1. El Gobierno Nacional solicita al Fiscal General de la Nación, que se investigue con celeridad quién y por qué ha grabado conversaciones telefónicas del Presidente de la República.

2. Esa sola conducta y la filtración a la prensa, constituye una acción punible, que se agrava al poner en peligro la estabilidad y seguridad del Estado.

3. La conversación que circula en algún medio de comunicación, aunque refleja la actitud intransigente contra la corrupción que predica y practica el Señor Presidente, llegó ilegítimamente a conocimiento del público. Los autores de ese hecho deben ser descubiertos y sancionados con toda energía.

Bogotá, diciembre 9 de 2007.