Advierte el Ministro de Hacienda

VOLVER FÓRMULA DE TRANSFERENCIAS A LA CONSTITUCIÓN, ACABARÍA LA INVERSIÓN PÚBLICA

Bogotá, 2 jun. (SNE).- Atar en forma inmediata la fórmula de giro de las transferencias a los Ingresos Corrientes de la Nación como lo señala la Constitución de 1991, acaba la capacidad de inversión del Gobierno Central y no permitiría contar con los recursos suficientes para poder hacer el pago pensional que el país lo necesita y del cual depende la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

Así lo señaló el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en el Consejo Comunitario de Gobierno donde se analizó la situación del sector de la educación y el proyecto de transferencias de recursos a las regiones que se discute en el Congreso.

El Ministro dijo que cuando se dice que volver a la fórmula de la Constitución significaría comprometer los recursos de la Nación está sustentado en que este año la inversión publica del Gobierno Central –con la que se financia infraestructura, los sistemas de transporte masivo, programas sociales, subsidios de vivienda, etc.), es de 7 billones de pesos este año.

“Si regresamos a la formula del 91 significaría en promedio entre 3 y 4 billones de pesos menos que tendría el Gobierno, es decir colapsaría la inversión pública, y esa inversión pública se hace es en los municipios y en los departamentos.

Entonces lo que ha dicho el Presidente, de qué serviría unas regiones con mucho recursos y un Gobierno central sin poder cumplir la Constitución, que es atender los frentes de inversión en diferentes sectores”, explicó.

Recordó que en el tema pensional lo que hay detrás del período de transición que se propone en la fórmula de transferencias entre los años 2008 y 2016 es el ajuste pensional que ha tenido que hacer el país desde el año 2002.

Explicó que hasta antes de 2002 el ajuste pensional representaba como proporción del Producto Interno Bruto un 2,5 por ciento.

Este Gobierno encontró que era necesario transparentar la deuda pensional en las cuentas fiscales para garantizar que en el largo plazo se tendrían los recursos para pagar a los pensionados, y por eso –con la ayuda del Congreso- se aprobaron 2 leyes de pensiones y un Acto Legislativo donde se preservan los intereses y los derechos pensionales de los maestros en norma constitucional.

Sostuvo que cada año se tienen que destinar mayores recursos de los ingresos tributarios poder atender el pasivo pensional, y eso va a ser creciente hasta el año 2016.

Por ejemplo este año 4,2 puntos del PIB se tienen que dedicar para atender el pago de pensiones, eso equivale a 15 billones de pesos, cifra casi igual a todo lo que se les transfiriere a las regiones mediante las transferencias, que es de 17 billones de pesos.

El año entrante los giros equivalen a 4,5 puntos del PIB, en el 2011 sube al 4,8 y así sucesivamente hasta niveles del 5 por ciento y solamente a partir de 2016 empezaría a reducirse ese pasivo pensional y permitiría que la Nación tuviese mayores recursos.

“Por eso entonces el Gobierno tiene que ser responsable, porque tenemos que honrar el compromiso del pago de los pensionados de todas las instituciones públicas del orden nacional, departamental y municipal que le corresponde asumir a la Nación, ese es un tema crucial que el país debe saber y que impide, que impide que sea viable volver a la fórmula del 91.

No tendríamos cómo financiar esos incrementos de esa obligación que ya es de ley para poder pagarle los derechos a los colombianos que están hoy pensionados y que se van a pensionar en los próximos años”, señaló Zuluaga Escobar.

Agregó que:

“Y esa es la realidad cuando estamos discutiendo por qué no podemos volver a la fórmula del 91, no es viable, porque acaba la capacidad de inversión del Gobierno central y no permitiría contar con los recursos suficientes para poder hacer este pago pensional que el país lo necesita y del cual depende la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

Por eso lo que el Gobierno siempre ha planteado es que la fórmula actual genera equilibrio para las finanzas públicas de las regiones y de la Nación, que es el principio detrás de lo que plantea la Constitución del 91, descentralización política pero donde la Nación tiene que asumir también una responsabilidades con las regiones”.