Ya se tramitan las primeras solicitudes ante Acción Social. Más de medio billón de pesos ha invertido esta entidad durante los últimos cinco años en procesos de atención y reparación de víctimas de la violencia. Vea este domingo en el programa de televisión ‘País Posible’, a las 8:30 de la noche, por el Canal Institucional, un informe especial sobre el tema.

Bogotá, 16 nov (SP). Los familiares de personas asesinadas cuyos cuerpos sean encontrados en fosas comunes a raíz de la información suministrada por desmovilizados sometidos a la Ley de Justicia y Paz, recibirán ayuda solidaria correspondiente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se entrega a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

El Ato Consejero Presidencial y Director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, confirmó que se trata de un proceso que se está acompañando, “para que las familias a las cuales se les ha causado daño y dolor irreparables, reciban por lo menos un apoyo económico”.

Los parientes de 58 colombianos asesinados cuyos cuerpos fueron hallados y están plenamente identificados, iniciaron ya los trámites para recibir la ayuda humanitaria, reveló Marlene Mesa, subdirectora de Atención a Víctimas de la Violencia, programa que impulsa Acción Social de la Presidencia.

La información entregada por los desmovilizados a los Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, ha permitido excavar 858 fosas, en las que se han encontrado mil 33 cadáveres, de los cuales 558 ya fueron identificados. La ubicación de otras 3 mil 588 fosas están en proceso de verificación por parte de las autoridades.

“A todos los familiares les indicamos que, a través de Acción Social, se les está entregando esta ayuda solidaria”, dijo el subdirector de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación, Juan López Goyeneche.

Balance

En los últimos cinco años, en procesos de reparación a víctimas de la violencia, Acción Social ha invertido más de 556 mil millones de pesos, de los cuales 423 mil 548 millones se destinaron exclusivamente al pago de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 33 mil 140 familias que perdieron un ser querido, o a parientes o de los que sufrieron graves lesiones o daños en su integridad física a causa de acciones terroristas.

Otras 27 mil 727 familias fueron atendidas con la ayuda de dos salarios mínimos, inversión que supera los 20 mil millones de pesos, para que repararan los daños menores que sufrieron por causa de los violentos.

Pero, además, a través de Fonvivienda, fueron reconstruidas siete mil 739 viviendas por valor de seis mil 815 millones de pesos, y entregados cuatro mil 670 subsidios por 36 mil 596 millones de pesos.

Entre tanto, 510 obras de infraestructura básica social, por 69 mil 414 millones de pesos, fueron levantadas en lugares en donde el accionar de los grupos armados ilegales sufrieron las consecuencias del terrorismo.

Otras obligaciones

A esta labor de reparación y apoyo solidario puesta al día por el Gobierno en los últimos años, se suman hoy nuevas obligaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en cuyos procesos los desmovilizados han revelado su participación en tres mil 114 actos delictivos, presuntamente cometidos por 961 de los tres mil 17 postulados hasta el momento.

En esas nuevas obligaciones, Acción Social de la Presidencia de la República cumple un papel determinante, ya que además de responder por la ayuda solidaria a los familiares de los desaparecidos hallados en fosas comunes, tiene a su cargo la Secretaría de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, así como la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Violencia.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas es una cuenta especial, de régimen privado, cuyo ordenador del gasto es el Director de Acción Social.

Una de las tareas del Fondo es precisamente convocar a las víctimas de la violencia, para que se denuncien ante los fiscales los daños que les causaron en el pasado los desmovilizados hoy procesados por la Ley de Justicia y Paz.

Sus recursos provienen del presupuesto nacional, de los bienes que entreguen los desmovilizados para indemnizar a las víctimas y de donaciones tanto nacionales como del exterior.

“En ninguna parte del mundo los victimarios han reparado con sus bienes. Ha sido fundamentalmente con los impuestos de los ciudadanos, como fue el caso de Chile, como fue el caso de Argentina, y en Colombia hemos introducido una innovación profunda y es obligar a los victimarios a entregar sus bienes”, explicó Eduardo Pizarro Leóngomez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, quien destacó además la labor coordinada que se desarrolla con Acción Social, sobre todo en la administración del Fondo.

Para la recepción de esos bienes se han establecido en cada una de las etapas procedimientos conjuntos de las instituciones que tienen que desarrollar esa tarea.

Convocatoria a las víctimas

Otra tarea de Fondo es liderar la convocatoria a las víctimas. Para ello, se ha acudido a mensajes por televisión, con el respaldo de la Comisión Nacional de Televisión.

También se ha recurrido a la publicación de separatas en la prensa nacional y a la difusión de los edictos a través de la radio.

De hecho, el 30 por ciento de las 77 mil 767 presuntas víctimas que se han hecho parte en los 92 mil 225 procesos, reconocen, según la Fiscalía, que se enteraron de la convocatoria a través de los mensajes en televisión.

La última semana el llamado se amplió en seis canales regionales, que constantemente emiten los edictos emplazatorios para que los colombianos que se sientan afectados por las conductas delictivas de los desmovilizados sometidos a la Ley de Justicia y Paz, acudan a denunciar los hechos ante los fiscales.

El próximo domingo 18 de noviembre, a las 8:30 de la noche, por el Canal Institucional de televisión, el programa ‘País Posible’, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, presenta un informe especial sobre el Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Violencia.