Las universidades de Antioquia, UIS y del Atlántico

TRES EJEMPLOS EXITOSOS DE CONCURRENCIA PARA PARA PAGOS DE PENSIONES DE UNIVERSIDADES

Bogotá, jun. 3 (SNE).- En el pasado Consejo Comunal de Gobierno sobre el sector educativo se presentaron tres ejemplos exitosos de acuerdos de concurrencia firmados por tres universidades, y con los cuales las universidades aportan una mínima parte para pagar a sus jubilados (antes cancelaban todo) y disfrutan de una sólida situación financiera.

Este tema de los acuerdos de concurrencia con las universidades está contemplado en el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo que está para ser sancionado por el presidente de la República, y ha causado la protesta de estudiantes y profesores de las universidades.

El Ministerio de Hacienda ya firmó convenios de concurrencia con las universidades de Antioquia, Industrial de Santander, Atlántico y del Valle. Están listos para suscribir con las universidades de Nariño, Quindío, Pamplona, Cartagena y Distrital.

Los rectores de las universidades de Antioquia, Industrial de Santander (UIS) y del Atlántico expusieron los avances logrados en sus instituciones.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El rector Alberto Uribe Correa recordó que hasta 1993 cuando se promulga la Ley 100 y su artículo 131, la Universidad de Antioquia tenía una nómina de 1.098 pensionados que le presentaban 5.045 millones de pesos y que le representaban el 29 por ciento de su nómina de personal.

Ante esto, el rector de la época y un asesor, intervinieron con el apoyo de las demás universidades territoriales ante el ponente de la ley 100 de 1993 que era el hoy presidente Álvaro Uribe, y con el entonces ministro de Trabajo, Juan Luis Londoño.

Allí se incluyó el articulo 131 reglamentado por el decreto 2337 de 1996, que establece que las universidades del nivel territorial, departamental, distrital, municipal deberían crear un fondo para el pago del pasivo pensional financiado por la Nación, el departamento y la respectiva universidad.

Entre 1994 y 2007 la Universidad de Antioquia siguió pagando las pensiones pero cada vez representaba una mayor parte de la nómina de personal activo. Para el 94 ya había crecido al 37 por ciento y en el 97 el 41 por ciento. ¿Qué institución puede funcionar así? Esta era una verdadera amenaza para la universidad pública colombiana del orden territorial que la hacía inviable, se preguntó y se respondió el rector.

El departamento hasta 1999 asumió todos los jubilados de la universidad. El Ministerio de Hacienda aprobó el cálculo actuarial de las pensiones a pesos de 1993 y quedó en bonos proyectados pensionales por 2.684 bonos que representaban 98.400 millones de pesos de 1993. Los pensionados que venía asumiendo la universidad, por 86 mil millones para un total de 3.800 personas y 185 mil millones de pesos.

El decreto 2337 hablaba de la concurrencia, es decir que lo que se hubiera concurrido en la financiación de la universidad en los cinco años previos a la expedición y sanción de la ley 100 de 1993, es decir que en el cálculo se tomaron los años 89, 90, 91,92 y 93, y en ese porcentaje la Nación había concurrido con un 78 por ciento, el departamento un 11 y la universidad en 10 por ciento.

Este decreto estableció adicionalmente que las universidades debían asumir las pensiones al 31 de diciembre de 1996 y después lo tendrían que reconocer las diferentes administradoras de pensiones y la universidad asumía el compromiso de expedir esos bonos.

Con el decreto 2337 del 96 la Nación inicio el proceso de expedición de los bonos de valor constante, eso le significaba a la universidad asumir cargas financieras mientras se podían redimir esos bonos.

Una vez firmado el convenio de concurrencia en junio de 2002 ya cambia radicalmente pues la Nación le gira a la fiduciara en forma de semestre anticipado, y el departamento un mes anticipado.

Hoy, en el 2007, el valor que debía incluir la universidad antes de la Ley 100 de 1993 era de 87 mil millones, si no hubiera existido ese artículo 131 y realmente le corresponde aportar 8 mil millones de pesos, es decir que la diferencia la asumen la Nación y el departamento de Antioquia.

Anotó el rector que la universidad estuvo dividida frente al decreto 2337 pues señalaba que el artículo 131 de la ley solo habla de concurrencia de la Nación y el ente territorial, unos juristas de la facultad de Derecho de la universidad decían que la universidad tenía que concurrir y otros decían que no y que era ilegal. La universidad lo demandó y el fallo del Consejo de Estado de junio de 2005 dio claridad diciendo que los pensionados son de la universidad y que el espíritu artículo 131 era que llamaba a la Nación y departamento a que le concurriera apoyándolo en la proporción que dice el decreto 2337 en el pago de ese pasivo pensional.

Como conclusiones puntualizó:

“La más importante es la social, es la garantía del pago de las mesadas y bonos pensionales a los jubilados.

Y el beneficio financiero fue el logro de un equilibrio financiero para la Universidad de Antioquia que año tras año arrastraba un déficit que siempre equivalía al pago del pasivo pensional”.

Aclaró que el aporte que ha tenido que hacer la Universidad no lo ha afectado en la parte pensional ni se han subido las matrículas. “Por el contrario, señor Presidente Álvaro Uribe, liberamos unos recursos que nos ingresaban por Ley 30 que antes los dedicábamos al pago de ese pasivo, ahora los podemos invertir misionalmente”, dijo.

Recordó que gracias a la ley de estampilla pro Universidad de Antioquia hasta un 20 por ciento de los recaudos de estampilla van para el apoyo del pasivo pensional.

Anotó que la carga que había asumido la Universidad entre el 94 y cuando se firma el convenio, el Ministerio de Hacienda le entregó unos bonos que la universidad no los gastó sino que los puso en el sistema financiero y con los rendimientos pagan las pensiones y les ha servido para apoyar la parte misional.

Adicionalmente las cuotas partes que debía el departamento, por 33 mil millones, el Consejo Superior los destinó a la parte que le correspondía a la universidad asumir en la concurrencia.

Con respecto al presupuesto para 2007 dijo que es de 450 mil millones de pesos, la Nación aporta 178 mil millones, el departamento 18 mil millones y las matrículas solo representan el 3 por ciento del presupuesto, lo otro proviene de la gestión que desarrolle, como investigaciones, que representan un 33 por ciento de los recursos totales.

En la Universidad de Antioquia el valor de la matrícula no se ha modificado, antes por el contrario se ha rebajado para los estratos 1 y 2, incluso debido a la crisis económica de finales de la década de los 90 y a que se presentó una gran deserción, en esa época se decidió que a los estudiantes de los estratos 1 y 2 que cumplieran requisitos en créditos y fueran buenos estudiantes, no se les cobraría matrícula.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

El rector Jaime Alberto Camacho explicó que antes de 2001, fecha en la que se firmó el convenio de concurrencia con el Ministerio de Hacienda y con el departamento de Santander, el mecanismo para pagar las pensiones consistía en que el 100 por ciento de la mesadas lo asumía la universidad, cada tres meses se hacían cortes, se enviaban a Hacienda para que concurriera en el porcentaje correspondiente y en 9 ó 10 meses se le enviaban los recursos.

Casi un año la universidad tenía que financiar con recursos propios, con deudas financieras pagando intereses, para poder pagar las pensiones, llegando incluso en algunos momentos a atrasarse 4 o 6 meses en el pago de las mesadas.

Luego de firmado el acuerdo de concurrencia el Ministerio de Hacienda aporta el 85 de las mesadas pensionales, la Gobernación el 5 por ciento y la UIS el 10 por ciento.

La UIS pasó de pagar el 100 por ciento de las pensiones, de financiar durante un año con recursos propios, créditos y pagar intereses, a pagar un 10 por ciento de las mesadas.

En pesos de hoy, antes la universidad presupuestaba 25 mil millones para pagar las pensiones y hoy destina 1.900 millones de pesos.

Eso liberó recursos que han servido par hacer inversión, crecimiento y las actividades misionales de la universidad, sin que se tenga que recurrir ni a subir matriculas ni a cerrar programas.

La universidad vende servicios por unos 20 mil millones y tiene un presupuesto de 200 mil millones, que ha venido creciendo año tras año.

En la UIS no se ha tocado el valor de las matrículas desde 1994, es de 50 mil pesos. El 75 por ciento de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

La rectora Ana Sofía Mesa de Cuervo explicó que allí había pensiones que no cumplían requisitos legales, o por tiempo de servicio, o por edad, o porque se habían extendido beneficios de convención colectiva a docentes y a empleados públicos

Estas pensiones se conocen como no concurridas, las asume completamente la universidad hasta que las demandas salgan a favor de la universidad.

En los concurridos hay extralegalidades que se están demandando, denunció que de 830 pensiones se demandaron 450 y solamente ha habido 5 casos en los que el Consejo de Estado pide reliquidar con el 75 por ciento de los factores legales.

Al año el pago de las pensiones en la Universidad del Atlántico vale 45 mil millones, la universidad tiene que poner 30 mil millones, el resto lo paga la Nación con lo que concurre.

Dijo que hasta cuando las demandas fallen la Universidad quedará saneada financieramente, pero hasta ahora le toca poner casi al mitad de todo lo que toca pagar por pensiones.

La Universidad ayudó con 30 mil millones en 2006, con eso pagó acreencias pensionales de ley 550 y consiguió un crédito por 24 mil 500 millones en condiciones subsidiadas.

Hoy la Universidad del Atlántico trabaja al cien por ciento de su capacidad, tiene 13 mil estudiantes.

Gracias a las acciones, tocó reducir todos los gastos de funcionamiento, los recursos propios son pequeños, apenas un 4 por ciento de los recursos propios.

A la universidad le entran 65 mil millones y paga pensiones por 30 mil millones, le tocó bajar a la mitad los gastos de funcionamiento. Explicó que a la Universidad del Atlántico le ingresaban 100 pesos, pero gastaba 130 y además debía 180 pesos. Adicionalmente necesitaba pagar las pensiones y la Ley 550, tiene acrecencias por 180 mil millones de pesos, para las que aportó la Nación.

Se le concedió un crédito, se suprimieron 173 de los 450 cargos administrativos, hubo supresión de primas extralegales de los docentes y del personal administrativo a quienes se les había extendido por convención colectiva.

El acuerdo de concurrencia obligó a que la universidad se metiera en el Marco Legal, en todo, la sede de la 43 se va a arrendar en concesión, y los bienes inmuebles se van a vender, anunció.

El presidente Álvaro Uribe ordenó en el Consejo Comunal que en los próximos días se efectúe una reunión entre el Secretario Jurídico de la Presidencia, Mauricio González, el Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Educación y Hacienda para acordar y definir un grupo de jueces que descongestione las 450 demandas colocadas por la universidad por las pensiones ilegalmente reconocidas.

La rectora indicó que si la reliquidación se hiciera en todas las pensiones, la concurrencia de la Nacion pagaría un 79 por ciento y la universidad el 10, es decir que pagaría unos 3 mil millones en vez de los 30 mil millones de hoy.

En el caso de las matrículas señaló que por acuerdo del Consejo Superior en enero de 2005 se habían estratificado, pero los rectores posteriores solo se las habían aplicado a los nuevos estudiantes y los estudiantes antiguos pagan 80 mil pesos por semestre.

Entonces se aplicó la estratificación a todos los estratos, los estudiantes de los estratos 1 y 2 pagan el 40 por ciento de un salario mínimo (el 85 por ciento de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2), además se les cobra mil pesos por el almuerzo a los estudiantes, hay monitorias económicas y administrativas a estudiantes de promedio mayor a 4.

La rectora dijo que un padre de familia que gane un mínimo, en 6 meses recibe 2 millones de pesos y pagaría 160 mil pesos por el estudiante.

Aceptó que como se venía aplicando la estratificación en el pago de las matriculas, el valor de la matrícula mínima pasó de 80 mil a 160 mil, pese a lo cual sigue siendo baja.