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Año 2006 | 2007
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20 de julio
“NUESTROS MUERTOS SIGUEN SECUESTRADOS”
  • Al instalar las sesiones del Congreso, el presidente Uribe denunció a las Farc y exigió la entrega de los cadáveres de los 11 diputados vallecaucanos.
  • Dijo que rechaza el despeje porque el país estuvo despejado por décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas.
  • Sostuvo que el acuerdo humanitario no puede afectar la motivación de las Fuerzas Armadas ni la firmeza del pueblo.

Bogotá, 20 jul. (SNE).- Los asesinos de los 11 diputados se rehúsan a entregar los cadáveres porque saben que mientras más los demoren, será más difícil practicar el examen pericial que determine la modalidad del crimen. Así lo denunció este viernes el presidente Álvaro Uribe Vélez, al instalar las sesiones del Congreso de la República. “Nuestros muertos siguen secuestrados”, dijo.

Recordó que “el 18 de junio pasado el grupo criminal de las Farc asesinó a los 11 diputados vallecaucanos, fechó un comunicado el 23 y lo publicó el 28. Hoy es 20 de julio y estos criminales aún no han entregado los cadáveres”.

Desde el primer momento en que se supo del crimen, el Gobierno pidió el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y además propuso una comisión forense internacional que, con la Fiscalía, determine la modalidad del asesinato.

“Los criminales extorsionan con la vida y con la muerte. No devuelven los cadáveres porque saben que mientras más los demoren más difícil será el examen pericial. Estos terroristas son criminales y mentirosos. Nuestros muertos siguen secuestrados”, señaló.

Indicó que a pesar del crimen de los diputados, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 150 presos y de Rodrigo Granda, decisión que ha tenido el buen cuidado de garantizar que no regresen al terrorismo y la buena fe de crear condiciones para la libertad de los secuestrados.

“DECIMOS NO AL DESPEJE”

De acuerdo con el presidente Uribe, el Gobierno ha buscado el acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados, con la salvedad de no conceder zona de despeje y no liberar presos para que se integren al asesinato y al secuestro.

Adujo que la negativa de conceder zonas de despeje obedece a que el país estuvo despejado por décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas. Otra razón es que el despeje permite eludir la acción de la fuerza pública y somete a la población de los municipios donde se practica este mecanismo.

“Decimos no al despeje porque el país estuvo despejado por décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas. El despeje permite eludir la Seguridad Democrática y somete la población a los terroristas, quienes interpretan la decisión como debilidad del Estado Democrático que quieren destruir”,

Para el Jefe de Estado es claro que el despeje crea una “maraña terrorista” difícil destruir, como se advierte actualmente en el departamento del Caquetá.

RALITO NO HA SIDO DESPEJADO

Durante su discurso ante el Congreso, Uribe Vélez dijo que otra cosa ha ocurrido en Ralito, que no ha sido zona de despeje sino lugar de tránsito hacia la aplicación de la justicia. Allí la fuerza pública hizo presencia efectiva cuando se necesitó.

“Para que no haya confusión: Ralito no fue zona de despeje. Fue lugar de desmovilización y desarme, de tránsito hacia la justicia, con presencia de la fuerza pública tantas veces como se requirió”, dijo.

¿QUÉ DEBE Y QUÉ NO DEBE SER EL ACUERDO HUMANITARIO?

El Presidente consideró, además, que un acuerdo humanitario debe ser para liberar a los secuestrados y no para que se aprovechen los secuestradores, y se afecten la motivación de la fuerza pública y la firmeza del pueblo.

“El acuerdo humanitario debe pensar en las víctimas del secuestro no en los aprovechadores del despeje. El acuerdo humanitario debe ser para liberar a los secuestrados y no para desmotivar a la fuerza pública”, sostuvo.

Y agregó: “El acuerdo humanitario no puede afectar la motivación de las Fuerzas Armadas ni la firmeza del pueblo, pilares sobre los cuales reposa la esperanza de la victoria final sobre el terrorismo”.

Señaló que “antes que promover esa solución desde la comodidad de las capitales o el extranjero”, debe considerarse la huella dejada por el despeje en los ciudadanos del Caquetá o el temor de la comunidad de Pradera y Florida por la posibilidad de que el despeje se imponga allí.

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