, ni relaciones laborales de odio de clase. Relaciones laborales con fraternidad cristiana.

SEGURIDAD A TRABAJADORES

Ahora hay el debate del asesinato de sindicalistas y ese es un debate muy importante. Se dicen las siguientes cosas, ¡en Colombia se asesina sindicalistas, en Colombia hay impunidad¡ Veamos qué ha pasado con eso.

Cuando este Gobierno empezó, Colombia había vivido años inmediatamente anteriores en los cuales se asesinó, entre sindicalistas y profesores, a 256. Habrá que preguntarse ¿por qué?, y enseguida doy mi versión.

Desde la hora cero, el Gobierno emprendió la tarea de protegerlos eficazmente. El Vicepresidente de la República, los ministros de Defensa, mi persona, siempre que se presentó un asesinato de un sindicalista, salimos a ofrecer una recompensa, a exigirle a la fuerza pública la protección efectiva, el esclarecimiento del crimen, y apoyar a la justicia.

Hoy tenemos seis mil colombianos con protección individual, de ellos 1.500 son sindicalistas. Eso cuesta 76 mil millones este año, más o menos 30 millones de dólares.

¿Qué ha pasado?, asesinaban 256. Quisiéramos decirle al mundo que ya no asesinan, no lo hemos logrado, pero la tendencia ha evolucionado positivamente.

En el año 2005 asesinaron entre sindicalistas y profesores, 25, el año pasado infortunadamente se recrudeció, y se recrudeció, llegó a 60, por otro factor, por el enfrentamiento entre Farc y ELN. Farc decía, es que aquel sindicalista trabaja con el ELN, lo matan; el ELN es que aquel sindicalista trabaja con la Farc, lo matan. Y eso está antecedido por el asesinato de sindicalistas a cargo de paramilitares, y por el asesinato de sindicalistas a cargo de la Farc.

¿Este año qué ha pasado? Este año han sido asesinados, fue asesinado un sindicalista y murió en combate contra la fuerza pública, otro. Un sindicalista del Inpec, lo que nos ha dicho la administración de justicia es que no hay evidencia de que lo hubieran asesinado por razones de su trabajo sindical.

El segundo caso ocurrió el 3 de mayo, en Sucre. La fuerza pública enfrentó un grupo terrorista y en los dados de baja aparece una persona que estaba armada disparando contra la fuerza pública, y que era integrante de una organización sindical.

La certificación la dio de inmediato el CTI, y el Gobierno ha dicho, que respeta cualquier decisión de la justicia y ha apoyado la justicia. Este año nos han asesinado nueve profesores, especialmente en áreas rurales.

El último fue una profesora del Cauca la semana pasada, viernes o sábado, asistía a una fiesta. El Gobierno ha estado trabajando en la protección eficaz, ha estado trabajando en el apoyo a la justicia, para que no haya impunidad.

Entonces es muy importante saber de dónde venimos, qué estamos haciendo, el objetivo llegar a una Colombia en la cual podamos decir, aquí hay cero asesinato de sindicalistas, cero asesinato de profesores.

Además eso no se nos ocurrió en el Gobierno. En un manifiesto de 100 puntos de plataforma electoral que se llamó el “Manifiesto Democrático” en el punto 27, así se lo propuse al país, así esta escrito en el año 2002.

La justicia. Lo primero que hay que hacer es entender que en un país donde asesinaban 35 mil personas, no hay justicia que valga. Yo creo que la mejor y primera contribución a superar la impunidad es la Seguridad Democrática.

Inglaterra con 60 millones de habitantes, hay 600 homicidios al año. Aquí con las fosas que están apareciendo de años anteriores a nuestro Gobierno, hubo años de 35 mil. Todavía es muy alto, el año pasado hubo 17 mil, pero estamos luchando para derrotar todas esas tendencias criminales.

Se introdujo el Sistema Penal Acusatorio, se modificaron los códigos, el año pasado el Gobierno aplicó recursos por 70 millones de dólares adicionales a la Fiscalía para apoyar el Sistema Penal Acusatorio.

Por primera vez la Corte Suprema de Justicia, gracias a la voluntad del Gobierno de aplicar recursos presupuestales, tiene su propio cuerpo de investigación.

El Plan de Desarrollo, que acaba de aprobarse en el Congreso, tiene una norma para apoyar más la Fiscalía. En los últimos cuatro meses, por fortuna, ya se han dado las primeras 37 sentencias que han condenado a 59 personas por responsabilidad en el asesinato de líderes sindicales.

Y un acuerdo de Gobierno, empleadores, trabajadores, en la OIT nos compromete a luchar para el esclarecimiento de 200 casos con criterio de urgencia. El Gobierno está trabajando en la protección efectiva, en la superación de la impunidad.

Y hay que preguntarse por la génesis de esto. Era yo estudiante de la universidad pública en los años 70s y las guerrillas marxistas aparecían allí a combinar todas las formas de lucha, estallaban un carro bomba y penetraban el movimiento estudiantil, secuestraban a una persona y penetraban sectores de la política, del periodismo.

A propósito del periodismo, distinguidos observados internacionales y visitantes internacionales, en este país antes de nuestro Gobierno llegaron a asesinar 15 periodistas por año.

Nuestro Gobierno se ha dado a la tarea, como una expresión de nuestra política de Seguridad Democrática, de protegerlos. Este año no han asesinado uno solo, y lo más importante es que los periodistas en las regiones eran víctimas de la coacción guerrillera y/o paramilitar, hoy están más libres gracias al avance de la seguridad Democrática.

Pues bien, eso que hicieron las guerrillas lo aprendieron los paramilitares. ¿Qué pasó después? Todos los paramilitares asesinaban a un sindicalista acusándolo de se colaborador de la guerrilla y la guerrilla asesinaba a un sindicalista acusándolo de ser colaborador de los paramilitares, y el Estado brilló por su ausencia.

Durante décadas, muchas regiones colombianas vivieron sometidas a la guerrilla, desprotegidas del Estado, y después a paramilitares y a guerrilla, desprotegidas del Estado.

Cuando este Gobierno empezó en Colombia había dos poderes terroristas y un Estado democrático declinante, el poder terrorista de la guerrilla, el poder terrorista del paramilitarismo y nuestro Estado democrático declinante.

Hemos vendo recuperando la vigencia del Estado de leyes, nos falta, pero hemos avanzado en beneficio de todos los colombianos.

He dicho que si alguna empresa resulta condenada por asesinato de sindicalistas, el primero en pedir la severidad de la sanciones será el Gobierno.

Pero también he dicho que mi visión como observador de la vida colombiana tantos años me dice, que los sindicalistas han sido asesinados por guerrilla y paramilitares a partir del terrorismo que quiso combinar primero en la guerrilla y después en los paramilitares, la acción armada con la política, con la penetración del movimiento sindical, con la penetración del movimiento estudiantil, lo que aspiramos que se supere en Colombia, con los esfuerzos que el país entero está haciendo para avanzar en nuestra política de Seguridad.

OBJETIVOS DEL GOBIERNO

Tres objetivos tiene el Gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, consolidad la confianza inversionista con responsabilidad social y cumplir las metas sociales. Tenemos el compromiso de cumplir las Metas Sociales del Milenio antes de la fecha señalada por Naciones Unidas.

Encontramos la pobreza en el 60 por ciento, aún está muy alta, en el 45. Aspiramos que el 20 de julio de 2010 no esté por encima del 35 para que aquellos que nos sucedan en la Presidencia, puedan cumplir la visión de largo plazo de que en este país en el año 2019, la pobreza no supere el 15 por ciento.

Nuestro programa social es un programa muy ambicioso. Por ejemplo en el caso educativo, primer Gobierno, un millón 419 mil cupos en educación básica, segundo Gobierno, plena cobertura en educación básica.

Segundo Gobierno, los primeros 400 mil niños menores de 5 años en primera educación.

Primero Gobierno, cobertura universitaria del 22 al 29. Segundo Gobierno, al 35.

Del primero al segundo Gobierno, Icetex debe pasar de 60 mil estudiantes con crédito a 360 mil. Hoy vamos en 160 mil. De 500 mil millones de cartera educativa a dos billones y medio.

Empezó nuestro Gobierno con un 0,26 de inversión en ciencia y tecnología sobre el PIB, terminó el primer Gobierno en el 0,70. Vamos a ver cómo al terminar este Gobierno lo tenemos por encima del 1 por ciento.

El Sena, una de las entidades reformadas, empezó nuestro Gobierno con un millón 100 mil estudiantes por año, primer Gobierno terminó con 4 millones, pasamos de 5 millones de horas de enseñanza a 15 millones. Segundo Gobierno esperamos llegar a 250 mil técnicos y tecnólogos en esa institución que puedan después acceder a la universidad, les validen lo estudiado como técnicos o tecnólogos, completen los créditos, accedan a la educación superior.

Hemos fortalecido mucho el programa Familias en Acción. Encontramos 220 mil Familias en Acción que empezaban en Colombia, era un experimento, lo convertimos en un programa permanente. En agosto estaremos completando millón y medio.

Subsidio que recibe la familia en cabeza de la mujer para garantizar la educación y para garantizar la nutrición de los hijos. Todo lo que pueda seguir haciendo el Gobierno para avanzar en eso lo haremos.

Uno de los factores de exclusión de esta sociedad nuestra es la falta de acceso de los sectores populares al crédito. Cumplimos la meta de un millón ochocientos mil microcréditos en el primer Gobierno y ahora vamos para cinco millones en el segundo Gobierno. La mayoría son beneficiarias mujeres.

Trabajamos todos los días con Banca de Oportunidades para avanzar en eso. He dicho que eso tiene que ser esfuerzos con constancia, eso hay que trabajar con dedicación todos los días, es muy fácil conseguirle un crédito a una persona adinerada, se lo mandan por teléfono. Es muy difícil conseguirle un crédito de 400 mil pesos a una mujer pobre que tiene una venta callejera, que tienen la plancha empeñada y que necesita 250 mil pesos para capital de trabajo. En esa tarea estamos empeñados.

Nosotros queremos una sociedad sin exclusiones y sin odio de clases, una sociedad en permanente debate democrático, pero buscando alternativas, no en antagonismos insuperables.

TRATO A LA MUJER

Del tratamiento de la mujer en la sociedad colombiana hay paradojas. Cuando uno observa la sociedad colombiana ve que es una sociedad sin prevenciones raciales y sin prejuicios contra la mujer, pero cuando profundiza la sociedad colombiana, encuentra profunda discriminaciones en contra de la mujer.

A mí particularmente me ha llamado la atención, que digo por qué en una sociedad como la colombiana, donde presenta todas las condiciones de ser una sociedad que tienen todo el respeto frente a la mujer, finalmente mantiene estas discriminaciones. Sin embargo, el país no ha tenido reservas para corregir cuánto ha tenido que corregir.

Llegamos tarde al reconocimiento de los derechos políticos pero se dio, se necesitó el plebiscito del 57, las elecciones de 1958.

Durante mucho tiempo se cuestionó el tema de las limitaciones para que la mujer ejerciera en este caso la potestad sobre los hijos, eso se superó. En un país donde hay discriminaciones, hay la voluntad social y la voluntad política de superarlas.

Y esa inclinación de los colombianos, al respetar a la mujer, nos ayuda para superar todo lo que haya que superar en materia de discriminación, para aprobar leyes como la ley recientemente aprobada para proteger a la familia contra la violencia, o el proyecto en curso para proteger a la mujer contra la violencia.

En todos nuestros programas sociales estamos siempre atentos a la participación de la mujer y debo decirles que el examen que periódicamente hace nuestra consejera para la Equidad de la Mujer, que aquí nos acompaña, Martha Lucía Vásquez, con comunidad nacional e internacional, muestra que la mujer en el promedio de los programas sociales, está participando hoy con más del 50 por ciento.

Si ustedes tienen preguntas, comentarios, discrepancias, con el mayor gusto las escucharé y le pido a la Presidenta del Senado que les ofrezca la palabra.

Muchas gracias”.

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