El presidente Álvaro Uribe dijo que en las sesiones extraordinarias se buscará avanzar en la aprobación de varios proyectos de ley considerados fundamentales para el país, como es el de la segunda vivienda, el de las cooperativas de trabajo asociado, el de la calificación de legalidad del derecho de huelga y el de tribunales de arbitramento.

La Jagua de Ibirico, Cesar, 15 dic (SP). El Gobierno Nacional convocará al Congreso de la República a sesiones extraordinarias a partir del primero de febrero de 2008, con el objeto de avanzar en la aprobación de varios proyectos de ley relacionados con temas económicos y laborales.

El anunció fue hecho este sábado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante su intervención en el Consejo Comunal de Gobierno en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

“El Gobierno Nacional empezó a hablar con los líderes del Congreso para citar a extras, extras para el primero de febrero”, indicó el Jefe de Estado, al señalar que los proyectos que se tramitarán en estas sesiones son el de la segunda vivienda, el que regula y limita las cooperativas de trabajo asociado, el de la calificación del ejercicio de la huelga, y el de la convocatoria de los tribunales de arbitramento.

Sobre el proyecto de la segunda vivienda, el mandatario explicó que se trata de una iniciativa encaminada a otorgar estímulos tributarios a las personas extranjeras o a los colombianos que residen en el extranjero, para que hagan inversiones en nuestro país con el propósito de tener una segunda vivienda en el territorio nacional.

“Esos proyectos generan mucho empleo, mueven la economía colombiana. El mundo desarrollado en los próximos años va a pensionar a 70 millones de personas, y muchas de esas personas quieren venir a países como Colombia, y contribuir a proyectos de desarrollo que generen empleo. Por eso nuestro interés en sacar adelante ese proyecto de estímulo a esas inversiones”, señaló.

En relación con el tema de las cooperativas de trabajo asociado, Uribe dijo que es una iniciativa orientada a meter en cintura a las entidades que operan bajo esta figura.

“¿Qué buscamos?, que no abusen. Que las cooperativas de trabajo asociado paguen todas las prestaciones, que paguen la afiliación a la seguridad social, que las cooperativas de trabajo asociado paguen la afiliación al Sena, a las Cajas de Compensación y a Bienestar Familiar”, indicó el Jefe de Estado

Y añadió que el Gobierno Nacional no permitirá que las cooperativas de trabajo asociado maltraten la remuneración de los trabajadores y la afiliación de ellos a entidades de seguridad social, incluidos el Sena, las Cajas de Compensación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En ese sentido, el mandatario les pidió a los miembros del Congreso que reflexionen en esta Navidad, para lograr que el proyecto quede bien aprobado, porque del texto que está haciendo trámite quedó excluida la obligación de aportar a las Cajas de Compensación Familiar.

Calificación del derecho a la huelga

Respecto del proyecto de ley sobre la calificación del derecho a la huelga, el Presidente Uribe explicó que es una iniciativa para avanzar en la agenda de Colombia con la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Explicó que en Colombia, por mandato legal, la calificación de legalidad o ilegalidad de una huelga la otorga el Ministerio de la Protección Social.

Pero en el caso de huelgas en el sector público, la OIT ha dicho que el Gobierno es juez y parte, y por eso, lo lógico es que sea la administración de justicia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que otorgue la calificación.

Señaló que el Gobierno Nacional está de acuerdo con este planteamiento, pero que lo que está en discusión es si la medida se generaliza, es decir, si la calificación de la Corte se restringe a las huelgas en el sector público, o se extiende para cualquier huelga, independiente de la naturaleza de la entidad.

Sobre el proyecto relacionado con los tribunales de arbitramento, Uribe señaló que el propósito es definir entre dos alternativas.

“Hay dos tesis: una, dar más tiempo para que empresarios y trabajadores prolonguen sus conversaciones antes de que el Gobierno intervenga y convoque a un tribunal de arbitramento, o eliminar los tribunales de arbitramento, salvo en los servicios públicos, como tribunales obligatorios, y que queden solamente como tribunales voluntarios convocados por empleadores y trabajadores”, explicó el Jefe de Estado.

Además, se declaró confiado en que para el año 2008 el Ministerio de la Protección Social le pueda decir al país que fortaleció la inspección laboral, para que todos los empleadores colombianos cumplan con la ley.