Bogotá, 26 jul (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante el lanzamiento del libro “¿No TLC? – El impacto del Tratado en la economía colombiana”, de Jorge Ramírez Ocampo, desde la Universidad de los Andes en Bogotá.

“Acudo a felicitar al doctor Jorge Ramírez Ocampo por esta magnífica contribución al proceso de la economía colombiana de nuestros días. Durante toda la etapa de concepción del TLC por este Gobierno, la siguiente de convencer a los Estados Unidos para que empezáramos negociaciones, la siguiente de los largos meses de negociación, y lo que ha sido ahora el difícil tema de la ratificación en los Congresos, hemos tenido la compañía, las luces, el consejo del doctor Jorge Ramírez. Y de qué manera. En nombre de mis compañeros de gobierno, quiero expresar a él toda nuestra gratitud.

El libro y el tema, la agitación del tema que en buena hora hace el libro, pone de presente la necesidad de que una economía como la colombiana, por lo que produce, por lo que puede ofrecer en el presente, por lo que se vislumbra en su canasta productiva hacia el futuro, necesita incursionar en los mercados internacionales y requiere estos tratados.

Alguna vez, en una discusión con el presidente Chávez, le decía amistosamente: bueno, pero ustedes tienen aquí en Venezuela petróleo, que todo el mundo se los arrebata. La canasta productiva de Colombia es una canasta que tiene que salir a competir con muchos países, con muchas dificultades, y que requiere estos acuerdos de comercio. Creo que la diferencia de lo que se produce en países como Bolivia o como Venezuela y lo que se produce en Colombia, empieza a marcar la diferencia, que puede ser determinante, de las actitudes políticas y de la actitud política nuestra en busca de estos tratados.

En este gobierno, antes de este tratado (y lo digo porque tiene impacto en el examen constitucional, y aquí está el ex presidente de la Corte Constitucional, el doctor Montealegre), nosotros promovimos el tratado entre la comunidad andina y Mercosur. Se hizo. Está perfeccionado. Hace cinco años estaba totalmente descartado de la agenda. Había mucha oposición. Y se logró. Creo que ahí mostramos toda nuestra vocación de cumplir con el mandato constitucional de darle esta prelación a América Latina, a América del Sur.

No fue fácil el proceso con los Estados Unidos. Colombia había negociado un tratado con los Estados Unidos en la administración del presidente López Pumarejo, visionariamente. Y las dificultades de la Guerra impidieron la aplicación de ese tratado. Posteriormente, carteras ministeriales aisladas de algunos gobiernos trataron de hacer lo mismo, pero no se convirtió en ese momento en política de gobierno.

El primer esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer fue para que todo nuestro gobierno lo asumiera como política esencial en el plan de gobierno. Que no fuera solamente la cartera de Hacienda, la cartera de Comercio, sino que fuera una política de todo el gobierno.

Después no fue fácil convencer a los Estados Unidos de que debíamos negociarlo. Primero, propusieron la objeción de que ellos estaban buscando era el Alca, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Que no podían denunciar al Alca e insistir en la vía de los acuerdos bilaterales.

Insistimos en nuestra tesis de que dadas las dificultades políticas del Alca, las complejidades de la región, podía ser menos difícil llegar a la integración del continente vía acuerdos bilaterales, que seguir esperando que las condiciones políticas permitieran el Alca.

Además les expresamos reiteradamente cómo las mismas características, peculiaridades, de cada una de las economías de la región, generaban prioridades diferentes. Cuando uno compara el comercio de Brasil con China, la participación de las exportaciones de Brasil en el mercado de Estados Unidos, con Colombia, en esos mismos aspectos, encuentra que Brasil tiene menos urgencia de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, de lo que tiene Colombia. Basta hacer esas dos comparaciones.

Vino el entonces director de Comercio de los Estados Unidos, el señor (Robert) Zoellick, y con muchas dudas nos preguntó si estábamos listos para negociarlo. Y recuerdo cuando dijo: “¿Y si ponemos todo en la mesa?”. Y nosotros teníamos vacilaciones, pero finalmente resultó que le da más dificultades a los Estados Unidos ponerlo todo sobre la mesa, que a nosotros mismos. Creo que ese es un buen punto para resaltarlo en la historia de este tratado.

Me parece que fue ayer que estábamos en esa reunión con usted, ministro Botero, cuando se dio esa discusión con el Director de Comercio de los Estados Unidos.

En las semanas que vienen vamos a firmar el tratado con tres países centroamericanos. Con Honduras, con el Salvador y con Guatemala. Otro paso muy importante, porque nos parece que no es lógico que mientras ellos han suscrito con los Estados Unidos el Cafta y nosotros estamos empeñados en la ratificación de los Congresos de este tratado, nos demos la espalda entre Centroamérica, Colombia y los demás países andinos. Creo que es un buen paso la firma de este tratado. Creo que es ahora en la primera semana de agosto.

Insistimos mucho en lanzar las negociaciones con Canadá. Y eso se ha concretado con el Primer Ministro Harper. Después de más de 50 años de las relaciones entre Colombia y Canadá, por primera vez hemos tenido la visita del Primer Ministro canadiense, con toda la voluntad, para adelantar esta negociación. Confiamos hacerla rápidamente. Los procesos de negociación enseñan. Ojalá esta la podamos hacer más rápidamente. Y tenemos mucha fe de que eso ayude a abrir otros caminos.

Después de sortear muchas dificultades con países en manos de la Comunidad Andina, logramos lanzar las negociaciones con la Unión Europea. Ojalá también podamos sacar esas negociaciones rápidamente.

Anoto que en la negociación con Canadá, los únicos dos países andinos que estamos participando somos Perú y Colombia. Los otros dos hermanos andinos no están en la negociación con Canadá.

Hemos empezado en este Gobierno los tratados de protección de inversiones y de desmonte de la doble tributación con algunos países. Queremos llegar a un tratado de protección reciproca de inversiones con China. Ya se le ha planteado al Gobierno chino.

Y estamos ahora iniciando con el Gobierno hindú, porque también consideramos de gran importancia para nuestro país tener el tratado de protección recíproca de inversiones con la India.

Me parece que además la participación de los laboratorios de medicamentos hindúes en el mercado internacional, la proximidad de la llegada de sus productos a Colombia, puede despejar muchas dudas al entrar un nuevo actor en la oferta, sobre lo que estos tratados pueden influir en el aumento de los precios de los medicamentos. Solamente en el aspecto de medicamentos encontramos un gran atractivo para avanzar en ese proceso con la India.

Para toda esta política nuestra de buscarles a los colombianos mercados, para que haya más oportunidades de empleo con afiliación a la seguridad social, de empleo de calidad, es muy oportuno el libro del doctor Ramírez Ocampo.

Y uno hace una comparación: Chile tiene 16 millones de habitantes. Cuando se suman los habitantes de los países con los cuales Chile tiene tratados de comercio, podría uno decir que los 16 millones de chilenos pueden producir para un mercado de 3 mil 500 millones de habitantes. ¿Por qué Colombia, dada la composición actual de su canasta productiva y la futura, no lo va a hacer? Creo que ahí tenemos un gran reto.

En el libro el doctor Jorge Ramírez trae varias posibilidades para Colombia en este tratado con los Estados Unidos. Me voy a referir a cuatro de ellas: la posibilidad de los servicios. Ayer me reunía con el sector de telecomunicaciones, que viene con un gran crecimiento en nuestro país. Ustedes saben el desatraso del país en telefonía móvil: cómo pasó rápidamente de 4 millones de celulares a casi 30 millones de celulares. Y ahora en esta segunda administración estamos empeñados en el desatraso en conectividad y en banda ancha.

La buena noticia de ayer es que en eso estamos creciendo al 150 por ciento. Y que sectores como los call center, los centros de llamada, donde tenemos un gran futuro con estos tratados, empiezan a mostrar crecimientos anuales sostenidos del 14 por ciento. Eso tiene que ayudar muchísimo.

La otra posibilidad, de las que quiero mencionar, que trae el doctor Jorge Ramírez en su libro, es el tema de los biocombustibles. Hace cinco años nosotros no producíamos un litro en biocombustibles.

Con el ministro Junguito, quien hoy nos acompaña, en nuestra primera reforma tributaria empezamos a introducir los incentivos para que Colombia empezara a producir biocombustibles. Y se fueron complementando. Y a eso se le sumó todo el trámite con la Organización Mundial de Comercio. Las reglas técnicas, los acuerdos con los distribuidores de combustibles, etcétera. Hoy el panorama es bueno y muy promisorio.

Estamos produciendo 1 millón 200 mil litros de alcohol carburante. Los primeros 50 mil litros de biodiesel provenientes de aceite de palma. Hay muchas plantas en instalación, ya en construcción, y muchas en proyecto. El país tiene todas las posibilidades.

Acabamos de producir los decretos para que por tarde en el año 2012, con unas fechas intermedias, todos los motores que se importen al país o se ensamblen en el país, tengan que tener la condición de motores flexibles para poder tener una mezcla mínima no inferior al 20 por ciento en biocombustibles y de ahí para adelante llegar hasta el ciento por ciento.

Y aparece algo bien importante: uno mira los Estados Unidos, Argentina, Canadá, con esa gran producción agropecuaria, donde se puede producir muchísima materia prima para los biocombustibles, y no tienen manera de crecer su frontera agropecuaria.

Por ejemplo, Estados Unidos para producir más etanol tiene que sacrificar maíz de consumo humano directo o de consumo industrial, o tiene que sacrificar áreas de arroz. La Argentina lo mismo: tiene que sacrificar otros productos. En el Brasil el crecimiento de la frontera agropecuaria los tendría que obligar a derribar más selva.

Nosotros tenemos una gran ventaja: tenemos 44 millones de hectáreas de pastos y sabanas. Muchísima extensión despoblada: apenas 26 millones de cabezas de ganado en el país. Esas 44 millones de hectáreas de pastos y sabanas, todas son aptas para la producción de agricultura de biocombustibles. El país apenas tiene un poco más de 4 millones de hectáreas de agricultura comercial.

Entonces el país puede decir: tenemos una gran extensión para producir biocombustibles, sin derribar un milímetro cuadrado de selva, y sin afectar la seguridad alimentaria.

Algo bien importante: nuestra última ley forestal, a tono con los tratados internacionales, prohíbe que se cambie el uso de la selva, que se derriben árboles de la selva para sustituirlos por agricultura, para cambiarles de uso.

La gran crítica a los biocombustibles en el mundo se da justamente por el temor de derribar la selva o por el temor de afectar la seguridad alimentaria. En Colombia podemos despejar esos dos temores.

Lo del Brasil, que puede ser el gran proveedor de biocombustibles de los Estados Unidos, tiene un arancel grande en los Estados Unidos. Y es difícil que lo desmonten mientras no se haga el acuerdo de comercio Brasil-Estados Unidos. Nosotros logramos en la negociación de este tratado, que nuestros biocombustibles entren sin arancel y sin limitación de cantidad al mercado de Estados Unidos.

Otro punto bien importante del libro, sobre posibilidades, es el de repensar algunas industrias, como la industria de textiles y confecciones, e ir abandonando lo básico o lo simplemente maquilador. Y agregar valor, avanzar en la escalera del valor. Y entrar Colombia a incursionar más activamente en la competencia de confección con agregado de moda.

Y resalta el libro del doctor Ramírez Ocampo la importancia de la distancia de Colombia con el mercado de los Estados Unidos, para poder atender con toda rapidez las exigencias estacionales del mercado en los Estados Unidos.

Entre las muchas posibilidades que él trae, quería haber resaltado estas cuatro. Me parece que una gran contribución del libro es ponernos a pensar en los productos que podemos mejorar, que podemos poner a transitar por una escalera tecnológica para agregar valor, y en los nuevos productos para llegar a ese mercado.

También plantea el libro retos, que son desafíos para el Estado colombiano. El reto de las instituciones, el reto de la formación de capital humano, el reto de infraestructura, el reto de estabilidad de reglas de juego y el reto de ciencia y tecnología.

Nosotros tenemos tres principales objetivos en el Gobierno: el objetivo de consolidar la política de seguridad democrática y el objetivo de consolidar la confianza inversionista. Nosotros pensamos más en la confianza inversionista que en el propio crecimiento de la economía. Confianza inversionista con responsabilidad social. Y el objetivo de cumplir nuestras metas sociales.

El elemento que integra las metas sociales con la confianza inversionista, es la Revolución Educativa, la formación de capital humano.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para que en el 2010 tengamos plena cobertura en educación básica. Ya estamos superando el 92 por ciento. Venimos de una cobertura en educación universitaria del 22, estamos en el 29, aspiramos en el 2010 llegar al 34.

Todo está acompañado por esfuerzos de calidad. La vinculación de los maestros por meritocracia, los exámenes de calidad de maestros, los nuevos exámenes a estudiantes, las Pruebas Saber, las pruebas a egresados universitarios.

Estamos haciendo un esfuerzo grande para que en el 2010, el 70 por ciento de la población de educación básica tenga sus escuelas debidamente interconectadas. Cuando hablamos de la necesidad del destraso del país en fibra ancha y en conectividad, uno de los objetivos es llegarle en este cuatrienio al 70 por ciento de la población estudiantil en el nivel básico.

Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Sena. Un esfuerzo cuantitativo y cualitativo para responder a este desafío. Ha pasado de atender millón 100 mil estudiantes por año a atender 4 millones. Este año deben ser 4 millones 400.

Ha pasado de 5 millones de horas de enseñanza por año a 15 millones. Tenía una empleabilidad de egresados del 42 por ciento, se está acercando al 70. Todavía hay un 35 de no empleabilidad de egresados es un campanazo. El Gobierno tiene que seguir trabajando para mejorar esa empleabilidad. Y en agosto está instalando su nueva plataforma virtual, que le permitirá tener permanentemente en el país en ambiente virtual un millón 200 mil estudiantes.

Preocupa al doctor Ramírez el tema de la infraestructura. Ahí tenemos un gran atraso. Y un atraso muy costoso de superar y muy difícil. Uno compara la localización de nuestras tradicionales capitales industriales con el resto de América Latina. Uno ve una gran infraestructura en Chile, pero cerquitica al mar. Buenos Aires, con el río y el mar. Montevideo. Las ciudades industriales del Brasil. Caracas al pie del mar. Lima en el mar. Nosotros por un lado a 1.200 kilómetros y por el otro lado a 700. Las dificultades nuestras de infraestructura son muy grandes.

Encontramos muy serios problemas: casi todas las concesiones en pleito. Nuestra primera prioridad fue superar pleitos. Hoy están casi todos superados. Nos encontramos a la espera de la decisión final del Tribunal de Cundinamarca sobre el acuerdo que hizo el Gobierno con Commsa.

A pesar de las dificultades fiscales que todavía subsisten, tenemos un plan ambicioso en materia de carreteras: primero, concluir el Plan 2.500, que pavimenta 3.100 kilómetros de carreteras. Segundo, contribuir con 140 millones de pesos al año por municipio para el mantenimiento de las vías municipales. Tercero, avalarles a los departamentos créditos por mil millones de dólares para que ellos ejecuten el mejoramiento vías departamentales. Cuarto, todos los nuevos esfuerzos del Gobierno Nacional dedicados exclusivamente a los corredores de competitividad de comercio exterior

Para mencionarles apenas dos. Confío que este Gobierno deje totalmente contratados los trayectos Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Santa Marta, con dobles calzadas y con el Túnel de la Línea en plena construcción, al que le hemos propuesto el nombre de “Túnel del Segundo Centenario”.

En el trayecto Bogotá-Buenaventura está contratado y en plena ejecución Bogotá-Girardot, San Rafael en el Tolima. Hace dos semanas adjudicamos la concesión San Rafael en el Tolima, Ibagué-Cajamarca. Se han venido construyendo los viaductos de La Línea. En plena construcción el Túnel de la Línea. Nos faltaría Calarcá, Armenia, Buga.

Hemos contratado ya varios de los trayectos de la doble calzada de Buga-Buenaventura. Estamos reparando la carretera alterna, que ha sido la vía Simón Bolívar, porque la construcción de la doble calzada dificulta mucho el tráfico hacia Buenaventura. Entonces tenemos que tener la vía vieja en buenas condiciones. Y están en estudios los trayectos que aún no se han contratado para la ejecución de la doble calzada.

Estamos esperando la definición del Tribunal de Cundinamarca para contratar la doble calzada de Bogotá-Santa Marta. Aspiramos en noviembre abrir esa licitación. Ya hay un acuerdo con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre lo que sería el trazado: en lugar de 21 kilómetros de túneles, menos distancia en túneles y unos viaductos sobre la Hoya del Río Rionegro. Aspiramos dejar eso totalmente contratado y en ejecución.

En materia de aeropuerto hemos avanzado en las concesiones. La más importante es la de El Dorado. Las diferencias que había con el concesionario sobre el terminal de pasajeros y sobre el terminal de carga, ayer hubo una reunión muy positiva. Confío que rápidamente se le dé una buena noticia al país.

Estamos resolviendo los problemas de los puertos. Hemos negociado recientemente la extensión de las concesiones portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura. La extensión de la concesión portuaria en Buenaventura, a lo que se suma una inversión adicional de 450 millones de dólares por los concesionarios, y la adjudicación de las concesiones para nuevos puertos en Buenaventura: Aguadulce y el Puerto del Consorcio Industrial, ya adjudicados ambos, permitirán que Buenaventura pase de una capacidad portuaria de 11 millones de toneladas al año, a una capacidad portuaria de más de 40 millones de toneladas al año.

Estamos examinando ahora con la Sociedad Portuaria de Cartagena a ver ellos cómo integran un servicio de cabotaje por el río Magdalena y unos puertos en el río Magdalena. Reconozco que ahí tenemos un gran cuello de botella en infraestructura, pero hacemos todos los esfuerzos a ver cómo los empieza a superar el país.

Las recientes decisiones del Congreso, como el acto legislativo de Transferencias, dieron certeza en los mercados financieros internacionales, y nos han ayudado a obtener unas ofertas de mejor financiación, en términos de plazos más extensos y tasas de interés más bajas, para estas concesiones. En lo cual hay mucho interés de los fondos de pensiones.

Y como todas estas concesiones necesitan un gran aporte del presupuesto nacional, porque inicialmente no son autosuficientes, entre más extenso sea el plazo de la financiación y menos la tasa de interés, menor el aporte del presupuesto nacional.

Reclama el doctor Ramírez Ocampo el tema de la estabilidad de reglas de juego: nosotros tenemos allí un propósito macro y una herramienta micro.

El propósito macro: poner el balance fiscal de la Nación y el saldo de endeudamiento en condiciones que le disipen el temor a todo el mundo. Hemos bajado el déficit consolidado de la Nación del 4,2 al 0,7. El el Gobierno Nacional central sigue muy alto. Lo encontramos, sumándole el agotamiento de reservas del Seguro, en el 7 y medio. Está en el tres y medio y el cuatro. Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo.

El endeudamiento ha estado en el 48 – 50. Está en el 28. Seguimos haciendo un gran esfuerzo para rebajarlo más. Ya tenemos un pequeño superávit, creciente, en el balance primario de la Nación. Endeudamiento y balance fiscal son puntos fundamentales para tener esa estabilidad en las reglas de juego.

Y la herramienta micro: la aprobación en el Congreso, que bastantes dificultades le costó al Ministro Botero, de la ley que autoriza al Gobierno Nacional a firmar pactos de estabilidad. Confiamos que este año terminemos con no menos de 60 pactos de estabilidad.

Y el tema de ciencia y tecnología. Yo tengo una apreciación: el país produce excelentes resultados comparativos en el mundo, a pesar de la poca inversión en ciencia y tecnología.

Basta mirar lo de los últimos años: con lo poco que se ha invertido, lo mucho que se ha logrado en biocombustibles. Lo que el país ha logrado en transferencia, mejoramiento de tecnología, de biocombustibles en estos últimos cinco años.

Nosotros tenemos la meta de terminar este Gobierno con un uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología. No ha sido fácil, dadas las restricciones fiscales. Empezamos en el 0,22 y espero que este año estemos por el 0,66 en el consolidado.

Reconozco que a pesar del gran esfuerzo que habrá que hacer para llegar al punto sobre el PIB en ciencia y tecnología, todavía será bajo.

Las dos dificultades de coyuntura para la aprobación del TLC en los Estados Unidos: el tema del asesinato de sindicalistas y el tema de los paramilitares.

Cuando este Gobierno empezó, en el país se asesinaban a 256 sindicalistas. Desde el Manifiesto Democrático de nuestra campaña en 2002, propusimos como expresión de la Seguridad Democrática la protección de todos los colombianos, de los empresarios, de los sindicalistas, y nos dimos a eso desde la primera hora del Gobierno.

Inicialmente hubo una tendencia muy favorable, aunque uno debería de decir: cero asesinatos de sindicalistas. Eso se redujo de 256 a 25 en el año 2005. En el año 2006 se recrudeció, se subió a 60. ¿Por qué? Porque al tradicional enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, se sumó el enfrentamiento entre Eln y las Farc, especialmente en Arauca.

Este año se ha presentado el asesinato de seis sindicalistas en el país y de 12 profesores. Estamos haciendo todo el esfuerzo en protección y en administración de justicia.

Hasta ahora la justicia nos ha dicho que en ninguno de los seis casos de sindicalistas, hay relación con su actividad sindical. Y tenemos documentado cada uno de los casos.

En materia de protección. Hoy hay 6.000 colombianos con protección individual. De ellos 1.500 son sindicalistas. Eso le cuesta al presupuesto de la Nación 76 mil millones este año.

En materia de impunidad se han hecho muchos esfuerzos: primero, la adopción constitucional del Sistema Penal Acusatorio, la oralidad, la reforma de los códigos.

Solamente el año pasado debimos invertirle a la Fiscalía 70 millones adicionales para poder implementar el Sistema Penal Acusatorio.

Ahora hay otro compromiso. Va a tener la Fiscalía una adición el año entrante de 75 mil millones, que permitirá tener 230 fiscales más y 800 investigadores más.

Los esfuerzos no han sido estériles: este año ya se han logrado 48 sentencias, que condenan a responsables del asesinato de sindicalistas. Han condenado a 78 personas.

El tema de los paramilitares. Yo creo que el Gobierno es el Gobierno que los ha enfrentado y los ha desmontado.

Cuando yo llegué a la Presidencia, la tercera parte del país estaba en control directo de guerrilla o paramilitares. Ya no se veía tanto un enfrentamiento entre ellos, como una distribución del territorio y un desalojo del Estado.

Me parecía comparar a Colombia con la Francia de la invasión alemana. En la Francia de la invasión alemana, se hablaba de Francia, pero el Estado real era el alemán.

En la Colombia del terrorismo seguíamos hablando de la patria colombiana, del Estado colombiano, pero el poder efectivo en esas regiones lo tenían los invasores terroristas. Esa realidad no se puede perder de vista.

Recuerdo haber llegado, antes de las 6:00 de la mañana del 8 de agosto a Valledupar, a empezar la tarea de recuperar la seguridad en las carreteras. Y estaba el departamento, como tantas regiones del país, plagado de guerrilla y paramilitares.

Decía: bueno, pero si el objetivo de los paramilitares es enfrentar a la guerrilla, ¿qué es lo que pasa aquí, qué es lo que han hecho entonces, porque esto está plagado de los uno y de los otros, y el Estado desalojado?

La política de seguridad democrática ha sido una política imparcial, equilibrada. Uno de los determinantes para ese proceso de paz con los paramilitares fue la acción de la política de seguridad democrática: se le dio de baja a 1.700, muchos fueron traídos a la cárcel.

Hoy la mayoría de los líderes paramilitares están en la cárcel. Tenemos entre guerrilla y paramilitares 43 mil personas en un proceso de reinserción, muy difícil, complejo. Hablar de 43 mil personas en un proceso de reinserción es hablar de dos municipios pequeños de Colombia. Colombia tiene alrededor de 800 municipios, cada uno con menos de 25 mil habitantes. ¿Ustedes se imaginan dos de estos municipios, que el ciento por ciento de su población sea población reinsertada?

Es un problema muy complejo y muy costoso, bien manejado por Frank Pearl, confío que eso nos salga bien. Han reincidido unos 3 mil. De los reincidentes, hemos capturado más de mil y hemos dada de baja a casi 500.

Yo he dicho que hoy no hay paramilitares. ¿Por qué? Porque hoy no hay bandas de justicia privada enfrentando a la guerrilla. Colombia ha recuperado lo que nunca debió perder: el monopolio de la fuerza del Estado para combatir a los grupos irregulares. En ninguna parte del país hoy hay bandas privadas enfrentando la guerrilla.

¿Qué hacen los paramilitares fugitivos o los reincidentes? Están dedicados a la extorsión, al secuestro o al narcotráfico. Pero es muy importante decirle al mundo, decirlo en todas partes, lo que ha venido pasando con el paramilitarismo en nuestro país.

Tenemos ahora esta dificultad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero hacer una referencia a ella aquí porque el tema se conecta.

Nosotros hemos trabajado el modelo de una democracia de cinco elementos, que nos parece más importante que persistir en la vieja división entre izquierda y derecha, hoy obsoleta: una democracia de seguridad, de respeto a las libertades, de construcción de cohesión social, de respeto a la independencia de las instituciones y de búsqueda de la transparencia como factor de confianza.

Sí, este es un Estado de instituciones independientes, lo que evita desafueros. Pero también dice la Constitución que las instituciones tienen que cooperar armónicamente en busca de los fines superiores del Estado.

Creo que haber desmovilizado 43 mil personas, que le ha traído un gran alivio al país, que ha contribuido muchísimo a la reducción de la violencia, es un fin del Estado, es un interés superior de la Nación, es un bien público superior.

He dicho que esa es una razón para que todas las instituciones tengamos que cooperar en busca de ese objetivo.

Pero también hay otro elemento para que haya unidad de Estado, y que no se alegue la independencia en las instituciones para eludir responsabilidades frente a esta desmovilización. Estas decisiones han sido decisiones de Estado. Si bien lo propuso el Gobierno, lo aprobó el Congreso y pasó por el control de la Corte Constitucional.

Este proceso de desmovilización de paramilitares y de los 10 mil guerrilleros que se han desmovilizado bajo esta ley, es un proceso complejo donde ha intervenido todo el Estado.

Es una política de Estado. Yo he dicho lo siguiente, además de que es una política de Estado (y mañana estamos buscando una reunión con la Corte Suprema de Justicia): yo creo que el país no le puede seguir dando un tratamiento diferente a guerrilla y a paramilitares.

Se decía: es que la guerrilla busca sustituir al Estado y los paramilitares lo defienden. Creo que esa es una discusión irrelevante. Lo esencial es que ambos están por fuera del ordenamiento jurídico.

Se decía: es que la guerrilla es altruista porque quiere cambiar el orden social vigente. En la realidad no lo ha cambiado, lo ha deteriorado. Entonces uno podría decir: no hay altruismo. Y esa es una discusión valorativa, bastante complicada.

Entonces se decía: como los paramilitares buscan mantener el orden social existente, en ellos no hay ese altruismo que debe caracterizar el delito político. También es algo muy valorativo, muy subjetivo, porque así como pueden decir que es altruismo buscar la sustitución del orden social vigente, también se puede decir que es altruismo buscar la preservación del orden social vigente cuando está siendo atacado.

Particularmente creo que en un país de democracia profunda, probada en esta política de seguridad democrática, que en lugar de restringir la democracia la ha profundizado, en un país de libertades como Colombia, donde no hay delito de opinión, no debería haber delito político.

Como también he dicho que en nuestro país no deberíamos hablar de conflicto con los grupos armados, sino de desafío de terrorismo a nuestra democracia.

Pero agrego: esos son elementos conceptuales, donde uno puede estar equivocado o acertado.

Le he dicho al Comisionado: si hay que aceptarle al Eln que hay conflicto para hacer paz, olvídese de mi tesis y aceptamos que hay conflicto.

En el curso de la Ley de Justicia y Paz se definió que, no obstante que pienso que en Colombia no debe haber delito político para nadie, dada la profundidad de la democracia, lo que sí debíamos hacer era extenderle el delito político consagrado para la guerrilla a los paramilitares, por la razones que acabo de decir.

A mí me parece que además hay otra razón para no discriminarlos en materia de delitos. La teoría moderna del derecho penal está indicando que la naturaleza del delito hay que referirla en grado muy importante al impacto sobre las víctimas.

Y preguntaba ayer, en la Universidad Santo Tomás de Bogotá: ¿qué diferencia hay entre la crueldad del asesinato de un colombiano previamente torturado y mutilado, cometido por la guerrilla o cometido por los paramilitares, en el impacto a la familia, a la sociedad? Ninguna. Creo que el país no puede darles tratamiento diferente.

Y aquí entramos en un problema grave. Nosotros todavía, de los 43 mil desmovilizados, tenemos 18 mil que no están incursos en delitos atroces, que no están en la cárcel, que están en el programa de desmovilización, que lo están cumpliendo, a quienes se les venía resolviendo la situación jurídica con la cesación de acción penal. Y esta sentencia de la Corte ahora nos pone en aprietos.

Además vemos dos sentencias diferentes, que le causan mucha dificultad al Gobierno. Mientras la Corte Constitucional dijo: la sedición de la Ley de Justicia y Paz es inexequible, no por vicios materiales o de fondo sino por vicios de procedimiento, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dice que estos delitos materialmente no pueden ser calificados como delitos políticos. ¿Qué hace el Gobierno ante dos sentencias con tamaña diferencia?

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que no puede tratarse a estos desmovilizados con el beneficio de la favorabilidad, porque en su concepto la sedición nunca existió. La Corte Constitucional, cuando declara inexequible la sedición, dice: esta sentencia no tiene efecto retroactivo. Lo que llevó al Gobierno a concluir que había existido la sedición, entre la promulgación de la Ley y el fallo de la Corte Constitucional.

Bien difícil para el Gobierno cuando encontramos estas sentencias contrapuestas. Además la Corte Suprema de Justicia en el último año cambió totalmente la jurisprudencia en materia de favorabilidad.

¿Qué vamos a hacer? Presentar un proyecto de ley.

Yo le proponía ayer al país, en la Universidad Santo Tomás, que un proyecto de ley con una de dos posibilidades: o revivir la sedición, lo que no se puede interpretar como un desafío a las Cortes, porque la Corte Constitucional no la declaró inexequible, por razones materiales o de fondo, sino por razones de forma. O crear otra figura jurídica que permita la cesación de la acción penal. ¿A quiénes? No a los que han cometido delitos atroces. Aquellos que están en la cárcel por delitos atroces, esa no es la situación que se discute. La que se discute es la situación de aquellos que pertenecían a esos grupos, los 18 mil, pero que no se les hace imputación de ningún otro delito distinto a la pertenencia al grupo.

De donde me preguntan: ¿y si secuestraron? ¿si estaban en el narcotráfico? El delito político no subsume estos delitos.

Si incurrió en narcotráfico, en secuestro, en otro delito atroz, se le juzga por ese delito atroz, no por el delito político. Eso es muy importante aclararlo en esta discusión al país. Y porque esto, como todo tema relacionado, empieza a tener trascendencia internacional.

Y lo otro. Ayer dije, con toda claridad, en la Universidad Santo Tomás, que la figura que se adopte debe excluir a los servidores públicos, para que no haya ninguna duda sobre el tema de la parapolítica.

Entonces si excluye a los servidores públicos, quiere decir que esta propuesta en ninguna forma tendría que ver con las investigaciones que hoy se adelantan contra congresistas. Que debo repetirlo en este auditorio, en nombre del ex presidente Alberto Lleras: investigaciones que se adelantan por presuntos delitos, en su inmensa mayoría cometidos antes del Gobierno nuestro. Investigaciones que se han facilitado por dos razones: porque la política de Seguridad Democrática ha quitado a los colombianos el temor a acudir a la justicia, y porque la Ley de Justicia y Paz severamente exige la confesión como requisito para obtener los beneficios.

Vamos, pues, a seguir con su ayuda en esta tarea, doctor Ramírez Ocampo. En el prólogo talentoso, como todo lo de él, del ex presidente López, dice que su obra no es una defensa rabiosa del TLC. Pero muy conveniente.

Muchas gracias”.