Bogotá,
10 ago (SNE). A través de la Directiva Presidencial 03, el Gobierno Nacional fijó una serie
de medidas de seguridad para blindar las elecciones del próximo
28 de octubre, cuando se eligen gobernadores, alcaldes, diputados,
concejales y miembros de juntas administradoras locales para
el período constitucional 2007 – 2010. †††† El
documento, firmado este viernes por el presidente Álvaro
Uribe Vélez y el ministro del Interior y de Justicia, Carlos
Holguín Sardi, está dirigido a gobernadores y alcaldes, al
Comandante General de las Fuerzas Militares, al Director
de la Policía Nacional y al Director del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS).
Serán
esas autoridades las que deben implementar lo ordenado en
la directiva, con la finalidad de brindar protección efectiva
a los candidatos, líderes políticos, sedes políticas, y a
la ciudadanía en general.
El
documento recuerda que es deber constitucional de todas las
autoridades garantizar el normal desenvolvimiento de los
procesos electorales, ser imparciales ante las diferentes
opciones políticas y contrarrestar la actitud intimidadora
de grupos armados al margen de la ley que puedan de una u
otra manera interferir en el proceso electoral.
RESPONSABILIDADES
Corresponde
al DAS determinar el nivel de riesgo de los candidatos y,
junto con los demás organismos de seguridad, brindará protección
personal a quienes lo requieran.
Las
Fuerzas Militares evaluarán la situación de orden público
de todo el territorio nacional, estableciendo zonas de alto
riesgo y tomando las medidas necesarias para prevenir actos
de violencia.
La
Policía tiene el compromiso directo en la seguridad de las
sedes políticas e instalaciones públicas.
El
Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de
la Policía deben conformar unas fuerzas de reacción para
garantizar unas elecciones tranquilas. No obstante, todos
los integrantes de la Fuerza Pública deben estar en capacidad
de reaccionar de manera oportuna.
La
Fuerza Pública suministrará información de orden público
a los candidatos y autoridades civiles, especialmente cuando
se programen desplazamientos a zonas de riesgo.
La
Policía designará en cada departamento un oficial de enlace,
que se encargará de coordinar desplazamientos y protección
de los candidatos.
GOBERNADORES
Y ALCALDES
Corresponde
a los gobernadores realizar consejos de seguridad, consejos
seccionales de inteligencia y poner en funcionamiento la
Comisión Departamental para Coordinación y Seguimiento de
los Procesos Electorales, con el fin de centralizar información
y tomar las medidas pertinentes.
Gobernadores
y alcaldes deben convocar, por lo menos una vez por semana,
a los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales
de Seguridad, así como a los Comités de Orden Público.
MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Este
Ministerio ya puso en operación la Unidad de Reacción Inmediata
para la Transparencia Electoral (Uriel), una herramienta
para atender de manera inmediata cualquier queja sobre situaciones
que puedan alterar la jornada electoral.
Para
que la ciudadanía se pueda comunicar con dicha unidad, el
Ministerio activó la línea gratuita nacional 018000 91 2005
y el correo electrónico elecciones2007@mij.gov.co
El
Ministerio del Interior y de Justicia será la instancia del
orden nacional que mantendrá un intercambio de información
permanente con los gobernadores sobre asuntos relacionados
con el orden público, especialmente en lo concerniente a
las elecciones.
“Es
muy importante que los aspirantes a cargos de elección popular,
informen de manera anticipada sobre sus desplazamientos a
los organismos de seguridad, con el fin de tomar las precauciones
del caso”, agrega el texto de la directiva.
Los
gobernadores deben enviar al Ministerio del Interior, antes
del 15 de agosto y quincenalmente hasta el 15 de noviembre,
un balance de la situación de orden público de sus departamentos,
estableciendo el grado de riesgo entre: extraordinario, alto,
medio, bajo e inexistente.
También
deben remitir a la Uriel las quejas, denuncias o reclamos
que lleguen a sus despachos.
Es
responsabilidad de la Dirección de Asuntos Territoriales
y Orden Público del Ministerio del Interior, mantener el
intercambio de información permanente con las autoridades
territoriales.
El
documento anuncia que el Gobierno informará, en su momento,
sobre la cobertura adicional de la póliza vigente que ampara
los daños causados por actos de grupos subversivos o terroristas
a los vehículos de transporte terrestre y fluvial de carácter
público o particular durante las jornadas electorales.
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