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Año 2006 | 2007
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26 de julio
PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 25 DE "EL DIARIO DEL OTÚN"

Pereira, 26 jul (SNE).- Las siguientes son las palabras del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la celebración del aniversario número 25 de "El Diario del Otún", en la ciudad de Pereira:

“Acudo con singular alegría esta tarde, a este acto en el cual el señor Gobernador de Risaralda y Presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, impone al Diario del Otún la gran Cruz de Risaralda.

A este acto en el cual el señor Alcalde de Pereira impone al Diario del Otún, la Orden de los Fundadores.

Acudo a este acto, a expresar el respeto de los colombianos por la tarea al servicio de la libertad y de la transparencia del Diario del Otún, y a imponer a sus fundadores, a sus actuales directivos, la ‘Orden a las Comunicaciones Manuel Murillo Toro’.

Manuel Murillo Toro, el gran luchador de la libertad y el gran precursor de las comunicaciones modernas.

Cuando el General Mosquera cruzaba esta Cordillera Central, en el camino de Popayán a Bogotá, se encontró con Murillo Toro al sur de Ibagué y desde allí proclamaron el Estado Soberano del Tolima. Todavía era 1862, antes de la Constitución extremadamente federal de Colombia, de la misma Constitución de 1863, la Constitución de todas las libertades.

Como Ministro de Comunicaciones, como Presidente de la República, introdujo lo que podríamos llamar las bases de las comunicaciones modernas. El país empezó en su época a trabajar con el telégrafo.

Ahora, que los colombianos hablamos de la conectividad como un imperativo totalmente necesario para la competitividad, el mejoramiento del ingreso del país; ahora que los colombianos hemos hecho un formidable desatraso en la telefonía móvil, que ha pasado de cuatro millones de teléfonos celulares, a casi 30 millones; ahora que los colombianos estamos en una vigorosa actividad para desatrasarnos en banda ancha, en Internet, para conectar nuestras escuelas, nuestros hospitales, para conectar las alcaldías, las bibliotecas, para conectar las regiones rurales, para conectar a Colombia con todo el mundo, en esa maravillosa autopista de las comunicaciones, cobra toda la actualidad la tarea de Manuel Murillo Toro.

Y qué mejor que entregar esa medalla Manuel Murillo Toro al Diario del Otún, a esta antorcha de la libertad, a esta laboriosa tarea por una comarca grande, que es una tarea por la misma Patria.

Qué bueno recordar en estos 25 años a Javier Ramírez González, quien se le ocurrió con todo tesón, en sus propias palabras, traerle una nueva opinión a Risaralda con la fundación del Diario del Otún.

Se consideraba que era difícil que dos periódicos subsistieran en Pereira, pero el empeño tesonero del fundador, secundado por sus hijos Beatriz, Luis Carlos, Javier Ignacio, demostró que sí se podía.

Era una intuición, pero una intuición sin riesgo. Era una intuición, pero no una intuición contraria a la realidad de la ciudad y del departamento.

Esta ha sido una tierra de labor agropecuaria, de labor de comercio, una tierra de empuje sin igual, pero también, y fundamentalmente, una tierra de capital humano, de capital social, de vocación humanística, una tierra de letras y de pentagramas. Una tierra de profundo análisis, una tierra de la inteligencia.

Por eso, quien acertó fue don Javier Ramírez González, y no el pesimismo de los que hacían malos pronósticos, y él acertó, porque esta tierra es tierra fértil para la contribución de la prensa a la formación de civismo, a la continua elaboración del capital social.

Rendimos a él un homenaje, un homenaje por esa visión, por ese gran esfuerzo. Una dura labor del periódico en estos 25 años. Empezó en una oficina, en una edificación de dos plantas, permaneció allí tres meses hasta cuando se pasó a una vieja casona, que albergaba 10 empleados y a un grupo de 14 periodistas.

Preparaban el material todos los días antes de las cinco y media, para enviarlo a Manizales a fin de ser impreso en la casa editorial de La Patria. Hasta 1985, 1989 y 1992, cuando adquirieron la rotativa, llegaron a la era de los computadores y del láser, e inauguraron sus nuevas instalaciones.

Una tarea empezada en la intuición y en el empeño, continuada en el trabajo tesonero, exitosa, exitosa para el periódico, para quienes lo integran, para la visión de sus fundadores y para esta tierra.

Ha estado el Diario del Otún, a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, para tener -como en sus mismas páginas se dice- todas las mañanas, la mejor información regional. Ha sido protagonista de primer orden en proyectos de desarrollo para la región, y ha adelantado numerosas campañas cívicas y sociales.

La prensa regional es demostración que desde lo local se puede ejercer influencia profunda sobre la vida de toda la región. La prensa regional es como el Alcalde, la institución más cercana al pueblo.

La prensa regional es el gran validador de lo local, el gran vocero de lo local en lo universal y también el gran validador de lo universal en la localidad.

Cómo ha trabajado de abnegadamente la prensa regional por la democracia de Colombia, por la superación de todas las dificultades de la Patria. La existencia de periódicos como el Diario del Otún es un canto cotidiano a la libertad.

Colombia es tierra fértil para ejercer un periodismo de verdad, aprendido del apóstol de la independencia, Nariño, que en la lucha de los hombres grandes, por las grandes causas, nos enseñó que la palabra escrita es la proclama que eleva los corazones y garantiza la voluntad de la lucha de los pueblos.

Esta libertad que ejerce el Diario del Otún, que estimula al Diario del Otún, hace parte de los cinco principios por los cuales trabaja nuestro gobierno.

Alejados de esa división en que ha querido sumergirse América Latina, entre izquierdas y derechas, obsoleta, polarizante, nosotros hemos preferido trabajar con cinco elementos constitutivos de una democracia moderna: el rescate de la seguridad, el respeto y profundización de las libertades, la construcción de cohesión social, el respeto a las instituciones que conforman, cada una con independencia relativa, el conjunto del Estado, cada una con el deber de cooperar con las demás, por los bienes superiores de la comunidad.

Y la búsqueda de la transparencia, como factor de confianza nacional, que es un signo de todas las horas del Diario del Otún.

Hemos estado trabajando por consolidar tres elementos fundamentales en nuestra Patria: la seguridad con alcance democrático, la confianza inversionista, para garantizarle a la economía tasas sostenidas de alto crecimiento y, considerado ello como medio, el tercer elemento, que es el fin, el cumplimiento de las metas sociales, la superación de la pobreza, la construcción de equidad.

Empeñados en esa tarea, que necesita llevar esos tres elementos de la mano, como quiera que sin seguridad no hay confianza inversionista, sin confianza inversionista no hay manera de obtener los recursos para hacer la inversión social para superar la pobreza. ¿Cómo se integran entre ellos? Porque a su vez, cuando la seguridad y la confianza inversionista ponen las bases para poder superar la pobreza, si las políticas sociales no llegan, no se legitima la seguridad, no se legitima la confianza inversionista.

Tenemos hoy un nuevo debate en el país, en el proceso de rescatar la seguridad para los colombianos. Era 2002, acabábamos de tener una elección presidencia, el 30 por ciento de los colombianos sufrían directamente los rigores de la guerrilla y del paramilitarismo, y el 70 por ciento restante de la Patria lo sufría de alguna manera más directa, o más indirecta.

Me parecía la situación de Colombia semejante a la de la Francia de la ocupación alemana: se hablaba de Francia como nación, pero había que reconocer que el Estado que ejercía allí era el Estado invasor, el Estado alemán. Había perdido Francia su Estado, la capacidad de gobernar su territorio.

Había perdido el Estado colombiano la capacidad de gobernar en muchas regiones, quedaba la Nación colombiana una especie de nación que empezaba a ser dominada por un Estado invasor: el Estado de los terroristas, guerrilleros y paramilitares.

Empezamos con nuestra política de Seguridad Democrática, empezamos la tarea de combatir por igual guerrilla, a paramilitares, para devolverle al país la tranquilidad. Hemos avanzado, no obstante lo que falta.

El país en medio de sus problemas, sin ser un paraíso, va mostrando progresos en diferentes áreas, va tomando una ruta de más confianza, de mayor optimismo.

Surgieron procesos de paz. Venían de la administración anterior unos diálogos a través de la Iglesia Católica con el paramilitarismo, y a través de Cuba, con el ELN.

El nuevo gobierno dijo que el énfasis era la seguridad, pero que estaban abiertas las puertas al diálogo, a condición de que hubiera cese de hostilidades.

A los pocos meses de instalado ese gobierno, los grupos paramilitares -como equivocadamente se les denomina- hicieron saber a través de la Iglesia Católica su propósito de entrar en cese de hostilidades, para avanzar en un proceso de paz. Sintieron la decisión del gobierno de combatirlos.

Este es el gobierno que llegó a enfrentarlos. Antes se hablaba de ellos pero en voz baja, al único que se le decía de manera pública “paramilitar”, era a mí, por razones políticas de enfrentarme. A los otros se les temía. Hoy no se les teme, gracias a que la Seguridad Democrática les ha dado protección eficaz a nuestros compatriotas.

De ellos se hablaba en cócteles, pero no se les desafiaba en público, y el Estado no cumplía la tarea de combatirlos.

Nuestro gobierno dio de baja 1.700, encarceló tantos como pudo, se abrió paso el proceso de paz. Hemos desmovilizado en estos años 43 mil integrantes de grupos terroristas, 32 mil – 33 mil de los paramilitares, 10 mil de las guerrillas. Eso no tiene antecedentes.

El M-19 desmovilizó 900 personas, entregaron 270 armas, sumémosle a esas 900, dos mil del EPL, unos pocos del Quintín Lame, otros pocos de la Corriente de Renovación Socialista, y no suben a 5 mil. En nuestro gobierno, desmovilizados 10 mil guerrilleros y 33 mil paramilitares.

Hoy, en un proceso de reinserción complejo y costoso, 43 mil desmovilizados equivale a tener dos municipios de la Patria con una población ciento por ciento desmovilizada. Solamente eso muestra la complejidad de este programa.

En efecto, cuando recientemente discutíamos el acto constitucional para modificar la fórmula de Transferencias a las regiones, encontramos que casi 800 municipios de la Patria tienen en promedio menos de 25 mil habitantes.

Cuando se hizo el acuerdo del Viernes Santo de 1998, en Irlanda del Norte, se informaba al mundo que los terroristas irlandeses eran 118, en Colombia 60 mil. Se informaba al mundo que entre 1923 y 1998 esos terroristas habían provocado 3 mil 200 asesinatos en Irlanda. En ese año 98, en mi ciudad de Medellín y su área metropolitana, casi 5 mil asesinatos en un solo año.

Avanzamos con la Seguridad Democrática, y avanzamos con el proceso de paz. Hace cinco años parecía imposible que don Manuel Marulanda, y don Jorge Briceño, y don Carlos Castaño y compañía, perdieran poder en Colombia. Parecía imposible que cinco años después tuviéramos a don Manuel Marulanda, a don Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”, y a sus compinches, buscando escondites día y noche en la selva.

Hace cinco años parecía imposible que cinco años después tuviéramos a los jefes del paramilitarismo, en aquel poder, en aquella riqueza, en aquella ostentación, en la cárcel o fugitivos. Pero lo hemos logrado, lo hemos logrado con el heroísmo de los soldados y policías de la Patria, con el apoyo permanente del pueblo, que ha alimentado la condición inquebrantable de nuestra voluntad de derrotar a los terroristas.

No hemos ganado, apreciados compatriotas, pero vamos ganando, y ganaremos, porque la historia de la humanidad siempre le ha dado a la razón a las democracias, que de buena fe, se quieren deshacer de la pesadilla del terrorismo.

Aparece ahora un obstáculo. En los paramilitares tenemos la mayoría de los líderes en las cárceles. Han reincidido, de los 33 mil desmovilizados, unos 3 mil. De ellos, hemos llevado a la cárcel alrededor de mil y se le ha dado de baja a casi 500. Los que están fugitivos, son perseguidos severamente por el Estado, por la Fuerza Pública.

Yo diría que hoy no hay paramilitarismo. ¿Por qué se hablaba de paramilitarismo? Porque existían unas fuerzas irregulares, que querían llenar el vacío del Estado para combatir la guerrilla. Hoy la guerrilla no es combatida por organizaciones privadas ilegales, solamente es combatida por el Estado. Por eso afirmamos que no hay paramilitarismo.

Hemos recuperado lo que nunca debimos perder: hemos recuperado el monopolio de la fuerza del Estado para combatir los grupos criminales.

En Colombia hoy hay guerrillas, hay criminales fugitivos. ¿Qué hacen los paramilitares que no se desmovilizaron? Los que reincidieron: huir del Estado, dedicados al narcotráfico, dedicados a la extorsión, al secuestro, a la tipificación de delitos en general, pero ya es la Fuerza Pública, como siempre debió serlo, y por razón de voluntad política en el Estado no lo fue, la única que ejerce en Colombia la tarea de combatir a las guerrillas.

Por eso nosotros reclamamos de todas las instituciones del Estado, que nos permitan llevar a buen puerto este proceso de paz. Nos vemos en la obligación de buscar una nueva ley, porque creemos que no se le puede dar un tratamiento diferente a las guerrillas que a los paramilitares.

Le he dicho con todo el respeto a la honorable Corte Suprema de Justicia, que Colombia tiene que abandonar la tesis según la cual, al delito guerrillero se le trata con la atenuante de que es delito político, y al delito paramilitar se le niega.

No importa que se discuta si es sedición o si es rebelión, lo importante es aceptar el principio general de que se les debe dar el mismo tratamiento.

Creo que es injusto con el pueblo colombiano y con sus sufrimientos, darle tratamiento diferente a la guerrilla y a los paramilitares. Hay que medirlos con el mismo rasero.

Se decía: “es que la guerrilla tiene un propósito altruista, el de derrocar el Estado para cambiar el orden social”.

No derrocó el Estado, afectó la democracia. No trasformó el orden social, al contrario, agudizó problemas, trajo más desempleo, más pobreza, más desplazamiento.

Y se decía: “como los paramilitares no tienen ese propósito altruista, entonces a los paramilitares no se les puede reconocer como delincuentes políticos”.

He pensado yo que ninguno de los dos debería ser considerado como delincuente político, en una democracia de libertades, profunda, donde no hay delito de opinión, no debería haber delito político.

En un proceso de Seguridad Democrática, que en lugar de afectar o de limitar las libertades las ha profundizado de manera real en Colombia, no debería haber delito político, pero esa es una convicción personal.

Lo que requerimos es reconocer el camino jurídico más expedito para resolver estos problemas. Por eso lo que el gobierno ha pedido es que se les de el mismo tratamiento, y que si a la guerrilla se le reconoce como actor político, a los paramilitares también.

En la evolución moderna del derecho penal, hay la inclinación de detenerse más para juzgar la naturaleza del delito, en el impacto del delito sobre las víctimas o sobre la comunidad. Ante un cadáver de alguien torturado y mutilado, no entiendo yo que se pueda hacer la diferencia para decir que si aquel que lo asesinó fue guerrillero, es delincuente político, o aquel que lo asesinó era paramilitar no lo es.

El sufrimiento de la familia, de la víctima, el impacto sobre la comunidad es el mismo. Eso obliga a dar el mismo tratamiento.

Entonces se ha dicho que bajo la sombrilla del delito político no se puede escapar el secuestrador, el narcotraficante, el torturador, el asesino, el culpable de delitos atroces, de delitos de lesa humanidad. Estamos de acuerdo. En nuestro gobierno eso no se ha dado. Se dio en el pasado, cuando pasaban de ser torturadores y asesinos y secuestradores, a congresistas de la República y aspirantes a la Presidencia.

Ahora no. Ahora han pasado del monte, o de sus posiciones de desafío a la sociedad, a la cárcel. Con la oferta de unos beneficios legales, sí, a condición de que digan la verdad, entreguen sus bienes para reparar a las víctimas y purguen unos años de pena.

Cuando nosotros proponemos ese tratamiento igual, como siempre lo hemos dicho, nunca es para darle bajo ese tratamiento beneficios a quienes no se les puede dar, a los autores de atrocidades, a los autores de delitos de lesa humanidad.

Pero resulta que en los 33 mil desmovilizados paramilitares, además de los líderes que están en la cárcel, hay una gran cantidad de colombianos que se han reinsertado, que cometieron el error de vincularse a esos grupos, pero que se han desmovilizado, que quieren reencontrarse con la sociedad colombiana.

Culpables sí del delito de pertenencia a esos grupos, pero, a quienes no se les ha imputado ser responsables de delitos atroces, de secuestro, de asesinato, de narcotráfico.

El Gobierno venía estimulando que a ellos se les concediera, mientras subsistiera esa condición de no responsables de delitos atroces, que a ellos se les concediera el indulto, o la cesación de la acción penal.

La nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia no lo permite. A esto hay que encontrarle una salida legal. Mi pregunta es: ¿por qué sí se permite en el caso de la guerrilla en iguales condiciones? ¿por qué se niega en el caso de estos paramilitares en iguales condiciones? ¿cuál es la diferencia?

Mi pregunta es: si en el pasado eso obró con toda la laxitud frente a la guerrilla, aun perdonándole los delitos atroces, ¿por qué en un proceso de paz como este, que ha desmovilizado 43 mil personas, sin perdonar los delitos atroces, por qué no se puede en el caso de quienes no han cometido delitos atroces, darles ese tratamiento de delincuentes políticos?

Invito al país a considerar estas reflexiones, porque tenemos un problema práctico: tenemos 18 mil desmovilizados que quedan en una incertidumbre jurídica. El Gobierno, responsable de este proceso de paz, está angustiado, porque se necesita encontrar la manera de resolver este problema jurídico.

Este no es un proceso de paz caprichoso del Presidente de la República, es un proceso de paz de todo el Estado.

La Ley de Justicia y Paz la propuso el Gobierno, la estudió el Congreso, la debatió toda la opinión pública, pasó por el control de la Corte Constitucional. Este es un proceso de paz del Estado, y que ha producido la desmovilización de 43 mil personas, lo que ha contribuido eficazmente a la reducción de la violencia en Colombia.

Reducir la violencia en Colombia, en los niveles que se ha venido reduciendo, es el logro de un bien general, de un bien superior. Por eso creo que hoy no se puede invocar la independencia de las instituciones del Estado.

Si bien nuestra Constitución, sabiamente, dice que nuestro Estado de Leyes está formando por instituciones independientes, esa independencia la misma Constitución la diseña como relativa, porque obliga que haya la colaboración armónica entre todas las ramas del Estado, para poder obtener los bienes superiores del Nación.

La colaboración armónica se requiere para obtener ese bien superior que es la paz, y se niega esa colaboración armónica, cuando después de tener cuatro años y medio de avance en este proceso, entonces se le viene a decir al país que hay que darle a los paramilitares un tratamiento diferente del tratamiento que se le da a la guerrilla.

¿Y qué va a pasar en el futuro? Esta ley que ha parecido muy suave con los paramilitares, para algunos de mis críticos, para otros de mis críticos les parece muy dura con las guerrillas. Entonces, el día que haya procesos de paz con el ELN y con las FARC, ¿qué legislación va haber? Y a esos procesos de paz van a llegar, van a llegar si persistimos en la seguridad, van a llegar si persistimos en la firmeza.

Lo único que ablanda a esos bandidos y que les hará considerar la necesidad de los procesos de paz, es la firmeza del pueblo y de los gobiernos para combatirlos. Allá van a llegar, y en ese momento vamos a tener un dilema jurídico ¿qué ley les aplicamos?, o la Ley de Justicia y Paz o se les niega a todos la condición de delincuentes políticos o una ley más benigna que la actual.

Por eso, las decisiones que se tomen ahora, que deben partir del principio de igualar a paramilitares y a guerrilleros, tienen que ser unas decisiones que sepan anticipar el futuro de los procesos de paz con la guerrilla.

Y qué difícil, porque el ELN dice que no acepta un día de cárcel, que ellos quieren pasar del monte al Congreso, a la política, no importa que hayan secuestrado, incursionado en el narcotráfico, torturado.

A los paramilitares no les permitimos eso, los paramilitares están en la cárcel y los responsables de esos delitos atroces no pueden aspirar al Congreso, no pueden aspirar a las más elevadas posiciones de la democracia.

Pero el ELN pretende que se le de ese tratamiento benigno. ¿Y que no decir de las FARC? Las FARC ha dicho que no reconoce al Estado colombiano, que ellos no reconocen nuestra legislación, que ellos no violan nuestra legislación porque no los obliga. Esos sí que quieren pasar del monte al Congreso, a la capacidad de destruir nuestra democracia, de imponer sus caprichos de gobierno.

Por eso hay que manejar con mucha determinación pero con mucho cuidado esta hora. Voy a invitar a mis compatriotas en todas las regiones de Colombia, para que ayuden al Gobierno en el propósito de obtener una legislación que le de el mismo tratamiento a la guerrilla que a los paramilitares. No podemos seguir con esos tratamientos discriminatorios, que tanto daño han hecho.

Y que no aparezca el fantasma de la parapolítica. Para que no haya duda, así como dije ayer en la Universidad Santo Tomas y lo quiero repetir hoy en Pereira, que lo que estamos pidiendo a raíz de la sentencia que nos preocupa de la Corte Suprema de Justicia, es un beneficio para aquellos que no han cometido delitos atroces, que no han cometido delitos de ilesa humanidad, también repito hoy, que el beneficio que estamos pidiendo no es para proteger ni atenuar la culpa de los servidores públicos, eso que quede muy claro.

Y además debo decir, repetir ante mis compatriotas, que las investigaciones que se están adelantando contra congresistas de la República son producto de lo que se ha logrado recientemente en Colombia.

La Seguridad Democrática le ha quitado a los colombianos el temor de testimoniar, la Seguridad Democrática le ha devuelto a los colombianos la confianza en la ley, y en la justicia, la Ley de Justicia y Paz obliga a la verdad.

¿Y que hemos hecho? Apoyar la justicia. Por eso que no queden dudas de la intención del Gobierno, que además tiene que decir que la mayoría de los delitos que hoy se investigan, en el proceso de la parapolítica, fueron cometidos antes de este Gobierno, y que eso se ha venido corrigiendo en este Gobierno, gracias a que en este Gobierno se ha recuperado el control sobre los territorios de la Patria que estaban con ausencia total del Estado, en control casi permanente de los terroristas guerrilleros y de los terroristas paramilitares.

He querido traer estas reflexiones hoy a Pereira, porque esta región que siempre consideramos un oasis, ha sufrido mucho esa violencia.

Recuerdo el ELN secuestrando en Pereira, los paramilitares y el narcotráfico del norte del Valle del Cauca haciendo de las suyas, todavía con vestigios y marañas.

Recuerdo las FARC en el occidente de Risaralda, todavía tratando de hacer incursiones en el oriente, en el Parque de Los Nevados. Otros grupos guerrilleros actuando durante 25 años en la impunidad y en la insurgencia, que apenas hemos venido a desmontar ahora.

No podemos ablandar esta lucha por la seguridad, ni podemos permitir que se distorsione. Estamos estudiando cual es el mejor instrumento jurídico, para presentarlo rápidamente a consideración del Congreso (de la República), pero eso necesita un gran consentimiento del pueblo colombiano, que es el que nos proponemos buscar en todos los rincones de la Patria.

Hace cinco años, hubo años en los cuales asesinaban 15 periodistas. Uno de los compromisos nuestros con la Seguridad Democrática es la protección del periodismo. Este año no ha sido asesinado un solo periodista en Colombia, y bien importante, por todas las regiones de la Patria encuentro al periodismo mas tranquilo, mas libre, menos amenazado. La Seguridad Democrática le ha devuelto al periodismo el disfrute de la libertad, que lo estaba perdiendo a manos de las amenazas de los delincuentes, y por la desprotección del Estado.

Doctores, Luis Carlos Ramírez Múnera y Javier Ramírez Múnera, muy distinguida familia del Diario del Otún, que el Diario del Otún y todos los medios de Colombia tengan larga vida, que el Diario del Otún siga siendo, como aconsejó el Presidente Núñez, antorcha y no tea, cordial y no tósigo, mensajero de verdad y no de error ni calumnia, porque la herida que se hace a la honra y al sosiego es con frecuenta la más grave de todas.

Cómo nos ha dado de ejemplo el Diario del Otún, en ser un periódico de construcción de Patria.

Felicitaciones, están muy niños, 25 años no es nada, ojala podamos acompañarlos cuando cumplan los otros 25.

Muchas gracias”.

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