Al intervenir este lunes, en Ciudad de México, en el foro ‘Colombia: Seguridad, Garantía del Estado de Derecho’, el Vicepresidente aseguró que la dinámica de transformación del narcotráfico lo convierte en un fenómeno transnacional, por las rutas, el lavado de activos y el tráfico de insumos, entre otros factores. También destacó los resultados de la Política de Seguridad Democrática.
Ciudad de México, 1 oct (SP). Como una necesidad prioritaria en la lucha contra el narcotráfico, calificó el vicepresidente Francisco Santos la formulación de una		El vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el procurador de México, Eduardo Medina, durante el foro ‘Colombia: Seguridad, Garantía del Estado de Derecho’, que se realizó este lunes primero de septiembre, en la capital mexicana. Foto: Cortesía Vicepresidencia

estrategia integral a nivel continental que permita el fortalecimiento institucional de la región contra la amenaza trasnacional de este delito. Durante su intervención, este lunes primero de octubre, en el foro ‘Colombia: Seguridad, Garantía del Estado de Derecho’, organizado por la Embajada de Colombia en México y el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Vicepresidente llamó a la creación de un plan continental para atacar el narcotráfico de manera integrada en los frentes de interdicción, extinción de dominio, cooperación judicial, intercambio de información y fortalecimiento institucional, entre otros.

Para Santos, la dinámica de transformación del narcotráfico lo convierte en un fenómeno transnacional, por las rutas, el lavado de activos y el tráfico de insumos, entre otros factores. Por ello -dijo- se necesita una estrategia continental que enfrente el carácter trasnacional de este delito.

“Hoy, la soberanía es la defensa de las instituciones y de la sociedad mediante la cooperación entre los países. Al narcotráfico hay que enfrentarlo con una estrategia integral”, dijo el Vicepresidente, al tiempo que recordó que Colombia y México comparten precisamente el desafío común de combatir a las redes de narcotraficantes.

En su discurso sobre el Estado y los logros en derechos humanos, Santos señaló a la Política de Seguridad Democrática como el gran pilar de la restitución de los derechos de los colombianos, mediante el control del territorio, el desmembramiento de las organizaciones criminales, la protección a la población, la garantía del funcionamiento de las instituciones y la plena vigencia de la autoridad y la Ley.

Ante los representantes del Gobierno mexicano, directores de medios de comunicación, académicos y estudiantes asistentes al evento, destacó algunos resultados de la Política de Seguridad Democrática, como la significativa reducción de las tasas de homicidio, secuestro, ataques a poblaciones, masacres y asesinatos de líderes.

También se refirió a la recuperación de las carreteras, el restablecimiento de la confianza por parte de los empresarios, el crecimiento del turismo y la inversión privada y extranjera, al igual que el ascenso de la economía de manera sostenida a tasas entre el 5 y el 7 por ciento anual.

En materia de lucha contra el narcotráfico, Santos subrayó la incautación de 692 toneladas de cocaína y 4 toneladas de heroína en los últimos 5 años y la extradición de 550 colombianos, más los 6.000 bienes con sentencia de extinción de dominio.

Ante estos resultados, Santos rechazó los “ataques injustos” que Colombia ha recibido en el escenario internacional, lo que ha afectado las posibilidades de acuerdos comerciales. “Hemos reconocido las limitaciones y fallas cuando se presentan. Pero es evidente que enfrentamos las más graves amenazas contra la democracia del hemisferio occidental, con profunda convicción democrática y con una fuerza pública cada vez más profesional y respetuosa de los derechos humanos”, dijo el Vicepresidente.

El funcionario también explicó los avances del Proceso de Paz con las autodefensas, como la reducción de la violencia y la exigencia del esclarecimiento de la verdad, la exclusión de indultos o amnistías a los delitos de lesa humanidad y a los crímenes de guerra y el impulso de programas de reparación, como el establecimiento de beneficios jurídicos para quienes opten por la desmovilización con condiciones.