Bogotá, 20 jul 2007 (SNE). Con las siguientes palabras, el presidente Álvaro Uribe Vélez declaró instaladas las sesiones del Congreso de la República.

“Respetados Senadores y Representantes:

El 18 de junio el grupo criminal de las FARC asesinó a 11 diputados vallecaucanos, fechó un comunicado el 23 y lo publicó el 28. Hoy es 20 de julio y estos criminales aun no han entregado los cadáveres. Desde el primer momento el Gobierno pidió el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Además, hemos propuesto una comisión forense internacional que con la Fiscalía determine la modalidad del asesinato. Los criminales extorsionan con la vida y con la muerte; no devuelven los cadáveres porque saben que mientras más los demoren más difícil será el examen pericial. Estos terroristas son criminales y mentirosos. Nuestros muertos siguen secuestrados.

El Gobierno ha buscado el acuerdo humanitario con la salvedad de no conceder zona de despeje y no liberar presos para que se integren al asesinato y al secuestro. A pesar del crimen hemos cumplido con la excarcelación de 150 presos y Rodrigo Granda, decisión que ha tenido el buen cuidado de garantizar que no regresen al terrorismo y la buena fe de crear condiciones para la libertad de los secuestrados.

Decimos no al despeje porque el país estuvo despejado por décadas y por eso de él se apropiaron los terroristas. El despeje permite eludir la Seguridad Democrática y somete la población a los terroristas, quienes interpretan la decisión como debilidad del Estado Democrático que quieren destruir. La maraña terrorista que crea el despeje es difícil de superar, como aun se advierte en el Caquetá.

Para que no haya confusión: Ralito no fue zona de despeje, fue lugar de desmovilización y desarme, de tránsito hacia la justicia, con presencia de la fuerza pública tantas veces como se requirió.

Debe conocerse la huella del despeje en los ciudadanos del Caquetá, o el temor por su posibilidad en los de Pradera y Florida, antes que promover esa solución desde la comodidad de las capitales o el extranjero.

El acuerdo humanitario debe pensar en las víctimas del secuestro no en los aprovechadores del despeje.

El acuerdo humanitario debe ser para liberar a los secuestrados no para desmotivar a la fuerza pública. Nuestras Fuerzas Armadas no han sido golpistas pero han vivido períodos de desmotivación, durante los cuales para nada sirven presupuestos, helicópteros, aviones y otros apoyos.

Línea fundamental de nuestra acción es mantener en alto el espíritu de lucha en nuestras Fuerzas Armadas.

Línea fundamental de nuestra acción es trasmitir firmeza al pueblo para reclamar del pueblo firmeza.

El acuerdo humanitario no puede afectar la motivación de las Fuerzas Armadas ni la firmeza del pueblo, pilares sobre los cuales reposa la esperanza de la victoria final sobre el terrorismo.

Los objetivos del Gobierno

Son tres los objetivos principales del Gobierno: La Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la política social. Están transitivamente unidos: la seguridad estimula la inversión, y ésta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y en la construcción de equidad. Mientras la seguridad y la inversión hacen sostenible la política social, ésta legitima las dos anteriores.

Hemos ganado un gran valor en el pueblo colombiano: antes, el discurso dirigente hizo creer que la Seguridad Democrática y la política social eran excluyentes; hoy, el pueblo reclama por igual más seguridad y más inversión social, más policía, más educación, más salud.

Las pruebas difíciles no impiden el avance de la Seguridad Democrática. En los tres años que restan no la descuidaremos un segundo. Aplicaremos con esmero la contribución de los sectores más pudientes de la Nación, que el Congreso aprobó en la reforma tributaria.

Confiamos que la Seguridad Democrática se adopte finalmente como un valor de Estado, cimentado en la adhesión de la conciencia popular.

Confianza inversionista

Hablamos más de confianza inversionista que de crecimiento económico. El crecimiento puede darse un día por el descubrimiento de un pozo petrolero o el aumento del precio de un producto básico y al otro día puede no darse.

La confianza inversionista es lo único que permite un crecimiento alto, sostenido en el largo plazo.

Buscamos la confianza inversionista con nuestro modelo de Estado y Sociedad, la determinación de seguridad, la tributación, las nuevas zonas francas, los contratos de estabilidad en las reglas de juego y la salud fiscal de la Nación, elementos todos vinculados a la magnífica agenda aprobada por el Congreso.

Para la confianza inversionista es muy importante que el país tenga visión de largo plazo y estrategia de competitividad. La Visión Colombia: Segundo Centenario, al año 2019 rige nuestro Plan Cuatrienal de Desarrollo. La agenda de competitividad está ajustada al Plan y como la visión de largo plazo, también ha sido construida en concertación democrática.

Reformamos el Estado pero no lo desmantelamos como se intentó en América Latina en décadas recientes. Tampoco aceptamos el estatismo como ahora se promueve. Nuestro Estado Comunitario busca eficiencia y transparencia, da todas las garantías a la inversión privada y exige responsabilidad social.

La responsabilidad social debe expresarse en tres áreas: la transparencia en las relaciones entre la inversión y el Estado, los contratos, concesiones, solución de disputas, tributación; la solidaridad de la inversión con las comunidades, que se niega, por ejemplo, cuando los habitantes de una zona minera son afectados en su salud y bienestar, o el turismo maltratado por la contaminación emanada de un puerto; y, las relaciones laborales, que no pueden regirse por el capitalismo salvaje ni por el odio de clases, sino por la fraternidad cristiana.

Una sociedad que opera en democracia y se rige por la ley genera confianza. El debate constructivo, ávido de opciones que superen contradicciones, también genera confianza. Por oposición, el espíritu destructivo, la rencilla personal, el desespero de poder que se manifiesta en arribismo social, causan desconfianza y miseria.

Este Congreso ha tenido la acertada intuición de jugarse a fondo con la herramienta tributaria como factor de atracción de inversión.

Aquí no ha imperado la reducción de tarifas impositivas para que los más pudientes apropien más utilidades. En lugar de ello, Congreso y Gobierno hemos puesto en marcha los estímulos a la inversión. Se premia a aquel que hace el esfuerzo de crecer, no a quien se estanca.

Los estímulos específicos a biocombustibles, cultivos de tardío rendimiento, turismo y ecoturismo, vivienda social, la deducción general del 40% a nuevas inversiones y la tarifa del 15% a zonas francas de empleo, no necesariamente vinculadas a exportaciones, hacen parte del conjunto normativo de atracción de inversión, aprobado por el Congreso.

Hace cinco años no producíamos un solo litro de alcohol carburante, hoy destilamos 1.200.000 litros diarios más 50.000 de biodiesel. Hay gran entusiasmo y proyectos en marcha, que contribuirán al empleo con calidad, a la lucha contra el calentamiento global y a la reinvención de la agricultura.

Tenemos 43 millones de hectáreas en pastos y sabanas, que nos permiten proyectarnos como una potencia en biocombustibles, sin afectar la seguridad alimentaria y sin destruir un milímetro cuadrado de selva.

Hemos fijado los plazos para que en 2012 los motores que se importen o fabriquen en el país sean flexibles al uso de biocombustibles. Con fechas intermedias aumentaremos las mezclas obligatorias para que en ese año sean del 20% tanto en alcohol carburante para la gasolina como en biodiesel para el diesel fósil.

Contamos con cinco mil nuevas habitaciones hoteleras en proceso de construcción. Recibíamos 530.000 visitantes internacionales por vía aérea, este año podremos llegar a 1.300.000.

Procuramos un capitalismo vigoroso, social, diferente del anacrónico capitalismo de Estado o del desacreditado capitalismo de monopolios. Buscamos que haya muchas grandes empresas y que prospere el emprendimiento de millones de medianas y pequeñas empresas, como se deduce de la orientación del crédito, de la ley Agro Ingreso Seguro, de las medidas aduaneras para proteger pequeños industriales y de la Banca de Oportunidades.

Recientemente la Organización Internacional Monitora de Emprendimiento, certificó a Colombia como el segundo país del mundo, en su nivel de ingreso, con mayor nuevo emprendimiento.

Sostener una tasa elevada de inversión debe conducirnos a mejores niveles de empleo con afiliación a la seguridad social, a mayores éxitos de emprendimiento y a superar pobreza e inequidad.

Una economía abierta, que pretende dignificar el empleo, no puede buscar soluciones laborales con carreteras que se construyan con pico y pala.

No podemos pensar en ser competitivos con salarios de miseria y desprotección en seguridad social. Tenemos que ser competitivos con agregación de valor, ascenso en la escalera tecnológica, esfuerzo de los trabajadores y más esfuerzo de propietarios, que en lugar de vivir como rentistas deben aspirar al merecimiento de gentes de labor y empresa.

En consecuencia, pensamos que los mejores estímulos al empleo son los estímulos a la inversión con responsabilidad social, introducidos por el Congreso, a cuyos resultados debemos dar tiempo.

En consecuencia, no somos partidarios de desmontar los aportes de nómina, a cargo de los empleadores, con destino al SENA, a las cajas de compensación y al Instituto de Bienestar Familiar. Al contrario, la unificación de la declaración y pago de parafiscales y cotizaciones a la seguridad social, y el proceso de hacerlo de modo electrónico, empiezan a mostrar magníficos resultados en control de evasión.

Estas entidades cada día mejoran su labor, y de decidir que dependan del presupuesto nacional, se marchitarían en el tiempo.

La confianza inversionista con responsabilidad social es la fuente de provisión de recursos para el logro de las metas de política social.

En ausencia de confianza inversionista, la política social se reduce a más demagogia y más pobreza. Con confianza inversionista, la política social puede expandir prosperidad.
En los últimos cinco años la inversión como porcentaje del PIB ha pasado del 12% al 15%, al 22%, al 26% y en el primer trimestre del año al 27%. Solamente la inversión privada ha saltado del 6.5% al 19% del PIB. La inversión ha estado creciendo entre el 20% y el 31% por año.

En materia de confianza, Colombia está de moda para el capital nacional e internacional. Sostengamos esa posibilidad y veremos mejores aires sociales.

La salud fiscal de la Nación, su estabilidad, es requisito para sostener la tendencia de confianza en Colombia. La mayor eficiencia en el recaudo, la racionalidad en el gasto público y la reforma administrativa son piezas claves de la estabilidad.

Hemos ampliado la base de contribuyentes de renta de menos de 400.000 a más de 1.400.000. Esperamos que en poco tiempo la relación de la mayoría de los contribuyentes con el Estado sea a través de Internet, más simple, más rápida, transparente y con menor costo. El 90% del recaudo proviene ya de declarantes virtuales. El recaudo ha superado el crecimiento de la economía.

Año tras año nos hemos esforzado en la racionalidad del gasto público. El nuevo recorte, para lo que resta de la vigencia de este año, es de 1 billón 100 mil millones.

La carencia de infraestructura es obstáculo al ritmo de crecimiento que quiere tomar nuestra economía. Hemos superado casi todos los pleitos en que se encontraban concesiones y contratos de diferente naturaleza. Estamos pendientes del fallo del Tribunal de Cundinamarca sobre la transacción con el consorcio internacional COMSA, que fuera adjudicatario de la carretera de Bogotá al Río Magdalena. También de la necesidad de prestar servicio en el Ferrocarril del Pacífico, cuya ferrovía ha sido reconstruida en alto porcentaje.

El Plan 2.500, que se propone pavimentar 3.125 kilómetros de carretera, a pesar de atrasos, dificultades, aumentos de precios de materiales, ha acumulado ya un avance de 1.300 kilómetros. Son 227 tramos en 167 contratos, con problemas en 17 contratos. Es una mezcla entre vías que mejoran el acceso a cabeceras municipales y a las zonas productivas.

Cuando me reúno con empresarios, me piden que de prelación a vías de comercio exterior y no a accesos municipales. Cuando me encuentro con alcaldes reclaman que necesitan más vías municipales. Ambos reclamos tienen razón; es la expresión de un país al que aun le falta mucha infraestructura.

Nuestra decisión es concluir el Plan 2.500, cumplir al Congreso el compromiso sobre las vías municipales con la partida anual para cada municipio, ayudar con créditos a los departamentos para que mejoren carreteras departamentales y dedicar todos los esfuerzos nacionales a los corredores de competitividad de comercio exterior. Sobre este concepto, estamos en la adjudicación de tramos de dobles calzadas y en la preparación de otros.

Los acuerdos recientes sobre las concesiones portuarias traerán cuantiosas nuevas inversiones. Solamente Buenaventura, con la Sociedad Portuaria y los puertos de Agua Dulce y Consorcio Industrial, incrementará su capacidad de 11 millones a más de 43 millones de toneladas por año.

Confiamos que en poco tiempo empiece a verse la construcción de la segunda línea en el Ferrocarril del Atlántico.

Adjudicamos la concesión del aeropuerto El Dorado, que solamente en pasajeros le ampliará la capacidad de 8 a 16 millones por año.

La obligatoriedad de las audiencias públicas de contratación, en todas las licitaciones con recursos del Estado, hace parte de nuestro compromiso de transparencia, que se fortalece con la aprobación de la nueva ley de contratación, la 1150 de 2007, sancionada el pasado lunes. Ésta tapona la corrupción, evita evadir la licitación a través de cooperativas o de instituciones educativas; uso indebido que las desacreditaba. Generaliza la selección objetiva aun en cuantías pequeñas. Democratiza el acceso a la contratación pública al prohibir el cobro de los pliegos de condiciones. Incorpora de modo definitivo instancias de participación ciudadana, como la discusión del prepliego y las audiencias públicas de adjudicación. Participación de opinión ciudadana, que en adición a los controles fiscales, administrativos, judiciales y políticos, se convierte en medio efectivo de transparencia y confianza popular.

Comprendo la angustia de ustedes, respetados Congresistas, por las vías de todas las regiones. Sabemos además que esta infraestructura tiene alta tasa de retorno, pero pedimos su comprensión porque el cuidado fiscal obliga al Gobierno a concentrar cualquier nuevo esfuerzo en las carreteras de comercio exterior.

El mejor legado que este Gobierno aspira dejar para la estabilidad fiscal de la Nación es la confianza inversionista y la reforma administrativa.

Hemos reformado 390 entidades públicas y aspiramos continuar en esa tarea hasta el último día de la administración.

Han sido suprimidos 38 mil cargos.

El ahorro entre la caja y la proyección de las pérdidas evitadas asciende a un punto del PIB.

Empezamos en TELECOM, ahora al día con pensionados, con valor patrimonial positivo y promisorio y capacidad de inversión que no tenía. Con esta empresa y los demás operadores de telecomunicaciones, avanza el desatraso en banda ancha e Internet, así como en la primera administración lo obtuvimos en telefonía móvil, que saltó de 4 millones de usuarios a cerca de 30 millones.

Recientemente se concluyó la primera democratización de ISAGEN. Hubo una demanda por compra de acciones cinco veces superior a lo ofrecido en venta. Estamos en el análisis de la propuesta de venderla, formulada por la Comisión de Gasto Público, para prepagar deuda. Parece prudente esperar el resultado de las ofertas públicas para que generadores de energía, oficiales y privados, construyan nuevas plantas, con la garantía del pago estatal por disponibilidad.

Hemos tenido exitosas experiencias con contratos sindicales y participación de trabajadores. Debo resaltar Paz del Río, antes dolor de cabeza, ahora una esperanza. Ya avanzan los nuevos inversionistas en la tarea de incrementar, en poco tiempo, la producción de hierro y acero de 360 mil toneladas por año a más de un millón.

Trabajadores y pensionados de Paz del Río han invertido en ISAGEN parte de los ingresos provenientes de la venta de sus acciones. Confiamos que hagan otra inversión importante en ECOPETROL.

Vemos con optimismo la capitalización de ECOPETROL. Este Congreso la aprobó en franco desafío a viejos dogmas ideológicos que la avivaban con el discurso y la deprimían en la práctica. Tenemos la certeza del futuro brillante de la empresa. Ha empezado a incursionar en biocombustibles.

Discrepamos de la idea de vender la participación estatal en ISA. Hemos buscado socios pero no hemos desmantelado empresas estatales estratégicas. Además de tener esta condición, la participación estatal le abre camino en el terreno internacional, donde ISA ya cuenta con un patrimonio igual al que registra en Colombia. En similares casos, analistas nacionales e internacionales afirman que para entidades mixtas como PETROBRAS de Brasil, la participación estatal ha contribuido muy positivamente al posicionamiento internacional.

Queremos en el Seguro Social y sus clínicas una solución social eficiente y no un problema burocrático estatal. Confiamos que la asociación con las cajas de compensación familiar nos traiga esa solución social. Las primeras reformas en las clínicas de Cartagena y Santa Marta, que respectivamente han sido entregadas en administración a una comunidad religiosa especializada en salud y a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, han generado gran alivio a los pacientes. Nuestro empeño será la reforma de todas las clínicas del Seguro Social.

La experiencia con buenos asociados, privados o sin ánimo de lucro, en empresas estatales, ha sido exitosa en eficiencia administrativa y se erige en talanquera que evita politiquería.

El Acto Legislativo de Transferencias ha sido esencial para garantizar la descentralización sin afectar la salud fiscal de la Nación. En buena hora el Congreso prefirió la responsabilidad con el mediano y largo plazo que la crítica política inmediata. El aumento de recursos para las regiones debe garantizar las plenas coberturas de educación básica y salud, la mejora en calidad y el progreso en saneamiento básico.

Colombia debe estar orgullosa de su nivel de descentralización. Mientras en otros países latinoamericanos las regiones gastan el 30% del total de los gastos del Estado, en nuestro país, departamentos y municipios gastan el 51% del gasto estatal. Este porcentaje no incluye los aportes extraordinarios que generalmente se giran por el presupuesto nacional, como partidas para sistemas de transporte masivo, vivienda social, complementos educativos, de salud y agua potable, que ejecutan las autoridades regionales y locales.

Durante nuestro Gobierno, departamentos y municipios, con excepciones, han logrado superávit, descenso en el endeudamiento y considerable aumento de recursos. En pesos constantes, los departamentos han crecido ingresos en 13%, los municipios en 34% y Bogotá en un 40%.

El Acto Legislativo de Transferencias da sostenibilidad a las normas de descentralización de la Constitución de 1991.

Los excesos de la Constitución de 1863 precipitaron su derogatoria. La Constitución de 1886 tuvo una vida centenaria gracias a las enmiendas introducidas en momentos oportunos. Los ajustes a la Constitución de 1991 consolidan su vigencia.

Frente a la revaluación que golpea sectores intensivos en empleo, el equipo económico y el Banco Central han tomado decisiones cuyos resultados están en observación.

El presupuesto nacional debe apoyar este año, con no menos de medio billón, a los sectores afectados, con exigencias como la de mantener al día los pagos laborales y parafiscales. Constituye un apoyo empresarial dirigido a la protección del empleo. Y estudiamos nuevas decisiones.

El Gobierno comparte la preocupación del Banco Central por las señales inflacionarias. Sin embargo, el ajuste en tasas de interés no debe llevarse a niveles que impidan crecer con prudentes niveles de endeudamiento, como sucedió en el pasado.

Debemos lograr una tasa de cambio estable y competitiva y preservar una tasa de interés asequible en el largo plazo.

Además del recorte adicional de gasto público, nos hemos comprometido a llegar a diciembre con la misma cantidad de deuda de enero. Congelar el endeudamiento absoluto se traduce en reducir el endeudamiento relativo en los mismos puntos del crecimiento de la economía.

Hemos descendido de un déficit fiscal consolidado del 4.2% del PIB en agosto de 2002, al actual cercano al 1% del PIB.

El déficit del Gobierno Nacional central ha disminuido del 7.5% del PIB, que incluye los traslados al Instituto de los Seguros Sociales para pagar pensiones, a una cifra entre el 3.5% y el 4% del PIB en que deberá situarse este año.

De cada 100 pesos que producíamos debíamos 50, hoy 28 pesos.

Para endeudarnos teníamos que pagar 700 puntos por encima de los bonos de los Estados Unidos, hoy 100 puntos.

Ha mejorado nuestro grado de inversión pero debemos hacer el esfuerzo adicional para recuperarlo plenamente.

Política social

La confianza de inversión y el crecimiento de la economía, son medios para el gran fin que es la superación de la pobreza y la construcción de equidad.

Progresamos en el empeño de las plenas coberturas en educación básica y salud. Los ajustes a la Ley 100 hacen posible ese sueño en el Régimen Subsidiado de Salud.

Los planes departamentales de agua potable y saneamiento básico son un instrumento ordenado y general, para todos los municipios, que integran recursos de transferencias, regalías y complementos nacionales para tan necesario presupuesto.

A finales de agosto completaremos 1.500.000 Familias en Acción, familias pobres, desplazadas y de estrato uno, que reciben un subsidio para garantizar la educación y alimentación de sus hijos.

Con entusiasmo impulsamos la Banca de Oportunidades, que además del Estado, ha obtenido la participación del sector privado, comercial y de fundaciones. En nuestro primer Gobierno cumplimos con la meta de 1.800.000 créditos a microempresarios. Nos esforzamos con ahínco para cumplir con la nueva meta de 5.000.000 de créditos a igual número de familias pobres de la Patria.

Entre agosto de 2006 y mayo de 2007, de la meta de 5.000.000 de microcréditos para el cuatrienio, se desembolsaron 1.106.000 por valor de 3.4 billones de pesos. En el mismo período, 290.000 colombianos pobres recibieron por primera vez un crédito institucional. Muchos de ellos eran deudores de la usura.

Depender de la usura es discriminación y exclusión del ciudadano pobre, es anular su ánimo de emprendimiento. Trasladar al crédito institucional a estos compatriotas, es objetivo esencial de la Banca de Oportunidades.

En agosto de 2002 la cartera para los microempresarios valía 732.000 millones, en julio de 2006, 3.4 billones y en mayo de 2007, 5.14 billones.

En julio de 2002 la cartera de los microempresarios representaba el 1.5% de la cartera financiera del país, en mayo de 2007 se situaba en el 5.2%. Es una evolución de evidente democracia social.

Continuamos con la revolución del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El SENA, que ha multiplicado por 4 el número de estudiantes y por 3 las horas de enseñanza, gracias a los nuevos equipos de sistemas llegará a una cobertura permanente de 1.200.000 estudiantes en ambiente virtual. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenía 6.121.000 usuarios en agosto de 2002, ahora 10.230.000 que serán muchos más y sumará también la responsabilidad en la aplicación de la nueva ley de niñez.

El crecimiento de la vivienda social tendrá nuevos refuerzos en Cali y Buenaventura con los dineros hallados en escondrijos de narcotráfico.

Nos preocupa para los años venideros la disponibilidad de terrenos de vivienda social en las grandes ciudades. El Gobierno invita a los alcaldes a utilizar los incentivos tributarios para adelantar programas de renovación urbana, que demuelan sectores deprimidos, recuperen el espacio público y construyan vivienda social en altura. Esta solución es mejor y menos costosa que ampliar indefinidamente los perímetros urbanos, afectar tierras como la Sabana de Bogotá, y pagar los costos de extensión y operación de servicios públicos y transporte. Se expedirá un decreto para premiar soluciones de vivienda social en altura, que renueven urbanismo.

Hemos concebido y lanzado el programa JUNTOS, que pretende hacer coincidir en 1.500.000 de familias de extrema pobreza las herramientas de equidad a fin de reivindicar a esos compatriotas. Que el conjunto de familias más pobres reciba el apoyo integral del Estado, en lugar de la dispersión inocua de entregar a alguien un crédito de Banca de Oportunidades, a otro ciudadano un subsidio de vivienda, a los vecinos incluirlos en familias en acción y a los de más allá apoyarlos con el Instituto de Bienestar Familiar.

Estamos comprometidos con una política social estructural, que rebase el asistencialismo y abra los senderos de movilidad social, que son de la esencia de la democracia.

Nuestra política social, al incluir progresivamente amplios sectores de compatriotas históricamente marginados, se constituye además en factor de reactivación de la economía. Familias en acción y los programas nutricionales de bienestar familiar agregan millones de consumidores. El microcrédito produce favorables efectos simultáneos en la demanda, la oferta, el empleo y la estabilidad del ingreso de hogares.

Hemos procurado, con la oficina de atención y prevención de desastres, adscrita al Ministerio del Interior, hacer presencia puntual y eficaz en las zonas de la Patria afectadas por inundaciones y catástrofes de la naturaleza. El costo ha exigido enormes esfuerzos presupuestales en primeros auxilios, atención médica, alimentación, albergues, subsidios de arrendamiento, reparación de viviendas, apoyos a campesinos y agricultores. Y obras de infraestructura en las estribaciones del Nevado del Huila, o la Mojana, o el Bajo Magdalena o el Sinú. Hay avances y tareas pendientes, pero procedemos con afecto y solidaridad.

Acuerdos Comerciales. El Obstáculo con los Estados Unidos

Tenemos toda la determinación de impulsar los acuerdos comerciales y de desmonte de la doble tributación, entre países, para dar a los trabajadores más oportunidades de empleo de calidad, con afiliación a la seguridad social, y a emprendedores y empresarios el acceso a más fuentes de provisión y a más consumidores.

Hicimos el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur, suscribimos otro con Chile, negociamos ahora con Perú el desmonte a las barreras de inversión, en las próximas semanas firmaremos con Guatemala, El Salvador y Honduras, ya empezamos el proceso entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.

Buscamos acuerdos de protección recíproca de inversiones con China e India.

Nunca antes, en más de 50 años de relaciones entre las dos naciones, un Primer Ministro de Canadá había visitado oficialmente a Colombia. Y acompañados de Perú hemos iniciado la negociación con ese país.

El Tratado firmado con los Estados Unidos, aprobado por este Congreso, ha tenido una enmienda que lo mejora y cuya ratificación respetuosamente solicitaremos de ustedes, Honorables Congresistas.

En el Congreso Norteamericano algunos alegan el fenómeno paramilitar y de inseguridad de líderes sindicales como motivos de estancamiento del proceso de aprobación de la ley ratificatoria.

Nuestra argumentación es de hechos. Éste es el Gobierno que ha combatido al paramilitarismo y que puede decir al mundo que Colombia ha dejado atrás la tolerancia a grupos de justicia privada, así su propósito fuera combatir a la guerrilla. Era difícil imaginar hace cinco años que hoy la mayoría de líderes paramilitares estén en la cárcel y se hayan desmovilizado y desarmado 32.000 integrantes de esas organizaciones y 10.000 guerrilleros. Una tarea llena de dificultades y de fe en las instituciones.

Entonces se alega la parapolítica. La mayoría de los hechos investigados se cometieron con anterioridad a este Gobierno. La ley de Justicia y Paz y la Seguridad Democrática han devuelto a los colombianos el coraje y la confianza para acudir a la justicia. Gobierno y Congreso han apoyado la justicia.

El 30% de Colombia estuvo directamente bajo el poder real de guerrillas y/o paramilitares. El cambio es evidente. No hemos ganado todavía pero vamos ganando.

Colombia ha superado el paramilitarismo. Si por éste se entiende la organización de grupos armados ilegales para combatir la guerrilla, hoy no hay paramilitarismo porque el combate a la guerrilla es ya, en la práctica, tarea exclusiva de nuestra institucionalidad democrática. Si por paramilitarismo se entiende la colusión delictiva de individuos de la fuerza pública con estos grupos ilegales, hoy no hay paramilitarismo porque esa mezcla, que nunca fue institucional, empieza a mostrar signos categóricos de que ha dejado de existir.

Los paramilitares reincidentes, tres mil en número aproximado, y aquellos que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, están dedicados al narcotráfico, aliados o en competencia con la guerrilla, y son perseguidos severamente por nuestras instituciones armadas.

Hemos recobrado algo que nunca debimos haber perdido: el monopolio estatal del uso de la fuerza para combatir el terrorismo guerrillero y la determinación institucional para eliminar el paramilitarismo.

Si bien la Ley de Justicia y Paz marca un contraste con las anteriores sobre la materia, al incorporar penas efectivas y no amnistías o indultos, verdad y no olvido, reparación y protección y no abandono a las víctimas, también es precedente para las que habrán de aplicarse en el futuro en negociaciones con la guerrilla.

La opinión calificada y la justicia deben dar un tratamiento igual a guerrilla y paramilitares. Sus crímenes no admiten tratamientos diferenciados ni en la ley ni en la negociación de la paz. No puede ser que impere el ánimo benigno del pasado en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con paramilitares.

No basta con juzgar a políticos o a integrantes de la fuerza pública por colusión con los paramilitares y eventualmente por conciertos u omisiones frente a la guerrilla; el ojo de la justicia, de los jueces de la historia y la política, debe dirigirse a la voluntad que faltó en el Estado para combatir estos flagelos terroristas. Esa ausencia de Estado, de decisión de seguridad, hizo que los ciudadanos e instituciones de las regiones se sintieran totalmente abandonados, a merced del crimen y sus autores.

Se alega en el Congreso de Estados Unidos el asesinato de sindicalistas, la desprotección y la impunidad.

Antes de nuestro Gobierno hubo años en los cuales asesinaron 256 personas entre sindicalistas y maestros.

Antes de nuestra elección, en el punto 27 del Manifiesto Democrático, propusimos la protección eficaz de sindicalistas y empresarios como expresión concreta del carácter democrático de nuestro proyecto de seguridad. Y a esa tarea nos hemos dedicado.

En el año 2005, en la tendencia de reducción, se llegó a 25 casos de estos asesinatos. En 2006 el delito recrudeció llegando a 60 casos, resultado que tuvo la influencia del enfrentamiento entre las FARC y el ELN que se sumó al tradicional entre guerrilla y paramilitares.

En 2007 han sido asesinados 6 miembros sindicales y 12 maestros. Hacemos seguimiento detallado con la justicia a cada caso y ofrecemos recompensa por la información. Referente a los sindicalistas, las investigaciones, hasta ahora, arrojan que no hubo relación del crimen con la actividad sindical.

Se ha hecho un enorme esfuerzo contra la impunidad en general: el Sistema Penal Acusatorio, la oralidad, la reforma de los códigos, las leyes de justicia recién aprobadas, las nuevas facultades para fortalecer la Fiscalía, la coordinación con la Organización Internacional del Trabajo. En los últimos meses se han dictado 48 sentencias que han condenado 89 personas, de las cuales 44 están en las cárceles, responsables de crímenes contra sindicalistas.

No hemos ahorrado en materia de protección. Este año, la protección individual de 6.000 personas, de ellas 1.500 afiliadas a sindicatos, cuesta alrededor de 76 mil millones de pesos.

Salvo cualquier decisión en contrario de la justicia, que acompañaré como es mi deber, y basado en la propia observación durante un período largo de la vida colombiana, afirmo que no son los empresarios quienes han asesinado a los trabajadores ni éstos quienes han secuestrado a los empresarios.

Las guerrillas marxistas de hace cuatro y cinco décadas, que crecían validas de la indulgencia y de la reverencia política, introdujeron la combinación de las diferentes formas de lucha; asesinaban y penetraban sectores del movimiento sindical, secuestraban e infiltraban grupos políticos. Llegaron los paramilitares, las igualaron en atrocidad. Éstos asesinaban sindicalistas acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla y ésta hacía lo mismo acusándolos de ser cómplices del paramilitarismo. Y sobrevino lo reciente: el enfrentamiento FARC y ELN ha causado la muerte de muchos afiliados a las organizaciones sociales.

Es menos difícil la reconciliación cuando se construye sobre la verdad y no sobre el rumor que sirve al sesgo, a la desorientación y a la impunidad de los reales asesinos.

Hacemos el esfuerzo para algún día poder decir al mundo que Colombia ha dejado de ser lugar de asesinato y secuestro de sindicalistas y de empresarios. Hemos mejorado sin lograr aun la meta plena.

Reconocemos ante la comunidad internacional todo cuanto falta por hacer y obtener. Requerimos de la comunidad internacional que se reconozca todo cuanto hemos logrado.

Pedimos a toda la comunidad internacional valorar que aquí libramos una denodada lucha contra el terrorismo sin recortar las libertades, al contrario, las hemos enaltecido en su eficacia. Antes asesinaban hasta 15 periodistas en un año. Este año cero. Y gracias a la Seguridad Democrática, los periodistas están menos asediados por amenazas terroristas.

Aquí llegan críticos de toda procedencia, sin visa y sin filtros. Solamente pedimos a ellos que reporten la verdad.

Primero se atacó al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque era lesivo para nuestro pueblo y benéfico para el imperialismo. Cuando los colombianos rechazaron el ataque, los antiimperialistas de la víspera se trasladaron a los Estados Unidos a pedir que no aprobaran el tratado con Colombia por su Gobierno paramilitar.

Con paciencia y sinceridad seguiremos haciendo pedagogía, reportando la verdad de los aciertos y también de las dificultades. Solamente un interés debe prevalecer: el bienestar de los colombianos.

Debemos informar a los colombianos, que como otro esfuerzo en contra de la impunidad, acaba de ser expedida la Ley 1141 de 2007, dirigida a reforzar la sanción de los delitos que afectan la vida diaria de las personas, especialmente la violencia física y sicológica que aflige a las familias y los abusos contra menores, mediante la elevación de penas, la mayor severidad con los reincidentes, la prohibición de excarcelarlos, que desmoralizaba a la policía y desamparaba las víctimas.

Plan Colombia

Además de la negociación comercial, adelantamos con los Estados Unidos las conversaciones sobre lo que sería la nueva etapa del Plan Colombia contra las drogas ilícitas. Creemos que debe darse menos presupuesto a las fumigaciones, que sean apenas un recurso marginal, y mucho más soporte a la erradicación manual, introducida en gran escala por nuestro Gobierno y financiada básicamente con recursos propios, erradicación manual que produce excelentes resultados. Abogamos por ampliar el programa Familias Guardabosques, que ha dependido de las finanzas nacionales, con notable éxito, como lo registra Naciones Unidas.

Los esfuerzos contra las drogas ilícitas se observan en el debilitamiento de la narco-economía. En todo el país es evidente que el dinero honesto financia la recuperación de la construcción, las nuevas factorías y hoteles. En la ruralidad existe la percepción positiva de un creciente freno en la adquisición de inmuebles por parte del narcotráfico.

Insistiremos en la norma que permita la sanción a la dosis personal, convertida en camino de ingreso de niños a la delincuencia. Incomprensible resulta la laxitud frente al consumo, al constatar el elevado número de extradiciones, los esfuerzos de erradicación y extinción de dominio y el sufrimiento de los colombianos por el terrorismo, soportado en la droga ilícita.

Nicaragua

Hemos debido atender en la Corte Internacional de La Haya la demanda sobre San Andrés presentada por Nicaragua. En concordancia con el Pacto de Bogotá de 1948 y el retiro de jurisdicción y competencia de la Corte, efectuado por la administración presidencial anterior, hemos presentado el alegato de excepciones. La defensa de la soberanía de la Patria, histórica, pacífica e ininterrumpida, ha estado a cargo de un prestigioso grupo de juristas. Ha tenido la coordinación de los ex cancilleres y embajadores Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández de Soto. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha conocido en detalle cada uno de los pasos dados. Con prudencia, la Cancillería ha informado el tema a representantes de nuestras diferentes instituciones.

A voto limpio

Tenemos toda la voluntad para hacer de las elecciones de octubre un certamen a la altura de nuestra Patria. Gracias a la Seguridad Democrática, las elecciones de 2003, regionales y referendo, marcaron un principio de no interferencia de grupos armados ilegales en la democracia. En 2006 el avance fue contundente, salvo acciones de las FARC en algunos departamentos.

Nuestra campaña A Voto Limpio busca comprometer el espíritu democrático de la Nación, a candidatos y electores, para rechazar y denunciar presiones de delincuentes, financiar las campañas con austeridad y recursos de origen transparente e impedir que la contratación pública se convierta en botín de corrupción electoral.

Agradecimiento

Quiero agradecer al Congreso la magnífica agenda aprobada en el primer año de su nuevo período. A cada uno de ustedes, Honorables Congresistas, y a las mesas directivas encabezadas por la Presidenta del Senado, Doctora Dilian Francisca Toro Torres y el Presidente de la Cámara, Doctor Alfredo Ape Cuello Baute, el reconocimiento por tan grande labor y positivo resultado.

Permítanme anexar a este informe el decreto expedido por el Gobierno y copia de las palabras que leí en la Catedral Primada, con ocasión de las exequias del Ex Presidente Alfonso López Michelsen, a quien rindo tributo de combatiente de la democracia.

Honorables Congresistas y compatriotas:

En buena hora hemos enfrentado las dificultades haciendo que la institución del Congreso opere, produzca resultados, sin aceptar invitaciones a constituyentes, derogatorias de la rama, nuevas elecciones, que causarían más perturbación y menos confianza.

La agenda legislativa aprobada ha obtenido más confianza para nuestro país. Los colombianos debemos al Congreso ese reconocimiento. La confianza genera progreso permanente, los saltos al vacío, cuando menos, estancan.

Todos esperamos otra gran agenda legislativa.

Los secuestrados en vida siguen secuestrados en muerte.

Sabemos quienes son y conocemos a los criminales.

La firmeza del pueblo y del Gobierno es el único camino de victoria.

Honorables senadores y representantes, compatriotas todos:

No conocimos el temor cuando el día era incierto. No conozcamos la debilidad ni la vacilación ahora que el amanecer está cerca.

Declaro instalado el Congreso de la República y abiertas sus sesiones para el período 2007 – 2008”.