Bogotá, 16 ago (SNE). “Permítanme inicialmente hacer referencia a cuatro temas: al tema de la dolorosa tragedia de la hermana Perú, a la reunión con los gobernadores hoy en Santander, al caso de Fiduagrario – Departamento de Estupefacientes y una firma constructora, una firma de obras públicas, y al proyecto de ley que ya hemos presentado para avanzar en el proceso de paz con los desmovilizados paramilitares.

Nos duele inmensamente la tragedia del Perú. El último reporte habla de más de 500 muertos y ya más de 1.000 heridos. Tenemos toda la solidaridad con el pueblo del Perú, con su Gobierno. He hablado en nombre de todos los colombianos en dos ocasiones con el presidente Alan García.

A esta hora ya está volando un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que lleva a bordo unas toneladas de medicamentos, de alimentos, de frazadas. El señor Ministro de Salud, con la diligencia que lo caracteriza, va a bordo de ese avión, con un equipo de 40 médicos.

Estamos reuniendo carpas para hacer mañana otro vuelo, a fin de ayudar con carpas, porque me decía el presidente Alan García que la destrucción de casas es masiva y que se necesita construir rápidamente los albergues. Confiamos en que mañana viernes en la tarde esté saliendo otro avión con carpas para ayudar en el tema de albergues.

El sábado tenemos un compromiso muy grande, que es nuestro Primer Consejo Comunitario de Rendición de Cuentas en Regalías, para empezar a aplicar lo que prometimos en nuestra campaña: los interventores visibles en regalías para que haya control de opinión a la manera como se gastan las regalías en las regiones. Vamos a hacer ese primer Consejo Comunitario en el Meta.

Y el domingo, con la ayuda de Dios, en compañía del Ministro Carlos Holguín, quien tiene a su cargo la Dirección de Prevención y Atención de Desastres, viajaré al Perú, para estar a disposición del Gobierno y el pueblo del Perú y ayudar todo lo que podamos ayudar.

Una tragedia muy dura que golpea mucho al pueblo peruano, que nos causa mucha tristeza y que nos puso de presentes los riesgos en nuestra Costa Pacífica.

El Gobierno Nacional, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres ha venido trabajando para tener listos todos los dispositivos, todo el procedimiento que debe seguirse por la comunidad, por las autoridades, en los eventos de riesgo de tsunami, que ojala no se dé.

Nos preocupa particularmente la ciudad de Tumaco. No obstante que se han hecho muchos esfuerzos para que la ciudadanía pueda, con alguna antelación a uno de estos riesgos, evacuar la zona más vulnerable, hemos tenido mucha angustia por nuestros compatriotas de Tumaco. Está definido construir un hospital por fuera del área de riesgo de tsunami en Tumaco.

El Gobierno Nacional hoy no construye hospitales. Financia salud a través de las transferencias, a través del Fosyga, a través de créditos con tasa subsidiada, de Findeter, de partidas extraordinarias. Excepcionalmente nos hemos comprometido a construir tres hospitales: el de San Andrés y Providencia, Hospital ‘Amor de Patria’, que inauguraremos el 16 de septiembre, según lo confirma el doctor Juan Guillermo Ángel.

Y este año, con la ayuda de Dios, estaremos empezando la construcción del nuevo hospital de Tumaco, por fuera del área de riesgo de tsunami.

Tenemos un tercer compromiso que no hemos formalizado hasta tener certeza de los recursos, para la ciudad de Soledad en el Atlántico.

El segundo tema al cual me quiero referir hoy es el del Consejo de Gobernadores al que asistimos, en la ciudad, cerca de Bucaramanga, en un parador turístico bellísimo que construyó la Gobernación de Santander, al cual invito a que sea visitado por todos los colombianos.

Nos dedicamos al tema de la salud, un ejercicio importante para ver qué progresos ha habido y dónde aún se registran retrasos.

Vamos a entrar en lo que yo llamaría la implementación rigurosa de la última ley y la preparación de reformas de salud de tercera generación. Ajustes permanentes para resolver una serie de problemas que quedan pendientes en un tema tan necesario y tan difícil. Porque hemos avanzado mucho en cobertura, pero necesitamos garantizar mejores resultados con los recursos de prevención y de promoción.

Necesitamos garantizar una calidad homogénea en todo el país, necesitamos prontitud en los pagos, menos requisitos para que a la gente le presten los servicios. Amén de continuar la reforma en los hospitales, en las clínicas del Seguro, en el mismo Seguro Social.

Y un problema muy grave es el pago de las pensiones del sector salud. Hoy en compañía del Ministro de Hacienda, del Ministro de Protección estuvimos examinando con los gobernadores diferentes mecanismos para que esas pensiones que en los hospitales reestructurados han sido asumidas por los departamentos, sean en su pago más llevaderas.

El tercer tema al que me quiero referir es el tema que se ha conocido por parte del periódico El Tiempo: la inversión de unos recursos del Consejo Nacional de Estupefacientes, a través de un contrato de fiducia con la fiduciaria del Banco Agrario, en la concesión que construye la doble calzada con los túneles y las variantes Bogotá - Girardot - San Rafael, que es un tramo esencial de nuestro proyecto de corredor Bogotá – Buenaventura.

Examiné hoy el tema con el Ministro del Interior y él y yo pensamos lo siguiente: hasta ahora no se observan elementos de ilegalidad, pero sí de inconveniencia.

Es normal que ahora que el país está superando pleitos de concesiones, adjudicando concesiones de gran importancia para mejorar nuestra infraestructura de competitividad, los concesionarios buscan atraer capitales para poder hacer los cierres financieros, inyectarles suficientes recursos a los patrimonios autónomos y desarrollar esas obras.

Hemos escuchado de muchas entidades, especialmente fondos de pensiones, etcétera, que quieren entrar en esas financiaciones. El país las necesita.

Lo que no nos parece bien es que cuando la Nación adjudicó esa concesión, con toda la transparencia, con audiencias públicas, unos recursos de Estupefacientes que son de la Nación, a través de una entidad de la Nación que es Fiduagrario, se hayan invertido en el patrimonio autónomo de esa concesión. A nosotros no nos parece bien eso.

‘Que es legal’, me decían. No, pero es que aquí hay que entender la ley en materia de moral y ética como un mínimo. Y como los procesos todos los días se ajustan, entonces hay que ajustar más rápidamente el rigor ético que el tiempo muchas veces más largo que toma la ley para ajustarse. No estamos de acuerdo con esas decisiones.

Hemos indagado hoy, desde muy temprano en la mañana cuando conocí la noticia. Cesar Mauricio Velásquez, secretario de Información y Prensa, tiene otro documento que me enviaron a Bucaramanga esta tarde de Fiduagrario, en el cual dicen que Estupefacientes le preguntó a Fiduagrario por una fiducia -que hasta ahí está bien- una fiducia con una entidad estatal y una entidad estatal que contrate una fiducia con una entidad estatal, dónde invertir por encargo fiduciario unos recursos líquidos de Estupefacientes.

Fiduagrario le hizo varias recomendaciones. Una de ellas fue invertir en esa concesión que porque tenía una rentabilidad del 12 por ciento, que a tres años, que era un patrimonio autónomo muy seguro.

Seguramente todo eso es cierto, indudablemente nosotros mismos creemos en la concesión. Pero lo que no midieron es que esa concesión la adjudicó la Nación. Y que no se ve bien que acudan recursos de la Nación a hacer el cierre financiero de esa concesión. Eso no se debió hacer y yo como Presidente de la República tengo que asumir la responsabilidad de decir que eso es un error.

Pregunté quién tomó la decisión. Y me dijeron, ‘en Fiduagrario la persona que era Gerente anteriormente; en Estupefacientes, una anterior Gerencia’.

‘Que no hay nada ilegal’, esto lo confirmará o lo rectificará la justicia. Lo que considera el Gobierno es que ahí sí hay inconveniencia. Y por lo menos que a manera de reclamo político por parte del Gobierno que tiene que asumir la responsabilidad le llegue nuestro rechazo a quienes tomaron esa decisión. No es el ejemplo que hemos dado.

Le estoy pidiendo al Ministerio de Transporte que con prudencia y eficacia se reúnan con Fiduagrario, con Estupefacientes, con la concesión, y busquen que esa concesión reintegre ese dinero a Estupefacientes. Con el buen cuidado porque me dicen que la concesión no ha incumplido en los pagos. Además, es una concesión que hemos financiado responsablemente. Y con el buen cuidado de no afectar la marcha de la obra, obra que marcha bien, como se puede comprobar en el viaje Bogota – Girardot – San Rafael, a pesar de que quien transita hoy por esa carretera no alcanza a ver cómo va la variante de Fusagasugá, y poco ve de la construcción del túnel, y poco ve de la construcción de la variante a Melgar, a pesar de que poco se ve en este momento la obra, la obra avanza bien.

Entonces, que la concesión busque la manera de nutrir su patrimonio con fuentes no de la Nación y que le devuelva ese dinero a Estupefacientes. Y le he pedido al señor Ministro de Hacienda que se reviva, se resalte una directiva que el Gobierno expidió al inicio de la administración exigiéndoles a todas las entidades de la Nación manejar sus recursos de liquidez en los papelitos del Estado que se llaman TES.

Hoy me decían: ‘pero es que es mucho menos la rentabilidad de los TES que la rentabilidad de este patrimonio’. No importa, no importa. Aquí lo más importante es no generar este tipo de controversias. Aquí lo más importante es darles a los colombianos todos los motivos de confianza. Aquí lo más importante es tener esos recursos en los papeles del Estado.

Finalmente, antes de escuchar al señor Ministro de Hacienda y a la señora Directora de Planeación, me quiero referir al proyecto de ley que ha presentado el Gobierno a consideración del Congreso para poder avanzar en lo que llamaríamos la formalización del proceso de desmovilización de paramilitares, para que no quede ningún motivo de confusión ante el país.

Primero, nosotros, cuando conocimos la sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, anunciamos unas tesis, elaboramos un anteproyecto, lo pusimos en consulta con los colombianos, con los ciudadanos, con las instituciones, y después de un largo y constructivo debate hemos presentado formalmente al Congreso, por intermedio del ministro Carlos Holguín, un proyecto para la aprobación del Congreso de la República.

Ese proyecto parte de la base de considerar que hay que darles un tratamiento igual a guerrilla y a paramilitares. Ese es un pedido esencial que hace el Gobierno y como hoy leí algunas informaciones que no habían captado con claridad el sentido del proyecto me veo en la obligación de aclararlo.

Parte de la base que debe darse un tratamiento igual. Todos los días los hechos me confirman que hay que dar ese tratamiento igual. Hace pocos días, en este mismo Salón, reunido con el Comisionado y el Consejo Nacional de Paz, se escuchaban voces comprensibles pidiendo que se acelere un proceso de paz con un grupo guerrillero.

El Gobierno informó en qué van esas conversaciones sobre los diferentes avances, los obstáculos, las decisiones generosas que ha tomado el Gobierno para facilitar esas conversaciones.

Pero también se vio que en los últimos años ese grupo ha secuestrado 600 colombianos, que hay más de 300 personas del último tiempo capturadas, pertenecientes a ese grupo, involucradas en narcotráfico.

También se vio que a ese grupo se le han destruido en el último tiempo 86 laboratorios de droga, que han cometido delitos atroces.

Y yo preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Todos, guerrillas y paramilitares han cometido delitos atroces, han participado en el narcotráfico y han interferido la política.

Este grupo interfirió una serie de alcaldías muy importantes en uno de los departamentos de Colombia. Sobre eso he reiterado que a todos estos grupos hay que darles el mismo tratamiento.

Jurídicamente, ¿qué hemos propuesto al Congreso, a partir de la idea de dar el mismo tratamiento?

Primero, que la sola pertenencia a un grupo armado ilegal se constituye en delito de concierto simple. Eso es nuevo. Segundo, ¿cuál es el efecto de esa decisión en personas procesadas? Y tercero, ¿cuál es el efecto de esa decisión en personas condenadas?

Para ambos casos, procesados o condenados, se requieren, para que obtengan los beneficios, los siguientes requisitos que están en la Ley. Los repito: que se hayan desmovilizados, que hubieren pertenecido a un grupo que entró en diálogo con el Gobierno y que el Gobierno haya seleccionado esas personas como elegibles para los beneficios, amén de otras exigencias que hace la Ley de Justicia y Paz.

Entonces, si la persona pertenece a un grupo que entró en diálogo con el Gobierno, en proceso de paz, la persona se desmovilizó y fue seleccionada por el Gobierno, se le aplican estas normas.

Si la persona estaba siendo apenas investigada, procesada pero aún no condenada y no está incursa en delitos atroces, en secuestros, en narcotráfico, no está incursa la persona en delitos de lesa humanidad, simplemente se le imputa haber pertenecido al grupo, a esa persona se le puede beneficiar con la cesación de la acción, con el auto inhibitorio, esto es, cesa la investigación.

¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que esa persona no es condenada. Al no ser condenada, esa persona puede ejercer la plenitud de los derechos políticos y eso es lo que los va igualando.

Entonces, me preguntan los colombianos, ¿puede ser elegida? En esas condiciones sí, jurídicamente.

¿Qué considera el Gobierno en materia de conveniencia? Que esas personas no se deben presentar como candidatos a elección popular ni intervenir en política en los procesos electorales inmediatamente subsiguientes a sus desmovilizaciones.

Veamos la segunda hipótesis: la persona está condenada, ya fue condenada, pero la persona simplemente se le condenó por pertenencia al grupo, no ha sido condenada por narcotráfico ni por delitos atroces ni por delitos de lesa humanidad.

Dice la Ley vigente hoy: a esa persona se le pueden dar todos los beneficios, incluido el indulto.

Eso permite, como lo ha entendido el Gobierno desde que se aprobó la ley de Justicia y Paz, como lo ha venido practicando, inclusive esta semana aprobé por resolución dos indultos, darles el mismo tratamiento a guerrilla y a paramilitares.

Consecuencia jurídica del indulto: La persona indultada recupera la plenitud de los derechos políticos, puede ser elegida.

Por ejemplo, la Constitución dice que no podrán ser elegidos congresistas quienes hubieren sido condenados por delitos diferentes a delitos políticos o al homicidio culposo.

Estas personas condenadas, al ser indultadas, se supone que esa condena se levanta porque se entiende que fue de un delito que cabe en la órbita de los delitos políticos, por ende recibió el beneficio del indulto.

Esa persona recupera la plenitud de los derechos políticos, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de conveniencia, el Gobierno, en este caso del condenado indultado, también aprecia que no debe participar en las justas electorales subsiguientes a los procesos de desmovilización.

Hemos estudiado muy juiciosamente esto. Hemos tenido en cuenta todo lo que se le dijo al país públicamente en el proceso. Yo he pedido que se tenga en cuenta lo que yo le dije al país en el proceso electoral de 2002 y hemos tenido en cuenta conceptos de voceros de las diferentes instituciones y las opiniones que muchos colombianos emitieron cuando tuvimos nuestro anteproyecto expuesto a la consideración de la opinión general”.