Holguín Sardi dijo que gracias a la aplicación
de la Ley se ha avanzado en verdad. “Hoy conocemos hechos,
circunstancias, víctimas, victimarios y fosas comunes, que
hace dos años ni siquiera imaginábamos”, expresó.
También hay avances en justicia, con la
reactivación por parte de la Fiscalía de 200 mil expedientes
que estaban inactivos y con la posibilidad de las víctimas
de expresar su voz.
“Los jueces producen sentencias. Por ejemplo:
48 sentencias sobre homicidios contra sindicalistas, con 84
condenados responsables de 104 sindicalistas asesinados”, señaló
Holguín.
En cuanto a reparación, otro de los objetivos
de la Ley 975, el Ministro señaló que se han identificado cientos
de bienes por valor superior a los 80 millones de dólares,
que servirán para cumplir esta labor con las víctimas. Hoy
se sigue en la búsqueda de bienes y activos que contribuyan
en ese propósito.
“Se ha avanzado en la recuperación institucional
del territorio, como que hoy no hay municipio de aquellos donde
las autodefensas ejercían su poder político, militar y criminal,
donde no se haya restablecido la autoridad legítima, la presencia
de la fuerza pública y el proceso democrático libre y popular”,
sostuvo el Ministro.
FORTALECIMIENTO DE LA
JUSTICIA
De acuerdo con el Ministro, las dimensiones
que ha tomado el proceso de paz con los grupos paramilitares
y la implementación de la Ley de Justicia y Paz, en donde se
han postulado 2.812 personas para recibir sus beneficios, hace
necesario fortalecer la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Para ello el Gobierno destinará un presupuesto
de 80 mil millones de pesos para 2008, que permitirán financiar
el trabajo de 225 fiscales, cifra muy superior a los 23 que
trabajan en este campo actualmente.
También pasará de 40 a 800 el número de
investigadores, y a través del Laboratorio de Investigación
de Alta Tecnología y la cooperación internacional, se permitirá
poner en funcionamiento un moderno sistema tecnológico para
procesar con rapidez la información que se recoge en las diligencias
judiciales.
“El reto fundamental es sacar adelante
el proceso, tanto en su componente político como en su fase
judicial”, sostuvo Holguín.
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