Bogotá, 28 jul (SNE). Al referirse a los esfuerzos que hace el Gobierno para resolver la situación jurídica de 19 mil desmovilizados de las autodefensas ilegales, el presidente Álvaro Uribe Vélez explicó por qué piensa que debe darse el mismo tratamiento tanto a guerrilleros como a desmovilizados.

“Si estos 19 mil muchachos fueran guerrilleros, ya les podríamos resolver el problema. Pero como son paramilitares, no se los podemos resolver”, dijo, durante el consejo comunal y el lanzamiento de la Banca de Oportunidades en el sector capitalino de Kennedy.

“¿Qué diferencia hay entre estos 19 mil, casi todos campesinos paramilitares, y otros 19 mil guerrilleros, igualmente campesinos? La diferencia es que siendo ellos iguales, los guerrilleros han sido engañados por Manuel Marulanda y sus secuaces, y los paramilitares engañados por los jefes paramilitares. Pero finalmente son idénticos”, sostuvo.

El presidente Uribe explicó por qué su concepto de que hay que dar el mismo tratamiento tanto a guerrilleros como a paramilitares.

En cuanto a la gravedad del delito cometido por unos o por otros, explicó: “Sobre un cadáver de un colombiano mutilado, creo que no es dable empezar a hacer disquisiciones para decir que el delito es más grave porque lo cometió tal grupo, o menos grave porque lo cometió tal grupo. Es igualmente grave, cualquiera sea el autor”.

Frente a argumentos según los cuales la Constitución exige que se le dé reconocimiento político a la guerrilla y prohíbe dárselo a los paramilitares, Uribe sostuvo: “Eso no es cierto. Nada de eso dice la Constitución”.

“La Constitución colombiana no dice qué es delito político. Solamente menciona el delito político en dos o tres casos sin definir. Uno no puede decir que la Constitución colombiana dice que el delito político beneficia a la guerrilla, pero no a los paramilitares”, señaló.

Explicó que los tratados internacionales tampoco dicen que el delito político debe reconocerse a la guerrilla y negarse a los paramilitares.

“Tampoco lo dicen los tratados internacionales. Uno encuentra en los tratados internacionales que las principales referencias al delito político son dos. Una dice que no puede ser delito político el asesinato, el secuestro, la atrocidad, los delitos de lesa humanidad, el genocidio. Y dos: dicen los Convenios de Ginebra que se considerará como grupos con los cuales el Estado entiende que puede negociar, si ellos se comprometen a desmovilizarse. Aquellos grupos violentos con organización y jerarquía, que operan de manera permanente y que están en contra del orden constitucional. Ahí caben ambos: guerrilla y paramilitares. Grupos al margen de la ley ambos, producen violencia ambos, con jerarquía ambos, con operaciones sostenidas ambos, y en contra del orden constitucional. Ahí caben ambos. Creo que esto es muy claro”.

Indicó que otro argumento es que a la guerrilla debe aceptársele el tratamiento de delincuente político porque está en contra el orden constitucional y quieren derrotar el Estado, mientras que los paramilitares lo defienden.

Al respecto, el Presidente indicó: “Defienden el orden constitucional, violándolo. Uno no puede diferenciar el Estado del ordenamiento jurídico. Estado y ordenamiento jurídico son una misma cosa. Los paramilitares dicen defender al Estado, pero finalmente lo hacen violando el orden constitucional. Y eso los iguala en violación del orden constitucional con la guerrilla. Creo que no hay bases para darle ese tratamiento diferencial”.

De acuerdo con Uribe Vélez, otro argumento dice que se les debe dar distinto tratamiento porque la guerrilla quiere cambiar la situación social del país. “Primero, no la cambió, la empeoró. ¿Cuánto de estos desplazamientos, de este desempleo, de este atraso del país, se le deben a la guerrilla?”, adujo el Mandatario.

Afirmó que también se dice que como la guerrilla quiere cambiar el orden social, sí es delincuente político. Y como los paramilitares lo quieren mantener, no. Frente a lo cual el Presidente consideró: “Tan grave puede ser querer cambiarlo, como también mantenerlo, por la vía ilegal de las armas”.

El Jefe de Estado dijo que aunque él ha sido de la idea de que en Colombia no debería haber delito político, en aras de los superiores intereses y para resolver problemas es preciso aceptar que haya delito político, pero dando el mismo tratamiento a todos los grupos.

“He sido de la idea que en Colombia no debería haber delito político. En un país donde todo el mundo puede decir lo que quiera, donde hay plenitud de libertades, donde no hay delito de opinión, no debería haber delito político. Pero uno tiene, en aras de los superiores intereses superiores del país, que deponer sus convicciones”, sostuvo.

Y agregó: “Creo que tenemos que aceptar, para poder resolver los problemas, que hay delito político, así no lo compartamos. Y hay que buscar es que se les dé el mismo tratamiento a estos grupos. No puede ser que el país siga con esos tratamientos diferenciales”.