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Año 2006 | 2007
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10 de julio

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE AL INSTALAR FORO DE INVERSIONES DE LA REGIÓN ANDINA

Bogotá, 10 jul (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la instalación del Foro de Inversiones de la Región Andina, que se lleva a cabo este miércoles en la capital del país.

“Quiero saludarlos muy respetuosamente y agradecer esta nueva convocatoria que nos hacen hoy la CAF y Latinfinance, que es muy estimulante para Colombia. Y repetir algunos temas. Ojalá tuviéramos unos minutos para mirar algunas inquietudes de ustedes.

Me parece que en este momento en América Latina es bien importante redefinir el modelo: qué papel se le asigna al sector público, qué papel se le asigna al papel privado.

América Latina ha vivido modas que llegan a excesos peligrosos. Se dio la moda del desmantelamiento del Estado, y eso produjo una tremenda reacción política en contra. Colombia reforma al Estado, pero no lo desmantela. Y ahora en América Latina avanza con mucha fuerza, en algunas partes, la idea del estatismo. Eso causa enorme preocupación en la comunidad inversionista.

Colombia ha venido reiterando, poniendo todo el énfasis, en una idea central: garantías para la inversión privada con responsabilidad social.

Responsabilidad social expresada en tres fases: en la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en la adjudicación de concesiones, en la contratación, en la superación de litigios. Transparencia en la tributación.

Solidaridad en las relaciones de los inversionistas con las comunidades. En el consejo comunitario del sábado veíamos un caso de solidaridad, que si no se atiende, deslegitima, crea fricciones, produce reacciones negativas de la comunidad contra los inversionistas.

Por ejemplo, el embarque de carbón en Santa Marta. Allí tiene que haber solidaridad: adecuar los puertos, hacer las inversiones para el cargue directo con bandas transportadoras encapsuladas, evitar que se presenten esos fenómenos de volatilidad en el polvillo del carbón, de contaminación a las playas, a los hoteles, etcétera. Si esas cosas no se corrigen, por esa falta de solidaridad con las comunidades se afecta la confianza.

Y el tercer tema de expresión de la responsabilidad social se da, a nuestro juicio, en las relaciones laborales. Relaciones laborales no de capitalismo salvaje, no de odio de clases. En Colombia las guerrillas marxistas, su penetración en sectores de la institucionalidad, crearon mucho daño con el tema del odio de clases. Relaciones laborales fraternas. Relaciones laborales cristianas.

Nosotros hemos traído otra discusión: ¿qué es lo importante para América Latina? ¿Una polarización entre supuestas derechas o supuestas izquierdas o unos compromisos para profundizar la democracia?

Creemos que la división entre izquierda y derecha es obsoleta, polarizante. Tenía razón de ser cuando aquí se enfrentaba a las dictaduras. Los luchadores contra las dictaduras trajeron de Europa Occidental el catálogo, buena parte del catálogo de ideas de izquierda para combatir las dictaduras.

Hoy, cuando todo el mundo gira, anuncia girar alrededor de la regla democrática, esa división aparece totalmente obsoleta, es polarizante. Incluso cuando uno mira la necesidad de una democracia moderna, hay que mezclar valores que históricamente alegaba la izquierda, que históricamente alegaba la derecha.

Por eso nosotros hemos creído que esa visión hay que sustituirla por la exigencia de una democracia cada día más profunda, con cinco elementos: la seguridad con alcance democrático, el respeto a las libertades, la construcción de cohesión social, la transparencia como factor de confianza, y el respeto a formas de Estado donde las instituciones procedan con relativa independencia para garantizar los equilibrios y evitar los excesos.

Creemos que esos pueden ser los cinco valores que conduzcan a América Latina a una profundización de la democracia, y que es mucho más útil el planteamiento alrededor de ellos que la polarización alrededor de izquierda o derecha.

Nuestro Gobierno tiene tres objetivos: la consolidación de la seguridad, la consolidación de la confianza inversionista y el cumplimiento de las metas sociales.

En el tema de la seguridad hemos avanzado, pero hay dificultades. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía.

Por ejemplo, tenemos lugares del país con inmensas dificultades. El departamento de Nariño y su Litoral Pacífico. En general el Litoral Pacífico de Buenaventura, de Málaga hacia el sur, y otras regiones: el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y alguna parte entre el Meta y el Vichada. Pero con conciencia de esos problemas, identificándolos bien, con toda la voluntad para combatirlos, el país tiene que avanzar hacia la consolidación de la seguridad día tras día.

Colombia tuvo semestres en los cuales tuvo 1.700 secuestros extorsivos. El semestre que terminó el 30 de julio tuvimos 100 secuestros. Cien secuestros es mucho, pero venimos de 1.700.

Tenemos que seguir haciendo ese gran esfuerzo y el sector empresarial ha contribuido enormemente. La imposición y la contribución del impuesto al patrimonio se constituyen en un gran aporte del sector empresarial para ayudar a consolidar la política de seguridad democrática, que tiene muchos componentes: la acción policiva militar, el tema de la justicia, el tema de la reinserción.

La reinserción es un tema muy complejo. Es un proceso de 43 mil personas que se han desmovilizado en este Gobierno y que están en ese esquema de reinserción, es un proceso de suyo muy complejo, que exige diarias revisiones.

Imagínense ustedes: de los 1.100 municipios de Colombia, hay 800 que tienen menos de 25 mil habitantes. Imagínense ustedes dos de esos municipios cuyos habitantes sean todos reinsertados. Esa es la cuenta del programa de reinserción.

El Gobierno reconoce las complejidades, las dificultades, pero estamos con el mejor equipo humano tratando de acertar en ese proceso tan exigente para nuestro país.

Y por supuesto, el tema del narcotráfico. Hoy completamos 633 órdenes de extradición en este Gobierno. Creo que es una cifra que no tiene comparación en el mundo. Años de fumigar 160 mil hectáreas. Hace dos años erradicamos 31 mil 200 hectáreas manualmente. Fue el primer año que introducíamos la erradicación manual como una herramienta esencial. El año pasado 43 mil hectáreas. La meta inicial de este año era erradicar manualmente 50 mil. Vamos a hacer un esfuerzo a ver como podemos llegar a 70 mil.

La conclusión a la que hemos llegado es que para el presente y futuro del país, es mucho más eficaz para eliminar la droga en la etapa de producción, la erradicación manual que la fumigación. En cuanto más podamos crecer la erradicación manual, seremos más exitosos.

Allí tenemos dificultades en materia de cifras. Estados Unidos dijo que tenemos 156 mil hectáreas. Naciones Unidas dice que tenemos 79 mil. Estados Unidos dice que en las mediciones iniciales ellos no incluyeron todo el territorio, y que esas cifras escondieron mucha droga. Que esto lo han venido incluyendo progresivamente y que han hecho extrapolaciones.

Naciones Unidas dice que en temas como las siembras de droga no se puede extrapolar, porque puede haber una gran cantidad de matas de droga en una región y en otras regiones cero matas de droga. Naciones Unidas ha dicho que la última medición que ellos acaban de reportar incluyó todo el territorio, que la hicieron con todo el rigor metodológico y que aparecen 79 mil hectáreas.

Por lo que hemos venido viendo, cuando se inició el Plan Colombia el país tenía más de 250 mil hectáreas de droga. Lo que tenemos en cualquiera de las dos cifras es muy alto todavía, pero es mucho menos de lo que llegó a tener el país.

En esa materia hay algo bueno, que creo que es útil compartirlo, dada la naturaleza en este foro. En la fortaleza que va teniendo la economía colombiana, uno observa hoy debilitamiento de la narcoeconomía. No quiero entrar a buscar sofisticadas cifras. Quiero invitarlos a ustedes a una observación sobre el panorama nacional en esa materia. El país está construyendo este año cinco mil habitaciones hoteleras. En ninguna parte hay quejas de inversiones de dineros del narcotráfico en este desarrollo hotelero.

Una de las primeras acciones en aplicación de nuestra nueva ley de confiscación, fue confiscar unos hoteles bellísimos que recientemente se habían construido en el Eje Cafetero. Había una gran presencia, una creciente presencia del narcotráfico en ese sector. Vemos una gran recuperación de la construcción. Yo pregunto en Cartagena donde hay esa cantidad de nuevos edificios, aquí en Bogotá, en Medellín: ¿qué dineros hay detrás de estas construcciones? La respuesta que me da todo el mundo, gente muy seria, es: dinero transparente.

En las zonas rurales se ha frenado, pero notoriamente, la adquisición de predios por parte del narcotráfico. La combinación de las diferentes políticas y la aplicación muy rigurosa de la política de confiscación, creo que eso es algo bien bueno para el país.

Yo les diría hoy al Presidente de la CAF, tan buen amigo de Colombia, y al Director de Latinfinance, que un elemento a destacar en la evolución de la economía colombiana es que esta economía muestra hoy mucho vigor y simultáneamente un gran debilitamiento de la presencia del narcotráfico. Y se expresa en todas las áreas de la vida nacional. Pienso que ese es un elemento muy importante para destacar ante la comunidad nacional e internacional.

Tenemos que continuar esta lucha por la seguridad democrática. Eso se tiene que convertir en un valor de Estado. No puede ser, a mi juicio, un objetivo de los tres años que le faltan a este Gobierno. Eso tiene que ser un valor permanente del Estado colombiano, de la democracia colombiana.

Y eso se convierte en un valor de la democracia colombiana, del Estado colombiano, en la medida en que cada colombiano lo interiorice y lo exija. Cualquiera sea el mandatario, el nivel de gobierno, si cada ciudadano interioriza y exige la seguridad democrática, finalmente terminará convertida en un valor de Estado. Casi que en una premisa sociológica de la nación colombiana y en un imperativo para todo el ejercicio de la vida pública.

Un segundo tema es el de la confianza inversionista, como objetivo de gobierno. El Gobierno se preocupa más por la confianza inversionista que por los resultados de crecimiento. Puede ser que en un año el descubrimiento de un pozo de petróleo, en otro la explotación de ese pozo, en un año el precio del carbón, en otro el precio del café, produzcan años de buen crecimiento de la economía. Pero producen también muchas oscilaciones: un año bueno, otro año malo.

Lo que en nuestro concepto tiene que generar un período largo, un horizonte de futuro bien importante de altas tasas de crecimiento, es consolidar en el país la confianza inversionista. Por eso el gran esfuerzo del Gobierno es confianza inversionista.

A ello tienen que contribuir, primero, el papel que nosotros le asignamos al estado de la inversión privada en nuestro modelo. La circunstancia de que Colombia dice: no estatismo, todas las garantías a la inversión privada, pero con responsabilidad social. A esa confianza inversionista tienen que contribuir la insistencia, el vigor oficial, la determinación en la política de seguridad democrática, aceptando dificultades, aceptando reveses, pero sin dejar debilitar la determinación para que el país recupere plenamente la seguridad.

Al mundo hay que decirle: los resultados son importantes, pero más importante que los resultados es la determinación política. Porque con determinación política convertiremos esa política en un valor de Estado, en un axioma permanente que irá obteniendo el mejoramiento creciente de sus resultados.

En la confianza inversionista, para nosotros ha sido muy importante también la política fiscal financiera. Me parece que lo que hemos hecho en materia tributaria está ayudando en materia de inversión en Colombia.

En Colombia el Congreso, el Ejecutivo, la academia económica, no eran muy amigos de utilizar la tributación para estimular la inversión.

Este Gobierno, en concertación con los sectores de la producción y de los servicios, estimó que es necesario utilizar la herramienta contributiva para estimular la inversión.

Creo que los incentivos específicos, la deducción general del 40 por ciento, están contribuyendo a hacer de Colombia un país más atractivo en materia de inversión.

Fue muy difícil ese debate en el Consejo de Ministros, en el Congreso de la República. Había el temor de que eso no atraería inversión, de que era un factor neutro en materia de atracción de inversión, de que iba a producir una nefasta consecuencia en el recaudo. Ni lo uno ni lo otro. Todas las encuestas empresariales han demostrado que eso ha incidido bastante en el mejoramiento de los flujos de inversión.

La discusión de la reforma tributaria del año pasado fue muy importante, porque puso de presente que el país tenía dos lecturas sobre la materia. Una lectura en la academia económica, en la política. Y otra lectura en los sectores productivos.

Yo asistí en el proceso de discusión de esa reforma a más de 30 foros con los sectores productivos. Todos cerraron filas alrededor de no afectar la política de estímulos a la inversión, que nuestro Gobierno venía introduciendo desde el año 2003.

Creo que hemos consolidado una tributación muy importante para la inversión. Y políticamente hay que destacar esto: sobre eso hay dos aproximaciones. Una aproximación que dice: rebájele tarifas a todo el mundo, que eso le incrementa la inversión. La otra aproximación que dice: no insista tanto en la reducción de tarifas, cree incentivos directos a la inversión.
Cuando se introdujo en la administración Reagan, en los Estados Unidos, la idea de la reducción general de tarifas como factor de promoción de inversión, la respuesta no fue muy positiva. Y además políticamente es un elemento que suscita mucho debate.

En el discurso político, la reducción general de tarifas da la oportunidad de que se diga que es un paso para permitir que los sectores más pudientes apropien más utilidades, que eso no garantiza más inversión, que no garantiza más empleo.

Lo que nosotros hemos hecho es una modesta reducción de tarifas, pero una profunda creación de incentivos. Incentivos específicos a la industria turística. Al sector de los biocombustibles y a los cultivos de tardío rendimiento, relacionados, porque el país tiene un gran futuro en el sector de los biocombustibles.

Y el incentivo general: la deducción del 40 por ciento a toda inversión, que equivale a que cualquier inversión productiva hoy en Colombia, con esa deducción del 40 por ciento y dada la tendencia, lo que se ha definido en materia de la tasa de renta, el Estado por cada 100 pesos de inversión sale aportando 12,8.

Además tenemos la nueva ley para las zonas especiales de producción, que sustituyó la ley de zonas francas. Creo que es un gran paso que ha dado el país.

Un gran paso con la figura del monousuario. Ya los inversionistas no tienen que irse a buscar los perímetros de las zonas francas debidamente autorizadas. Pueden pedir que se les autorice funcionar como zona franca especial en el lugar donde la empresa opera.

Tienen que demostrar, además de otros requisitos conceptuales que se cuantifican, una inversión no inferior a 26 millones de dólares o la creación de 600 empleos.

En el caso de los biocombustibles, a lo cual le asignamos tanta importancia, el país tiene atributos excepcionales para ellos. Uno de esos atributos es el siguiente (y pediría que lo miraran ustedes muy bien y nos ayudaran con la comunidad inversionista): no en todas partes se pueden producir biocombustibles. Por ejemplo, Estados Unidos no puede crecer la frontera agrícola. Si ellos van a producir más etanol de maíz, tienen que sacrificar áreas agrícolas para la alimentación, para la seguridad alimentaria o para otros usos.

En América Latina uno ve bastante copada la frontera agrícola, salvo que quisiéramos destruir la selva. Colombia tiene 43 millones de hectáreas de sabanas, con total aptitud para producir biocombustibles, sin afectar la seguridad alimentaria y sin tener que tumbar un metro cuadrado de selva, en un país que por fortuna todavía tiene 578 mil kilómetros de selva. Nosotros en el sector de los biocombustibles tenemos todo el futuro.

Entonces esta ley de zonas francas permite, por ejemplo, para esas empresas, que el requisito de empleo pueda ser el resultado de sumar los empleos directos de la planta industrial, más los empleos generados en los cultivos que habrán de alimentar la planta industrial.

Y a esto se suma la ley que después de largos debates nos aprobó el Congreso. La que autoriza al Gobierno a firmar pactos de estabilidad con los inversionistas. Hay que decirle al mundo que Colombia es un país cumplido en reglas de juego. Contrariamente a lo que muchos opinan, cuando uno estudia la tradición colombiana en esa materia, el país ha sido respetuoso de las reglas de juego. Pero para que no quede la menor duda, se aprobó la ley que nos autoriza a firmar los pactos de estabilidad con los inversionistas.

El año pasado no se le dio aplicación, porque estábamos en el estudio de la nueva reforma tributaria. Pero definido ya el panorama tributario, aspiramos concluir este año una gran cantidad de pactos con el sector inversionista.

ESTABILIDAD FISCAL FINANCIERA

Quiero hacer algunas referencias también al tema de la estabilidad fiscal financiera. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que hacer esfuerzos adicionales.

El país tenía en agosto de 2002 un déficit consolidado del 4,2. Terminó ese año con el 3,6. Este año el déficit consolidado debe estar alrededor del punto cinco, punto nueve.

El Gobierno Nacional Central ha sido de gran preocupación. Empezamos con un déficit del seis tres, seis cinco. Pero a eso hay que sumarle lo que nos pasó con las reservas del Seguro Social. Después de que se había anticipado muchísimo que esas reservas se iban a agotar, le correspondió el agotamiento a este Gobierno. Eso nos implica hacerle un traslado de recursos del presupuesto central al Seguro Social que vale 1,3 del PIB.

En esas condiciones nosotros tendríamos que referirnos al punto de arranque del Gobierno, con un déficit del Gobierno Nacional Central de alrededor del siete y medio. Este año puede estar alrededor del tres y medio o tres siete. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reducirlo año tras año.

El país vio llegar un endeudamiento del sector público del 48 – 50. Nosotros confiamos que terminemos este año no más arriba del 25 – 28. Pero en todos esos frentes queremos seguir haciendo grandes esfuerzos.

Quería referirme aquí a tres temas: qué está pasando con el control de la evasión, qué se ha definido en transferencias, y tema de la reforma administrativa.

Confío que las reformas que se han venido introduciendo en la administración de impuestos de Colombia, le van a permitir a los colombianos relacionarse con una administración de impuestos totalmente transparente, menos caprichosa, más amigable. Todo lo que es el programa Muisca, la ampliación de la base de contribuyentes, el crecimiento de la sistematización como conducto de relación entre los contribuyentes y la administración de impuestos.

Nosotros empezamos con 400 mil contribuyentes de renta. En este momento tenemos casi millón y medio. Y seguimos en el esfuerzo de ampliar esa base. Creo que es un tema bien importante.

TRANSFERENCIAS

El tema de transferencias Es otra de las reformas constitucionales que hemos logrado aprobar, en medio de un muy difícil debate político. Diría que ha habido dos reformas constitucionales en este Gobierno de impacto fiscal financiero que eran bien difíciles de anticiparles su éxito, con un debate político agrio, muy complicado.

Primero, la reforma constitucional de pensiones, que eliminó los regímenes privilegiados, y ahora la reforma constitucional de transferencias. Una cosa es hablar de esos números en los auditorios calificados, y otra cosa es enfrentar el debate político en todas las plazas públicas de la patria.

Año de elección de alcaldes y gobernadores, y el cuento: “Uribe está acabando con la descentralización, el Gobierno de Uribe está rompiendo el pacto constitucional de 1991”. Etcétera. Ha sido un debate muy difícil y nos toca ahora, especialmente entre esta fecha y las elecciones de octubre, explicar en todo el país el alcance de la reforma.

Pienso que es una reforma que le da tranquilidad de largo plazo al país. Equilibra el propósito de descentralización, con el imperativo de la salud fiscal de la nación. Descentralización sin quebrar a la Nación. Es bien importante.

Algunos dicen: se echó para atrás la descentralización. Otros dicen: ¿por qué el aplazamiento hasta el año 2016? Y otros dicen: se rompió el pacto constitucional del 91.

Primero, no se echó para atrás la descentralización. Se hace sostenible. Nada más riesgoso para la descentralización que imponerle al Estado Central unos compromisos que no sean sostenibles. El país ha tenido etapas de su historia en las cuales la falta de sostenibilidad de los compromisos del ente central con las regiones, ha obligado a echar para atrás totalmente para atrás totalmente la descentralización. Aquí en la medida que sea sostenible la norma, se garantiza la sostenibilidad de la descentralización.

Y es un país muy descentralizado. Yo he hecho mi carrera pública básicamente en la región. Alcaldes y gobernadores de Colombia hoy pueden hacer casi todo lo que quieran. Tiene limitación de recursos, que las tienen todos los niveles del Estado, pero no limitación de competencias.

Y miren esta cifra: la República Federativa del Brasil, como su nombre lo indica, federativa. Las regiones del Brasil gastan el 30 por ciento del total del gasto del Estado. En Colombia gastan más del 51. Eso indica el nivel de descentralización de Colombia.

Y allí no incluimos lo que es el gasto extraordinario. Por ejemplo, los Transmilenios. Los contabilizamos como inversión extraordinaria. La Nación aporta el 70 por ciento. ¿Quién ejecuta? Las regiones. Las políticas de vivienda: la Nación aporta los subsidios y ejecutan las regiones. El mejoramiento de vías municipales. La Nación aporta la partida presupuestal y ejecutan los municipios. El país es un país bastante descentralizado.

El segundo tema: el pacto constitucional del 91. He venido haciendo una comparación, apreciados asistentes: los excesos de la Constitución de 1863, la condenaron a tener corta vida. Tuvo que llegar el señor Núñez en el 86 a decir: la Constitución del 63 ha dejado de existir.

Me parece que para la solidez, para la larga vida, la larga vigencia del pacto constitucional de 1991, lo más útil es el ajuste que acabamos de introducir. Sin ese ajuste, se puede crear una crisis en las finanzas nacionales y una reacción tremenda en contra de la Constitución de 1991.

Así como los excesos de la Constitución de 1863 obligaron a que fuera borrada por la Constitución del 86, los ajustes que le hemos hecho a la Constitución del 91, le garantizan estabilidad en el largo plazo a la Constitución del 91

Y el otro problema que ahí me han planteado: ¿por qué el Gobierno propuso y el Congreso aprobó de que solamente en el año 2016 se adopte la fórmula de que las transferencias a las regiones crezcan en las mismas proporciones en que crezcan los ingresos corrientes de la nación? Para dar tiempo a que se vaya normalizando la curva del preocupante tema de pensiones.

Porque tenemos en estos años que vienen una carga inmensa de pensiones sobre el Gobierno Central. Y hay que esperar que esa curva trate de horizontalizarse. Y aspiramos que ya tenga una relativa tendencia horizontal en el año 2016, cuando el pacto legislativo que acaba de aprobarse dispone que regresaremos o que se adoptará la formula de que las transferencias a las regiones crezcan en la misma proporción de los ingresos corrientes de la nación.

Y allí nos obliga a enviar una serie de mensajes. Les decía a los profesores de la educación pública: las pensiones de los profesores de la educación pública valen 37 billones. Una tercera parte del presupuesto de un año. Su estudio actuarial. Y no se ha cerrado con todo el conjunto de profesores. Y eso lo va a tener que asumir la Nación.

Las universidades públicas. En el acto legislativo de transferencias que acabamos de apoyar, no se trató nada de las universidades públicas, que tienen una norma constitucional aparte. Este año la transferencia de la nación a las universidades públicas vale un billón 800 mil millones. Crece año tras año.

Y la responsabilidad para pagar las pensiones de las universidades públicas recae finalmente en cabeza de la nación. Porque cuando se dice que la nación va a pagar entre el 92 y el 98 por ciento, el resto lo pagarán las universidades, pero su fuente de ingresos es la misma nación. Entonces ahí tenemos unas responsabilidades inmensas.

A mí me preocupó muchísimo y me preocupa muchísimo este debate, porque nos falta la aprobación de la Corte Constitucional. Esto, como acto legislativo, tiene que pasar por el visto bueno de la Corte Constitucional. Y ya está a consideración de la Corte Constitucional.

Y me preocupa mucho que sectores del liderazgo colombiano, que han tenido mucha influencia sobre la marcha del país, sean de la idea de que echamos para atrás la descentralización o afectamos el pacto constitucional del 91. Y que estén en contra de esta reforma de transferencias que tiene, además de significado fiscal financiero, un gran significado político.

Qué difícil, para los congresistas que la aprobaron, aprobarla en medio del bullicio, de los chiflidos, de los abajos y de la descalificación que se hacía por parte de los manifestantes desde de la Plaza de Bolívar. Creo que es muy importante ponderar lo que ha hecho en Congreso de la República y mis compañeros de Gobierno en esta materia.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Y viene un tema que confío sea nuestro gran legado al saneamiento de las finanzas del país, mucho más que el tema tributario: es el tema de la Reforma Administrativa. A la fecha hemos reformado más de 390 entidades del Estado. Nuestro propósito es continuar esa reforma hasta el último día de gobierno.

Cuando se cuantifica lo que se ha dejado de perder, gracias a esa reforma, esa reforma hasta hoy nos ha traído un ahorro anual de un punto del PIB. Bastante significativo.

Piensen ustedes en la Telecom de hace cuatro años. Compárenla con la Colombia Telecomunicaciones de hoy. O en cualquiera de los casos de esas 390 instituciones reformadas.

¿Si no hubiéramos hecho la reforma de Telecom qué nos habría pasado? El presupuesto nacional necesitaba transferirle 500 mil millones al año para pagar pensionados. Tenía valor negativo y no contaba con un peso para inversión. Hoy está al día con pensionados, al día con la nómina activa. Tiene un valor positivo muy importante. Tiene un gran crecimiento en materia de conexiones de Internet, de banda ancha. Un presupuesto para los próximos tres y medio año de inversión de 8 billones.

Nosotros creemos que hay que persistir en la reforma del Estado.

Viene ahora una etapa muy importante: acabamos de terminar el primer proceso de capitalización de Isagén. Y a partir del 27 de agosto entramos en el proceso de capitalización de Ecopetrol. Y en las próximas semanas entramos en el proceso de venta de unas electrificadoras regionales. Eso sí que es difícil políticamente. Yo pido a los analistas financieros mirar esto: el debate político.

Colombia no estuvo exenta de los radicalismos ideológicos que ciertos grupos trajeron a América Latina. Aquí los tenemos que enfrentar todos los días. Hace cinco años, por razones ideológicas y políticas, parecía imposible introducir una reforma pensional, una reforma laboral en Ecopetrol. Se introdujo.

Hace un año, cuando anunciamos, al iniciar nuestro segundo Gobierno, que la segunda reforma de Ecopetrol, después de la pensional y laboral, sería la capitalización, eso despertó cualquier clase, cualquier cantidad de oposición ideológica. Y en medio de muchas dificultades el Congreso lo aprobó y vamos para adelante. El 27 de agosto debe empezar todo ese proceso de capitalización de Ecopetrol.

La reforma de Paz del Río. Anoche me contaba el Ministro de Minas que buena parte de las inversiones en la capitalización de Isagén, provienen de los trabajadores accionistas de Paz del Río. Y esperamos que ellos lleven buena parte de esos ahorros a la compra de acciones de Ecopetrol.

Paz del Río era otro fiasco. Valor negativo. Se le quería trasladar al Estado colombiano la carga de los pensionados de Paz del Río. ¿Qué hicimos? ¿En qué consistió la reforma? Señores trabajadores, vamos a evolucionar del sindicalismo político, tradicional de reivindicación, a un sindicalismo de participación de vocación gerencial. Si vamos a devolverle viabilidad a esta empresa, hay que desmontar prestaciones, cargas laborales y cargas pensionales. Y le introducimos toda transparencia al manejo: eliminación de la politiquería, nombramiento de la junta directiva en un proceso de meritocracia, de la gerencia en un proceso de meritocracia.

A todo eso nos ayudó el precio internacional del hierro, del acero. Y ustedes conocen el proceso de venta de Paz del Río. Después de que los trabajadores en este gobierno pasaron del 9 al 46 por ciento de copropiedad. Vendieron unas acciones, bajaron al 36, y acaban de venderle al inversionista brasilero.

Ayer estuve en Boyacá. La empresa está hoy realizando inversiones a toda velocidad. El año pasado produjo 360 mil toneladas de metal. La están preparando para que en un año produzca un millón de toneladas. Y se logró allí un gran proceso con los trabajadores, que aspiramos que ahora se vinculen a Ecopetrol.

A toda esta reforma del Estado le veo un valor, que generalmente no se aprecia: lo que trae en materia de buen gobierno.

Estaba sentado, hace unos años, con el sindicato de Telecom, discutiendo la reforma, y me decían: “Presidente, es que no toda la culpa la tiene el sindicato. En Telecom pedíamos pliegos de peticiones y los gerentes los aprobaban”. Se aplicaba el principio de yo me salgo de este problema y el que viene atrás que arrée. Los gobiernos mandaban allí a amigos a completar la pensión de jubilación, a mejorarla. Tienen razón. Hoy nadie pide un puesto en Telecom.

Yo converso con los congresistas y les digo: “Hombre, nunca se les ocurrió volver a pedir un puesto en Telecom”. Todavía me piden puestos en la junta directiva de Ecopetrol: “Hombre, Presidente, ya que es tan difícil que nombren a un amigo en una posición de Ecopetrol, por toda la meritocracia, la carrera administrativa, ¿por qué no nos nombra en la junta?”. Confío que con esta reforma a nadie se le va a ocurrir eso.

La reforma del Estado tiene impactos muy positivos: ahorro fiscal, creación de valor y buen gobierno en las empresas que se reforman. Y por eso tenemos toda la fe en seguir con esa reforma.

Ya hemos reformado las clínicas del Seguro Social en Cartagena y en Santa Marta. Ahora vienen Bogotá y Medellín. Aspiramos reformarlas todas. Donde se enfrenta también una presión ideológica en contra muy complicada.

Pienso que el país tiene que mirar con mucha atención la reforma administrativa y exigirle al Gobierno que la cumpla.

Se nos ha pedido ahora más esfuerzo en materia de gasto público. Sí, estamos haciendo un esfuerzo adicional. Creo que va a ser de alrededor de billón y medio. Todo lo que podamos recortar. Me preocupa en tres áreas: el tema de seguridad democrática, el tema de infraestructura y el tema de política social.

Yo no puedo llegar al Pacífico solamente con fumigaciones y con erradicación manual. Nosotros tenemos que hacer la nueva ciudadela de Buenaventura, para trasladar siquiera a 3.600 – 3.900 de las quince mil familias que viven en tugurios a viviendas decentes.

El país ve un gran obstáculo en materia de infraestructura para darle sostenibilidad a las altas tasas de crecimiento. Nosotros tenemos que financiar ahora todo el esquema de las dobles calzadas.

Por fortuna, la confianza en el país ha facilitado muy buenas negociaciones con las sociedades portuarias. Se acaba de concluir el proceso de renegociación con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, con la Sociedad Portuaria de Santa Marta, y va muy adelante con la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Solamente la Sociedad Portuaria de Buenaventura va a invertir 450 millones de dólares. Y además se acaban de adjudicar otros dos puertos en Buenaventura: el Puerto de Agua Dulce y el Puerto al consorcio industrial.

Nosotros confiamos que en la medida en que la situación fiscal financiera del país dé confianza, el aporte estatal a las concesiones va ser menor. Entre mayor la financiación, mejor la financiación, más largo el plazo, menor la tasa de interés, por supuesto la contrapartida de presupuesto público a las concesiones será menor. Pero necesariamente estas concesiones requieren contrapartida.

Estamos esperando que el Tribunal de Cundinamarca nos apruebe la conciliación con Commsa, la salida de Bogotá al río Magdalena, para inmediatamente abrir la licitación. Con un alcance progresivo de doble calzada hasta Santa Marta.

Eso exige, eso no se financia solamente con peajes, así el cierre financiero de la concesión, así la financiación de particulares, nos dé las mejores condiciones de plazo y de tasas de interés. Allí se necesita una contrapartida fiscal. Y tenemos que cumplir en la parte social.

Esos son tres temas en materia de gasto público, en los cuales el Gobierno tiene todo el empeño de que ejecutemos la totalidad de las partidas presupuestales.

Se nos ha dicho: “Bueno, para que haya una coordinación entre la inversión, el crecimiento económico y empleo, ¿por qué el Gobierno no propone desmontar los parafiscales al Sena, a Bienestar y a Cajas de compensación?”.

Yo no creo que eso sea conveniente en la situación social del país. Y estoy convencido de que no tiene factibilidad política. No tiene factibilidad de opinión, no tiene factibilidad en el Congreso.

Algunos de los que han propuesto el tema de desmontar esos nueve puntos sobre los impuestos de nómina, han dicho: “Bueno, pero que el presupuesto nacional sostenga a las Cajas de Compensación, al Sena y a Bienestar”. Eso nos cuesta 6 billones al año. No tenemos manera de asumir esa responsabilidad.

¿Qué hemos hecho? Yo creo que el Sena ha mejorado muchísimo. Bienestar Familiar ha mejorado muchísimo. En las Cajas de Compensación, desde hace algunos años, gobiernos anteriores, tomaron la decisión de separar la parte de mercadeo, de su giro de actividad privada, de la parte del manejo de la parafiscalidad.

Quienes han propuesto desmontar esos parafiscales han dicho: “Que el Gobierno desmonte esos parafiscales y que se derogue el 40 por ciento a las inversiones”.

Primero, no hay equivalencia. El año entrante la deducción por el ritmo de inversión de este año, la deducción puede valer 2 billones 400. Y el pago de esos parafiscales puede valer alrededor de 6 billones. Ahí nos quedaría un hueco grande.

Segundo, creo que en una economía abierta finalmente el único estímulo al empleo es el estímulo a la inversión. A mí me parece muy difícil, en las actuales circunstancias de la economía colombiana, que busca creciente inserción en los mercados internacionales, entrar a diferenciar estímulos al empleo de estímulos a la inversión.

En una economía cerrada uno puede tomar normas, adoptar normas para estimular que haya ascensoristas, para que estimular que no se sistematice el cobro de los tiquetes a los Transmilenios, sino que haya una persona cobrando, etcétera.

En una economía abierta, uno lo que tiene que buscar es empleos de buena calidad, empleos con afiliación a la seguridad social, avanzar en la escalera tecnológica, etcétera. Por eso creo que esos empleos provienen solamente de la inversión.

Estamos haciendo un gran esfuerzo por esas tasas de inversión. Cuando el Gobierno empezó estaban entre el 12 y el 15, en los primeros cuatro meses de este año se situaron en el 27. El año pasado en el 26. El sector privado ha pasado una inversión del 6 y medio a una inversión del 19. Creo que este año está alrededor del 20. Y lo importante es hacer que eso sea sostenible.

Y hay que darle tiempo a esto. Es que apenas estamos completando el tercer año de relativa alta tasa de inversión.

Ahora, sí se necesitan protecciones estacionales en materia de parafiscales al empleo. A raíz de este problema de tasa de cambio, al Estado colombiano le va a costar no menos de 600 mil millones el apoyo a sectores exportadores muy afectados. Y estamos poniendo como condiciones para ese apoyo, una de ellas que se garantice el pago de los parafiscales. Es una especie de protección a la formalidad laboral.

Entonces creemos que en el largo plazo la política de inversiones, de promoción de inversiones que tenemos, tiene que ser la gran generadora de empleo. Y en el corto plazo, para proteger el empleo frente a temas como el de la revaluación, hay que hacer estos esfuerzos fiscales.

Han pedido también que el Gobierno venda ISA y que venda ISAGEN. Hay que tener en cuenta que acabamos de hacer la venta del 20 por ciento de ISAGEN. Al Gobierno le parece prudente esperar un tiempo, evaluar qué pasa.

El Ministro de Minas me dice que es una cosa de observar con prudencia en los próximos meses qué puede pasar. Pero hay que tener en cuenta que estamos saliendo ahora con la venta de las electrificadoras, que genera mucha oposición política en las regiones. Los santandereanos, los norteasantandereanos, en el Meta, en los departamentos donde las estamos vendiendo, dicen todos: “¿Y por qué nos van a acabar nuestra electrificadora, por qué no va a ser nuestra?”. Los bayacenses. Qué difícil es remontar ese debate político en las regiones para poder vender las electrificadoras. Viene la capitalización de ECOPETROL.

Y en cuanto al tema de ISA. ISA tiene muy buen gobierno, es una empresa mixta, veo con preocupación, y por eso así como las puertas están abiertas para considerar lo de ISAGEN, creo que en lo de ISA deberíamos preservarla como está.

Ella maneja actividades estratégicas, como el centro de despacho. Algunos han dicho: se puede desvincular de ISA. Pero es la gran transmisora de energía del país. Pienso que eso es estratégico. Además tiene un patrimonio por fuera de Colombia no inferior al que tiene en Colombia. Lo ha construido en muy corto tiempo.

Su incursión en otros países, a ello ha ayudado muchísimo que el Estado Colombiano sea socio. Y hago una comparación con PETROBRAS. Lo he visto en Colombia. Cuando aparece de socio el Estado brasileño en PETROBRAS, que era originalmente toda del Estado, la abrieron a la participación de los particulares, pero el Estado mantiene allí una muy buena parte, eso le abre espacio a PETROBRAS en muchos países. Como la circunstancia de que el Estado colombiano es socio de ISA, le abre espacio a ISA en muchos países.

Por eso tengo mi reserva y he dicho: pensemos mejor en no vender a ISA.

Hay otros temas, como el rebrote inflacionario, como la cifras de ahora del 30 de junio fueron mejores. Esperemos que los meses que vengan sean mejores. El Gobierno ha dicho que está bien que se tomen medidas prudentes, pero que en materia de tasas de interés lo que no podemos hacer es llegar a unas tasas prohibitivas que nos frenen el crecimiento de la economía.

TRATADOS DE COMERCIO

En materia de acuerdos de comercio. Hicimos el acuerdo Comunidad Andina – MERCOSUR, el acuerdo Colombia – Chile, estamos negociando el acuerdo de inversiones Colombia –Perú, para ir en materia de inversiones mucho más allá de lo que es Comunidad Andina. Le hemos propuesto a Venezuela que se reintegre a la Comunidad Andina con un capítulo especial, que le dé a Venezuela alguna discrecionalidad para manejar temas, que la legislación andina no sea una legislación camisa de fuerza para Venezuela. Y además que le incluyamos el capítulo social, para que todos nos sometamos a unos objetivos muy rigurosos en materia de política y de metas sociales.

Durante este año que nos corresponde la Presidencia de la Comunidad Andina vamos a insistir en ese acuerdo con la hermana República de Venezuela.

Además pudimos lanzar, ya hace dos semanas en Bolivia, la negociación de la Comunidad Andina con la Unión Europea, no fáciles, por los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador, que en este momento se llevan a cabo.

En los próximos días esperamos firmar nuestro acuerdo de comercio con tres países centroamericanos. Y el 17 de julio, en la visita aquí del Primer Ministro Canadiense, lanzaremos las negociaciones de Colombia con Canadá. Ojalá podamos cumplir con esas negociaciones rápidamente.

Y aspiramos encontrar mecanismos para acuerdos de protección recíproca de inversiones con China y con India. En esa materia estamos en el tema del comercio internacional.

Uno se llena de admiración cuando ve un país como Chile con 16 millones de habitantes que, gracias a 55 acuerdos de comercio, tiene 3.500 millones de consumidores. A las dos de la tarde tengo una nueva conferencia telefónica con la señora Embajadora Susan Schwab, que es la representante comercial de Estados Unidos sobre el tema del TLC.

El diálogo sobre el TLC es muy fácil. Hace cinco años allá no había objeciones sobre el paramilitarismo y aquí había 35 mil paramilitares. Hoy, que el paramilitarismo está desmontado, hoy sí hay objeciones.

Entonces este Gobierno, más que entrar en esa materia en el discurso ideológico, tiene que entrar es en el discurso de los resultados. Aquí tenemos 43 mil desmovilizados, 32 mil de ellos paramilitares. La mayoría de los líderes paramilitares están en la cárcel. Ralito fue una zona de ubicación temporal en un proceso de desarme y de desmovilización, y se convirtió en un camino, en un embudo de las selvas colombianas y de las ciudades colombianas hacia la cárcel de Itagüí.

Creo que sí, hay problemas, porque han reincidido unos tres mil, vinculados a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, en algunos casos asociados con las Farc. Estamos enfrentándolos con todo el rigor. Se han llevado a la cárcel de nuevo unos mil, se les ha dado de baja a más de 400 y el propósito nuestro es un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico.

El tema de los líderes sindicales. Lo que no se puede perder de vista, y doy esta cifra para que cada uno de ustedes nos ayude a reproducirla: cuando este Gobierno empezó eso no era objeto de conflicto internacional, asesinaban 256 al año. Desde el primer día de Gobierno empezamos un proceso de protección muy efectivo de los líderes sindicales. En el año 2005 asesinaron, de millón 200 mil sindicalistas que tiene Colombia al sumar los maestros, asesinaron 25. Algo hay de 256 a 25.

El año pasado se recrudeció, subió a 60, porque además del enfrentamiento histórico guerrillas – paramilitares, se sumó el enfrentamiento ELN – Farc. Entonces los señores de las Farc llegaban a un hospital de Arauca: “Ah, este trabajador de un hospital es del ELN”, lo mataban. Los señores del ELN a un campamento de obras públicas de Arauca: “Ah, este trabajador es de las Farc”, lo asesinaban.

Este año han muerto en Colombia asesinados cuatro sindicalistas: uno del INPEC, la justicia ha dicho que por razones totalmente diferentes a su actividad sindical; uno segundo murió el tres de mayo en los Montes de María (Sucre), estaba armado, pertenecía a un grupo de las Farc, fue dado de baja en un combate con el Ejército, el levantamiento del cadáver lo hizo el CTI, nadie (en un país abierto a la crítica, a la observación internacional diariamente), nadie ha desvirtuado lo que afirmó el CTI; el tercero fue muerto el Valledupar hace dos sábados. Los asesinos, por circunstancias totalmente personales, confesaron, están en la cárcel, han pedido sentencia anticipada; el cuarto lo asesinaron la semana pasada, era un trabajador de la Dirección de Transportes y Tránsito de Zarzal, Valle del Cauca. Todavía no tenemos un informe definitivo de la justicia sobre las causas de esa muerte.

El Gobierno colombiano desde el primer día, del siete de agosto de 2002, se ha dedicado a proteger sindicalistas contra el asesinato y empresarios contra el secuestro. Y a hacerle un seguimiento muy riguroso a cada caso. Sí, se dice: pero que hay impunidad. Sí, pero la hemos venido superando. ¿Cómo no iba a haber impunidad en un país con 35 mil asesinatos? Es que los países que se jactan de no tener impunidad, países europeos con 60 millones de habitantes, 600 asesinatos al año. Nosotros 43 millones de habitantes, 35 mil asesinatos al año. Eso se ha reducido a la mitad, pero todavía es una tasa muy alta.

Hemos hecho grandes esfuerzos contra la impunidad y ya empezamos a producir resultados: primero la política de Seguridad Democrática, que es disuasoria de los criminales; segundo, el Sistema Penal Acusatorio; tercero, la oralidad.

Hemos hecho grandes esfuerzos presupuestales. Solamente el año pasado tuvimos que agregarle a la Fiscalía General 70 millones de dólares, para que pudiera financiar la aplicación del Sistema Penal Acusatorio. Este año estamos protegiendo a seis mil colombianos con protección individual. Eso nos cuesta 76 mil millones de pesos, presupuesto nacional. Y de ellos, 1.500 son líderes sindicales. Ya tenemos las primeras 46 sentencias, que condenan a 79 personas por ser responsables de asesinatos contra líderes sindicales.

¿Entonces qué les pedimos nosotros al mundo y al sector del Congreso de los Estados Unidos? Sí, aquí tenemos problemas muy graves, nosotros aceptamos lo que hace falta, nosotros quisiéramos poder decirle al mundo: aquí hay cero asesinatos de líderes sindicales. Pero tienen que aceptar lo que hemos avanzado, y este es un esfuerzo con muchas dificultades.

Ahora, algunos dicen: ¿cómo no van a hacer el TLC con Colombia, si Colombia es el único aliado sólido que les queda en la región? Para nosotros ese no es argumento. Otros dicen: es que Colombia tiene los mismos valores de libertad de los Estados Unidos. Lo que se quiera. Para nosotros el argumento es que Colombia es un aliado de Estados Unidos, pero un aliado respetable. Como lo dije por allá hace dos semanas en Buenaventura: este no es el caso de aquella dictadura centroamericana del que en el Gobierno de Estados Unidos decían: ese Gobierno es criminal, corrupto, y lo descalificaban con cualquier cantidad y clase de peyorativos. Pero enseguida decía: pero lo tenemos que aceptar, porque ese criminal es nuestro criminal. Y así sucesivamente. Aquí hay un Estado y un Gobierno respetable.

Entonces necesitamos hacerle ver al Congreso de Estados Unidos que estamos en la vía de superar estos problemas y que hemos avanzado. Creo que haber reducido los secuestros en un semestre de 1.700 a 100 es una gran victoria parcial, a pesar de lo que falta. Y uno a un colombiano secuestrado y a su familia no le puede decir, uno no le calma ese dolor, diciendo: no, es que redujimos de 1.700 a 100. Cuando eso se siente en carne propia, eso es tan duro como que hubiera millones de secuestrados. Pero en el conjunto del país se demuestra que hay un gran esfuerzo. Nosotros quisiéramos mostrar cero asesinatos de líderes sindicales, pero algo va de 256 en un año, a 4 en un semestre. Y ahí vamos superando la impunidad.

Queremos en toda parte invitar a los compatriotas. Y vengo a invitarlos a ustedes y a Latinfinance y a la CAF a que nos ayuden a construir confianza inversionista en Colombia.

Alguien que maneja muy bien la economía me decía: si este país logra cuatro o cinco años de tasas de inversión superiores al 25 por ciento, con un sector privado que tenga una tasa no inferior al 20 por ciento, a este país no lo para nadie.

Muchas gracias a todos”.

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